1A La Prensa Panamá, miércoles 12 de agosto de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 12 de agosto de 2026 - Año 46 - Nº 15355 Rigoberto González analiza los alcances jurídicos y políticos del fallo que extendió la prima de antigüedad a ministros, diputados y otros altos funcionarios por igual. VEA 7A El juez de garantías Fermín Bonilla imputó a Publio De Gracia por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, mientras que a su esposa, Elaine Salterio González, le formuló cargos por blanqueo. La fiscalía atribuye al exfuncionario $724,682 sin justificar. VEA 5A Prima de antigüedad: del fallo al privilegio Hoy por hoy Las leyes de la física dicen que un mismo objeto no puede estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. Pero como el Legislativo conoce de física tanto como de transparencia, rendición de cuentas, institucionalidad y separación de poderes, ese axioma no fue impedimento para que la bancada oficialista y sus aliados introdujeran una modificación al reglamento interno de la Asamblea para que se considere que un diputado está presente en su curul aunque en realidad esté ausente, presumiblemente participando en actividades “oficiales” en su circuito electoral. Pero el don de la ubicuidad no es lo único que han adquirido con estas reformas. También se han arrogado la “gestión” de programas y proyectos comunitarios que beneficien a sus electores. ¿En qué parte de la Constitución se establece que esa es una función de los diputados? Más aún, al asumir tareas propias de un representante de corregimiento, podrían estar incurriendo en una usurpación de funciones públicas. Los diputados fueron elegidos para legislar, no para convertirse en gestores de obras y programas. Quieren operar como una junta comunal, pero con las prerrogativas y las comodidades de una curul. Eso es clientelismo con rango institucional. Panorama Policía pide a Irma Hernández autorizar el toque de queda 4A Opinión En tiempos de farsantes 8A Diputados amplían sus facultades y evitan nuevos controles José González Pinilla [email protected] La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, con 38 votos a favor, la reforma a su Reglamento Interno. El proyecto amplía las facultades de los diputados TERCER DEBATE Si el proyecto es sancionado por el Ejecutivo, los diputados podrán “gestionar” obras. La reforma, aprobada en tercer debate, excluyó propuestas sobre transparencia, nepotismo y eliminación de privilegios. para “gestionar”, “impulsar” y “fiscalizar” obras y permite contabilizar como asistencia actividades realizadas en sus circuitos. En cambio, quedaron fuera propuestas para transparentar planillas, gastos y declaraciones de intereses, prohibir el nepotismo, descontar salario por inasistencias y eliminar privilegios. Diputados de oposición cuestionaron el resultado y pidieron al Ejecutivo vetar la iniciativa por inconveniente e inconstitucional. El proyecto queda ahora en manos del presidente de la República, José Raúl Mulino. Si lo veta, la Asamblea puede insistir en su aprobación y, de convertirse en ley, podría ser objeto de demandas de inconstitucionalidad. VEA 2A Gobierno destina $37 millones para publicidad y promoción CSS: solo 4,878 han optado por cambiar de sistema de pensiones Eliana Morales Gil [email protected] El proyecto de presupuesto de 2027 contempla $37 millones para promoción y publicidad estatal, cifra cuestionada por el diputado José Pérez Barboni durante A seis días de que venza el plazo, solo 4,878 asegurados han formalizado su traslado al nuevo sistema de pensiones. La CSS estima que entre 60,000 y 80,000 cotizantes podrían mejorar sus condiciones de jubilación si evalúan sus opciones. Quienes tienen derecho a escoger podrán registrar o modificar su decisión hasta el próximo 18 de agosto. VEA 1B la sustentación del ministro Felipe Chapman. El titular del MEF admitió que el monto lo sorprendió y explicó que incluye empresas públicas y financieras. La partida contrasta con los recortes aplicados a las solicitudes institucionales. El presupuesto asciende a $35,111.7 millones, mientras la planilla estatal suma 269,997 funcionarios y los salarios consumirán $7,923.6 millones. Chapman identificó educación, salud, seguridad, obras públicas y agua como prioridades del próximo año. VEA 6A PRESUPUESTO El Órgano Ejecutivo presentó a diputados de cinco bancadas su propuesta para reformar el sector eléctrico, que incluye sanciones de hasta $20 millones a las distribuidoras. Vamos y Seguimos no fueron invitados al encuentro. Moca cuestionó la exclusión y advirtió que una reforma de este alcance no debe discutirse “a puerta cerrada”. VEA 5A EXCLUSIÓN Discuten reforma eléctrica sin Vamos ni Seguimos Terremoto en Colombia Entre los escombros y el dolor Colombia concentró ayer sus esfuerzos en la búsqueda de supervivientes, y la atención a los damnificados por el terremoto de magnitud 7.4 del lunes, que ha dejado cerca de 200 muertos. Valle del Cauca, Risaralda y Chocó figuran entre las zonas más golpeadas, con afectaciones también en Caldas y Quindío. Militares y voluntarios trabajan junto a los habitantes en las labores de rescate, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de la destrucción. VEA 2A EFE Publio De Gracia, imputado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo
2A La Prensa Panamá, miércoles 12 de agosto de 2026 Pleno de la Asamblea Nacional. Archivo Diputados aprueban el RORI y dejan intactos sus privilegios José González Pinilla [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Avalaron propuestas incluidas a última hora, durante el segundo debate, que les permiten ‘gestionar’ y ‘fiscalizar’ obras. Con 38 votos a favor, 21 en contra y una abstención, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de ayer, en tercer debate, el proyecto de ley 594, que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI). El documento dejó por fuera propuestas de modificación relacionadas con la transparencia de las planillas de los diputados, la prohibición del nepotismo, el descuento a los diputados que no asistan al pleno y la eliminación de privilegios. En cambio, avalaron propuestas incluidas a última hora, durante el segundo debate, para considerar como asistencia la participación de los diputados en actividades dentro de sus circuitos electorales, ampliar el periodo de incidencias y permitirles “gestionar” y “fiscalizar” obras. La iniciativa de ley recibió el voto de los diputados oficialistas de la bancada Realizando Metas (RM), y de sus aliados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático y la bancada mixta. Los panameñistas se ausentaron; solo la diputada Ariana Coba se abstuvo. Durante la discusión en tercer debate, que fue dirigida por el primer vicepresidente de la Asamblea, Manuel Cohen, —no estuvo la presidenta Shirley Castañedas— la diputada de Vamos Yarelis Rodríguez cuestionó que, de unas 120 modificaciones presentadas durante el segundo debate, solo 13 fueran incorporadas al proyecto aprobado. Rodríguez sostuvo que se perdió la oportunidad de hacer cambios de fondo al reglamento y de incorporar medidas para mejorar la transparencia y eliminar privilegios de los diputados. “Me llama mucho la atención porque se supone que esta es la nueva Asamblea, en donde debemos mejorar lo que existe”, dijo Rodríguez, quien consideró que el documento aprobado mantiene vacíos que debieron ser corregidos. Entre las propuestas que, según la diputada, fueron ignoradas, mencionó la eliminación de los privilegios para la importación de vehículos sin pagar impuestos, la prohibición del nepotismo hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y un capítulo sobre el voto de censura de la Asamblea contra los ministros de Estado por actos ilegales o errores graves. También cuestionó que no se incluyeran disposiciones para hacer públicos los gastos de la Asamblea, las planillas por despacho, el presupuesto y su ejecución, así como los traslados de partidas, las declaraciones patrimoniales y de intereses de los diputados y sus informes de gestión. Rodríguez también criticó que se mantuvieran vacíos sobre el funcionamiento de las comisiones y la publicidad de los conceptos que emiten las distintas instituciones sobre los proyectos de ley. “Históricamente la Asamblea Nacional ha sido vista como una institución de poca transparencia, en donde existen las planillas abultadas, en donde hay nepotismo, en donde hay botellas”, aseguró. Para la diputada, la discusión del RORI representaba una oportunidad para cambiar esa percepción y establecer mayores controles dentro del Legislativo. “¿Con qué moral nosotros fiscalizamos a otras instituciones si ni siquiera tenemos la casa arreglada?”, cuestionó. Rodríguez calificó de “vergonzoso” el resultado de la reforma y consideró que el proyecto no es conveniente. Por ello, pidió que, de ser enviado al Ejecutivo, sea vetado y devuelto a la Asamblea para una nueva discusión. “Faltó muchísimo para tener un reglamento interno que valga la pena”, añadio. Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, calificó de “lamentable” la aprobación. “Se acaban de aprobar unas modificaciones al Reglamento Interno, con puntos incompatibles con la Constitución. Lo advertí en tiempo oportuno, pero se aprobó por mayoría de esa forma. Si la sanciona el Ejecutivo, lo demandaré por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia”, anunció. Camacho defiende el proyecto El diputado de RM, Luis Eduardo Camacho, uno de los principales impulsores de las modificaciones relacionadas con la “gestión y fiscalización” de obras, defendió el proyecto y rechazó los cuestionamientos sobre su contenido. Camacho dijo que la aprobación del RORI es conveniente porque permite cerrar una discusión que, a su juicio, se ha vuelto “intrascendente” frente a los problemas del país. El diputado también respondió a las críticas sobre el nepotismo y aseguró que la prohibición de nombrar familiares ya está establecida en la legislación vigente, por lo que, según él, no era necesario incorporarla nuevamente al reglamento de la Asamblea. “Es falso que nosotros estamos quitando esa prohibición. Eso está en la ley”, sostuvo Camacho. También defendió la decisión de eliminar la disposición que contemplaba descuentos a los diputados por inasistencia al pleno. Según Camacho, ese descuento constituye una sanción administrativa y cuestionó que la Asamblea tenga facultad para imponerla. “Hacer un show, hacer taquilla, poniendo que la Asamblea va a sancionar con descuento a los diputados, es sencillamente engañar a la opinión pública”, afirmó. Camacho también rechazó los cuestionamientos de inconstitucionalidad contra las disposiciones que permiten a los diputados “gestionar”, “impulsar” y “fiscalizar” obras y proyectos en sus circuitos electorales. Sostuvo que el RORI desarrolla las disposiciones de la Constitución sobre la representación de los diputados y, específicamente, el artículo 150, que establece que los diputados representan a los ciudadanos de sus respectivos circuitos. “Estas reformas no violan la Constitución. Estas reformas desarrollan el artículo 150 de la Constitución”, afirmó. Según Camacho, la Constitución establece reglas generales que posteriormente son desarrolladas mediante leyes y reglamentos. Ahora, el Legislativo deberá enviar el proyecto al Ejecutivo para que el presidente José Raúl Mulino lo sancione o lo vete. Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Asamblea de Accionistas Corprensa reelige a tres directivos Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), editora de La Prensa y Mi Diario, reeligió ayer a Jorge Molina Mendoza, Aurelio Barría y Rita Vásquez como miembros de la junta directiva. Completan la directiva Jorge Luis Quijano y Basilio Fernández. Durante la reunión, la empresa editora de La Prensa y Mi Diario presentó un balance de su gestión y de los desafíos de la industria. En 2025, los ingresos alcanzaron $6.1 millones, un aumento de 3.9% frente a 2024, impulsados por la publicidad, las suscripciones digitales y los nuevos negocios. Corprensa cuenta con cerca de 10 mil suscriptores entre impreso y digital. En el primer semestre de 2026, la reducción de costos permitió disminuir 15% la pérdida neta. Ante la caída de la circulación impresa y los cambios en los hábitos de consumo, la corporación inició una revisión integral de su modelo de negocio para fortalecer su sostenibilidad y continuar diversificando sus fuentes de ingresos. Alexander Arosemena Sismo activó inspecciones en 40 instalaciones en Panamá El sismo registrado el lunes, con epicentro en Colombia y que fue percibido en gran parte del territorio panameño, obligó a inspeccionar unas 40 instalaciones públicas y privadas en distintos puntos del país. Entre los sitios evaluados está el Centro de Salud de Montijo (Veraguas), donde se ordenó la evacuación preventiva luego de producirse rajaduras y caída de losas. La instalación quedó bajo evaluación técnica para determinar el alcance. También fue inspeccionado el edificio de la Dirección Regional del Ministerio de Salud en Colón, ubicado en el antiguo hospital de la provincia, inmueble en el que se detectó un hundimiento en la losa del tercer piso. Las inspecciones fueron hechas por el Sinaproc. Las evaluaciones a las diversas instalaciones permitieron identificar principalmente grietas, fisuras, rajaduras y otras condiciones que requieren valoración técnica. Las autoridades deberán determinar cuáles de estas afectaciones fueron provocadas por el movimiento telúrico y cuáles podrían corresponder a daños preexistentes. En tanto, el Ministerio de Educación reportó afectaciones leves en alrededor de 15 planteles tras el sismo, pero solo en uno suspendió de forma temporal las clases debido a daños en una marquesina. Se trata del Centro Educativo Padre Segundo Familiar Cano (Herrera). En las otras 14 escuelas hubo rajaduras y fisuras leves que, según las evaluaciones preliminares, pueden ser reparadas mediante trabajos de repello y mantenimiento. TERREMOTO EN COLOMBIA Yaritza Mojica [email protected] Personal durante la inspección de un edificio. Cortesía
3A La Prensa Panamá, miércoles 12 de agosto de 2026
4A La Prensa Panamá, miércoles 12 de agosto de 2026 Panorama DESQUITE. Hay alguien a quien los 34 tornillos le deben estar bailando de la felicidad. El loco está festinando con la aprehensión de Publio De Gracia por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Su antipatía no es un secreto: en la gestión de De Gracia, la DGI ordenó una “auditoría integral” a Importadora Ricamar para analizar cuatro tipos de impuestos: renta natural (2019-2021), seguro educativo (20082022), aviso de operación (2008-2021) e ITBMS (2018-2022). Era previsible que, en esta administración, iban a ir a por él, con o sin razón. ANIVERSARIO. La presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, en compañía de algunos colegas, visitó el centro educativo básico Dr. Justo Arosemena para conmemorar el natalicio de este ilustre jurista panameño. Deberían enfocarse menos en el protocolo y más en las enseñanzas jurídicas que dejó Arosemena. REGRESO. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega este miércoles a Panamá. Es su segunda visita en 16 meses y, esta vez, coincide con la del jefe del Comando Sur, Francis Donovan. Se nota la importancia que le están dando a Panamá. De paso, podrían pasar revista al Comando Conjunto para la Seguridad de áreas específicas del Canal. ACTUALIZACIÓN. Martín Torrijos está convocando a un desayuno informativo sobre la creación del partido denominado Unidos para la Nueva Era (UNE). De paso, presentará a los miembros de la junta directiva provisional del colectivo en formación. Ya era hora. DESDÉN. La junta directiva de la Asamblea y los jefes de bancada fueron citados, nuevamente, a una reunión en la Presidencia. Y, otra vez, Vamos y Seguimos fueron excluidos deDatos de las autoridades municipales destacan que San Miguelito acumula 71 homicidios en lo que va del año. Archivo San Miguelito analiza nuevas restricciones de movilidad Yaritza Mojica [email protected] AUMENTO DE HOMICIDIOS La Alcaldía evalúa retomar el toque de queda a solicitud de la Policía Nacional, ante el aumento de homicidios y delitos de alto impacto registrados en el distrito. La Alcaldía de San Miguelito analiza la posibilidad de implementar nuevamente restricciones de movilidad, luego de los recientes homicidios registrados en el distrito y tras recibir una solicitud formal de la Policía Nacional para volver a adoptar estas medidas, con el objetivo de reducir los delitos de alto impacto. Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito, explicó que la administración municipal mantiene conversaciones con las autoridades policiales para definir las acciones que podrían aplicarse, tomando en cuenta los sectores y horarios donde se registra un mayor número de casos delictivos. De acuerdo con la alcaldesa, la Policía Nacional remitió una solicitud formal al municipio para que se vuelvan a establecer medidas de restricción de movilidad. Ante esta petición, indicó que actualmente se analizan las alternativas y su posible aplicación en determinados sectores del distrito. Solo el pasado lunes se registraron tres homicidios de jóvenes entre 17 y 19 años en las comunidades de Torrijos Carter y la tercera etapa de Santa Librada. Según información de la Policía Nacional en lo que va del año en San Miguelito se han registrado 71 homicidios; mientras que en lo que va del mes de agosto ya van 18 muertos por violencia en este distrito. “Miramos con mucha preocupación la situación de inseguridad que está padeciendo nuestro distrito de San Miguelito. Sabemos que esto responde a un abandono por años de no tener programas de prevención y de no tener presencia policial suficiente”, señaló. Actualmente, los corregimientos que presentan mayores índices de delitos de alto impacto son Belisario Frías, Belisario Porras y Arnulfo Arias. No obstante, Hernández aclaró que todavía no se ha definido si las restricciones se aplicarían únicamente en estas áreas o en todo el distrito. La propuesta planteada por la Policía Nacional a la Alcaldía de San Miguelito consiste en iniciar las intervenciones durante algunos días de la semana y, posteriormente, evaluar una flexibilización hacia los fines de semana, indicó la alcaldesa. No obstante, advirtió que cualquier medida deberá tomar en cuenta el impacto sobre las actividades comerciales y los emprendimientos de las comunidades. “Tampoco la idea es coartar los emprendimientos ni los comercios, pero, por supuesto, todos debemos priorizar el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de nuestras comunidades”, manifestó. La alcaldesa también señaló que espera reunirse con el jefe de la zona policial de San Miguelito para avanzar en la coordinación de estas medidas. Precisamente, ayer se esperaba aprobar una cortesía de sala en el Consejo Municipal para abordar el tema, pero la solicitud no se concretó. En cuanto a las estadísticas, San Miguelito cerró el año 2025 con 100 casos por homicidio registrados, lo que representó un 17% de un total de 593 casos en el país. Mientras, 2024 cerró con 583 homicidios, de los cuales 98 casos ocurrieron en este distrito. Ante este escenario, la alcaldesa sostuvo que las restricciones de movilidad podrían contribuir a evitar que los homicidios continúen aumentando. La máxima autoridad del distrito recordó, además, que durante la aplicación anterior del toque de queda se registró una reducción de los delitos de alto impacto durante los horarios establecidos. A pesar de que la medida fue efectiva, Hernández manifestó que las restricciones de movilidad serían una medida temporal y complementaria, mientras el municipio continúa desarrollando programas de prevención dirigidos a niños y jóvenes. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Estos son los 10 panameños que fueron detenidos en Cuba el pasado 28 de febrero. Archivo Apagones, encierro e incertidumbre: la espera de 7 panameños detenidos en Cuba DIPLOMACIA Casi seis meses están por cumplir los siete panameños detenidos en Cuba, mientras sus familiares aún esperan conocer con claridad cuál es su situación jurídica y qué avances registra el proceso judicial que enfrentan en la isla. Los panameños son Víctor Manuel Pinzón Cedeño, Anthony Williams Jules Pérez, Omar Gilberto Urriola Vergara, Maykol Jesús Pérez Almendra, Adalberto Antonio Navarro Asprilla, Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena y José Luis Aguirre Baruco. El caso se mantiene bajo seguimiento de las autoridades panameñas, que realizan gestiones por los canales oficiales para conocer el estado de los detenidos y el desarrollo del proceso judicial en Cuba. Sin embargo, hasta ahora persiste la incertidumbre sobre los próximos pasos dentro del procedimiento que se les sigue en ese país. Además del encierro en la isla se reportan constantes apagones. Las autoridades cubanas detuvieron a 10 ciudadanos panameños en La Habana el 28 de febrero, acusados de realizar “propaganda contra el orden constitucional” mediante pintadas críticas contra el Gobierno. El Ministerio del Interior de Cuba alegó que los implicados, recluidos en Villa Marista, buscaban crear letreros subversivos y enfrentarían penas de hasta ocho años de prisión. El 4 de marzo, el embajador de Panamá en Cuba realizó su primera visita al grupo en el Centro de Detención para Delitos contra la Seguridad Nacional, conocido como Villa Marista. Durante el encuentro, el diplomático entregó productos de aseo personal y medicamentos. Posteriormente, el 25 de marzo, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, viajó a La Habana y sostuvo un encuentro directo con los 10 ciudadanos detenidos. Tras la visita, el ministro aseguró haber constatado que las autoridades cubanas les habían proporcionado un trato humanitario. A finales de abril, el Gobierno de Panamá confirmó la liberación de tres panameñas: Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Shefany Gudiño, quienes lograron salir del territorio cubano tras una decisión adoptada por el Gobierno de la isla. El pronunciamiento oficial enmarcó la medida como un “gesto de humanidad y amistad” por parte de las autoridades cubanas. De acuerdo con el comunicado, la decisión también tomó en cuenta la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo figuras legales como el “colaborador eficaz” y el “criterio de oportunidad”, mecanismos contemplados en el ordenamiento penal cubano. El pasado 1 de julio, el canciller Martínez-Acha dijo que Panamá pediría que, si son declarados culpables, puedan cumplir una eventual condena en territorio panameño. Por su parte, Carlos Guevara Mann, viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de la Cancillería, dijo que los siete panameños detenidos se encuentran en condiciones de salud adecuadas, y Panamá continúa realizando gestiones para procurar su liberación. liberadamente. Es lamentable que la convocatoria, en esta ocasión, fuera para hablar sobre un paquete de reformas para corregir “distorsiones” del mercado eléctrico, pero se haya ignorado a la única bancada que ha puesto el tema sobre la mesa y presentado una amplia propuesta al respecto. Pareciera que al presidente le encanta despreciar a quienes lo adversan de manera respetuosa y con argumentos. Un poco más y quedamos en una monarquía. Tal Cual Mónica Palm [email protected]
5A La Prensa Panamá, miércoles 12 de agosto de 2026 Panorama Los diputados Raúl Pineda, Benicio Robinson, Didiano Pinilla, Francisco Brea, José Luis Varela, Yésica Romero, Julio De la Guardia y Manuel Cohen estuvieron en la reunión con el ministro Juan Carlos Orillac. Cortesía Ejecutivo negocia reforma eléctrica sin Vamos y Seguimos José González Pinilla [email protected] PROYECTO Ayer tuvo lugar una reunión con diputados de Realizando Metas, Cambio Democrático, el PRD, el Partido Panameñista y la bancada Mixta. Los de Vamos y Seguimos no fueron invitados. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sostuvo ayer una reunión con diputados de Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD), el Partido Revolucionario Democrático (PRD), el Partido Panameñista y la bancada Mixta, en la que abordaron las reformas al servicio y la distribución de energía. Los diputados de las bancadas de la coalición Vamos y Seguimos no fueron invitados a la reunión. Durante el encuentro, los diputados escucharon una “detallada exposición” sobre el paquete de reformas que el Ejecutivo presentará próximamente ante la Asamblea Nacional, informó Presidencia en un comunicado. De acuerdo con el Ejecutivo, las modificaciones tienen como objetivo corregir distorsiones en el mercado eléctrico, fortalecer el marco regulatorio del servicio y asegurar su adecuada prestación en beneficio de la ciudadanía. La reunión se realizó en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas y contó con la participación de Zelmar Rodríguez, administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep). La semana pasada, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución No. 83-26, que autoriza al ministro de la Presidencia a presentar ante el Legislativo el proyecto de ley “que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 y dicta otras disposiciones”. “Queremos presentarles las modificaciones a la ley que regula el sector eléctrico panameño, un proyecto preparado por el Ejecutivo que busca contar con el aval de ustedes”, expresó Orillac al inicio de la reunión con los diputados. También estuvo presente Rodrigo Rodríguez Jaramillo, secretario nacional de Energía (SNE), quien estuvo a cargo de presentar el paquete de reformas. La propuesta contempla la modificación de 19 artículos existentes y la incorporación de cuatro nuevos artículos a la Ley 6, así como la modificación de dos artículos de la Ley 26 de 29 de enero de 1996, que regula la Asep. “Este proyecto de ley aborda aspectos muy específicos que consideramos necesario atender para beneficiar de forma directa a los usuarios y consumidores”, destacó Rodríguez Jaramillo, quien además resaltó que las reformas “son fruto de dos años de trabajo conjunto”. Según Presidencia, los cambios a la ley buscan dar respuesta a las reiteradas quejas sobre la calidad del suministro eléctrico. Entre los principales problemas mencionados figuran las frecuentes fluctuaciones de voltaje, las interrupciones del servicio, los daños a electrodomésticos y las deficiencias en los mecanismos de atención, compensación e indemnización a los clientes. Durante el encuentro también se destacó que el proyecto, que regirá para los próximos contratos, incorpora disposiciones para garantizar mayor transparencia en la información suministrada a los clientes y establecer plazos definidos para la atención de reclamos. Asimismo, contempla el reconocimiento de créditos por incumplimiento de las normas de calidad por parte de las empresas distribuidoras, conforme a la reglamentación vigente, y herramientas que permitirían una supervisión más efectiva por parte de la autoridad reguladora. La iniciativa también plantea elevar los montos de las sanciones a las empresas eléctricas. Los prestadores del servicio de energía eléctrica podrían ser multados hasta con $20 millones por infracciones a la ley o a los contratos de concesión. En tanto, para asegurar la continuidad en la prestación del servicio, el proyecto propone que la Asep pueda intervenir a los prestadores del servicio público de electricidad durante el tiempo que tome corregir una falta, mientras se rescinda o resuelva administrativamente el contrato, o hasta la terminación de la licencia correspondiente. La delegación de diputados estuvo encabezada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda. También participaron los perredistas Benicio Robinson y Raúl Pineda; los panameñistas José Luis Varela y Francisco Brea; los diputados de CD Yesica Romero, Diado Pinilla, Manuel Cohen y Julio De la Guardia; los de la bancada Mixta Osman Gómez y Manuel Chen, así como Luis Eduardo Camacho, de RM. Al final del encuentro, los diputados sugirieron al Ejecutivo agendar una nueva reunión, propuesta que fue aceptada. ‘No se legisla a puerta cerrada’ Sobre la exclusión de las bancadas de Vamos y Seguimos, Moca emitió un comunicado en el que cuestiona la decisión del Ejecutivo. “No es un hecho aislado. Ya en julio, tras excluir a esas mismas bancadas de una reunión sobre la agenda legislativa, el propio Presidente lo justificó sin rodeos: «¿Por qué los tengo que invitar? No sale nada bueno»“, sostuvo la organización política. Un mes después el patrón se repite, señaló. Pero, esta vez con una reforma que fijará el precio de la luz de cada hogar. “El criterio es siempre el mismo: se convoca a quien garantiza el aval y se descarta a quien fiscaliza. Para este Gobierno no sirve quien no aplaude y esa no es la lógica de una República, sino la lógica de un club”, agregó Moca. Vamos presentó una alternativa Hace unas semanas, la bancada de Vamos anunció un paquete de iniciativas para reformar el sistema eléctrico antes de la renovación de las concesiones de distribución previstas para 2028, proceso que, según los diputados, representa una oportunidad para modificar las reglas del mercado antes de adjudicar nuevos contratos por los próximos 15 años. El jefe de la bancada Vamos, Jorge González, comentó que uno de los principales problemas del modelo vigente es que las empresas distribuidoras concentran también la comercialización de la energía, ya que compran la electricidad, la facturan y mantienen la relación comercial con los usuarios dentro de sus respectivas áreas de concesión. A su juicio, esa integración limita la competencia y reduce la posibilidad de que los consumidores puedan elegir entre distintas ofertas de suministro. González indicó que la propuesta legislativa busca separar las funciones de distribución y comercialización, permitiendo la participación de múltiples comercializadores independientes. Bajo este esquema, las distribuidoras mantendrían la operación y el mantenimiento de las redes eléctricas, mientras que distintas empresas podrían competir por ofrecer mejores condiciones a los clientes mediante la compra de energía a las generadoras. El juez de garantías Fermín Bonilla imputó cargos por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales al exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia. La esposa de De Gracia, Elaine Salterio González, también fue imputada, pero únicamente por el delito de blanqueo. La decisión fue adoptada en una audiencia celebrada ayer; un día antes, los esposos habían sido aprehendidos en su residencia. El juez Bonilla legalizó la aprehensión de ambos y, tras la imputación, deberá decidir las medidas cautelares que se impondrán a los dos imputados. La audiencia se reanudará hoy, a las 8:30 a.m., para definir estas medidas. Dinero sin justificar El fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez explicó que De Gracia, durante su gestión ante la DGI, acumuló $724,682 que no pudo justificar y, además, transfirió fondos a su esposa y a Dinoska Ríos Santamaría para la adquisición de bienes, entre ellos, vehículos de lujo. El fiscal relató que, cuando fue director de Ingresos, De Gracia obtuvo ingresos justificados por un monto de $1.7 millones, pero se le contabilizaron fondos por $2.4 millones lo que arrojó una diferencia de $724,682 no justificados, según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República. De acuerdo con el fiscal, De Gracia tenía cuatro tarjetas de crédito cuyos saldos cancelaba en efectivo, sin que se pudiera establecer su procedencia exacta. Solo en el pago de las tarjetas destinó $397 mil. Además, el exfuncionario transfirió $62,792 a Dinoska Ríos, con quien supuestamente mantenía una relación sentimental. Ríos no se encontraba presente en la sala de audiencias. Más temprano... De Gracia llegó a las oficinas del Primer DistriImputan cargos por presunto blanqueo al exdirector de la DGI, Publio De Gracia, y su esposa AUDIENCIA to Judicial cerca de la 1:30 p.m., en un vehículo SUV color blanco. No hizo declaraciones a los medios. Iba esposado y custodiado por agentes policiales. La audiencia con el juez Bonilla se inició a las 2:00 p.m. “Hasta el día de hoy no sé exactamente los motivos por los cuales se avanzó a un allanamiento y una aprehensión”, dijo Gladys Quintero, abogada de De Gracia, a los periodistas la noche del lunes. “Publio siempre ha estado anuente, ha comparecido conmigo a presentar el poder, hay arraigo, no ha salido del país… No hubo necesidad de esto”, contó Quintero, y agregó que presentó poder el 24 de junio, día en que este caso “empezó”. Hasta ahora, la investigación ocupa 24 tomos, mencionó Quintero. Esta causa se originó en el informe de auditoría de 2025, elaborado por la Contraloría General de la República, al que aludió el fiscal durante su sustentación. De momento, se han aprehendido tres bienes inmuebles, cuatro cuentas bancarias y seis vehículos de alta gama, incluyendo una Toyota Prado, un Lexus y varios de las marca BMW. Antes de iniciar la audiencia, Quintero dijo que no podía responder preguntas al respecto porque la fiscalía ha mantenido una reserva total del caso. Juan Manuel Díaz [email protected] Publio De Gracia arriba a la audiencia. Elysée Fernández La Asamblea Nacional no es una extensión del Palacio de las Garzas. Exigimos que el Ejecutivo convoque a todas las bancadas sin exclusión; que la reforma eléctrica se debata pública y abiertamente en la Asamblea, con audiencias y con los usuarios presentes; y que ningún contrato de concesión a 15 años se decida entre los mismos de siempre”. MOCA Comunicado
6A La Prensa Panamá, miércoles 12 de agosto de 2026 Panorama Alberto Llerena, el exfuncionario de la Alcaldía de Panamá agredido por agentes municipales el pasado 3 de agosto en el edificio Hatillo en medio de un altercado, continúa hospitalizado ocho días después del incidente. Yaritza Llerena, hija del exfuncionario, informó que su padre permanece en la sala de trauma, luego de la cirugía a la que fue sometido debido al fuerte golpe que recibió en la cabeza. El incidente ocurrió en medio de una protesta por el pago de prestaciones laborales y volvió a colocar en el centro del debate las facultades otorgadas a la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá. En medio de esa controversia, Jaime Abad, abogado y exdirector de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), sostiene que la Constitución es clara: los servicios de policía en el país deben ser creados mediante una ley y no a través de un acuerdo municipal, como ocurrió con la conformación de la Policía Municipal capitalina. Abad se refiere al artículo 310 de la Constitución, que establece que “la Ley organizará los servicios de policías necesarios, con mandos y escalafón separados”. El Consejo Municipal de Panamá, a solicitud del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, transformó el antiguo cuerpo de vigilantes municipales —creado para custodiar parques, mercados y bienes del municipio— en una estructura con rangos de tradición policial y militar, como cabos, sargentos, tenientes, capitanes y un mayor. A juicio de Abad, lo que corresponde es aprobar una ley que permita crear policías municipales en distintos distritos, entre ellos Panamá, San Miguelito, La Chorrera, Arraiján, Colón, David y Boquete. Caso Hatillo: Alberto Llerena lleva ocho días hospitalizado POLICÍA MUNICIPAL Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, durante la sesión en la que sustenta el presupuesto para 2027. Cortesía del MEF $37 millones para promoción y publicidad estatal en 2027 Eliana Morales Gil [email protected] José González Pinilla [email protected] COMISIÓN DE PRESUPUESTO El presupuesto sustentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, contempla $340 millones adicionales para la planilla estatal por salarios establecidos en leyes especiales. El proyecto de presupuesto de 2027 contempla $37 millones para promoción y publicidad estatal, un renglón que quedó en evidencia ayer durante la sesión de la Comisión de Presupuesto donde el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, acudió a sustentar el monto con el que trabajará el gobierno el próximo año. El tema lo puso sobre la mesa el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca). “Ministro, me preocupa un poco los $36 millones para el autobombo gubernamental, para pauta estatal”, planteó inicialmente. Enseguida Chapman preguntó en qué línea del documento estaba el monto y, ante la duda, respondió: “Esa cifra me preocupa a mí también. Con mucho gusto hacemos la suma de todas las instituciones y se los compartimos”. Sin embargo, más adelante Pérez Barbonii ubicó el renglón donde consta la cifra. Se trata del renglón 132, correspondiente a promoción y publicidad, con un monto incluso superior al que había mencionado: $37 millones, $1 millón más de los $36 millones que citó inicialmente. “Tiene toda la razón y le voy a explicar por qué me sorprendió”, manifestó el ministro. Enseguida explicó que el monto incluye también a las empresas públicas y financieras, por lo que no lo tenía en el radar. “Por eso me quedé sorprendido y asustado”, contó. En la sesión, sin embargo, no se profundizó en cuánto destinará cada institución a publicidad. Instituciones afectadas Pérez Barboni advirtió que hay instituciones completas que manejan menos presupuesto que la pauta estatal, y citó como ejemplos la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). La Antai, dijo, tiene 10 veces menos presupuesto que la pauta estatal. Añadió que espera que se reconsidere el monto. “Ningún problema”, respondió el ministro. Chapman explicó que, en el caso del MEF, la publicidad se destina a promocionar la lotería fiscal y a dar a conocer la venta de bienes aprehendidos. El diputado manifestó que le preocupa que parte de esa pauta estatal se use para promocionar, por ejemplo, un puente que se construyó en Boquete. El intercambio se dio durante la sustentación del presupuesto general del Estado para 2027, que asciende a $35,111.7 millones y que el ministro defendió como el resultado del “ordenamiento de las finanzas públicas”. El monto de la pauta estatal contrasta con ese discurso de austeridad en un proyecto que recortó $5,728 millones a las solicitudes de las instituciones públicas. Otros temas La pauta publicitaria no fue el único renglón cuestionado en una jornada que arrancó a las 10:55 a.m. y se extendió por más de seis horas. El diputado Carlos Afú, de Cambio Democrático, preguntó por qué todos los representantes de corregimiento reciben la misma asignación ($110,000) sin importar la población que atienden. Chapman relató que, al llegar al cargo, se hizo la misma pregunta, y explicó que así lo contempla la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública. La planilla estatal también dominó parte del debate. Ante la pregunta de cómo se maneja su crecimiento, el ministro dijo: “Mi deseo sería que la planilla no siga creciendo. Este ministro no controla eso”. El costo de la planilla Según cifras que él mismo compartió, la nómina asciende hoy a 269,997 funcionarios. El proyecto de presupuesto estima que los salarios del sector público consumirán $7,923.6 millones, presionados además por $340 millones adicionales que ordenan las leyes especiales en educación, salud y seguridad. Pérez Barboni también insistió, sin éxito, en obtener una cifra de la evasión fiscal. “La verdad sea dicha, no hay cálculo que sea totalmente confiable. Mi hipótesis es que sí hay evasión”, admitió Chapman, quien defendió la transformación de la Dirección General de Ingresos con la lotería fiscal y la tecnología como ejemplos. En materia de ingresos, reportó un alza de 8.5% en la recaudación al 30 de junio, frente al mismo periodo de 2025. El reparto institucional del presupuesto concentra las mayores asignaciones en el Ministerio de Educación (3,757millones), seguido deS alud(2,001 millones), Seguridad (1,101millones) y Obras Públicas (953 millones). Consultado por el diputado Luis Duke, de Vamos, sobre las tres prioridades del proyecto, el ministro respondió con cinco: educación, salud, seguridad, obra pública y agua. Su copartidaria Yamireliz Chong preguntó por la ejecución del Meduca en 2025; Chapman respondió que la entidad trasladó $139 millones a otras instituciones, “lo equivalente a un porcentaje muy bajo de la totalidad del presupuesto”. A partir del próximo 17 de agosto arrancan las vistas presupuestarias ejercicio en el que cada entidad deberá defender su partida ante la misma comisión. Allí se incluyen los renglones de publicidad que, como quedó claro este martes, ya están bajo la lupa de los diputados. Si viviéramos en Suiza Panamá, se creen con licencia para ignorar la planificación, la evidencia científica y los procedimientos de contratación; violar las leyes y hasta la Constitución. Para empezar, si viviéramos en Suiza no estaríamos comprando laptops mientras hay escuelas sin agua, electricidad o condiciones básicas. Menos aún cuando el estudio “El espejismo tecnológico” concluyó que entregar computadoras sin cambios curriculares, capacitación docente o seguimiento no mejora el aprendizaje. Pero vivimos en Panamá, donde las laptops adquiridas para docentes ni siquiera cumplen con las especificaciones técnicas prometidas. ¿Terminarán en un depósito del Meduca, como las que compró la propia Lucy Molinar durante la administración Martinelli? Por ahora, dejemos a un lado a Lucy y su risa y pasemos a la desfachatez de los diputados oficialistas. Esos que “no se van a arrepentir” de ser parte de un pacto con el presidente Mulino. Ese grupo representativo de la peor politiquería ha aprovechado la reforma al Reglamento Interno para, en vez de adecentar la Asamblea, legalizar el juega vivo, el clientelismo y la corrupción. Si prosperan estos cambios, no se descontará el salario por la inasistencia, no se castigará el nepotismo y se revivirán las tristemente célebres partidas circuitales, pues los diputados “gestionarán proyectos” en sus circuitos. La Constitución es clara y no les da esa función. Los diputados legislan, fiscalizan y representan; el Ejecutivo es quien ejecuta. Siendo así, la sinvergüenzura que intenta imponer la aplanadora oficialista en la Asamblea violaría la Carta Magna. Algo que definitivamente no ocurriría si viviéramos en Suiza. Tampoco ocurriría el peligroso invento del ministro de Seguridad, Frank Ábrego: un “Comando Conjunto” que coloca bajo una sola línea de mando a todos los estamentos de seguridad para proteger el Canal y cambia la doctrina de seguridad basada en el principio de neutralidad permanente. Juristas advierten que el nuevo comando canalero viola el artículo 310 de la Constitución —que establece que Panamá no tendrá ejército y que los servicios policiales tendrán organización y escalafón separados— e instala la idea de que se necesita una fuerza militar para defender el Canal. Difícil pensar que sea casual que se anuncie durante los ejercicios Panamax y en vísperas de la llegada del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. No pasa inadvertido el silencio del presidente Mulino al respecto. ¿Será que las violaciones a la Constitución también son tratadas por el mandatario con el doble estándar que caracteriza a su gobierno? Mulino se pronunció el fin de semana contra la Policía Municipal de Mayer Mizrachi, después de que la agresión a un exfuncionario durante una protesta —que aún permanece hospitalizado— pusiera el tema en la agenda pública. “Ojalá que se tumbe”, dijo el mandatario. Con igual contundencia debería el presidente cuestionar el Frankenstein creado por su ministro de Seguridad. Porque, además de los vicios de inconstitucionalidad, ambos excesos comparten un tufillo de remilitarización del país. En el caso de la Policía Municipal, la metamorfosis ha sido muy visible. Los vigilantes que antes custodiaban parques y monumentos se convirtieron en agentes con rangos, armas y facultades represivas, incluido el uso de la fuerza. El Concejo Municipal aprobó la criatura con “urgencia notoria”. Mayer, encantado con su invento, no ha perdido oportunidad de posar con su nueva policía ni de exhibir su afición por las armas, compartida con su asesor estrella, presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas. Aunque la risa de Lucy lo anticipó, la diferencia con Suiza no son los Alpes, sino las instituciones: una cultura de rendición de cuentas y un sistema democrático basado en la participación ciudadana que impide la concentración del poder. Allá, diputados y gobernantes no gozan de la colección de fueros, privilegios y prerrogativas que aquí se han otorgado y fortalecido. Cuando le preguntaron a Belisario Porras qué le faltaba a Panamá para ser como Suiza, respondió de forma breve y lapidaria: “Solo nos faltan los suizos”. Quizás tenía razón, pero solo a medias. Nos falta también comportarnos como ciudadanos que exigen y eligen mejor a sus autoridades. Quizás así no reelegiríamos a los mismos diputados, no daríamos segundas oportunidades a ministros que ya fallaron ni convertiríamos a influencers en alcaldes. Y es que algunos parecen haber entendido que vivir en Panamá no es una realidad geográfica, sino una licencia para hacer lo que les da la gana. “Si viviéramos en Suiza, lo entendería, pero vivimos en Panamá”. La expresión fue utilizada por la ministra Lucy Molinar para desvirtuar las críticas por los cambios e improvisaciones en el calendario escolar. Su propia ocurrencia le causó tanta gracia que rió relajadamente en televisión. Lucía tan fresca y sobrada con la excusa, que casi se sentía la brisa de los Alpes a través de la pantalla. Una imagen que resume la ligereza con la que muchos funcionarios asumen la responsabilidad de gobernar: como vivimos en
7A La Prensa Panamá, miércoles 12 de agosto de 2026 Panorama El pleno de la Corte tomó la decisión sobre la prima de antigüedad en un fallo del 21 de julio de 2026. Archivo Prima de antigüedad: igualdad, poder y privilegios Rigoberto González Montenegro Especial para La Prensa [email protected] ANÁLISIS La Corte extendió la prima de antigüedad más allá de lo solicitado en la demanda, mientras su aplicación a altos funcionarios abre cuestionamientos sobre igualdad, privilegios y ejercicio del poder. Mediante fallo del pasado 21 de julio, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el derecho a la prima de antigüedad que corresponde a los servidores públicos. Dicho fallo ha generado toda una serie de polémicas en razón de lo allí decidido. Para una mejor comprensión del tema en análisis, dividámoslo en dos actos o, si se quiere, en dos momentos distintos. Primer acto. Se presentó, por parte de una abogada, una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo de la Ley N.° 241 de 2021 que excluía a una categoría de funcionarios del derecho a percibir prima de antigüedad una vez cesaran en sus funciones o fueran separados del cargo que venían desempeñando. Se trataba del artículo 1 de la citada ley. La demanda iba dirigida no contra todo el artículo, sino que se limitaba a solicitar la inconstitucionalidad de una parte de este. En ese sentido, si bien se consideraba que resultaba violatorio de la Constitución que se excluyera del derecho a percibir la prima de antigüedad a un número determinado de servidores públicos, en el caso de los que tenían la condición de servidores públicos escogidos por elección popular, de ministros y viceministros, directores y subdirectores de entidades autónomas, gerentes y subgerentes de sociedades anónimas del Estado o de administradores y subadministradores de entidades del Estado, su exclusión de dicho derecho no violaba la Constitución. En concreto, la exclusión de tales funcionarios de la prima de antigüedad no se incluyó en la demanda de inconstitucionalidad. Fue quien presentó la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, al no demandar todo el artículo 1 de la Ley 241 de 2021, en el que se señalaba qué tipo de funcionarios no tendría derecho a la prima de antigüedad una vez cesara en sus funciones, quien delimitó el ámbito sobre el cual se debía pronunciar la Corte Suprema. Si queremos expresarlo con un lenguaje no técnico, lo que se le dijo a la Corte Suprema fue: mire solamente una parte del artículo, pero no todo, pues hay funcionarios que están bien excluidos del derecho a la prima de antigüedad, sin que ello vulnere la Constitución. Por tanto, si están afuera de ese derecho, déjelos afuera. Y entre los que tenían que quedarse afuera estaban, entre otros, los servidores de elección popular y los ministros y viceministros de Estado. Pues bien, la decisión terminó incluyendo en el beneficio de la prima de antigüedad a todos los funcionarios, entre ellos, a los de elección popular y a los ministros, salvo las personas que fueran nombradas “por consultoría bajo el amparo de la Ley de Contrataciones Públicas y del Presupuesto General del Estado”. Pero ¿qué se adujo para declarar la inconstitucionalidad demandada e incluir a todos los servidores públicos en el referido beneficio? Dos aspectos fueron tomados en cuenta. Uno de ellos tiene que ver, con base en el principio de igualdad, con tratar igual a todos los que se encuentren, objetivamente, en las mismas condiciones que otros, de forma que, si una persona que ocupa el cargo de ministro desempeña un cargo de servidor público, no se le puede excluir del beneficio de la prima de antigüedad que les es reconocido a todos los que tienen la misma condición de servidor público. El razonamiento de la Corte Suprema de Justicia fue el siguiente: “es indudable que luego de todo lo analizado esta Superioridad no encuentra razones válidas para exceptuar a un grupo de servidores públicos del derecho a la prima de antigüedad; de lo contrario, estaría normalizando un trato desigual”. Es por eso por lo que se terminó incluyendo, además del cargo de ministro, a los servidores públicos de elección popular, lo que incluye, por tanto, a quienes hayan sido electos como diputados. El otro aspecto al que recurrió la Corte en el referido fallo consistió, aunque no lo denomina así, en aplicar la inconstitucionalidad por conexión, criterio según el cual se puede declarar inconstitucional de oficio un artículo o norma que, aunque no estaba comprendido entre los artículos demandados, resulta alcanzado por la declaratoria de inconstitucionalidad. Por eso es una inconstitucionalidad que se hace de oficio. Por consiguiente, la aplicación de la inconstitucionalidad por conexión fue lo que permitió que la Corte extendiera su decisión, salvo el supuesto antes mencionado, a todo el artículo 1 de la Ley 241 de 2021; de ahí que quienes hubieran quedado excluidos del beneficio de la prima de antigüedad fueran incluidos por el alcance que se le dio a la declaratoria de inconstitucionalidad. Hasta aquí el primer acto del tema originado a raíz del fallo del 21 de julio de 2026 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en el que se reconoció la prima de antigüedad a todos los servidores públicos. Segundo acto. El resultado del fallo debe llevarse ahora al mundo de la realidad, al mundo de la política. Y es cuando el ciudadano escucha y se da cuenta de que un ministro, de esos que ahora tendrán derecho a la prima de antigüedad, alegremente aduce ante la opinión pública que desconocía que existía una ley sobre conflicto de intereses, por lo que, ante ese desconocimiento, firmó una adenda a un contrato que podía terminar beneficiando a la empresa a la que estaba vinculado antes de ocupar dicho cargo. Difícilmente un ciudadano podrá aducir lo mismo, es decir, el desconocimiento de la ley, para que lo eximan de una sanción. A ello se suma lo de los diputados que, además de contar con la prerrogativa de poder introducir un vehículo exonerado del pago del impuesto, entre otras, mantienen en la planilla de la Asamblea Nacional a familiares o los ubican en otras instituciones del Estado, como si la condición de diputados conllevara el derecho de hacer uso del poder en beneficio propio y de su familia. Y, encima de eso, ahora tendremos que pagarles su prima de antigüedad a ellos y a sus familiares. Esa es la realidad en la que se aplica el principio de igualdad ante la ley, la del uso que hacen del poder ciertos funcionarios a los que hay que tratar, se dice, como si fueran iguales que todos los demás. Recurriendo a palabras del escritor inglés George Orwell, claro, todos somos iguales ante la ley, sí, pero unos son más iguales que otros, y esos otros son los que usan y abusan del poder y no pasa nada y, para colmo, tienen derecho a la prima de antigüedad. Panamá seguirá teniendo solo dos operadores para la telefonía móvil: TIGO y Más Móvil. El primer llamado de precalificación para incorporar un tercer operador de telefonía móvil en Panamá quedó desierto ayer, luego de que ninguna empresa presentara documentación para participar en el proceso convocado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). La entidad informó que realizó el acto público de recepción de solicitudes de precalificación correspondiente a la Licitación Pública No. 01-2026-Telco, mediante la cual el Estado busca otorgar una nueva concesión para la prestación del Servicio de Comunicaciones Personales No. 106 (PCS). Alkin Saucedo, director nacional de Telecomunicaciones de la ASEP, explicó que el periodo para recibir la documentación se abrió a las 10:00 a.m. y cerró una hora después sin que se presentara ningún interesado. “Lamentablemente no recibimos ninguna solicitud o documentos de precalificación. O sea, significa que no se presentaron proponentes”, afirmó Saucedo. Licitación para tercer operador móvil en Panamá quedó desierta TELEFONÍA Ante la ausencia de interesados, la ASEP revisará ahora las condiciones y documentos que forman parte del proceso para determinar si convoca un segundo acto de precalificación. “Lo que procede ahora mismo es la revisión de los pliegos y determinar si nuevamente realizamos este acto de precalificación”, señaló el funcionario. De acuerdo con datos de la ASEP, el mercado panameño de telefonía móvil supera los cinco millones de líneas activas al cierre de 2025, con un predominio del segmento prepago (79%) frente al pospago (21%). Reyna Katiuska Hernández [email protected] Alkin Saucedo, director de Telecomunicaciones, dijo que el proceso de precalificación fue cerrado una hora después de su apertura. Cortesía
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