3A La Prensa Panamá, sábado 15 de agosto de 2026 Panorama En dos años de gobierno, al menos 17 funcionarios de alto perfil han dejado sus cargos tras presentar su renuncia al presidente José Raúl Mulino. Pero esta semana el ritmo de las salidas cambió el tono del escenario político: en cuestión de días, la administración perdió a tres piezas clave: la ministra de Educación, Lucy Molinar; el viceministro administrativo de Educación, Roberto Sevillano, y el director de Presupuesto de la Nación, Aurelio Mejía. La última en hacerlo fue Molinar. Su salida se produce en medio de críticas por la compra de computadoras, un caso que ya es investigado por el Ministerio Público y la Contraloría General. La primera baja Ocurrió pocos meses después de iniciado el gobierno. En octubre de 2024, Jaime Trujillo presentó su renuncia irrevocable como director del Servicio de Protección Institucional (SPI), alegando motivos personales. Trujillo había asumido el cargo el 1 de julio y permaneció apenas tres meses al frente de la institución. Ese mismo año también salió Jaime Díaz, director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), quien formalizó su renuncia en diciembre, después de que Mulino le pidiera abandonar el cargo en medio de cuestionamientos por la falta de pagos a estudiantes becados en el extranjero. En abril de 2025 le correspondió al Ministerio de Relaciones Exteriores. Carlos Ruiz Hernández, quien ocupaba el cargo de vicecanciller, dejó el puesto el 15 de abril. Aunque inicialmente no se explicaron públicamente las razones, posteriormente trascendió que su salida estaba relacionada con las tensiones generadas por un acuerdo de seguridad entre Panamá y Estados Unidos. A esta lista se agrega Roberto Barría Stanziola, quien renunció como gerente general del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) el 11 de junio de 2025. Aliado de RM El mayor número de salidas se concentró, sin embargo, en 2026. En marzo renunciaron Francisco Ameglio, viceministro de Desarrollo Agropecuario; José Pablo Ramos, gerente general de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío; Ana Melinda Fábrega, directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), y Rutilio Villarreal, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Las cuatro salidas ocurrieron en medio de distintos cuestionamientos sobre las instituciones que dirigían. En el caso de Fábrega, su renuncia se produjo mientras aumentaban las denuncias relacionadas con albergues de menores; Villarreal dejó el Idaan en medio de la prolongada crisis de abastecimiento de agua en Azuero. Ameglio, uno de los líderes del partido Realizando Metas (RM), no brindó detalles sobre su renuncia, aunque se especulaba sobre su mala relación con el titular de la cartera, RoberDe Trujillo a Molinar: las 17 renuncias que han marcado el gobierno de Mulino EJECUTIVO to José Linares. Otras renuncias La lista continuó creciendo en mayo y julio. Nicolás Augusto Batista Palacios renunció como director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), con efectividad el 15 de mayo, alegando motivos personales. Ariel Espino De León dejó la gerencia general del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) ese mismo día.E n julio, Raúl Fernández dejó la dirección de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), después de dos años al frente de la institución. Su salida fue confirmada por fuentes de la Presidencia y posteriormente se designó a Silvia Fábrega como directora encargada. Ese mismo periodo marcó la salida de Eduardo Agustín Arango, quien renunció como viceministro de Comercio Interior e Industrias, con efectividad el 1 de junio. Además Jorge Torregroza, director general del Sistema Penitenciario, presentó su renuncia el 19 de junio, en medio de la crisis provocada por la fuga de 195 privados de libertad de La Joyita. Con las salidas de esta semana, la lista llega a 17. Aurelio Mejía, director de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas; Roberto Elías Sevillano Shin, viceministro administrativo de Educación; Agnes De León de Cotes, viceministra Académica de Educación y Lucy Molinar, ministra de Educación, dejaron sus respectivos cargos. Mejía había estado al frente de una de las áreas más sensibles del Ejecutivo: la elaboración y el seguimiento del Presupuesto General del Estado. Sevillano y Agnes De León de Cotes, por su parte, habían acompañado a Molinar desde el inicio de la administración. La salida de la ministra representa el cambiodemayorrangodentro del gabinete en lo que va del gobierno. Durante la conferencia de prensa del pasado 12 de agosto, en la que anunció su renuncia, Molinar reconoció que alrededor de la compra de las computadoras había “mucho ruido” y agregó que prefería dar un paso al lado para permitir que el proceso fuera investigado y aclarado. Hace apenas dos meses, Mulino cerraba la puerta a cualquier salida de sus ministros por presión externa. Ante los cuestionamientos contra Fernando Boyd Galindo, de Salud, y José Luis Andrade, de Obras Públicas, por posibles conflictos de interés, el mandatario fue tajante: “No voy a entregar la cabeza de nadie porque los editoriales así lo piden; quítense esa idea de la cabeza”. La UP pasaría de $317.5 millones en 2026 a $379.4 millones en 2027, un incremento de $61.9 millones, equivalente al 19.5%. Archivo Universidades recuperan $159.2 millones del recorte Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EDUCACIÓN SUPERIOR El aumento en 2027 devolvería el financiamiento universitario a un nivel similar al de 2025, cuando las seis universidades recibieron en conjunto $746.5 millones. El presupuesto de las universidades públicas experimentaría una recuperación significativa en 2027, luego de la reducción registrada este año. Las seis instituciones pasarían de administrar $597.3 millones en 2026 a $756.5 millones en 2027, un incremento de $159.2 millones, equivalente al 26.7%. El aumento devolvería el financiamiento universitario a un nivel similar al de 2025, cuando las seis universidades recibieron en conjunto $746.5 millones. La distribución La mayor parte de los nuevos recursos se concentra en la Universidad de Panamá (UP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). La UP pasaría de $317.5 millones en 2026 a $379.4 millones en 2027, un incremento de $61.9 millones, equivalente al 19.5%. La UTP, en tanto, subiría de $144 millones a $198.3 millones, con $54.3 millones adicionales (37.7%). Entre ambas instituciones concentran $116.2 millones de los $159.2 millones en que crecería el presupuesto universitario, es decir, cerca de tres cuartas partes del incremento total. La distribución también está relacionada con el tamaño de ambas universidades: La UP tiene cerca de 90 mil estudiantes y la UTP, unos 30 mil; concentran la mayor matrícula dentro del sistema público universitario y tienen necesidades de funcionamiento, infraestructura y servicios considerablemente más amplias. Polémicas El contralor general de la República, Anel Flores, cuestionó el año pasado la gestión de la Universidad de Panamá y la eficiencia en el uso de un presupuesto que supera los $300 millones anuales. Señaló el deterioro de sus instalaciones, incluidos los baños, y cuestionó la existencia de “clanes familiares” que, según afirmó, concentran puestos dentro de la institución. Sus declaraciones apuntaron a posibles prácticas de nepotismo y a deficiencias en la administración de los recursos. Los cuestionamientos derivaron, en aquel momento, en cambios en los controles sobre los gastos de la universidad que a partir de una resolución emitida debían pasar por la Dirección Nacional de Fiscalización. La medida fue cuestionada por las autoridades universitarias. La Contraloría levantó las medidas, pero no se explicó en qué quedaron las denuncias previas. Otras casas de estudios En el proyecto de presupuesto de 2027, la Universidad Especializada de Las Américas (Udelas) aparece como la tercera institución con mayor incremento en términos absolutos. Sus fondos pasarían de $36.2 millones en 2026 a $70.8 millones en 2027, un crecimiento del 95.5%. El comportamiento de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) es muy diferente. Con el dato corregido de $80 millones para 2026, la institución recibiría $80.7 millones en 2027. El aumento sería de $700 mil o del 0.9%. Esta universidad estuvo marcada por investigaciones por presuntas irregularidades administrativas. En los últimos años, se denunciaron casos de nepotismo, salarios elevados para funcionarios cercanos al círculo de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas y pagos cuestionables en concepto de primas y bonificaciones. La Autoridad Nacional de Transparencia investiga actualmente a 90 personas vinculadas a la universidad por posible conflicto de interés. Además, el Ministerio Público investiga a familiares de la exrectora y el uso de diplomas de universidades no acreditadas para aumentos y beneficios salariales por parte de algunos funcionarios de la entidad. Ajustes menores Las otras dos universidades presentan aumentos menores en términos absolutos. La Universidad Marítima pasaría de $18.1 millones en 2026 a $24.2 millones en 2027, un incremento de $6.1 millones (33.5%). La Universidad de los Pueblos Indígenas, subiría de $1.5 millones a $3.1 millones, es decir, $1.7 millones adicionales, un crecimiento aproximado del 110%. La fotografía general muestra, así, un cambio importante en la política presupuestaria para la educación superior pública. El dato que queda por determinar es cómo se utilizarán los $159.2 millones adicionales. El incremento puede traducirse en mayores recursos para infraestructura, investigación, equipamiento y servicios educativos, pero también puede estar dirigido a gastos de funcionamiento y planillas, como ha ocurrido en los últimos años. El presidente José Raúl Mulino, junto al ministro de Salud, Fernando Boyd y la exministra de Educación Lucy Molinar. Archivo Sieteimputados por permisos fraudulentos de armas Siete personas, entre ellas miembros de la Policía Nacional (PN), fueron imputadas por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos y corrupción, como parte de una estructura criminal que tramitaba permisos fraudulentos para la tenencia de armas a través de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp). En una audiencia que se inició el pasado jueves y continuó ayer, la jueza acogió la formulación de cargos, al considerar que el Ministerio Público aportó elementos que evidencian la tramitación fraudulenta. La jueza ordenó la detención provisional del agente Jorge Luis Gómez y de Anel Morales, exfuncionario de la Diasp, mientras que aplicó la medida cautelar de notificación periódica a los también agentes Francisco Mendoza y Diego Martínez, así como a Ricardo Collado, Miguel Graciani y al funcionario Elías Pinto (Diasp). La fiscalía alegó que los involucrados alteraron documentos que eran aportados para las solicitudes de los permisos; y que se comprobó que los tramitantes obtenían de manera fraudulenta pruebas antidopaje con resultado negativo. AUDIENCIA Juan Manuel Díaz C. [email protected] Diligencia de allanamiento y aprehensión. Cortesía/PN
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