6A La Prensa Panamá, miércoles 12 de agosto de 2026 Panorama Alberto Llerena, el exfuncionario de la Alcaldía de Panamá agredido por agentes municipales el pasado 3 de agosto en el edificio Hatillo en medio de un altercado, continúa hospitalizado ocho días después del incidente. Yaritza Llerena, hija del exfuncionario, informó que su padre permanece en la sala de trauma, luego de la cirugía a la que fue sometido debido al fuerte golpe que recibió en la cabeza. El incidente ocurrió en medio de una protesta por el pago de prestaciones laborales y volvió a colocar en el centro del debate las facultades otorgadas a la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá. En medio de esa controversia, Jaime Abad, abogado y exdirector de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), sostiene que la Constitución es clara: los servicios de policía en el país deben ser creados mediante una ley y no a través de un acuerdo municipal, como ocurrió con la conformación de la Policía Municipal capitalina. Abad se refiere al artículo 310 de la Constitución, que establece que “la Ley organizará los servicios de policías necesarios, con mandos y escalafón separados”. El Consejo Municipal de Panamá, a solicitud del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, transformó el antiguo cuerpo de vigilantes municipales —creado para custodiar parques, mercados y bienes del municipio— en una estructura con rangos de tradición policial y militar, como cabos, sargentos, tenientes, capitanes y un mayor. A juicio de Abad, lo que corresponde es aprobar una ley que permita crear policías municipales en distintos distritos, entre ellos Panamá, San Miguelito, La Chorrera, Arraiján, Colón, David y Boquete. Caso Hatillo: Alberto Llerena lleva ocho días hospitalizado POLICÍA MUNICIPAL Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, durante la sesión en la que sustenta el presupuesto para 2027. Cortesía del MEF $37 millones para promoción y publicidad estatal en 2027 Eliana Morales Gil [email protected] José González Pinilla [email protected] COMISIÓN DE PRESUPUESTO El presupuesto sustentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, contempla $340 millones adicionales para la planilla estatal por salarios establecidos en leyes especiales. El proyecto de presupuesto de 2027 contempla $37 millones para promoción y publicidad estatal, un renglón que quedó en evidencia ayer durante la sesión de la Comisión de Presupuesto donde el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, acudió a sustentar el monto con el que trabajará el gobierno el próximo año. El tema lo puso sobre la mesa el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca). “Ministro, me preocupa un poco los $36 millones para el autobombo gubernamental, para pauta estatal”, planteó inicialmente. Enseguida Chapman preguntó en qué línea del documento estaba el monto y, ante la duda, respondió: “Esa cifra me preocupa a mí también. Con mucho gusto hacemos la suma de todas las instituciones y se los compartimos”. Sin embargo, más adelante Pérez Barbonii ubicó el renglón donde consta la cifra. Se trata del renglón 132, correspondiente a promoción y publicidad, con un monto incluso superior al que había mencionado: $37 millones, $1 millón más de los $36 millones que citó inicialmente. “Tiene toda la razón y le voy a explicar por qué me sorprendió”, manifestó el ministro. Enseguida explicó que el monto incluye también a las empresas públicas y financieras, por lo que no lo tenía en el radar. “Por eso me quedé sorprendido y asustado”, contó. En la sesión, sin embargo, no se profundizó en cuánto destinará cada institución a publicidad. Instituciones afectadas Pérez Barboni advirtió que hay instituciones completas que manejan menos presupuesto que la pauta estatal, y citó como ejemplos la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). La Antai, dijo, tiene 10 veces menos presupuesto que la pauta estatal. Añadió que espera que se reconsidere el monto. “Ningún problema”, respondió el ministro. Chapman explicó que, en el caso del MEF, la publicidad se destina a promocionar la lotería fiscal y a dar a conocer la venta de bienes aprehendidos. El diputado manifestó que le preocupa que parte de esa pauta estatal se use para promocionar, por ejemplo, un puente que se construyó en Boquete. El intercambio se dio durante la sustentación del presupuesto general del Estado para 2027, que asciende a $35,111.7 millones y que el ministro defendió como el resultado del “ordenamiento de las finanzas públicas”. El monto de la pauta estatal contrasta con ese discurso de austeridad en un proyecto que recortó $5,728 millones a las solicitudes de las instituciones públicas. Otros temas La pauta publicitaria no fue el único renglón cuestionado en una jornada que arrancó a las 10:55 a.m. y se extendió por más de seis horas. El diputado Carlos Afú, de Cambio Democrático, preguntó por qué todos los representantes de corregimiento reciben la misma asignación ($110,000) sin importar la población que atienden. Chapman relató que, al llegar al cargo, se hizo la misma pregunta, y explicó que así lo contempla la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública. La planilla estatal también dominó parte del debate. Ante la pregunta de cómo se maneja su crecimiento, el ministro dijo: “Mi deseo sería que la planilla no siga creciendo. Este ministro no controla eso”. El costo de la planilla Según cifras que él mismo compartió, la nómina asciende hoy a 269,997 funcionarios. El proyecto de presupuesto estima que los salarios del sector público consumirán $7,923.6 millones, presionados además por $340 millones adicionales que ordenan las leyes especiales en educación, salud y seguridad. Pérez Barboni también insistió, sin éxito, en obtener una cifra de la evasión fiscal. “La verdad sea dicha, no hay cálculo que sea totalmente confiable. Mi hipótesis es que sí hay evasión”, admitió Chapman, quien defendió la transformación de la Dirección General de Ingresos con la lotería fiscal y la tecnología como ejemplos. En materia de ingresos, reportó un alza de 8.5% en la recaudación al 30 de junio, frente al mismo periodo de 2025. El reparto institucional del presupuesto concentra las mayores asignaciones en el Ministerio de Educación (3,757millones), seguido deS alud(2,001 millones), Seguridad (1,101millones) y Obras Públicas (953 millones). Consultado por el diputado Luis Duke, de Vamos, sobre las tres prioridades del proyecto, el ministro respondió con cinco: educación, salud, seguridad, obra pública y agua. Su copartidaria Yamireliz Chong preguntó por la ejecución del Meduca en 2025; Chapman respondió que la entidad trasladó $139 millones a otras instituciones, “lo equivalente a un porcentaje muy bajo de la totalidad del presupuesto”. A partir del próximo 17 de agosto arrancan las vistas presupuestarias ejercicio en el que cada entidad deberá defender su partida ante la misma comisión. Allí se incluyen los renglones de publicidad que, como quedó claro este martes, ya están bajo la lupa de los diputados. Si viviéramos en Suiza Panamá, se creen con licencia para ignorar la planificación, la evidencia científica y los procedimientos de contratación; violar las leyes y hasta la Constitución. Para empezar, si viviéramos en Suiza no estaríamos comprando laptops mientras hay escuelas sin agua, electricidad o condiciones básicas. Menos aún cuando el estudio “El espejismo tecnológico” concluyó que entregar computadoras sin cambios curriculares, capacitación docente o seguimiento no mejora el aprendizaje. Pero vivimos en Panamá, donde las laptops adquiridas para docentes ni siquiera cumplen con las especificaciones técnicas prometidas. ¿Terminarán en un depósito del Meduca, como las que compró la propia Lucy Molinar durante la administración Martinelli? Por ahora, dejemos a un lado a Lucy y su risa y pasemos a la desfachatez de los diputados oficialistas. Esos que “no se van a arrepentir” de ser parte de un pacto con el presidente Mulino. Ese grupo representativo de la peor politiquería ha aprovechado la reforma al Reglamento Interno para, en vez de adecentar la Asamblea, legalizar el juega vivo, el clientelismo y la corrupción. Si prosperan estos cambios, no se descontará el salario por la inasistencia, no se castigará el nepotismo y se revivirán las tristemente célebres partidas circuitales, pues los diputados “gestionarán proyectos” en sus circuitos. La Constitución es clara y no les da esa función. Los diputados legislan, fiscalizan y representan; el Ejecutivo es quien ejecuta. Siendo así, la sinvergüenzura que intenta imponer la aplanadora oficialista en la Asamblea violaría la Carta Magna. Algo que definitivamente no ocurriría si viviéramos en Suiza. Tampoco ocurriría el peligroso invento del ministro de Seguridad, Frank Ábrego: un “Comando Conjunto” que coloca bajo una sola línea de mando a todos los estamentos de seguridad para proteger el Canal y cambia la doctrina de seguridad basada en el principio de neutralidad permanente. Juristas advierten que el nuevo comando canalero viola el artículo 310 de la Constitución —que establece que Panamá no tendrá ejército y que los servicios policiales tendrán organización y escalafón separados— e instala la idea de que se necesita una fuerza militar para defender el Canal. Difícil pensar que sea casual que se anuncie durante los ejercicios Panamax y en vísperas de la llegada del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. No pasa inadvertido el silencio del presidente Mulino al respecto. ¿Será que las violaciones a la Constitución también son tratadas por el mandatario con el doble estándar que caracteriza a su gobierno? Mulino se pronunció el fin de semana contra la Policía Municipal de Mayer Mizrachi, después de que la agresión a un exfuncionario durante una protesta —que aún permanece hospitalizado— pusiera el tema en la agenda pública. “Ojalá que se tumbe”, dijo el mandatario. Con igual contundencia debería el presidente cuestionar el Frankenstein creado por su ministro de Seguridad. Porque, además de los vicios de inconstitucionalidad, ambos excesos comparten un tufillo de remilitarización del país. En el caso de la Policía Municipal, la metamorfosis ha sido muy visible. Los vigilantes que antes custodiaban parques y monumentos se convirtieron en agentes con rangos, armas y facultades represivas, incluido el uso de la fuerza. El Concejo Municipal aprobó la criatura con “urgencia notoria”. Mayer, encantado con su invento, no ha perdido oportunidad de posar con su nueva policía ni de exhibir su afición por las armas, compartida con su asesor estrella, presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas. Aunque la risa de Lucy lo anticipó, la diferencia con Suiza no son los Alpes, sino las instituciones: una cultura de rendición de cuentas y un sistema democrático basado en la participación ciudadana que impide la concentración del poder. Allá, diputados y gobernantes no gozan de la colección de fueros, privilegios y prerrogativas que aquí se han otorgado y fortalecido. Cuando le preguntaron a Belisario Porras qué le faltaba a Panamá para ser como Suiza, respondió de forma breve y lapidaria: “Solo nos faltan los suizos”. Quizás tenía razón, pero solo a medias. Nos falta también comportarnos como ciudadanos que exigen y eligen mejor a sus autoridades. Quizás así no reelegiríamos a los mismos diputados, no daríamos segundas oportunidades a ministros que ya fallaron ni convertiríamos a influencers en alcaldes. Y es que algunos parecen haber entendido que vivir en Panamá no es una realidad geográfica, sino una licencia para hacer lo que les da la gana. “Si viviéramos en Suiza, lo entendería, pero vivimos en Panamá”. La expresión fue utilizada por la ministra Lucy Molinar para desvirtuar las críticas por los cambios e improvisaciones en el calendario escolar. Su propia ocurrencia le causó tanta gracia que rió relajadamente en televisión. Lucía tan fresca y sobrada con la excusa, que casi se sentía la brisa de los Alpes a través de la pantalla. Una imagen que resume la ligereza con la que muchos funcionarios asumen la responsabilidad de gobernar: como vivimos en
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