4A La Prensa Panamá, miércoles 12 de agosto de 2026 Panorama DESQUITE. Hay alguien a quien los 34 tornillos le deben estar bailando de la felicidad. El loco está festinando con la aprehensión de Publio De Gracia por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Su antipatía no es un secreto: en la gestión de De Gracia, la DGI ordenó una “auditoría integral” a Importadora Ricamar para analizar cuatro tipos de impuestos: renta natural (2019-2021), seguro educativo (20082022), aviso de operación (2008-2021) e ITBMS (2018-2022). Era previsible que, en esta administración, iban a ir a por él, con o sin razón. ANIVERSARIO. La presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, en compañía de algunos colegas, visitó el centro educativo básico Dr. Justo Arosemena para conmemorar el natalicio de este ilustre jurista panameño. Deberían enfocarse menos en el protocolo y más en las enseñanzas jurídicas que dejó Arosemena. REGRESO. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega este miércoles a Panamá. Es su segunda visita en 16 meses y, esta vez, coincide con la del jefe del Comando Sur, Francis Donovan. Se nota la importancia que le están dando a Panamá. De paso, podrían pasar revista al Comando Conjunto para la Seguridad de áreas específicas del Canal. ACTUALIZACIÓN. Martín Torrijos está convocando a un desayuno informativo sobre la creación del partido denominado Unidos para la Nueva Era (UNE). De paso, presentará a los miembros de la junta directiva provisional del colectivo en formación. Ya era hora. DESDÉN. La junta directiva de la Asamblea y los jefes de bancada fueron citados, nuevamente, a una reunión en la Presidencia. Y, otra vez, Vamos y Seguimos fueron excluidos deDatos de las autoridades municipales destacan que San Miguelito acumula 71 homicidios en lo que va del año. Archivo San Miguelito analiza nuevas restricciones de movilidad Yaritza Mojica [email protected] AUMENTO DE HOMICIDIOS La Alcaldía evalúa retomar el toque de queda a solicitud de la Policía Nacional, ante el aumento de homicidios y delitos de alto impacto registrados en el distrito. La Alcaldía de San Miguelito analiza la posibilidad de implementar nuevamente restricciones de movilidad, luego de los recientes homicidios registrados en el distrito y tras recibir una solicitud formal de la Policía Nacional para volver a adoptar estas medidas, con el objetivo de reducir los delitos de alto impacto. Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito, explicó que la administración municipal mantiene conversaciones con las autoridades policiales para definir las acciones que podrían aplicarse, tomando en cuenta los sectores y horarios donde se registra un mayor número de casos delictivos. De acuerdo con la alcaldesa, la Policía Nacional remitió una solicitud formal al municipio para que se vuelvan a establecer medidas de restricción de movilidad. Ante esta petición, indicó que actualmente se analizan las alternativas y su posible aplicación en determinados sectores del distrito. Solo el pasado lunes se registraron tres homicidios de jóvenes entre 17 y 19 años en las comunidades de Torrijos Carter y la tercera etapa de Santa Librada. Según información de la Policía Nacional en lo que va del año en San Miguelito se han registrado 71 homicidios; mientras que en lo que va del mes de agosto ya van 18 muertos por violencia en este distrito. “Miramos con mucha preocupación la situación de inseguridad que está padeciendo nuestro distrito de San Miguelito. Sabemos que esto responde a un abandono por años de no tener programas de prevención y de no tener presencia policial suficiente”, señaló. Actualmente, los corregimientos que presentan mayores índices de delitos de alto impacto son Belisario Frías, Belisario Porras y Arnulfo Arias. No obstante, Hernández aclaró que todavía no se ha definido si las restricciones se aplicarían únicamente en estas áreas o en todo el distrito. La propuesta planteada por la Policía Nacional a la Alcaldía de San Miguelito consiste en iniciar las intervenciones durante algunos días de la semana y, posteriormente, evaluar una flexibilización hacia los fines de semana, indicó la alcaldesa. No obstante, advirtió que cualquier medida deberá tomar en cuenta el impacto sobre las actividades comerciales y los emprendimientos de las comunidades. “Tampoco la idea es coartar los emprendimientos ni los comercios, pero, por supuesto, todos debemos priorizar el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de nuestras comunidades”, manifestó. La alcaldesa también señaló que espera reunirse con el jefe de la zona policial de San Miguelito para avanzar en la coordinación de estas medidas. Precisamente, ayer se esperaba aprobar una cortesía de sala en el Consejo Municipal para abordar el tema, pero la solicitud no se concretó. En cuanto a las estadísticas, San Miguelito cerró el año 2025 con 100 casos por homicidio registrados, lo que representó un 17% de un total de 593 casos en el país. Mientras, 2024 cerró con 583 homicidios, de los cuales 98 casos ocurrieron en este distrito. Ante este escenario, la alcaldesa sostuvo que las restricciones de movilidad podrían contribuir a evitar que los homicidios continúen aumentando. La máxima autoridad del distrito recordó, además, que durante la aplicación anterior del toque de queda se registró una reducción de los delitos de alto impacto durante los horarios establecidos. A pesar de que la medida fue efectiva, Hernández manifestó que las restricciones de movilidad serían una medida temporal y complementaria, mientras el municipio continúa desarrollando programas de prevención dirigidos a niños y jóvenes. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Estos son los 10 panameños que fueron detenidos en Cuba el pasado 28 de febrero. Archivo Apagones, encierro e incertidumbre: la espera de 7 panameños detenidos en Cuba DIPLOMACIA Casi seis meses están por cumplir los siete panameños detenidos en Cuba, mientras sus familiares aún esperan conocer con claridad cuál es su situación jurídica y qué avances registra el proceso judicial que enfrentan en la isla. Los panameños son Víctor Manuel Pinzón Cedeño, Anthony Williams Jules Pérez, Omar Gilberto Urriola Vergara, Maykol Jesús Pérez Almendra, Adalberto Antonio Navarro Asprilla, Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena y José Luis Aguirre Baruco. El caso se mantiene bajo seguimiento de las autoridades panameñas, que realizan gestiones por los canales oficiales para conocer el estado de los detenidos y el desarrollo del proceso judicial en Cuba. Sin embargo, hasta ahora persiste la incertidumbre sobre los próximos pasos dentro del procedimiento que se les sigue en ese país. Además del encierro en la isla se reportan constantes apagones. Las autoridades cubanas detuvieron a 10 ciudadanos panameños en La Habana el 28 de febrero, acusados de realizar “propaganda contra el orden constitucional” mediante pintadas críticas contra el Gobierno. El Ministerio del Interior de Cuba alegó que los implicados, recluidos en Villa Marista, buscaban crear letreros subversivos y enfrentarían penas de hasta ocho años de prisión. El 4 de marzo, el embajador de Panamá en Cuba realizó su primera visita al grupo en el Centro de Detención para Delitos contra la Seguridad Nacional, conocido como Villa Marista. Durante el encuentro, el diplomático entregó productos de aseo personal y medicamentos. Posteriormente, el 25 de marzo, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, viajó a La Habana y sostuvo un encuentro directo con los 10 ciudadanos detenidos. Tras la visita, el ministro aseguró haber constatado que las autoridades cubanas les habían proporcionado un trato humanitario. A finales de abril, el Gobierno de Panamá confirmó la liberación de tres panameñas: Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Shefany Gudiño, quienes lograron salir del territorio cubano tras una decisión adoptada por el Gobierno de la isla. El pronunciamiento oficial enmarcó la medida como un “gesto de humanidad y amistad” por parte de las autoridades cubanas. De acuerdo con el comunicado, la decisión también tomó en cuenta la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo figuras legales como el “colaborador eficaz” y el “criterio de oportunidad”, mecanismos contemplados en el ordenamiento penal cubano. El pasado 1 de julio, el canciller Martínez-Acha dijo que Panamá pediría que, si son declarados culpables, puedan cumplir una eventual condena en territorio panameño. Por su parte, Carlos Guevara Mann, viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de la Cancillería, dijo que los siete panameños detenidos se encuentran en condiciones de salud adecuadas, y Panamá continúa realizando gestiones para procurar su liberación. liberadamente. Es lamentable que la convocatoria, en esta ocasión, fuera para hablar sobre un paquete de reformas para corregir “distorsiones” del mercado eléctrico, pero se haya ignorado a la única bancada que ha puesto el tema sobre la mesa y presentado una amplia propuesta al respecto. Pareciera que al presidente le encanta despreciar a quienes lo adversan de manera respetuosa y con argumentos. Un poco más y quedamos en una monarquía. Tal Cual Mónica Palm [email protected]
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