8A La Prensa Panamá, jueves 6 de agosto de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. posiciones que muchos panameños desearían alcanzar. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Se trata de una presión permanente por sostener un estilo de vida que supera las posibilidades reales? ¿De la búsqueda obsesiva del éxito material? ¿De la convicción de que nunca serán descubiertos? ¿O estamos presenciando una erosión silenciosa de los valores que durante generaciones sostuvieron la convivencia social? Vivimos en una época en la que el éxito parece medirse cada vez más por lo que se exhibe que por la forma en que se consigue. La riqueza ha pasado a ser, para muchos, un símbolo de reconocimiento social, mientras que el camino recorrido para obtenerla parece importar cada vez menos. Cuando esa lógica se instala, la ética comienza a convertirse en un obstáculo y no en un principio. Quizá por eso resulta cada vez más frecuente descubrir que quienes participan en actos de corrupción no son personas sin formación ni oportunidades. Son profesionales, servidores públicos, empresarios, ejecutivos y ciudadanos que conocen perfectamente las consecuencias de sus actos. Personas que tuvieron acceso a aquello que, durante mucho tiempo, consideramos la mejor herramienta para construir una sociedad más justa: la educación. Y, sin embargo, delinquen. Eso nos obliga a reconocer una realidad incómoda: el conocimiento, por sí solo, no garantiza la integridad. Podemos formar excelentes profesionales y, al mismo tiempo, estar fracasando Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La generosidad que Panamá reserva para las emergencias Filantropía jando por los lotes, aplaudiendo el video, posando para la fotografía— y no financiar ni una sola vez lo que en verdad mantiene viva a una organización: el presupuesto operativo, los salarios, la reserva, el trabajo poco vistoso de la gobernanza. La gala financia la velada; rara vez financia los años. Y, sin embargo, sabemos que algo más sólido es posible, porque algunos ya lo han construido. Hace poco más de una década, un grupo de líderes empresariales panameños fundó el Banco de Alimentos de Panamá. Hoy rescata alimentos que de otro modo se desecharían y los canaliza, a través de cientos de comedores comunitarios, parroquias y albergues, hasta decenas de miles de personas que, de otra forma, quedarían desatendidas; y lo hace sostenido no por una sola gala ni por una sola donación, sino por una base estable de empresas locales, donantes recurrentes y miles de voluntarios que regresan año tras año. Así se ve una institución que perdura: construida aquí, financiada aquí y pensada para durar más allá de una velada o de una emergencia. Ese contraste es el argumento de esta columna. Panamá no tiene un problema de generosidad —el auxilio que brota tras cada incendio, y los salones repletos, lo dejan claro—. Lo que tenemos es un problema de instituciones y, debajo de él, un problema de hábito. Todavía no hemos construido esa cultura de donación sostenida y deliberada que permite a las organizaciones perdurar en los largos tramos entre una ocasión y otra, en lugar de ir Sharon D. Jones Más allá del fraude DGI El reciente fraude millonario descubierto en la Dirección General de Ingresos ha estremecido al país. Las cifras impresionan, el escándalo ocupa los titulares y la justicia tendrá la responsabilidad de establecer quiénes participaron y cuáles fueron las responsabilidades individuales. Pero, una vez que se apaguen las cámaras y otro acontecimiento ocupe la agenda pública, quedará una pregunta mucho más importante que cualquier expediente judicial. ¿Qué lleva a una persona con educación, estabilidad laboral, un buen salario y una posición de confianza a cruzar la línea de la legalidad? El caso de la DGI debe servir como detonante para una reflexión que Panamá ha postergado durante demasiado tiempo. Porque este no es un hecho aislado ni el primero de su naturaleza. A lo largo de nuestra historia reciente hemos visto desfilar casos de corrupción en distintas instituciones públicas y privadas. Cambian los nombres, cambian las circunstancias y cambian las cifras, pero la pregunta de fondo permanece intacta. Durante décadas hemos explicado buena parte de la delincuencia desde la pobreza, la desigualdad o la falta de oportunidades. Son factores que, sin duda, influyen en numerosos fenómenos sociales. Sin embargo, este tipo de casos nos obliga a mirar hacia otro lugar. Aquí no estamos frente a personas empujadas por la necesidad inmediata. Estamos frente a ciudadanos que, en teoría, recibieron educación, tuvieron acceso a oportunidades profesionales y ocuparon en la formación de ciudadanos. Por ello, sería un error pensar que este problema encontrará solución únicamente en más controles, más auditorías, más policías, más cárceles o sistemas tecnológicos cada vez más sofisticados. Todo ello es necesario y fortalece la capacidad del Estado para prevenir y detectar irregularidades. Pero ninguna tecnología puede sustituir aquello que debería existir antes de cualquier mecanismo de control: la conciencia. La honestidad no puede imponerse mediante una ley ni instalarse como un programa informático. Se construye en el hogar, se fortalece en la escuela, se reafirma en la comunidad y encuentra su verdadera dimensión cuando las instituciones premian la integridad con la misma fuerza con la que sancionan la corrupción. Tal vez el mayor riesgo para Panamá no sea únicamente el dinero que se pierde por la corrupción. El mayor riesgo es que dejemos de sorprendernos cada vez que ocurre un nuevo escándalo y terminemos aceptándolo como una característica inevitable de nuestra realidad. Ese día habremos perdido mucho más que recursos públicos. Habremos perdido la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo conveniente. El fraude de la DGI será investigado y, eventualmente, juzgado. Pero el verdadero juicio corresponde a toda la sociedad. Porque, si estos hechos continúan repitiéndose, el problema ya no puede explicarse únicamente por fallas en los controles institucionales. Será inevitable preguntarnos si también están fallando la familia, la escuela, la universidad, el entorno social y, en definitiva, la forma en que estamos formando a las nuevas generaciones. ¿En qué momento dejamos de formar ciudadanos íntegros para conformarnos con formar profesionales exitosos? Porque un país puede sobrevivir a una crisis económica, pero difícilmente sobrevivirá a una crisis de valores. ¿Qué está pasando con Panamá? Opinión EL AUTOR es estratega en tecnología, innovación y transformación digital. LA AUTORA es consultora en filantropía y desarrollo institucional. dando tumbos de una a la siguiente. Y esto ya no es una preocupación lejana. La cooperación internacional que sostuvo buena parte de nuestro sector social durante décadas se contrae con fuerza: solo en 2025, la ayuda a América Latina, que antes se contaba en miles de millones, fue congelada, y programas de toda la región cerraron sus puertas. El andamiaje se está desmontando, y las organizaciones que queden en pie serán las que hayan construido cimientos propios en casa. Reparar esto nos exige algo incómodo a cada uno. Exige que nuestras familias y empresas de mayor patrimonio den como un compromiso permanente y no como una temporada social —que financien no solo actividades y eventos, sino las instituciones que los sostienen—. Exige que las juntas directivas de nuestras organizaciones gobiernen con el rigor y la transparencia que se ganan la confianza, en lugar de darla por sentada. Y nos exige, a quienes dirigimos estas organizaciones, ser dignos de esa confianza: rendir cuentas por cada dólar, para que un panameño que dona en casa nunca tenga motivo para preguntarse a dónde fue a parar. Nada de esto tiene el dramatismo de un incendio ni el glamour de una gala, y ahí está justamente la dificultad. El trabajo de construir lo que perdura es callado y lento. Ocurre en una junta directiva bien llevada, en un presupuesto diversificado, en una reserva apartada en un buen año, en una donación mensual que llega haya o no una crisis que atender. El país que dejaremos no se definirá por la rapidez con que acudamos a la próxima emergencia —de eso no tengo duda: acudiremos—. Se definirá por lo que estemos dispuestos a construir, con paciencia, en los años ordinarios que median entre una y otra. En la madrugada de un domingo reciente, el fuego arrasó un caserón de madera en el Casco Antiguo, y luego otros incendios en los días siguientes. Cuando el humo se disipó, decenas de familias de San Felipe —entre ellas, niños, recién nacidos y adultos mayores— lo habían perdido todo. Como tantos panameños, no lo pensé dos veces: ayudé a organizar una recolecta de ropa, enseres y alimentos no perecederos para vecinos que, de la noche a la mañana, se habían quedado sin nada. Ese es Panamá en su mejor versión, y no lo cambiaría por nada. Cuando golpea el desastre, respondemos unos por otros con una rapidez y una calidez que avergonzarían a naciones más ricas. Pero he dedicado mi carrera a construir y fortalecer organizaciones de la sociedad civil, y he aprendido a notar lo que esa misma generosidad no hace. Somos magníficos en la emergencia e inseguros en lo cotidiano. En la cima de la escala económica, el mismo impulso simplemente se viste de gala. Está la temporada de galas, cuando resplandecen los salones; la subasta benéfica, donde se levantan las paletas; el torneo de golf corporativo; el concierto a beneficio. Esas veladas recaudan dinero real y buena voluntad genuina, y no querría prescindir de ellas. Pero permítanme decir con claridad lo que rara vez se dice desde un podio: comprar una mesa en la gala no es lo mismo que construir una institución. Una familia puede ser fija en el circuito benéfico durante una década —puEl caso de la DGI reabre el debate sobre la formación ética, la integridad y los valores que sostienen la convivencia democrática. Gabriel J. Perea Panamá demuestra una solidaridad admirable cuando ocurre una tragedia, pero aún carece de una cultura de donación sostenida que permita fortalecer las instituciones sociales y garantizar su permanencia más allá de las emergencias. La Constitución no debe ser un tema exclusivo de abogados Estado de Derecho Cada vez que se habla de una reforma constitucional o de un proceso constituyente, muchas personas sienten que se trata de un debate reservado para juristas, políticos o académicos. Sin embargo, la Constitución es mucho más que un documento legal: es el acuerdo fundamental que define cómo se organiza el Estado, cuáles son nuestros derechos y cuáles son los límites del poder público. Por eso, la educación constitucional no debería ser un privilegio de unos pocos, sino una herramienta al alcance de todos los ciudadanos. Una democracia se fortalece cuando las personas conocen sus derechos, comprenden el funcionamiento de las instituciones y participan de manera informada en los asuntos que afectan al país. Cuando ese conocimiento no existe, el espacio lo ocupan la desinformación, la polarización y los intereses particulares. Panamá enfrenta importantes desafíos institucionales que exigen una ciudadanía cada vez más preparada para participar en los debates nacionales con argumentos y no únicamente con emociones. Hablar de la Constitución no significa promover una posición política específica; significa fomentar una cultura cívica basada en el conocimiento y el respeto por el Estado de derecho. La alfabetización constitucional busca, precisamente, acercar estos temas a la población mediante un lenguaje sencillo, comprensible y útil para la vida cotidiana. Comprender qué hace cada órgano del Estado, cómo funcionan los mecanismos de control o cuáles son los derechos y deberes de los ciudadanos permite una participación más responsable en la construcción del país. Los grandes cambios comienzan con ciudadanos informados. Ninguna reforma institucional será suficiente si la sociedad desconoce el alcance de las normas que la rigen. Como abogado, considero que tenemos la responsabilidad de contribuir a ese proceso de educación cívica, promoviendo espacios de diálogo abiertos, plurales y respetuosos, donde las distintas visiones puedan expresarse con fundamento y donde el interés nacional prevalezca sobre las diferencias. El futuro de Panamá dependerá, en buena medida, de la calidad de sus instituciones, pero también del compromiso de sus ciudadanos por comprenderlas, defenderlas y fortalecerlas. Porque una Constitución no cobra vida únicamente en los tribunales; cobra vida cuando cada ciudadano conoce sus derechos, entiende sus responsabilidades y participa activamente en la construcción de una democracia más sólida. EL AUTOR es abogado. Álvaro Batista Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Gerente General Sudy S. de Chassin Gerente de Ventas Casilda P. de Somoza [email protected] Gerente de Mercadeo y Club La Prensa Karol Samán [email protected] Teléfono: 323-6400 ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com EDITORIAL COMERCIAL Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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