1A La Prensa Panamá, sábado 15 de agosto de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Sábado 15 de agosto de 2026 - Año 46 - Nº 15358 Hoy por hoy Aunque viven metiendo la pata y adoptando decisiones cuestionables —algunas incluso demandadas y declaradas inconstitucionales por la Corte—, resulta que en los ministerios y en la Asamblea Nacional hay por lo menos 590 “asesores”, que cuestan al erario más de $22 millones al año en salarios. ¿Qué hace toda esta gente? ¿Para qué los usan? ¿Con qué criterio se les nombra? ¿Existe alguna página web institucional donde se divulguen las actividades y resultados de cada uno de estos asesores y las importantísimas gestiones que realizan? Hay ministros con una horda de asesores, pero luego son incapaces de conducir una licitación pública sin equivocarse. También sorprende que Vivir+ 112 años del Canal y 507 de la fundación de la ciudad 5B Panorama BAC se suma a investigación de operación Pandora 2A Ventura Vega inicia su gestión en el Meduca con reuniones y evento deportivo El nuevo ministro de Educación, Ventura Vega, comenzó su gestión con reuniones con directores de departamentos, incluido el de Recursos Humanos, y participó en el Torneo Nacional de Paraatletismo de Primaria y Media, previo a los Juegos Codicader en Guatemala. Ayer presentó su renuncia Agnes de Cotes, viceministra Académica de Educación. VEA 6A $7.8 millones: gasto en asesores para ministerios Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Los 15 ministerios del Órgano Ejecutivo destinan en conjunto $7.8 millones anuales al pago de 180 asesores, según las planillas de la Contraloría General de la República actualizadas al 3 de agosto. El Ministerio de la Presidencia concentra el mayor EJECUTIVO El gasto podría ser mayor, debido a contrataciones por servicios profesionales que no aparecen en las planillas. gasto, con 27 asesores y $1.2 millones al año, seguido por Economía y Finanzas, con 21 y $1.1 millones, y Gobierno, con 24 y $1 millón. Estas tres instituciones suman aproximadamente $3.46 millones anuales. El gasto podría ser mayor, debido a contrataciones por servicios profesionales que no aparecen en las planillas. Además, los salarios de los asesores oscilan entre $1,500 y $6,000 mensuales, mientras varias entidades cuentan con oficinas especializadas en áreas que podrían coincidir con sus funciones. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana cuestiona la falta de transparencia sobre los criterios de designación y evaluación, y advierte sobre clientelismo y desprofesionalización del servicio público. VEA 2A Terremoto en Colombia 40 bienes de interés cultural sufrieron daños El terremoto de magnitud 7.4 del pasado lunes en Colombia causó daños a 40 bienes de interés cultural en siete departamentos del país, informó ayer el Ministerio de Cultura. Los bienes están situados en Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas y Quindío, que fueron los departamentos más golpeados por el sismo, y en Antioquia y Cauca. De los 40 bienes, 22 sufrieron ‘afectación alta’, en la que los daños son superiores al 55 % de la estructura; 13 de magnitud media (32.5 %) y cinco de magnitud baja (12.5 %). EFE Posible lesión patrimonialal Ifarhu suma $51.3millones En medio de una audiencia para decidir una petición de cambio de medidas cautelares al exdirector del Instituto para la Formación y el AprovechamientodelosRecursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, la fiscal Anticorrupción Azucena Aizpurúa reveló que la posible lesión patrimonial suma, a la fecha, $51.3 millones. VEA 6A Moody’s alerta sobre rigidez fiscal Contraloría: Magali Martínez es la nueva secretaria general Reyna Katiuska Hernández [email protected] Moody’s Ratings advierte que las leyes especiales que obligan a aumentar salarios en sectores como salud, educación y seguridad reducen el margen fiscal de Panamá. En su análisis, la calificadora destaca que, en 2027, el Estado deberá asumir $340 millones adicionales por todos estos compromisos establecidos por ley. Magali Martínez Méndez, quien hace poco era jefa del Despacho Superior de la Contraloría General de la República, asumirá la Secretaría General de esa institución en reemplazo de Ventura Vega, quien dejó el cargo para convertirse en ministro de Educación, tras la renuncia de Lucy Molinar. VEA 4A Moody’s también señala que la deuda aumentó 22 puntos del PIB entre 2019 y 2025 y estima un ajuste fiscal adicional de 0.2% del PIB para estabilizarla, otro elemento que ejerce presión a las finanzas públicas. Panamá destinará $7,923.6 millones a salarios públicos en 2027, mientras, mientras que cerca del 70% del gasto del Gobierno Central entre 2021 y 2024 correspondió a salarios, intereses, subsidios y transferencias corrientes. VEA 2B ANÁLISIS 15 ministerios empleen a 180 asesores, mientras que en la Asamblea hay 400. Si los diputados estuvieran bien asesorados, no inventarían disparates como pretender que, “para los efectos del cómputo de la asistencia”, se les considere presentes en sus curules cuando, en realidad, estén ausentes. Y como ahora se han empecinado en “gestionar” y “fiscalizar” proyectos y programas comunitarios en sus circuitos electorales, seguramente se agarrarán de eso para inflar aún más la planilla legislativa, so pretexto de requerir asesoría para atender una función que nadie les encomendó, que no les corresponde, que riñe con la Constitución y para la que, para colmo, probablemente no están preparados. La pregunta es inevitable: ¿tantos asesores para producir tantas insensateces?
2A La Prensa Panamá, sábado 15 de agosto de 2026 El mandatario José Raúl Mulino y la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas. Archivo Ejecutivo y Legislativo destinan más de $22 millones al año para asesores Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] GASTO PÚBLICO Según grupos de la sociedad civil, el debate no solo es cuántos asesores hay y cuánto cuestan, sino también qué criterios se utilizan para designarlos y si sus funciones están justificadas. Aunque la Asamblea Nacional concentra la atención por la cantidad de asesores y los elevados salarios que perciben algunos de ellos, el Órgano Ejecutivo mantiene una estructura similar que representa un importante costo para las finanzas públicas. Según organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, el debate no solo gira en torno a cuántos asesores hay y cuánto cuestan, sino también a la transparencia de los criterios utilizados para su designación y a si sus funciones están debidamente justificadas. Los reportes de planilla de la Contraloría General de la República -actualizados al 3 de agosto pasado- dan cuenta de que los 15 ministerios destinaban en conjunto $7.8 millones al año al pago de los salarios de 180 asesores. Mientras algunos ministerios cuentan con más de 20 asesores, otros registran apenas uno o dos. Los casos El Ministerio de la Presidencia encabeza la lista, con 27 asesores y un costo anual de $1.2 millones. Le siguen el Ministerio de Economía y Finanzas, con 21 asesores y $1.1 millones al año, y el Ministerio de Gobierno, con 24 asesores y $1.0 millón. En conjunto, estas tres instituciones destinan aproximadamente $3.46 millones anuales al pago de sus asesores. Hay que hacer la salvedad de que el gasto en asesores puede ser mayor al que refleja la planilla, ya que algunos ministerios también recurren a contrataciones por servicios profesionales que quedan fuera de ese registro. Es el caso del Ministerio de Gobierno, que contrató bajo esta modalidad al exdirector del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez, condenado por el caso de los pinchazos telefónicos. Este tipo de contrataciones dificulta conocer con precisión cuánto destina el Estado a asesorías y qué criterios utiliza para justificar estos servicios. También llama la atención cómo ha aumentado a lo largo de los años el monto destinado al pago de asesores. Por ejemplo, en 2010, el Ministerio de la Presidencia destinaba alrededor de $900 mil anuales a este tipo de funcionarios, una cifra que hoy supera en aproximadamente $300 mil. En elcasodelMinisteriodeGobierno, el gasto en asesores rondaba los $800 mil anuales en 2010. Otras entidades En la actualidad, el Ministerio de Educación ocupa el cuarto lugar, con 18 asesores y un gasto anual de $772,116. Después aparece el Ministerio de Seguridad Pública, que cuenta con 20 asesores y destina $664,656 al año. El Ministerio de Ambiente registra 12 asesores, con un costo anual de $522,000, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene 10 asesores y una planilla anual de $507,000. Entre los ministerios con un gasto intermedio están Salud, con 11 asesores y $459,504 anuales; Cultura, con 11 y $380,700; Comercio e Industrias, con seis y $251,484; y Trabajo y Desarrollo Laboral, con ocho y $230,400. La cifra corresponde exclusivamente a las remuneraciones y, por tanto, representa solo una parte del costo que implica mantener esta estructura de asesores. El cálculo no incluye otros gastos asociados, como el pago del décimo tercer mes, viáticos, gastos de movilización u otros beneficios que puedan recibir estos funcionarios. A esto se suma otro elemento que llama la atención: varias de estas entidades ya cuentan con departamentos y oficinas especializadas en áreas como asesoría legal, recursos humanos, planificación y administración. Sin embargo, en muchos casos no queda claramente especificado cuál es la función adicional que desempeñan estos asesores ni qué tareas justifican su contratación. La Asamblea Nacional La Asamblea Nacional se ha consolidado como la entidad del aparato estatal con mayor número de asesores, un crecimiento que llama la atención por su magnitud. El presupuesto destinado a este rubro pasó de $1.9 millones en 2010 a $14.4 millones en 2026, un aumento que refleja la expansión de esta figura en los últimos 16 años y que genera cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Los datos de la planilla de la Asamblea, disponibles en la página web de la Contraloría, revelan que el Legislativo destina $1.2 millones al mes a 410 asesores de distintos tipos, lo que representa un gasto anual de $14.4 millones. Los salarios de los asesores, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, presentan una marcada disparidad. Las remuneraciones van desde $1,500 hasta $6,000 mensuales, una diferencia de $4,500 que refleja la amplitud de los rangos salariales destinados a estos cargos dentro del aparato estatal. El análisis Para Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el volumen de asesores contratados por el Estado no puede analizarse únicamente como un asunto de planilla, sino como un indicador de la calidad del servicio público. “Consideramos que el nombramiento indiscriminado de asesores golpea directamente la integridad y la eficacia del servicio público”, sostuvo. A su juicio, estas cifras también dejan entrever la existencia de estructuras clientelares y evidencian un problema más amplio: la desprofesionalización de la administración pública cuando no existe transparencia sobre los criterios utilizados para designar a estos funcionarios ni mecanismos claros para evaluar su desempeño. La preocupación adquiere mayor dimensión en la Asamblea Nacional, donde, según De Obaldía, la cantidad de asesores resulta desproporcionada frente a las funciones legislativas que la Constitución asigna a los diputados. La activista cuestionó que, mientras el Legislativo dispone de cientos de asesores, recientemente aprobó en segundo debate una reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) que equipara el trabajo comunitario de los diputados con su labor legislativa, pese a que la Constitución no contempla esa función y la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado sobre el tema. “Si la Asamblea cuenta con 400 asesores, ¿por qué ninguno ha podido explicarle a sus diputados cómo redactar leyes que no contravengan la Constitución?”, planteó De Obaldía. Además, recordó que el país lleva ocho meses a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, luego de que ingresara al expediente la opinión del procurador Luis Carlos Gómez Rudy, quien consideró inconstitucionales el denominado “blindaje” de dos años y la eliminación de criterios de meritocracia. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana demandó la Ley 429, que reformó la Carrera del Servicio Legislativo, por considerar que vulneraba la meritocracia en el servicio público. En noviembre de 2025, el procurador Gómez Rudy consideró inconstitucionales el artículo 1 y las expresiones “por un periodo de dos años” y “sin necesidad de concurso”, contenidas en el artículo 2. El caso sigue pendiente de fallo en la Corte Suprema. El banco BAC Panamá decidió incorporarse “voluntariamente” al proceso penal que adelanta la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada a una red que se apropió de créditos fiscales mediante la manipulación del sistema eTAX 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI). Se calcula que la red -en la que participaron funcionarios, abogados y testaferros- causó una lesión patrimonial al Estado de $40 millones. Esta cifra podría incrementarse conforme avancen las pesquisas y se descubra que hay otros contribuyentes afectados. La mayoría de estos créditos fiscales fueron cedidos por sociedades intermediarias al BAC Panamá. En un comunicado hecho público en la tarde de ayer, el banco sostiene que se ha incorporado voluntariamente al proceso penal y a las investigaciones que adelanta la fiscalía, las cuales adquirieron mayor notoriedad a partir de la operación Pandora, en la que fueron aprehendidas casi 20 personas, a partir del 8 de julio de 2026. El comunicado de BAC detalla que esta decisión tiene como propósito contribuir al esclarecimiento de los hechos y reafirmar la confianza que las empresas deben poder depositar en la información y en las certificaciones oficiales emitidas por el Estado. Esto no implica que el banco se haya convertido en querellante, dentro de la causa penal en la que, de momento, tampoco se le menciona como acusado. El comunicado de BAC detalla que dicha participación voluntaria le permitirá ampliar la colaboración directa que ha mantenido con las autoridades, aportar la documentación requerida para la trazabilidad de las operaciones y expoBAC Panamá se incorpora a la investigación de la operación Pandora PRESUNTO FRAUDE FISCAL ner oportunamente su actuación en la adquisición de estos créditos, cuyos pagos se realizaron después de que aparecieran oficialmente acreditados y certificados en la plataforma de la DGI. Esto no implicaría que el banco no adquiere el tratamiento de investigado, imputado o víctima. También le permitiría al banco protección preventiva y ejercicio temprano de la defensa, así como reconocimiento y protección de los derechos derivados del perjuicio. Hasta ahora la investigación adelantada por la fiscalía mantiene un total de 21 personas imputadas, de las cuales tres tienen medidas cautelares de depósito domiciliario y el resto se encuentra detenidos provisionalmente hasta la conclusión de las investigaciones. La fiscalía también advirtió que el número de personas investigadas por esta causa puede aumentar significativamente a partir de las diligencias que se adelantan. También advirtió que existen empresas contribuyentes que desconocen haber sido víctimas de las operaciones de este grupo organizado. Por ello, la fiscalía revisa la documentación relacionada con la tramitación de los créditos fiscales por parte de exfuncionarios de la DGI que han sido ya imputados. Juan Manuel Díaz [email protected] Sede del BAC Panamá en la ciudad capital. Archivo Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom
3A La Prensa Panamá, sábado 15 de agosto de 2026 Panorama En dos años de gobierno, al menos 17 funcionarios de alto perfil han dejado sus cargos tras presentar su renuncia al presidente José Raúl Mulino. Pero esta semana el ritmo de las salidas cambió el tono del escenario político: en cuestión de días, la administración perdió a tres piezas clave: la ministra de Educación, Lucy Molinar; el viceministro administrativo de Educación, Roberto Sevillano, y el director de Presupuesto de la Nación, Aurelio Mejía. La última en hacerlo fue Molinar. Su salida se produce en medio de críticas por la compra de computadoras, un caso que ya es investigado por el Ministerio Público y la Contraloría General. La primera baja Ocurrió pocos meses después de iniciado el gobierno. En octubre de 2024, Jaime Trujillo presentó su renuncia irrevocable como director del Servicio de Protección Institucional (SPI), alegando motivos personales. Trujillo había asumido el cargo el 1 de julio y permaneció apenas tres meses al frente de la institución. Ese mismo año también salió Jaime Díaz, director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), quien formalizó su renuncia en diciembre, después de que Mulino le pidiera abandonar el cargo en medio de cuestionamientos por la falta de pagos a estudiantes becados en el extranjero. En abril de 2025 le correspondió al Ministerio de Relaciones Exteriores. Carlos Ruiz Hernández, quien ocupaba el cargo de vicecanciller, dejó el puesto el 15 de abril. Aunque inicialmente no se explicaron públicamente las razones, posteriormente trascendió que su salida estaba relacionada con las tensiones generadas por un acuerdo de seguridad entre Panamá y Estados Unidos. A esta lista se agrega Roberto Barría Stanziola, quien renunció como gerente general del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) el 11 de junio de 2025. Aliado de RM El mayor número de salidas se concentró, sin embargo, en 2026. En marzo renunciaron Francisco Ameglio, viceministro de Desarrollo Agropecuario; José Pablo Ramos, gerente general de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío; Ana Melinda Fábrega, directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), y Rutilio Villarreal, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Las cuatro salidas ocurrieron en medio de distintos cuestionamientos sobre las instituciones que dirigían. En el caso de Fábrega, su renuncia se produjo mientras aumentaban las denuncias relacionadas con albergues de menores; Villarreal dejó el Idaan en medio de la prolongada crisis de abastecimiento de agua en Azuero. Ameglio, uno de los líderes del partido Realizando Metas (RM), no brindó detalles sobre su renuncia, aunque se especulaba sobre su mala relación con el titular de la cartera, RoberDe Trujillo a Molinar: las 17 renuncias que han marcado el gobierno de Mulino EJECUTIVO to José Linares. Otras renuncias La lista continuó creciendo en mayo y julio. Nicolás Augusto Batista Palacios renunció como director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), con efectividad el 15 de mayo, alegando motivos personales. Ariel Espino De León dejó la gerencia general del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) ese mismo día.E n julio, Raúl Fernández dejó la dirección de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), después de dos años al frente de la institución. Su salida fue confirmada por fuentes de la Presidencia y posteriormente se designó a Silvia Fábrega como directora encargada. Ese mismo periodo marcó la salida de Eduardo Agustín Arango, quien renunció como viceministro de Comercio Interior e Industrias, con efectividad el 1 de junio. Además Jorge Torregroza, director general del Sistema Penitenciario, presentó su renuncia el 19 de junio, en medio de la crisis provocada por la fuga de 195 privados de libertad de La Joyita. Con las salidas de esta semana, la lista llega a 17. Aurelio Mejía, director de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas; Roberto Elías Sevillano Shin, viceministro administrativo de Educación; Agnes De León de Cotes, viceministra Académica de Educación y Lucy Molinar, ministra de Educación, dejaron sus respectivos cargos. Mejía había estado al frente de una de las áreas más sensibles del Ejecutivo: la elaboración y el seguimiento del Presupuesto General del Estado. Sevillano y Agnes De León de Cotes, por su parte, habían acompañado a Molinar desde el inicio de la administración. La salida de la ministra representa el cambiodemayorrangodentro del gabinete en lo que va del gobierno. Durante la conferencia de prensa del pasado 12 de agosto, en la que anunció su renuncia, Molinar reconoció que alrededor de la compra de las computadoras había “mucho ruido” y agregó que prefería dar un paso al lado para permitir que el proceso fuera investigado y aclarado. Hace apenas dos meses, Mulino cerraba la puerta a cualquier salida de sus ministros por presión externa. Ante los cuestionamientos contra Fernando Boyd Galindo, de Salud, y José Luis Andrade, de Obras Públicas, por posibles conflictos de interés, el mandatario fue tajante: “No voy a entregar la cabeza de nadie porque los editoriales así lo piden; quítense esa idea de la cabeza”. La UP pasaría de $317.5 millones en 2026 a $379.4 millones en 2027, un incremento de $61.9 millones, equivalente al 19.5%. Archivo Universidades recuperan $159.2 millones del recorte Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EDUCACIÓN SUPERIOR El aumento en 2027 devolvería el financiamiento universitario a un nivel similar al de 2025, cuando las seis universidades recibieron en conjunto $746.5 millones. El presupuesto de las universidades públicas experimentaría una recuperación significativa en 2027, luego de la reducción registrada este año. Las seis instituciones pasarían de administrar $597.3 millones en 2026 a $756.5 millones en 2027, un incremento de $159.2 millones, equivalente al 26.7%. El aumento devolvería el financiamiento universitario a un nivel similar al de 2025, cuando las seis universidades recibieron en conjunto $746.5 millones. La distribución La mayor parte de los nuevos recursos se concentra en la Universidad de Panamá (UP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). La UP pasaría de $317.5 millones en 2026 a $379.4 millones en 2027, un incremento de $61.9 millones, equivalente al 19.5%. La UTP, en tanto, subiría de $144 millones a $198.3 millones, con $54.3 millones adicionales (37.7%). Entre ambas instituciones concentran $116.2 millones de los $159.2 millones en que crecería el presupuesto universitario, es decir, cerca de tres cuartas partes del incremento total. La distribución también está relacionada con el tamaño de ambas universidades: La UP tiene cerca de 90 mil estudiantes y la UTP, unos 30 mil; concentran la mayor matrícula dentro del sistema público universitario y tienen necesidades de funcionamiento, infraestructura y servicios considerablemente más amplias. Polémicas El contralor general de la República, Anel Flores, cuestionó el año pasado la gestión de la Universidad de Panamá y la eficiencia en el uso de un presupuesto que supera los $300 millones anuales. Señaló el deterioro de sus instalaciones, incluidos los baños, y cuestionó la existencia de “clanes familiares” que, según afirmó, concentran puestos dentro de la institución. Sus declaraciones apuntaron a posibles prácticas de nepotismo y a deficiencias en la administración de los recursos. Los cuestionamientos derivaron, en aquel momento, en cambios en los controles sobre los gastos de la universidad que a partir de una resolución emitida debían pasar por la Dirección Nacional de Fiscalización. La medida fue cuestionada por las autoridades universitarias. La Contraloría levantó las medidas, pero no se explicó en qué quedaron las denuncias previas. Otras casas de estudios En el proyecto de presupuesto de 2027, la Universidad Especializada de Las Américas (Udelas) aparece como la tercera institución con mayor incremento en términos absolutos. Sus fondos pasarían de $36.2 millones en 2026 a $70.8 millones en 2027, un crecimiento del 95.5%. El comportamiento de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) es muy diferente. Con el dato corregido de $80 millones para 2026, la institución recibiría $80.7 millones en 2027. El aumento sería de $700 mil o del 0.9%. Esta universidad estuvo marcada por investigaciones por presuntas irregularidades administrativas. En los últimos años, se denunciaron casos de nepotismo, salarios elevados para funcionarios cercanos al círculo de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas y pagos cuestionables en concepto de primas y bonificaciones. La Autoridad Nacional de Transparencia investiga actualmente a 90 personas vinculadas a la universidad por posible conflicto de interés. Además, el Ministerio Público investiga a familiares de la exrectora y el uso de diplomas de universidades no acreditadas para aumentos y beneficios salariales por parte de algunos funcionarios de la entidad. Ajustes menores Las otras dos universidades presentan aumentos menores en términos absolutos. La Universidad Marítima pasaría de $18.1 millones en 2026 a $24.2 millones en 2027, un incremento de $6.1 millones (33.5%). La Universidad de los Pueblos Indígenas, subiría de $1.5 millones a $3.1 millones, es decir, $1.7 millones adicionales, un crecimiento aproximado del 110%. La fotografía general muestra, así, un cambio importante en la política presupuestaria para la educación superior pública. El dato que queda por determinar es cómo se utilizarán los $159.2 millones adicionales. El incremento puede traducirse en mayores recursos para infraestructura, investigación, equipamiento y servicios educativos, pero también puede estar dirigido a gastos de funcionamiento y planillas, como ha ocurrido en los últimos años. El presidente José Raúl Mulino, junto al ministro de Salud, Fernando Boyd y la exministra de Educación Lucy Molinar. Archivo Sieteimputados por permisos fraudulentos de armas Siete personas, entre ellas miembros de la Policía Nacional (PN), fueron imputadas por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos y corrupción, como parte de una estructura criminal que tramitaba permisos fraudulentos para la tenencia de armas a través de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp). En una audiencia que se inició el pasado jueves y continuó ayer, la jueza acogió la formulación de cargos, al considerar que el Ministerio Público aportó elementos que evidencian la tramitación fraudulenta. La jueza ordenó la detención provisional del agente Jorge Luis Gómez y de Anel Morales, exfuncionario de la Diasp, mientras que aplicó la medida cautelar de notificación periódica a los también agentes Francisco Mendoza y Diego Martínez, así como a Ricardo Collado, Miguel Graciani y al funcionario Elías Pinto (Diasp). La fiscalía alegó que los involucrados alteraron documentos que eran aportados para las solicitudes de los permisos; y que se comprobó que los tramitantes obtenían de manera fraudulenta pruebas antidopaje con resultado negativo. AUDIENCIA Juan Manuel Díaz C. [email protected] Diligencia de allanamiento y aprehensión. Cortesía/PN
4A La Prensa Panamá, sábado 15 de agosto de 2026 Panorama Un agente de la Policía Nacional de Colombia y del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront), custodian la base Binacional Alto Limón en la selva del Tapón del Darién. EFE Panamá busca romper el sistema ilegal y complejo del Clan del Golfo EFE. ALTO LIMÓN, PANAMÁ FRONTERA La organización terrorista de Colombia se dedica principalmente al narcotráfico, pero también al tráfico de migrantes, minería ilegal y extorsión. En medio de la espesura de la jungla del Darién, la frontera entre Panamá y Colombia, unas bombas de agua con tuberías azules y rojas situadas en el río Mangle rompen el paisaje: es un campamento de minería ilegal, que ha devastado y donde personas huyen al escuchar los helicópteros de las fuerzas panameñas ayer viernes. “Hay un complejo sistema de economía ilícita” basada en la extracción ilegal de oro, que controla el Clan del Golfo, la organización criminal más grande de Colombia, “y eso es lo que nosotros queremos romper”, afirmó a EFE el subdirector general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el comisionado Héctor De Sedas Cedeño. Para llegar hasta el río Mangle, un punto remoto de la frontera colombo-panameña, EFE voló durante una hora en un helicóptero del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá que partió de Nicanor, en Metetí, un lugar de la provincia de Darién situado a 230 kilómetros de la capital del país centroamericano. En ese campamento ilegal se han realizado recientemente dos operaciones con 30 capturados, entre panameños y colombianos, pero “todavía insisten en hacer actividades de minería ilegal como pudimos percatarnos en el recorrido aéreo, que todavía había personas allí”, que huyeron al ver las aeronaves, comentó el comisionado. “Ya nuestras unidades están dirigiéndose a ese lugar, son de cuatro hasta siete días de patrullaje, dependiendo de las condiciones meteorológicas, a través de la selva, con un entrenamiento especializado para, como lo hemos hecho antes, dar captura” a los mineros ilegales. En el operativo más reciente en río Mangle se capturaron 13 personas, entre ellos “integrantes del Clan del Golfo”, afirmó de De Sedas, que recalcó que en el Darién “nadie realiza actividades ilícitas si no tiene el control el Clan del Golfo desde el territorio colombiano”. Clan del Golfo, tráfico de migrantes y oro El Clan del Golfo se dedica principalmente al narcotráfico pero también al tráfico de migrantes, minería ilegal y extorsión. De Sedas recordó que durante la crisis migratoria en el Darién, que cruzaron más de un millón de personas entre 2019 y 2024, “el Senafront tuvo varios intercambios de disparos con este tipo de estructuras que traficaban personas”. “El Clan del Golfo obtiene dinero ilícito al cobrar para ingresar al territorio panameño. Cuando ese oro (sacado del lado panameño) ingresa a Colombia tienen (los mineros) que pagarle un porcentaje que se estima es el 20 % del total” de metal precioso extraído, y, encima de eso, también le compran el oro a estos mineros ilegales”, explicó el comandante panameño. “Entonces, hay un complejo sistema de economía ilícita y eso es lo que nosotros tratamos de romper”, sostuvo De Sedas. Puestos de seguridad binacionales EFE sobrevoló el campamento de minería ilegal durante un recorrido que incluyó una visita al Puesto Binacional de Alto Limón, uno de los tres que se extienden en la frontera selvática, de 266 kilómetros, y que acogen fuerzas panameñas y colombianas. Estas bases binacionales “nos permiten ser más fuertes. No solamente en el intercambio de información para saber por dónde se están movilizando las diferentes rutas del narcotráfico sino también para actuar de manera directa y frontal contra estas personas que ingresan al territorio panameño”, dijo de Sedas. Se trata de defender el Darién, una enorme selva que es Patrimonio de la Humanidad, “que estamos defendiendo no solamente de estas actividades criminales sino también protegiendo el medio ambiente”, agregó. La gira a Alto Limón a la que asistió EFE se realizó en el marco del despliegue de más de 700 agentes de las fuerzas especiales del Senafront en puntos tácticos y estratégicos, así como en los Puestos Binacionales de Vigilancia de Panamá y Colombia, para reforzar la seguridad fronteriza, indicó el organismo de seguridad panameño. José González Pinilla [email protected] Magali Martínez Méndez. Cortesía Magali Martínez Méndez va a la secretaría de la Contraloría tras la salida de Vega NOMBRAMIENTO Magali Martínez Méndez, quien hace poco era jefa del Despacho Superior de la Contraloría General de la República, asumirá la Secretaría General de esa institución en reemplazo de Ventura Vega, quien dejó el cargo para convertirse en ministro de Educación — tras la renuncia de Lucy Molinar—. Vega ocupó la secretaría desde enero de 2025. En tanto, Martínez Méndez llegó a la institución en enero de 2025, cuando fue designada jefa del Despacho Superior por el contralor Anel ‘Bolo’ Flores. Antes de ingresar al sector público, Martínez Méndez desarrolló durante más de 16 años su carrera en Mundo Social, la revista que fundó su madre Magali Méndez. Allí ocupó los cargos de gerente general y gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas. También trabajó como jefa de Mercadeo y Servicio al Cliente en ESCO Panamá, S. A. Su experiencia profesional está vinculada con el área mercadeo, relaciones públicas, comunicación, gestión empresarial, administración y coordinación pecialidad en Negocios, por Florida State University, y tiene una maestría en Global Marketing, obtenida en La Salle, en Barcelona, España. También tiene vínculos con el sector empresarial y con iniciativas de liderazgo femenino, indicó la Contraloría. Es socia fundadora de Mujer+Panamá y miembro de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Martínez Méndez laboró de cerca con Vega, quien también ha sido asesor del presidente José Raúl Mulino. El pasado 5 de agosto entró en vigor la resolución 190 de 27 de julio de 2026, promulgada por el Ministerio de Seguridad Pública, firmada por el general, perdón, por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego. El documento parece haber sido redactado con la lucidez de un borracho que trata de convencer al policía de que su sobriedad es la misma que tiene una tinaja que almacena agua pura y cristalina. La resolución se emitió una semana antes de que el ministro anunciara la visita de Pete Hegseth –secretario de Guerra de Estados Unidos–, durante la ceremonia de inauguración de los ejercicios Panamax 2026, culminados el pasado 13 de agosto con la intervención del alto funcionario estadounidense. Cualquiera diría que esa resolución era para complacer a Hegseth –cosa que no descarto del todo– pero también, al leerla, surgen preguntas, conjeturas y confirmaciones. El documento en cuestión crea el Comando Conjunto para la Seguridad del Canal de Panamá, refiriéndose a la vigilancia de siete zonas identificadas en otro documento aparentemente confidencial: el Acuerdo Marco de Servicios de Vigilancia, Seguridad y Protección de Áreas Específicas del Canal de Panamá. No sé de quién fue la iniciativa de presentar este documento: si del Canal o de Ábrego, pero intuyo que fue de este último, porque, como siempre, él se sitúa en el centro del poder, mas no de las responsabilidades. Resulta intrigante que Ábrego, a través de este “comando”, promete garantizar una seguridad que ni el Ejército de Estados Unidos, con todo su poder y tecnología, nunca pudo garantizar ni en tiempos de paz, mucho menos en guerra. El propio Torrijos lo admitió: la obra era –y es– “indefendible”. Pero Ábrego promete y promete, sin poder garantizar siquiera la tranquilidad en ningún barrio. La justificación para crear este comando halló razones en, por ejemplo, “las amenazas actuales de naturalezas climáticas, ambientales, cibernéticas, sociales y transnacionales…”. sísmicas, accidentales y estomacales, agregaría yo, pues hasta el SUME (el Sistema Único de Manejo de Emergencias) lo metió en este “comandicidio”, lo cual es, después de todo, lo único bueno, porque quizás ahora sí le compren una o dos ambulancias, aunque presumo que serán para los comandos, no para civiles. Ya hay amenazas identificadas. Una es que haya ciudadanos merodeando por donde no deben. Uno de los artículos de la resolución trata de decirlo… tan claro como una ambigüedad: “Establecer dentro de las áreas y puntos determinados en el acuerdo: la identificación, localización y aprehensión de ciudadanos que materialicen acciones de manera flagrante a los ordenamientos jurídicos”. ¿Eso incluye la caza furtiva o botar basura? ¿Pueden imaginar a comandos armados hasta los dientes capturando a un cazador de iguanas? ¿O a alguien botando caliche? Pienso que lo que hay detrás de todo esto es figurar y gastar. Figurar: La resolución establece que habrá una Coordinación Ministerial y una Jefatura Operacional “bajo la dirección y supervisión del ministro de Seguridad Pública” … “…Ambas designaciones estarán determinadas por el ministro de Seguridad Pública...”. Gastos: El comando “contará para su ejecución de la asignación de los recursos económicos” pactados en el acuerdo marco con el Canal. Y seguramente cada contrato será secreto, como suele ocurrir hasta cuando compran café. Pero lo peor está al final del documento. Si bien los organismos de seguridad pueden hacerse cargo de la operación, uno pensaría que el Canal podría administrar los fondos, pues ciertamente lo hace mejor que el resto del gobierno. Pero no. Ábrego se aseguró de que el Canal no maneje un real, aunque sean sus reales: “Las coordinaciones, gestiones, tramitaciones y actuaciones para el uso de los recursos financieros serán ejecutadas por la Dirección de Finanzas del Servicio Nacional Aeronaval, bajo la supervisión de la Coordinación del Ministerio de Seguridad Pública [o sea, del mismísimo general Ábrego]. Le corresponde a la Dirección de Finanzas del Servicio Nacional Aeronaval promover las acciones y autorizaciones administrativas correspondientes para la creación del fondo especial…”. Plata y plata. Es todo. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Cuánto costarán los juguetes que pedirán para el Centro de Comando, para lo logística y para vestir y equipar a los soldaditos? ¿Quiénes estarán en el equipo de asesores del comando? ¿Cuál será su presupuesto? ¿Se conocerán los nombres de las empresas proveedoras? ¿Por qué una resolución ministerial en lugar de un decreto de gabinete o una ley? Honestamente, creo que este comando de vigilancia necesitará que lo vigilen… y de cerca, porque si van a vigilar como redactaron esta resolución, mejor apaga y vámonos. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] de equipos. Es licenciada en Relaciones Internacionales, con es-
5A La Prensa Panamá, sábado 15 de agosto de 2026 Panorama Comanche fue extraditado desde Colombia. Cortesía Juez ordena detención para alias Comanche Juan Manuel Díaz C. [email protected] OPERACIÓN JERICÓ Néstor Sánchez enfrenta los cargos de blanqueo de capitales y conspiración para el tráfico de drogas. El juez de garantías Fermín Bonilla imputó cargos por blanqueo de capitales y conspiración para el tráfico de drogas y ordenó la detención provisional de Néstor Sánchez (alias Comanche) por su presunta vinculación a una red criminal desmantelada en la operación Jericó. Sánchez, quien llegó hace dos días a Panamá extraditado por Colombia, enfrenta ahora los cargos de blanqueo de capitales y conspiración para el tráfico de drogas. La Fiscalía de Drogas le atribuye una activa participación en la estructura operativa de la red, sobre todo en la movilización de dinero. La investigación de la Fiscalía de Drogas reveló que el imputado logró ingresos por la suma de $2 millones procedentes de actividades ilícitas. Entre los bienes incautados por la fiscalía a Sánchez se encuentran un apartamento en el área de Santa María por que el realizó un abono de 234 mil, así como un auto marca BMW valorada en $155 mil. De acuerdo al Ministerio Público, su rol principal consistía en coordinar la recepción de lanchas rápidas cargadas de cocaína procedentes de territorio colombiano, las cuales ingresaban por la Comarca Guna Yala para ser movilizadas por tierra y mar hacia la frontera con Costa Rica. Además del tráfico de drogas, el informe policial detalla que alias “Comanche” utilizaba empresas fachada para introducir el dinero ilícito al sistema financiero formal. Con este movimiento, la estructura criminal buscaba legitimar los capitales obtenidos de las actividades del narcotráfico. De acuerdo con las investigaciones Sánchez canalizaba fondos provenientes de actividades ilícitas a través de la sociedad Transporte Terrestre Sánchez Cano S.A. y Bapisa S.A., cuya operación actualmente se encuentra suspendida. La Operación Jericó comenzó el 30 de junio de 2023, cuando el Ministerio Público descubrió la existencia de un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de drogas. En esa operación las autoridades lograron la detención de 37 personas, entre ellas a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda.
6A La Prensa Panamá, sábado 15 de agosto de 2026 Panorama La viceministra Académica del Ministerio de Educación (Meduca), Agnes De León de Cotes, presentó su renuncia ayer, un día después de la llegada de Ventura Vega Osorio como nuevo titular de la institución. De León de Cotes es la tercera viceministra que renuncia al cargo y que formaba parte del equipo de la exministra de Educación, Lucy Molinar, quien presentó su renuncia el 12 de agosto, tras 25 meses de gestión al frente de la cartera educativa, en medio de cuestionamientos por la compra de computadoras portátiles. Cotes, quien cuenta con una amplia trayectoria en el sector educativo, ocupó hasta ayer viernes el cargo, puesto que desempeñaba desde el inicio de la administración del presidente José Raúl Mulino. Viceministra académica también renunció Su salida se suma a los cambios registrados en la estructura directiva del Meduca tras la renuncia de Molinar y la designación de Vega como ministro. El martes 11 de agosto renunció el viceministro Administrativo, Roberto Sevillano. La primera en renunciar del equipo del Meduca fue Delia Marcela Herrera, quien fungía como viceministra de Infraestructura y dejó el cargo en febrero pasado. Hasta el momento, no se ha oficializado por parte del Meduca cuáles fueron las razones de la renuncia de De León de Cotes. Ventura Vega asumió como ministro de Educación el 13 de agosto. Anel Asprilla Computadoras y renuncias: los problemas que recibe Vega Yaritza Mojica [email protected] Yaritza Mojica [email protected] EDUCACIÓN Ventura Vega asumió el Meduca en medio de investigaciones por la compra de computadoras, renuncias y reclamos de los gremios docentes, mientras apuesta por el diálogo con los distintos sectores. Ventura Vega participó ayer en su primera actividad pública como titular del Ministerio de Educación (Meduca), durante el Torneo Nacional de Paraatletismo de Primaria y Media, competencia que busca seleccionar a los atletas que representarán a Panamá en los próximos Juegos Codicader, en Guatemala. Designado por el presidente José Raúl Mulino el pasado 13 de agosto, Vega inició su segundo día al frente del Meduca con reuniones con directores de departamentos, entre ellos la directora de Recursos Humanos, además de participar en la competencia deportiva. Vega reemplazó a Lucy Molinar, quien presentó su renuncia el 13 de agosto, luego de 25 meses en el cargo. Su salida se produjo en medio de cuestionamientos por la compra de 54,000 computadoras portátiles para docentes, por un monto de $28.4 millones. La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República abrieron investigaciones por separado sobre la licitación y el proceso de compra. En el caso de la Procuraduría, la solicitud de investigación fue presentada por la propia exministra Molinar. Ahora corresponderá a Vega reorganizar la estructura del Meduca. El organigrama contempla tres viceministerios: Administrativo, Académico y de Infraestructura. Las designaciones están pendientes y corresponden al presidente Mulino. En su primera conferencia de prensa, realizada el 14 de agosto en el Anfiteatro de la Presidencia, Vega informó que la próxima semana se conocerían los nuevos viceministros y los directivos que acompañarán su gestión. La salida de funcionarios de la anterior administración ya comenzó. El viernes 14 de agosto presentó su renuncia Agnes de Cotes, viceministra Académica de Educación. Esta semana también renunció Roberto Sevillano, quien ocupaba el viceministerio Administrativo, mientras que en febrero dejó el cargo Delia Marcela Herrera, quien se desempeñaba como viceministra de Infraestructura. El Meduca también cuenta con una Dirección General de Educación y más de 10 direcciones nacionales, entre ellas las de Administración, Finanzas, Nutrición, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica, Proyectos, Mantenimiento y Arquitectura. A nivel técnico funcionan direcciones como Evaluación Educativa, Perfeccionamiento, Currículo y Tecnología, Planificación y Enseñanza de Lengua Extranjera. La estructura incluye, además, 13 direcciones educativas que abarcan los niveles de inicial, primaria, pre media, media, educación profesional y técnica y educación particular, entre otras. El sistema se extiende a través de 16 regiones educativas en todo el país. El Meduca es una de las entidades con mayor presupuesto del Estado. Para 2026 tiene asignados $3,639.5 millones. En tanto, el proyecto de presupuesto para 2027 presentado ante la Asamblea Nacional contempla, por ahora, $3,138.7 millones para funcionamiento y $1,993.6 millones para inversiones. Prioridades Entre las prioridades planteadas por Vega está la atención de las necesidades de infraestructura educativa, especialmente de los proyectos pendientes, con el objetivo de garantizar escuelas seguras, modernas y adecuadas para los estudiantes. También destacó el fortalecimiento de la tecnología educativa, tanto para docentes como para estudiantes. Señaló que la educación pública debe ofrecer condiciones similares a las de la privada y que, ante el avance de herramientas como la inteligencia artificial, es necesario garantizar el acceso a la tecnología. Para las próximas licitaciones, Vega adelantó que se buscará el apoyo y la experiencia de instituciones como la Universidad Tecnológica de Panamá, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), la Autoridad del Canal de Panamá y el sector empresarial. Otra de sus prioridades será mantener un diálogo abierto con los distintos sectores de la educación, incluidos docentes, padres de familia, estudiantes, administrativos, empresarios y organizaciones internacionales. Vega también planteó la necesidad de avanzar hacia una nueva ley de educación y adaptar el sistema a las exigencias actuales. Gremios esperan acciones concretas El secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, Luis Sánchez, valoró la disposición al diálogo de Vega, pero pidió acciones para atender la situación de 298 docentes separados de sus cargos, algunos con más de 400 días sin recibir salario. Consideró que, antes de discutir una nueva ley educativa, deben resolverse estos conflictos laborales. Sánchez también solicitó una investigación independiente sobre las compras de computadoras del Meduca y propuso priorizar el equipamiento de los laboratorios de informática, con internet y personal especializado, en lugar de concentrar la inversión en computadoras individuales. Por su parte, el secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, calificó como positivas las primeras declaraciones de Vega, especialmente por su disposición al diálogo. No obstante, advirtió que los gremios esperan que mantenga esa postura y que una nueva Ley Orgánica de Educación sea producto del consenso de todos los sectores. Ábrego también señaló como problemas urgentes la falta de agua potable y energía eléctrica en las escuelas, además de la carencia de reactivos, equipos y laboratorios para distintas asignaturas y los institutos profesionales y técnicos (IPT). Afirmó que Asoprof dará un tiempo prudente al ministro para conocer su hoja de ruta y reiteró la disposición del gremio a participar en un proceso de diálogo. El exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, recibió un revés judicial luego de que el juez de garantías Mike Zúñiga le negara una moción para modificar la medida de detención provisional. En una audiencia que se inició a las 11:00 a.m. de ayer, el juez Zúñiga decidió negar el cambio de medida cautelar a Meneses, al señalar que no han variado las condiciones procesales del imputado que llevaron a ordenar su detención provisional por la presunta comisión de los delitos de peculado y corrupción. El juez estimó que la naturaleza de los hechos está relacionada con la concesión de préstamos con fondos provenientes del Estado, dirigidos a personas vulnerables y de escasos recursos, así como con el otorgamiento de becas y créditos educativos. Según indicó, estas actuaciones podrían haber ocasionado una lesión al Estado, al haberse concedido dichos beneficios sin adoptar las medidas pertinentes para garantizar, en aquellos casos en que fueron otorgados créditos, que estos cumplieran con su finalidad de apoyar los estudios. La fiscal anticorrupción Azucena Aizpurúa también se opuso al cambio de la medida cautelar de detención provisional, ya que la Fiscalía aún se encuentra recabando pruebas y todavía hay personas por incorporar al proceso. Durante la audiencia, la Fiscalía reveló que, a la fecha, en la investigación se Bernardo Meneses seguirá detenido; se duplica lesión patrimonial al Ifarhu ACTO JUDICIAL han detectado 2,861 beneficiarios involucrados en este caso y una posible lesión patrimonial por un monto de $51.3 millones. En junio pasado, la lesión reportada ascendía a $24 millones. Meneses permanece detenido desde julio de 2025, luego de que se detectaran irregularidades en el otorgamiento de auxilios económicos. Entre las anomalías detectadas figuran beneficios por altos montos económicos otorgados a personas con gran poder adquisitivo. También se ubicaron auxilios económicos entregados sin el debido sustento, por lo que se inició una investigación en la que, hasta la fecha, hay al menos 20 personas imputadas. Según informes en manos del Ministerio Público, desde junio de 2023, beneficiarios de auxilios económicos habrían realizado reembolsos o devoluciones en efectivo a tres cuentas bancarias controladas por Meneses. Meneses, quien se encuentra detenido en la cárcel La Nueva Joya, también está imputado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Juan Manuel Díaz [email protected] El exdirector del Ifarhu a su llegada a la oficina judicial de Plaza Ágora, el 8 de julio de 2025. Archivo Profesora Agnes De León de Cotes. Archivo
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