1A La Prensa Panamá, viernes 7 de agosto de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 7 de agosto de 2026 - Año 46 - Nº 15360 Hoy por hoy Diputados oficialistas, con ayuda de sus aliados del PRD y el Panameñista, lograron incorporar en las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea Nacional un artículo que les permitiría gestionar programas y proyectos, refiriéndose a obras reservadas para instituciones como los gobiernos locales e, incluso, para el Órgano Ejecutivo, como puentes, sistemas de electrificación, agua potable, escuelas e instalaciones deportivas o turísticas. Pero lo que hay verdaderamente detrás de estas supuestas buenas intenciones es dinero y proyectos de reelección inmediata con recursos del Estado. Esta nueva atribución constituDeportes Panamá enfrentará a Japón 4B Economía Canal prevé que sequía se adelante desde septiembre 1B Dos panameños más habrían muerto en la guerra entre Rusia y Ucrania Dos familias panameñas fueron notificadas sobre las muertes de Michael Navas y Abimael Becerra en la guerra entre Rusia y Ucrania. De confirmarse oficialmente ambos decesos, el número de panameños muertos en el conflicto ascendería a tres. VEA 4A Reforma al RORI vulnera separación de poderes José González Pinilla [email protected] Exprocuradores, exdiputados, abogados y organizaciones civiles sostienen que la propuesta de reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la AsambleaNacional, actualmenASAMBLEA NACIONAL El proyecto de reformas al RORI facultaría a los diputados para impulsar y supervisar obras en sus circuitos. te en tercer debate, revive las partidas circuitales, vulnera la separación de poderes, desnaturaliza la función legislativa y contradice la Constitución Política de Panamá, que no atribuye esas competencias a la Asamblea. También advierten riesgos de corrupción, clientelismo y distorsiones presupuestarias. cional, capítulo de Panamá. Los consultados se refieren a un artículo introducido a la reforma al RORI en segundo debate, que permitiría que los diputados gestionen, impulsen y fiscalicen proyectos comunitarios, además de garantizar una inversión en el presupuesto estatal para ejecutarlos. VEA 2A El fiscal Emeldo Márquez ofrece declaraciones al terminar la audiencia. Juan Manuel Díaz Juan Manuel Díaz [email protected] El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de cinco imputados por la operación Pandora, entre ellos tres exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), y ordenó la detención provisional de Lupo González. También mantuvo la detención domiciliaria de Karen Pittí por razones médicas. Los magistrados concluyeron que existen evidencias de su participación en la red que alteraba créditos fiscales transferidos a sociedades pantalla para defraudar al Estado. Señalaron además que el esquema afectó la seguridad jurídica panameña. VEA 2A OPERACIÓN PANDORA Tribunal confirma medidas contra cinco imputados por créditos fiscales Cuestionan legalidad del nuevo comando La creación del Comando Conjunto para la Seguridad del Canal genera posiciones encontradas. Para la subadministradora de la Autoridad del Canal, Illya Espino de Marotta, la acción solo formaliza una coordinación existente, no obstante, para el abogado Rodrigo Noriega la estructura creada vulnera la Constitución. VEA 5A Conversatorio de Diana Uribe Café, historia y anécdotas La historiadora colombiana Diana Uribe condujo a los asistentes de su conversatorio ‘La historia del café como nunca te la han contado’, por un recorrido que atravesó continentes, épocas y culturas. El café fue el hilo conductor de una charla, realizada en el Ateneo de la Ciudad del Saber, la cual estuvo cargada de historia y memoria. Uribe aseguró que “el café no solo trae ideas sino tambien la paz, infraestructura y progreso”. Anel Asprilla “Es exactamente lo mismo”, dijo el exprocurador de la Administración Rigoberto González, al referirse a que la propuesta revive las partidas circuitales. “La Asamblea incurre en una evidente usurpación de funciones que vulnera el principio de separación de poderes y debilita la gobernanza democrática”, remarcó Transparencia Internaye claramente una usurpación de funciones que, además, riñe con sus funciones constitucionales, ya que en ninguna parte de nuestra Carta Magna se contemplan competencias semejantes para los diputados. El supuesto empeño de estos funcionarios en mejorar la imagen del Órgano Legislativo, a través de reformas a su reglamento, ha ido a dar a la basura gracias a este intento de violar la Constitución en beneficio —una vez más— de los propios diputados. Es una vergüenza que traten de engañarnos de forma tan elemental y descarada, como si no fuéramos capaces de distinguir el trigo de la paja. A nadie engañan con estos trasnochados trucos políticos.
2A La Prensa Panamá, viernes 7 de agosto de 2026 La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, y el diputado Jorge González, jefe de bancada de Vamos. Elysée Fernández Gestionar obras revive la partida circuital y ‘desnaturaliza’ la labor legislativa José González Pinilla [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Para la Fundación Libertad Ciudadana, el Órgano Legislativo ha dado un ‘peligroso retroceso institucional’. Que diputados “gestionen” o “fiscalicen” el desarrollo de proyectos y programas en sus comunidades equivale a revivir las cuestionadas “partidas circuitales”, representa una “evidente usurpación” de funciones, vulnera la separación de poderes y desnaturaliza la labor legislativa. Esas son algunas reacciones que ha generado una modificación al proyecto de reformas del Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional, para permitir que diputados asuman tareas de gestionar, impulsar y fiscalizar el desarrollo de programas e inversiones para el “mejoramiento de la calidad de vida” de sus electores. Esos proyectos van desde carreteras, puentes, alcantarillas y escuelas hasta instalaciones deportivas y turísticas y servicios de electrificación, entre otros. Además, el proyecto de ley 594 dispone que se “garantizará una inversión mínima” en el presupuesto del Estado para la ejecución de los proyectos que gestionarán los diputados. De planillas a obras Rigoberto González, exprocurador de la Administración, opinó que no es competencia de la Asamblea Nacional elaborar y ejecutar proyectos de infraestructura pública o instalaciones deportivas, escolares o turísticas. “Eso le corresponde al Órgano Ejecutivo y a los gobiernos locales”, dijo. Para González, la propuesta implica resucitar las partidas circuitales. “Es exactamente lo mismo”, añadió. Dichas partidas no eran más que fondos públicos asignados de forma discrecional a los diputados para supuestamente financiar obras en sus circuitos. Lo preocupante, sostuvo el exprocurador, es que, además de los fondos que se les asignan a los diputados para nombrar a su personal —“que, además, no hace nada”—, ahora quieran ejecutar obras. “La pregunta que yo me hago: ¿para qué están los representantes de corregimiento?”, dijo González. Respetar la Constitución El exdiputado y fundador de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez coincide que el artículo —impulsado por el diputado Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM) y aprobado en segundo debate por el pleno legislativo el pasado martes— “abre la puerta para revivir las partidas circuitales”. “Si bien yo soy de aquellos que estuvo en su comunidad y que estuvo pendiente de las necesidades del circuito, no puede una ley ir por encima de lo que establece la Constitución. Y esta establece tres funciones para el diputado. Y eso hay que respetarlo. Punto y final”, dijo. Esas funciones constitucionales consisten principalmente en hacer leyes, aprobar los traslados de partida presupuestaria e iniciar procesos judiciales contra el presidente de la República, su vicepresidente y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ‘Evoca el peor mecanismo’ En esa misma línea se pronunció la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), que advirtió que la iniciativa evoca “los peores mecanismos de uso discrecional de fondos públicos mediante las denominadas partidas discrecionales de la administración de 2009-2014”. Dicha práctica fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), toda vez que la Constitución no otorga a los diputados funciones ni competencias administrativas propias de las autoridades locales. “Al arrogarse el manejo directo de obras de infraestructura vial, agua potable y educación en las comunidades, la Asamblea incurre en una evidente usurpación de funciones que vulnera el principio de separación de poderes y debilita la gobernanza democrática”, sostuvo la organización. Además, advirtió que equiparar “la presencia en la curul” con las actividades en los circuitos electorales y obligar a los diputados a tramitar obras representa “una flagrante violación a la Constitución” y un peligros retroceso institucional que “desnaturalizada la labor legislativa”. ‘Es inconstitucional’ Para Rodrigo Noriega, abogado y analista político, la propuesta es “obviamente inconstitucional”, pues ya la Corte se pronunció en el pasado sobre el tema. “Esta propuesta es obviamente una apertura a más corrupción, a más clientelismo y a que se despilfarre el presupuesto del Estado”, aseguró. Considera que los diputados “no tienen nada que hacer” con proyectos comunitarios, pues esa función no figura en la Constitución. “Si usted abre la Constitución no va a encontrar por ninguna parte que los diputados pueden gestionar, administrar, facilitar, fomentar, pedir, intermediar proyectos, ni administrar fondos, así que el primer problema es que la propuesta es inconstitucional”, dijo. Además, tal prerrogativa abre una oportunidad para la corrupción, porque obviamente si los diputados empiezanamanejarfondos, “no lo van a licitar de forma transparente y no lo van a usar para los fines más necesarios de la comunidad. Lo van a usar para sus fines”. Todo ello implica, además, una enorme distorsión al presupuesto general del Estado, en momentos en que el país necesita que haya mesura y austeridad, pues “los diputados, gestionando proyectos, no van a tener límites”. Recomendó que el proyecto sea devuelto a segundo debate, para que el artículo de marras sea eliminado. Para Roberto Troncoso, de Unidos por la Democracia, es lamentable que los diputados hayan dejado por fuera temas claves como la eliminación de privilegios, el nepotismo y el descuento a diputados que se ausenten injustificadamente. “Siento que es aquí donde hay un desfase, hay un resbalón. No aprueban lo que realmente todos estábamos esperando”, sostuvo. Se pausa el debate Este jueves, el pleno tenía previsto continuar con la discusión del proyecto del RORI en tercer debate, pero fue pospuesto para el lunes 10 de agosto. Lo que imposibilitó la discusión es la ausencia de la mayoría de los diputados principales del bloque oficialista y de las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD). Por el momento, la bancada Vamos evalúa una propuesta para que el proyecto de reformas al RORI sea devuelto a segundo debate. El diputado Luis Duke, de Vamos, dijo que con los cambios realizados en segundo debate “quedamos peor que antes”: una Asamblea menos transparente y con más privilegios. El Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo las medidas de detención provisional para cinco imputados de la operación Pandora. Se trata de Margie Caballero, Vielka Sáez, Juana Chong, Juan Omar Palacios y Karina Suárez. Las tres primeras estaban en la planilla de la Dirección General de Ingresos (DGI) hasta el pasado 16 de julio. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, comunicó luego que serían destituidas. Por otra parte, el tribunal ordenó la detención provisional de Lupo González y mantuvo la medida de retención domiciliaria a favor de Karen Pitty, por razones médicas. Pitty también deberá portar un brazalete electrónico. Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones Frank Torres, Carlos Barragán y Greta Marchosky establecieron que está plenamente acreditada la vinculación de Caballero, Sáez, Chong, Palacios y Suárez con la estructura que operaba a lo interno de la DGI y que alteraba los créditos fiscales que eran transferidos a sociedades canastas y luego vendidos a bancos de la localidad. En su decisión, los magistrados recalcaron las declaraciones dadas por Eduardo Silvestre, imputado en este caso y colaborador de la fiscalía, quien detalló que las personas mencionadas anteriormente cumplían diferentes roles dentro de la estructura creada para la tramitación fraudulenta de los créditos fiscales. En el caso de Lupo González, el tribunal reconoció que utilizó varias modalidades para ejecutar el fraude a través de los créditos fiscales, entre ellas la alteración de las boletas de pago y la alteración de los códigos del impuesto de ITBMS. Explicaron que González −al ocupar cargos como el de analista dentro de la DGI− conocía y tenía acceso al sistema e-Tax 2.0 lo que permitió alterar documentación para ejecutar el esquema fraudulento. En un solo caso, relacionado con González, la fiscalía detectó la alteración de créditos fiscales de la sociedad Gama Sport por un monto de $1.8 millones. González, que trabajó como auditor en la DGI, esOperación Pandora: Tribunal mantiene medidas de detención a imputados AUDIENCIA taba en detención domiciliaria, pero el fiscal Emeldo Márquez apeló esa medida y solicitó su ingreso a prisión. En cuanto a Karen Pittí, los jueces señalaron que, si bien fue la creadora de la sociedad Master Eco Green, identificada como una de las empresas utilizadas para la recepción de créditos fiscales, y que su presunta participación constituye una conducta de gravedad, correspondía concederle la medida de depósito domiciliario debido a los quebrantos de salud que padece. En sus conclusiones los magistrados señalaron que estos exfuncionarios de la DGI y particulares que idearon esta estructura criminal ocasionaron un grave daño a la imagen internacional del país y afectaron al Estado panameño ante organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Incluso señalaron que esta acciones dentro de la DGI pusieron en riesgo la seguridad jurídica del país. Juan Manuel Díaz C. [email protected] En total hay 21 imputados. Imagen creada cn IA Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Futura Plaza de la Democracia. Cortesía Renovarán la plaza de la Democracia con una inversión de $15 millones RENOVACIÓN Yaritza Mojica [email protected] La Alcaldía de Panamá presentó el proyecto de renovación urbana “Plaza de la Democracia–Bahía Viva”, una intervención que busca transformar las 1.2 hectáreas de este espacio ubicado en el corregimiento de San Francisco y convertirlo en un nuevo punto de encuentro ciudadano frente a la Bahía de Panamá. La propuesta, presentada durante una audiencia pública y aprobada por votación unánime, contempla una inversión de $15 millones provenientes de los fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con la meta de iniciar su ejecución en 2027. Actualmente, la plaza recibe cerca de mil visitantes diarios y alrededor de 10 mil personas durante los fines de semana; sin embargo, la Alcaldía señala que el espacio se encuentra subutilizado. Entre los principales cambios planteados se encuentra la eliminación del estacionamiento superficial, y se incorporarán áreas verdes, senderos peatonales, ciclovías, miradores hacia la bahía, mobiliario urbano, jardines de lluvia, entre otros.
3A La Prensa Panamá, viernes 7 de agosto de 2026
4A La Prensa Panamá, viernes 7 de agosto de 2026 Panorama DESCARO. En medio de la pésimamente gestionada modificación del reglamento interno de la Asamblea, los diputados han inventado una suerte de Ministerio de Obras Públicas, pero gestionado por ellos mismos, con personal y presupuesto propios. Eso no solo violaría las funciones constitucionales de ese órgano, sino que constituye una afrenta contra aquellas instituciones que ya tienen esas atribuciones. Si los diputados quieren trabajar, que atiendan todo aquello que sí es de su competencia, como la ratificación del tratado de extradición con Italia u otros asuntos que llevan años esperando en la Asamblea. 002. Como los diputados van a “gestionar proyectos” en las comunidades, se les ocurrió que para eso tendrán que “apoyarse” en el personal que trabaja en sus despachos. Seguramente se agarrarán de eso para aumentar la planilla y así atender una función que nadie les encomendó, que no les corresponde y para la que, además, no tienen preparación. Después dirán que el problema es la falta de personal. ENIGMA. La creación de este MOP legislativo implica un gasto que no está contemplado en el presupuesto general del Estado para el próximo año. ¿De dónde piensa esta gente sacar los fondos? ANTECEDENTE. Ernesto Cedeño recordó que, en 2017, la Corte declaró inconstitucional un decreto de la Contraloría que regulaba la entrega de donaciones y subsidios en la Asamblea. La Corte recalcó que esos desembolsos no tenían respaldo constitucional, legal o reglamentario. La historia se repite ahora que van a “gestionar proyectos”. Que después no digan que naAbimael Becerra Ortiz combatía en el ejército de Rusia. Cortesía Dos familias son notificadas de la muerte de sus hijos en la guerra Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CONFLICTO BÉLICO Michael Navas y Abimael Becerra partieron hacia bandos opuestos en la guerra entre Rusia y Ucrania. Sus familias relatan cómo fueron notificadas de sus presuntas muertes. El destino los llevó a vestir uniformes distintos y a pelear por banderas ajenas. En los últimos días, dos familias panameñas han sido notificadas sobre la muerte de sus seres queridos en el conflicto. Si ambos fallecimientos se confirman oficialmente por las autoridades panameñas, la guerra entre Rusia y Ucrania sumará dos nuevas víctimas panameñas a una lista que sigue creciendo a miles de kilómetros del país. Sus historias comienzan en Colón. Allí, el mensaje que Erminia Mariota llevaba semanas temiendo llegó mientras asistía a la iglesia. Del otro lado de la llamada le informaron que su hijo, Michael Navas, figuraba como un “soldado caído” en Ucrania. Días después le comunicaron que habría muerto durante una misión de combate, aunque su cuerpo sigue sin aparecer. “Me dijeron que esperara 21 días para confirmarme que mi hijo estaba muerto. El lunes me dijeron que sí, pero también me dicen que está desaparecido porque no encuentran el cuerpo”, relata con la voz entrecortada. La versión que recibió desde Ucrania sostiene que Michael perdió la vida mientras intentaba evacuar a varios heridos del frente de batalla. “Me dijeron que mi hijo era un héroe porque había ayudado a siete personas y que, cuando iba de regreso, un dron lo mató. Pero después me dicen que no encuentran el cuerpo porque es una zona de guerra. Hasta la fecha no sé nada de mi hijo”, afirma. El último adiós Meses antes de esa llamada, Erminia despidió a su hijo sin sospechar que aquel viaje terminaría en una guerra. Lo acompañó hasta el Hotel Caribe, en Calidonia, donde él le dijo que concretaría la compra de un automóvil. “Yo me quedé afuera porque soy diabética y tenía que comer. Él me dijo: ‘Mamá, cómprate una hamburguesa’”. Poco después descubriría que aquel encuentro era, en realidad, el inicio del viaje que lo llevaría, junto con otras cinco personas, hacia Europa. Michael nunca le confesó que su destino era Ucrania. Le aseguró que viajaría a Turquía para trabajar y evitó contarle la verdad porque temía que intentara impedirle partir. La revelación llegó semanas después, cuando Erminia vio un video en TikTok en el que aparecía junto a hombres con uniforme militar. “Le pregunté: ‘Dime la verdad, ¿en qué estás trabajando?’. Él me respondió: ‘Mamá, estoy en Ucrania. Me metí a soldado’. Después me dijo: ‘Ya no me puedo salir porque, si me salgo, me meten preso’”. Hoy, la madre asegura que ya no espera explicaciones, sino recuperar a su hijo. “A mi hijo lo llevaron engañado. Le prometieron dinero y cuando llegó allá fue otra cosa”, sostiene. Tras acudir a la Cancillería y a la Fiscalía, pide que las autoridades continúen las gestiones para localizar sus restos. “Yo solo quiero que me traigan a mi hijo. Aunque sea una mano, un pie o sus pertenencias, pero quiero traerlo a casa. Y le pido al Gobierno que ayude a traer a todos esos muchachos para que ninguna otra madre pase por este dolor”. La otra familia También en Colón otra familia enfrenta la angustia de no saber dónde está uno de los suyos. La última misión de Abimael Becerra Ortiz, quien combatía en el ejército ruso, terminó sin regreso. Dos días después de que la familia recibiera el último mensaje del joven de 19 años, un combatiente colombiano que sobrevivió al operativo les comunicó que el panameño habría muerto tras la explosión de una mina en territorio ucraniano. “Lo único que nos dijeron fue que pisó una mina, explotó y todos murieron. El muchacho que nos avisó sobrevivió, pero perdió varios dedos del pie”, relata su hermana mayor, Joscelyn Ortiz. A diferencia de otros casos, Joscelyn asegura que Abimael sabía que viajaría para incorporarse a las fuerzas rusas. La decisión, dice, estuvo marcada por la falta de oportunidades laborales en Panamá. “Mi mamá trató de que no tomara esa decisión tan apresurada por la necesidad de trabajar”, recuerda. Ni los ruegos de sus padres lograron hacerlo cambiar de opinión. El contacto con Rusia no ocurrió mediante reclutadores en Panamá, sino a través de un conocido que ya combatía en ese país. Abimael viajó a mediados de junio, firmó su contrato en Moscú y, desde entonces, mantuvo comunicación casi diaria con su familia. “Todos los días escribía. A veces perdía señal porque estaba en pruebas o aprendiendo el idioma, pero siempre aparecía”. Cuando la familia le enviaba noticias sobre otros extranjeros desaparecidos en el frente, él respondía con optimismo: “Cada quien tiene su suerte. A mí todavía no me ha tocado. Estoy aquí por un propósito: ayudar a mi mamá y a mi papá”, recuerda su hermana. El último intercambio ocurrió el domingo 2 de agosto. Abimael sabía que Joscelyn debía someterse a una operación y quiso saber cómo se encontraba. Dos días después, el sobreviviente colombiano se comunicó con la novia del joven colonense para informarle que la unidad había sido alcanzada durante una misión. La familia inició gestiones ante la representación diplomática rusa y la Cancillería panameña, aunque hasta ahora no ha recibido respuestas concretas sobre el paradero del cuerpo. “Queremos recuperar aunque sea una mano, un pie, algo que nos identifique que él murió en la misión”, dice Joscelyn, quien espera que las autoridades panameñas faciliten los trámites con Rusia. Para ella, la historia de su hermano resume el drama de decenas de jóvenes latinoamericanos que terminan combatiendo en una guerra ajena impulsados por la necesidad económica. “Mi hermano luchó por un país al que no pertenecía”, subrayó. Luego hace una reflexión sobre lo que, asegura, observó su hermano en el frente. “Los que están peleando allá son extranjeros: panameños, colombianos y venezolanos. Son ellos los que están al frente de una guerra que no es la suya”, concluye. De confirmarse las muertes de los dos colonenses, la cifra de panameños fallecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania ascendería a tres. Hasta ahora, el único deceso confirmado oficialmente es el de Luis Alberto Villarreal Prado. El rastro del reclutamiento Hasta hace poco, la participación de ciudadanos panameños en la guerra entre Rusia y Ucrania era un fenómeno prácticamente ausente de la agenda pública. La situación comenzó a ganar visibilidad el 29 de junio, cuando La Prensa reveló la historia de Dante, un panameño reclutado para combatir del lado ruso. A partir de esa publicación comenzaron a surgir nuevos testimonios, denuncias de familiares, reportes de desapariciones y casos con características similares, mientras las autoridades ampliaban el registro oficial de ciudadanos vinculados al conflicto. Hasta el momento, la Cancillería tiene conocimiento de alrededor de 30 panameños. Uno de esos casos es el de Osvaldo Guillén, quien salió de Panamá el 5 de mayo convencido de que trabajaría operando maquinaria pesada para remover escombros en Ucrania. Sin embargo, según relató su hermana, Sidia Guillén, terminó recibiendo entrenamiento militar y firmando documentos escritos en un idioma que no entendía. Semanas después dejó de comunicarse con su familia, que recibió información extraoficial de que presuntamente había muerto en la zona de combate. Días más tarde, la familia recibió un nuevo mensaje de una persona que asegura mantener contacto con la unidad militar. Esta vez la versión fue distinta: Osvaldo figuraba oficialmente como desaparecido. En el texto se explica que la familia debe esperar un “tiempo prudencial” mientras continúan las labores de búsqueda y que un acta de defunción solo podrá emitirse si el cuerpo es recuperado, trasladado a una morgue e identificado mediante pruebas de ADN. Si los restos no son localizados —una posibilidad que, según el mismo mensaje, es frecuente en zonas de combate—, la familia deberá esperar seis meses para solicitar ante un juez de Ucrania una declaración judicial de fallecimiento. El comunicado añade que, si el cuerpo es recuperado e identificado posteriormente, la repatriación al país de origen no tendrá costo para los familiares. Las historias de Michael Navas, Abimael Becerra y Osvaldo Guillén revelan apenas una parte de un fenómeno que emerge en Panamá. Detrás de cada nombre hay familias que buscan respuestas en medio de la distancia y la desinformación, mientras las autoridades intentan reconstruir el paradero de ciudadanos que terminaron en uno de los conflictos más sangrientos del mundo. Michael Navas combatía en el ejército de Ucrania. Cortesía die se los advirtió. FRESCURA. El reglamento de la Asamblea ya dispone que los diputados sesionen en el pleno por lo menos cuatro horas al día. Ayer, si acaso, lo hicieron durante 45 minutos. Los ausentes, para sorpresa de nadie, eran el bloque oficialista y sus aliados. No atienden ni sus propios asuntos y ahora quieren arrogarse aquellos que no les corresponden. Tal Cual Mónica Palm [email protected] Yo solo quiero que me traigan a mi hijo. Aunque sea una mano... sus pertenencias, pero quiero traerlo a casa. Y le pido al Gobierno que ayude a traer a todos esos muchachos para que ninguna otra madre pase por este dolor”. Herminia Mariota Madre de Michael Navas Mi hermano luchó por un país al que no pertenecía... Los que están peleando allá son extranjeros: panameños, colombianos y venezolanos. Son ellos los que están al frente de una guerra que no es la suya”. Joscelyn Becerra Hermana de Abimael
5A La Prensa Panamá, viernes 7 de agosto de 2026 Panorama El ministro Frank Ábrego en la inauguración del los ejercicios militares para la seguridad del Canal de Panamá. Cortesía/Minseg El comando de seguridad del Canal abre un debate legal Eliana Morales Gil [email protected] ¿RUPTURA CONSTITUCIONAL? La ACP afirma que el nuevo comando de seguridad no cambia el modelo de coordinación para proteger el Canal, mientras un abogado advierte que la estructura podría contravenir la Constitución. El Comando Conjunto para la Seguridad en las áreas específicas del Canal de Panamá (Ccscp) tiene apenas un día de vida pero ya genera dos lecturas opuestas. Para la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) representa la continuidad de una coordinación de décadas; mientras que el abogado y analista Rodrigo Noriega, advierte que choca con la Constitución. Consultada sobre el tema, la subadministradora de la ACP, Ilya Espino de Marotta, descartó que la nueva estructura implique una intervención en la vía interoceánica. Recordó que la seguridad del Canal es una responsabilidad del Estado y que la ACP siempre trabajó con las entidades encargadas de proteger el país, aunque la coordinación ocurría de manera independiente con cada institución. “En este caso no es que ellos van a intervenir en el Canal. Es lo mismo que hemos venido haciendo con ellos”, afirmó. Espino de Marotta añadió que la nueva estructura permitirá consolidar la coordinación entre los estamentos de seguridad y facilitará la atención de situaciones especiales, como los tránsitos que requieren mayores medidas de protección. ‘Tiene que ser por ley’ Noriega coincide en un punto de partida: el Canal necesita una defensa especializada, con equipos de seguridad industrial y marítima y tácticas específicas. Su objeción apunta al instrumento y al diseño. No obstante dice que el último párrafo del artículo 310 de la Constitución, impide al Ministerio de Seguridad Pública crear estos comandos por vía administrativa. “Tendría que presentar un proyecto de ley a la Asamblea”, señaló. Pero su advertencia va más allá del trámite. Incluso con una ley de por medio, afirma, el diseño de un mando común sería inviable: “El Servicio Nacional Aeronaval (Senan), no le puede dar órdenes a la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) no le puede dar órdenes al Senan. Cada uno debe tener su escalafón y su mando separado, que es lo que manda la Constitución”, añadió. Noriega propuso una salida que, a su juicio, respeta el Estado de derecho: una oficina de coordinación en la que cada comisionado moviliza los recursos de su propia institución a solicitud de los demás, sin una línea de mando única. El riesgo de ser juez y parte El jurista identificó, además, un problema de equilibrio institucional. La Policía Nacional, recordó, tiene funciones de investigación de delitos. Si un miembro del Senan o del Senafront incurre en una actividad irregular dentro del comando, la institución llamada a investigarlo compartiría mando con el investigado. “Allí hay un problema de juez y parte”, advirtió. “La Policía Nacional debería tratar de estar lo más aparte de lo que hagan los otros dos cuerpos de seguridad para mantener la independencia y la objetividad cuando se hace una investigación criminal”, planteó. Un mensaje hacia afuera y otro hacia adentro Sobre el momento del anuncio, un día después del inicio de los ejercicios Panamax 2026 y en la antesala de la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, Noriega leyó dos mensajes distintos. Hacia afuera, un gesto dirigido al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: la demostración de que Panamá cumple su promesa y cuenta con un cuerpo especializado dedicado a la defensa del Canal. Hacia adentro, una señal que le preocupa más: “Un mensaje de concentración de poder por parte del ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y de que ciertos mandatos fundamentales del orden constitucional se pueden flexibilizar en este tema, lo que es sumamente peligroso para una democracia tan joven como la panameña”. El Ccscp quedó establecido mediante la Resolución 190 de 27 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial 30583-B el 5 de agosto, con las firmas del ministro Ábrego y del viceministro Luis Felipe Icaza. La estructura integra a la Policía Nacional, el Senan, el Senafront y el Sume bajo una sola línea de mando adscrita al Minseg, con recursos económicos que aporta la ACP en virtud de un acuerdo marco entre ambas entidades.
6A La Prensa Panamá, viernes 7 de agosto de 2026 Panorama La ministra Beatriz Carles de Arango durante su participación en la Comisión de Presupuesto para gestionar un traslado de partidas. Cortesía El Mides pide casi 6 millones de dólares para pagar subsidios Aleida Samaniego C. [email protected] COMISIÓN DE PRESUPUESTO La entidad solicitó casi $6 millones para completar el tercer pago de transferencias monetarias y advirtió que deberá solicitar otros $47.4 millones para cubrir el cuarto desembolso. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) un traslado de fondos provenientes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por $5,969,672, para completar el tercer pago de los programas de transferencias monetarias condicionadas que benefician a 186,056 personas en todo el país. La solicitud fue sustentada el 5 de agosto por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, quien explicó que el presupuesto asignado al Mides para 2026 no incluyó la totalidad de los recursos necesarios para cubrir los pagos programados de estos programas. Con la aprobación de estos fondos del MEF, el Mides podrá completar el desembolso correspondiente a los beneficiarios de los programas Ángel Guardián, Red de Oportunidades y Bono de Alimentación Nutricional. El programa 120 a los 65 también forma parte del esquema de transferencias monetarias condicionadas que administra la institución. Para cumplir con los pagos anuales de estos cuatro programas, el Mides requiere $54,455,660. Sin embargo, al no contar con todos los recursos solicitados dentro del presupuesto aprobado para este año, la entidad tuvo que acudir a la Comisión de Presupuesto para gestionar el traslado de fondos y garantizar la continuidad de las transferencias. Del monto aprobado, $3,529,250 serán destinados al programa Red de Oportunidades; $1,421,377 corresponden a Ángel Guardián; y $1,019,045 serán utilizados para el Bono de Alimentación Nutricional. Durante su sustentación, Carles de Arango señaló que la asignación presupuestaria aprobada para este año quedó por debajo de la solicitud presentada por el ministerio. Recordó que en 2025 el presupuesto destinado para cubrir estos programas fue de $216 millones, mientras que para 2026 la cifra se redujo a $162 millones, una diferencia de aproximadamente $54 millones. Además, las cifras presupuestarias del Mides reflejan una reducción en los recursos asignados a la institución. Para 2026, el presupuesto total aprobado asciende a $238,697,024, de los cuales $194,153,178 corresponden a inversión y $44,543,846 a funcionamiento. De acuerdo con el proyecto de presupuesto presentado por el MEF para 2027, el Mides tendría una asignación propuesta de $191,834,744, distribuidos en $145,417,802 para inversión y $46,416,942 para funcionamiento. Esto representa una reducción de aproximadamente $46.8 millones respecto al presupuesto de 2026. Según explicó Carles de Arango, esta reducción obliga al Mides a gestionar traslados de partidas ante el MEF para poder cumplir con las transferencias previstas durante el año. “Por años esta situación se repite. Es historia; cada año se van alimentando los programas con ayuda del MEF”, sostuvo Carles de Arango durante la sesión, luego de ser cuestionada por el diputado de la coalición Vamos Luis Duke. La funcionaria también adelantó que en septiembre deberá regresar a la Comisión de Presupuesto para solicitar la aprobación de otro traslado de fondos por aproximadamente $47.4 millones, también provenientes del MEF, con el objetivo de completar la cuarta transferencia de los programas. Diputados cuestionan falta de previsión Durante la sustentación, el diputado Javier Sucre, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), preguntó por qué estos fondos no estaban contemplados dentro de la asignación presupuestaria del año. Los diputados independientes Duke y Jhonathan Vega solicitaron explicaciones sobre la falta de previsión para cubrir compromisos relacionados con programas permanentes de asistencia social, y sobre la cantidad de personas que no cumplen con los requisitos para permanecer dentro de estos programas. Ante estas observaciones, Carles de Arango respondió que los recursos solicitados no fueron recomendados dentro del presupuesto inicial aprobado para la institución. Revisan beneficiarios suspendidos Durante la sesión, la ministra también informó sobre el proceso de revisión de beneficiarios suspendidos de los programas sociales. Detalló que 1,780 personas fueron suspendidas luego de detectarse algún tipo de registro de vehículos particulares, taxis o buses, que podrían entrar en contradicción con los criterios de elegibilidad establecidos. De ese total, Carles de Arango señaló que el Mides ha recibido 390 solicitudes de reconsideración, de personas suspendidas que aseguran cumplir con las condiciones para continuar dentro de los programas. La entidad mantiene el proceso de revisión de estos casos con el objetivo de actualizar la base de beneficiarios y garantizar que los recursos lleguen a las personas que cumplen con los requisitos establecidos. Unos 7,200 estudiantes presentaron la primera prueba de admisión para el período académico 2027 de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), una cifra que supera los registros de años anteriores, cuando participaban entre 6,000 y 6,700 aspirantes. Según el director nacional del Sistema de Ingreso Universitario, Martín Peralta, esta representa una cifra récord para esta casa de estudios superiores. “Vemos que los egresados de los colegios buscan una formación académica de calidad y la Universidad Tecnológica se las ofrece”, expresó. En la primera prueba, realizada el pasado 1 de agosto, 4,237 estudiantes presentaron el examen en la sede central, en la ciudad de Panamá, mientras que 2,990 lo hicieron en los centros regionales. En esta fase, las autoridades universitarias estiman una tasa de aprobación cercana al 60%. La segunda prueba de admisión se realizará el 24 de octubre y podrán presentarla tanto los estudiantes previamente inscritos como aquellos que no aprobaron el primer examen. Peralta explicó que, como parte del proceso de preparación, la UTP ofrece un curso de afianzamiento en Matemática y Español, dirigido a quienes deseen fortalecer sus conocimientos antes de presentar la prueba de admisión. Según el funcionario, cerca de 3,000 estudiantes participaron en este curso en el país. El programa tiene una duración de 32 horas, se imparte los sábados y domingos y tiene un costo de 45 dólares. Con respecto a los resulUTP registra cifra récord de aspirantes en prueba de admisión para 2027 EDUCACIÓN SUPERIOR tados de la primera prueba, estarán disponibles en un plazo de entre 15 y 20 días a través de la plataforma de matrícula de la universidad, precisó Peralta. Indicó que, una vez admitidos, los estudiantes deberán participar en el curso de verano, cuyo objetivo es reforzar las competencias necesarias para enfrentar las asignaturas del primer semestre. En cuanto a las preferencias académicas, el director de Sistema de Ingreso Universitario informó que entre las ingenierías más solicitadas durante esta primera convocatoria destacan Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil e Ingeniería Electromecánica. Sin embargo, dijo que la carrera con mayor demanda en la universidad es la Licenciatura en Ciberseguridad. “Es una carrera impulsada por el auge de la tecnología. El que no se monta en esto de la tecnología se va a quedar por fuera, y los estudiantes lo saben”, afirmó. Actualmente, la UTP cuenta con una matrícula superior a los 29,500 estudiantes y ofrece una oferta académica conformada por 29 carreras de ingeniería, 25 carreras técnicas y 21 licenciaturas. Yaritza Mojica [email protected] Sede de la Universidad Tecnológica en la ciudad capital. Archivo Presupuesto total del Mides Infografía: LP - Fuente: Mides PRESUPUESTO APROBADO 2026 $238,697,024 Total: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2027 $191,834,744 Total: INVERSIÓN $194,153,178 FUNCIONAMIENTO $44,543,846 INVERSIÓN $145,417,802 FUNCIONAMIENTO $46,416,942 $46,862,280 (81.3%) (75.8%) (24.2%) (18.7%) VARIACIÓN BAJA DE 19.6 REDUCCIÓN APROXIMADA: % Montos por programas de ayuda social Distribución del traslado de fondos Infografía: LP - Fuente: Mides Total: 5,969,672 Red de Oportunidades Ángel Guardián $1,019,045 Bono de Alimentación Nutricional $3,529,250 $1,421,377
7A La Prensa Panamá, viernes 7 de agosto de 2026 Goytía, las constituciones de Panamá y las comarcas indígenas Stanley Heckadon Moreno Especial para La Prensa [email protected] 1970 En la década de 1960, aproveché la publicación de su trilogía ‘Panamá en el siglo XIX’ para visitarlo, y encontré fascinantes sus historias sobre los primeros 50 años de república. En 1976 volví para entrevistarlo sobre las constituciones que había tenido el país. Al recordar su forma culta de hablar pienso en cuánto ha retrocedido nuestra cultura política. En las décadas de 1970 y 1980, trabajé como antropólogo en la Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad, y con la Dirección General de Planificación Económica de la Presidencia. Entre mis labores estaban, evaluar proyectos de desarrollo rural, la demarcación de las comarcas indígenas y las áreas protegidas del país. Durante mis giras de campo llevaba en la mochila: mosquitero y manta comprada en La Villa de Caracas, poncho, dos mudas de ropa, foco, brújula, cámara, medicamentos, antídoto antiofídico brasileño y un frasquito de Culebra Crogoe, pócima para mordidas de serpientes que en Kankintú me obsequió Luciano Stonestreet, famoso curandero del río Cricamola. Me recomendó que si me picaba una serpiente venenosa y en luna llena, debía tomar una cucharada sopera calentándola con un fósforo o tizón. De no cesar la hemorragia, tomar otra cucharada, quedarme en cama, solo beber líquidos y no ver mujeres. Llevaba también mapas distritales de la Dirección Nacional del Censo, los mejores, mostrando los caminos de a pie, los ríos y sus vados, los caseríos y cerros importantes. El objetivo de estas giras a pie era identificar las necesidades más sentidas de la gente y su nivel de organización para acometer pequeños proyectos como escuelas, puestos de salud, zarzos y mejoras a los caminos. A la serranía del Tabasará entré en el invierno de 1970 con mi baquiano y lengua traductor Marcos Quintero Bejarano, dirigente guaymí de Cerro Iglesias. Llegamos a un caserío al norte de Tolé donde 10 días antes cinco niños se habían ahogado en la quebrada Tambor, al regresar a casa de la escuela; tragedia frecuente en esta región lluviosa, empinada y de ríos pedregosos. De todo faltaba en estas comunidades, salvo las hambrunas y epidemias si una sequía destruía las cosechas. Pero la gente me decía que su mayor necesidad era la comarca, es decir, la seguridad sobre la tierra. Desde la construcción de la Interamericana entre Santiago y David, en la década de 1960, los latinos avanzaban desde el sur cercando las tierras para potreros. Este acaparamiento de tierras me llevó a ocuparme de recabar información sobre las leyes de Panamá acerca de los indígenas durante la colonia, en tiempos de Colombia y con la república desde 1903. Ya que las constituciones son un tema medular, entrevisté a reputados constitucionalistas. Uno de ellos profesor en la Universidad Santa María la Antigua, fundador del Movimiento Acción Comunal, ministro de educación, diputado a la Asamblea Nacional, candidato a la presidencia y de los que redactaron la carta de la Organización de Estados Americanos. Su nombre, Víctor Florencio Goytía Alvarado, nacido en Soná en 1899. Aproveché la publicación de su trilogía Panamá en El siglo XIX, para llamarlo, felicitarlo por su nueva obra, presentarme y explicarle lo que en mente tenía. Dijo que estaba jubilado, un poco mal de salud, pero me recibiría en su casa en Punta Paitilla. Al enterarse que mi mamá era maestra y había venido manejando desde Chiriquí a visitarme, me dijo que la trajera para cenar. Encontré fascinantes sus historias sobre Panamá en los primeros 50 años de república. Tanto así que se me olvidó el tema del cual quería hablarle. Me sorprendió que me pidió que le hablase sobre los ríos donde habitaban los indígenas tal como el Tuira, Chucunaque, Cricamola, Teribe, Fonseca, el Calovébora, y de la serranía del Tabasará. El 10 de marzo de 1976 volví a entrevistarlo. Esto me comentó sobre las constituciones y las comarcas indígenas de Panamá. “Hemos tenido muchas constituciones durante los siglos 19 y 20. Pero desafortunadamente unas son copias casi textuales de otras. ¿Por qué? Porque obedecían a los intereses personales de un personaje que quería ampliar su periodo presidencial. El caso de las leyes dirigidas a las comunidades indígenas ha sido solo reflejo de un problema de nuestra jurisprudencia constitucional, desconocimiento de nuestras realidades sociales. Se hacían leyes sin estudiar, ni conocer las realidades sociales y culturales de nuestro país. En consecuencia, esas leyes al ser puestas en práctica chocaban con la realidad social. Este desconocimiento es trágico porque qué es la ley sino una cristalización de las costumbres y tradiciones sancionadas por un pueblo. Si se dicta una ley que no concuerda con la realidad social de su medio, entonces hay conflicto inevitable entre la ley y el medio. No se puede aplicar. Es decir, entonces, las leyes de la república sobre indígenas se establecían sin estudiar primero las culturas a las cuales iban dirigidas. ‘Territorio’, ‘Circunscripción’ y ‘Comarca’ son conceptos utilizados para describir un área que no embona fácilmente con la división político y administrativa civil del país. Por ejemplo, que en nuestro caso es provincia, distrito, corregimiento, regimiento. Por tanto se utilizan estos términos para expresar estas realidades. En una comarca hay una realidad cultural única. Pero en un circunscripción o territorio puede haber varios grupos culturales”. Al recordar la forma culta y educada de hablar de don Víctor Florencio Goytía, con la forma de expresarse de algunos de los diputados a la Asamblea Nacional en este siglo XXI, pienso en cuánto ha retrocedido nuestra cultura política. Víctor Manuel Álvarez F. [email protected] Imagen conceptual elaborada con asistencia de OpenAi. La vieja ‘rockola’ Las viejas rockolas tenían un encanto difícil de explicar. Bastaba introducir una moneda, escoger una canción y esperar que la aguja hiciera su trabajo. Eran mucho más que una máquina; eran el corazón de cafeterías, bares y restaurantes. Allí sonaban boleros, tangos, salsa, rock and roll y las canciones que terminaban convirtiéndose en la banda sonora de una generación. Pocos saben que el nombre con el que las conocemos proviene de Rock-Ola, una empresa fundada en Estados Unidos por David Cullen Rockola. Con el paso de los años, aquella marca terminó dando nombre a todas esas máquinas musicales que ofrecían algo maravilloso: la posibilidad de elegir. Una buena rockola nunca imponía una canción; ponía a disposición decenas de historias convertidas en música. Hace algún tiempo comprendí que esa vieja máquina tenía mucho que enseñarnos sobre la comunicación. Durante una clase universitaria conté una anécdota para ilustrar un tema. Les relaté a mis estudiantes cómo hice mi primera compra por internet. Muchos imaginarán que fue una computadora, un teléfono celular o algún aparato tecnológico. No. Lo primero que compré fue un muñeco de Roberto Durán. La historia provocó sonrisas y cumplió su propósito pedagógico. Días después, un estudiante levantó la mano y me sorprendió con una petición inesperada. —Profesor, vuelva a contar la historia del muñeco de Roberto Durán. Mi primera reacción fue pensar que estaba bromeando. Sin embargo, hablaba completamente en serio. Quería escuchar nuevamente la historia. Fue entonces cuando entendí algo que nunca había considerado: existen relatos que las personas disfrutan escuchar más de una vez. No porque desconozcan el final, sino porque vuelven a disfrutar la emoción con la que son contados. Lo mismo ocurre con una buena canción. Sabemos exactamente cómo empieza, cómo termina y, aun así, la escuchamos decenas de veces. También sucede con ciertas películas, con los cuentos infantiles que los niños piden cada noche o con ese gol histórico que un aficionado al fútbol puede ver una y otra vez sin perder el entusiasmo. Pero no todas las historias tienen ese privilegio. Existen personas que convierten cada conversación en un concierto de un solo tema. Cambia el lugar, cambia el público y cambian los años, pero ellas siguen interpretando el mismo repertorio. Antes de que comiencen a hablar, ya sabemos cuál será la anécdota, el chiste, la queja o la opinión que volverán a repetir. Es allí donde aparece la vieja rockola. No porque repita canciones, sino porque parece tener un solo disco disponible. Como profesor, esa experiencia me dejó una lección que intento compartir con mis estudiantes. Comunicar bien no consiste únicamente en hablar con seguridad. También significa saber leer al público. Hay historias que merecen regresar porque siguen emocionando. Otras ya cumplieron su ciclo y necesitan descansar. Por eso siempre les digo que alimenten su conversación. Lean un libro. Escuchen un podcast. Visiten un museo. Conversen con personas distintas. Aprendan una habilidad nueva. Viajen cuando puedan, aunque sea al barrio de al lado. Observen. Pregunten. Curioseen. La mejor forma de no repetir siempre el mismo discurso es darle a la mente material nuevo para pensar. También les recuerdo algo que suele olvidarse: levantar la voz no fortalece un argumento. Una buena idea no necesita gritar para hacerse escuchar. Lo que convence no es el volumen, sino la claridad; no es la insistencia, sino la calidad del mensaje. Todos repetimos alguna historia de vez en cuando. Eso nos hace humanos. Lo importante es que nuestro repertorio sea mucho más amplio que una sola anécdota. Quizá por eso sigo recordando aquellas viejas rockolas con tanta simpatía. A diferencia de algunas personas, ellas siempre ofrecían alternativas. Si un bolero no era el indicado, bastaba elegir un tango. Si el tango no convencía, allí estaban la salsa, el jazz o el rock and roll esperando su turno. La comunicación debería funcionar igual. Tener la capacidad de cambiar de tema, de descubrir nuevas historias, de sorprender a quienes nos escuchan y, sobre todo, de saber cuándo una anécdota merece volver a contarse y cuándo es momento de buscar otra. Porque, al final, una buena conversación no se mide por la cantidad de palabras que pronunciamos, sino por la cantidad de puertas que abrimos en la imaginación de quienes nos escuchan. Y, si alguna vez descubre que lleva años contando exactamente la misma historia, no se preocupe. No necesita cambiar de voz. No necesita hablar más fuerte. Solo necesita hacer lo que hacían las viejas rockolas: ampliar el repertorio. El autor es profesor universitario, periodista y abogado. Víctor Florencio Goytia nació en Soná, Veraguas, departamento de Panamá, República de Colombia, en 1899. Falleció en Santiago, en 1979.
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