8A La Prensa Panamá, viernes 7 de agosto de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Opinión pia sociedad. Sin embargo, la realidad demuestra que ese equilibrio se ha debilitado. Con demasiada frecuencia se pretende trasladar a los docentes responsabilidades que corresponden, en primer lugar, al hogar. Ningún sistema educativo podrá alcanzar resultados satisfactorios si la familia renuncia a su papel formador, a la supervisión cotidiana y a la transmisión de valores como el respeto, la disciplina y la responsabilidad. A ello se suma otra preocupación: el incremento de la violencia escolar. Las agresiones físicas entre estudiantes, los casos de acoso escolar, las amenazas, el porte de armas, el consumo de sustancias ilícitas y otros episodios que hoy ocupan titulares no son fenómenos aislados. Constituyen síntomas de un problema mucho más profundo: la pérdida progresiva de los factores de protección que deberían acompañar el desarrollo integral de nuestros niños y adolescentes. Cuando un joven abandona la escuela, el país pierde mucho más que un estudiante. Pierde talento, productividad, oportunidades de innovación y posibilidades de construir una sociedad más segura. Lo que hoy parece una deserción escolar puede convertirse mañana en un problema de seguridad ciudadana, salud pública o exclusión económica. Por ello, el debate no puede limitarse a ofrecer actividades recreativas para ocupar el tiempo libre. El deporte, la cultura y la recreación son herramientas valiosas, pero no sustituyen una política pública integral que garantice la permanencia del estudiante dentro del sistema educativo y que intervenga oportunamente cuando aparezcan los primeros indicadores de riesgo. Panamá necesita avanzar hacia un verdadero Sistema Nacional de Alerta Temprana para la Permanencia Escolar, capaz de identificar oportunamente a los estudiantes con riesgo de deserción, activar mecanismos de Cuando el miedo gobierna: ‘Me acojo a mi derecho a no contestar’ Lecciones de pandemia cuelas, templos y comercios, y millones de ciudadanos aceptaron limitaciones que, en circunstancias normales, habrían sido impensables. Muchas de esas decisiones pudieron haber sido necesarias. Otras continúan siendo objeto de un intenso debate científico, jurídico y ético. Precisamente por ello, el deber de una democracia no es evitar las preguntas, sino responderlas. La transparencia nunca debe considerarse un obstáculo para enfrentar una crisis. Por el contrario, constituye el principal mecanismo para conservar la confianza pública cuando las decisiones afectan la vida de millones de personas. La pandemia también dejó otra realidad imposible de ignorar. Mientras millones de personas perdían familiares, empleos y patrimonios, enormes cantidades de recursos públicos fueron movilizadas mediante procedimientos de emergencia. En numerosos países surgieron posteriormente investigaciones por contratos sobrevalorados, compras irregulares de ventiladores, mascarillas y equipos médicos, conflictos de intereses y diversos casos de corrupción. Las naciones más pobres pagaron un precio todavía más alto. Muchas incrementaron significativamente su endeudamiento para adquirir vacunas, equipos médicos e insumos indispensables en un mercado internacional dominado por la urgencia. Décadas de esfuerzo económico quedaron comprometidas por obligaciones financieras que continuarán afectando a generaciones que ni siquiera participaron en aquellas decisiones. Quizás la mayor lección que deja esta experiencia no sea sanitaria, sino institucional. La concentración excesiva de poder —en una persona, como el doctor Anthony Fauci; Giovanni Carlucci Paredes 250 mil jóvenes NINI: una alerta nacional Empleo juvenil Panamá enfrenta una realidad que no puede seguir observándose únicamente como una estadística. Según información presentada por el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), aproximadamente uno de cada cuatro jóvenes panameños entre 15 y 29 años se encuentra en condición de NINI, es decir, ni estudia ni trabaja. Diversas autoridades han advertido que esta realidad representa alrededor de 250 mil jóvenes, una cifra que debe estremecer la conciencia nacional. Más allá del impacto económico que esta situación genera, estamos frente a un problema jurídico, educativo y social que compromete el futuro del país. Un joven que permanece fuera del sistema educativo y del mercado laboral se encuentra en una condición de alta vulnerabilidad frente a múltiples riesgos: delincuencia, consumo de drogas, pandillerismo, trata de personas, explotación sexual, violencia, problemas de salud mental y exclusión social. La pregunta que debemos hacernos como sociedad es inevitable: ¿cómo hemos llegado a este punto? Nuestra Constitución reconoce el derecho de toda persona a la educación y asigna al Estado la responsabilidad de organizar y dirigir el servicio público educativo. Al mismo tiempo, establece que los padres de familia tienen el derecho y el deber de participar activamente en el proceso educativo de sus hijos. La educación, por tanto, no es una responsabilidad exclusiva de la escuela; constituye una obligación compartida entre el Estado, la familia y la prointervención interinstitucional y coordinar el trabajo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, las autoridades locales y las familias. La prevención siempre será menos costosa que la reparación. De igual forma, resulta indispensable fortalecer la corresponsabilidad de los padres de familia. El interés superior del niño y del adolescente, ampliamente desarrollado por nuestro ordenamiento jurídico, no puede quedarse en una declaración de principios. Debe traducirse en acciones concretas que garanticen el acceso, la permanencia y la culminación de la formación educativa, así como en mecanismos eficaces para atender aquellos casos en que exista abandono de las responsabilidades parentales. Este desafío también exige revisar permanentemente nuestro marco normativo para asegurar que responda a la realidad educativa actual y que las políticas públicas evolucionen al mismo ritmo que los problemas sociales que enfrentamos. No se trata de buscar culpables. Se trata de asumir responsabilidades. Cada joven que hoy abandona las aulas representa una oportunidad que el país pierde. Cada estudiante que logra culminar su formación representa una inversión en seguridad, desarrollo económico, convivencia pacífica y fortalecimiento de la democracia. Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Pero ese cambio requiere liderazgo, decisión política, compromiso familiar y una visión de Estado que coloque verdaderamente a la educación en el centro del desarrollo nacional. Porque rescatar a un joven hoy es evitar múltiples problemas mañana. Y esa es una responsabilidad que nos pertenece a todos. EL AUTOR es docente y abogado litigante. EL AUTOR es empresario y analista geopolítico. en una agencia gubernamental, como el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH); o incluso en una organización internacional, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo especializado de la ONU— siempre exige mecanismos igualmente sólidos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas. Ninguna institución humana es infalible. Ningún experto posee el monopolio de la verdad. Ninguna emergencia justifica la desaparición del pensamiento crítico. La historia demuestra que las libertades rara vez desaparecen de manera repentina. Generalmente, se entregan de forma gradual, impulsadas por el miedo y con la promesa de recuperarlas cuando la crisis termine. Por eso, la rendición de cuentas no debe interpretarse como un acto de venganza. Es un acto de responsabilidad. Porque cuando una sociedad renuncia a examinar sus errores, inevitablemente termina repitiéndolos. La pandemia debe quedar registrada en la historia como una tragedia humana de dimensiones extraordinarias, pero también como una advertencia permanente sobre la necesidad de proteger la libertad, fortalecer las instituciones y recordar que la ciencia, la democracia y los derechos humanos solo conservan su legitimidad cuando están acompañados por la transparencia y la responsabilidad. Las emergencias pasarán. Las lecciones que decidamos olvidar permanecerán. La próxima pandemia llegará, pero la verdadera pregunta es si las democracias estarán mejor preparadas para defender simultáneamente la salud y la libertad. El testimonio del doctor Anthony Fauci ante el Senado de Estados Unidos, durante el cual evitó responder algunas preguntas acogiéndose a su derecho a no contestar, reabrió el debate sobre las decisiones adoptadas durante la pandemia y la rendición de cuentas de quienes ejercieron responsabilidades decisivas. Las grandes crisis no solo ponen a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos. También ponen a prueba el carácter de las democracias. Con el paso del tiempo, nuevos documentos, testimonios y registros personales de quienes ocuparon posiciones de liderazgo durante la pandemia continúan saliendo a la luz. No reescriben toda la historia, pero sí obligan a revisarla desde una perspectiva distinta. Hoy sabemos que muchas decisiones se tomaron en medio de una enorme incertidumbre científica, intensas presiones políticas y un nivel de improvisación que difícilmente imaginó la ciudadanía mientras permanecía confinada. No se trata de juzgar a una sola persona. Las pandemias no son responsabilidad de un solo individuo. Tampoco lo son las respuestas de los Estados. Lo verdaderamente importante es preguntarnos qué aprendimos como civilización. Durante la emergencia sanitaria, gobiernos democráticos y autoritarios recurrieron a poderes extraordinarios. Se restringieron libertades fundamentales, se suspendieron actividades económicas, se cerraron esCarlos Baltazar Lan Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Réplica de Eric Estrada sobre el negocio de la guerra Panamá, 6deagosto de 2026 Licenciada Mónica Palm Subirectora de Investigación, Política y Judiciales Diario La Prensa Ciudad Estimada Mónica: Por este medio, yo Eric Eduardo Estrada Delgado, con cédula de identidad personal No. 8-344-288, me dirijo a usted para manifestar lo siguiente: 1. He tomado conocimiento del reportaje titulado “El negocio detrás de la guerra: cómo reclutan a panameños para combatir en Rusia y Ucrania” publicado por La Prensa. 2. Dejo constancia formal de que no he concedido entrevista, declaración, ni he suministrado información alguna para la elaboración de este y otras reportajes del tema. 3. Por tanto, si mi nombre e imagen fotográfica aparece vinculado en el mismo, solicito respetuosamente se me informe cuándo y dónde se dio la entrevista, quién es la fuente de dicha información que menciona mi nombre y se proceda a publicar, con la misma relevancia, la aclaración formal que me desvincula de este tipo de publicaciones, tanto en el medio impreso así como en todas las redes sociales donde apareció esta publicación, de conformidad con el derecho a la honra y reputación consagrado en el Artículo 37 de la Constitución Nacional de Panamá. Atentamente, Erik E. Estrada Delgado C 1. P. 8-344-288 Email: aulidel1938@ gmail.com Nota del editor: La Prensa reconoce que, por un error de identificación, atribuyó declaraciones a Erik Estrada, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), cuando el entrevistado fue Oriel Ortega, también exdirector de esa institución. Ofrecemos disculpas al señor Estrada y rectificamos la información para dejar constancia de que no participó en la entrevista. * Las réplicas son publicadas tal como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.
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