1A La Prensa Panamá, jueves 6 de agosto de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 6 de agosto de 2026 - Año 46 - Nº 15359 Hoy por hoy La Constitución es clara: la función de un diputado es legislar, fiscalizar y representar a los ciudadanos. No le toca ejecutar obras públicas ni gestionar proyectos. Esa responsabilidad es del Ejecutivo. Sin embargo, la Asamblea Nacional decidió hacer lo contrario. La reforma al Reglamento Interno era una oportunidad para fortalecer la institucionalidad y combatir el nepotismo. En lugar de ello, la mayoría optó por ampliar un rol que no le corresponde. La razón es simple: quien fiscaliza no ejecuta aquello que debe controlar. Si un diputado gestiona carreteras, escuelas o sistemas de agua, termina fiscalizando proyectos cuya ejecución impulsó. Esa confusión de funciones debilita los controles y alimenta el clientelismo. Y si la verdadera vocación de algunos era inaugurar puentes, posar junto a una retroexcavadora y cortar cintas, quizá debieron pensarlo antes de escoger. Para eso existen otros cargos públicos. Los diputados tienen otro trabajo. Y bastante les falta por hacerlo bien. El caso e-Tax 2.0 se expande: alcanzaría a unas 50 personas La fiscalía, a cargo de Emeldo Márquez, revisa nuevas operaciones en la plataforma e-Tax 2.0, analiza confesiones de imputados y sigue la ruta del dinero para determinar si el fraude supera los $40 millones y alcanza a otras 29 personas. VEA 3A Diputados desafían la Constitución; buscan gestionar proyectos El pleno de la Asamblea Nacional aprobó que los diputados puedan gestionar proyectos en sus circunscripciones electorales, una decisión que genera críticas por su similitud con las cuestionadas partidas circuitales y por asumir funciones que corresponderían al Ejecutivo. La reforma al reglamento interno dejó fuera propuestas para sancionar ausencias injustificadas, eliminar exoneraciones de vehículos y limitar el nepotismo, pese a que eran reclamos ciudadanos para fortalecer la transparencia legislativa. La discusión sobre las nuevas facultades de los diputados abrió un debate constitucional. La oposición advierte que la norma puede ser demandada ante la Corte Suprema. Anoche el pleno inició el tercer debate, declaró un receso y continuará hoy. VEA 2A Café con La Prensa Un análisis del futuro de la Ley 526 de 2026 El foro Café con La Prensa, titulado ‘Nueva Ley de Sustancia Económica: impacto, retos y oportunidades’ reunió al viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos (extremo derecho); a Jaime Carrizo (Der.), socio de Servicios Tributarios de KPMG Panamá; y a Juan Raúl Sosa (Izq.), socio de Fábrega Molino. Los panelistas, con la moderación de la periodista Katiuska Hernández, analizaron la reglamentación pendiente de la Ley 526 del 28 de mayo de 2026, su impacto empresarial, la posible salida de Panamá de la lista fiscal europea y las oportunidades para atraer inversión y empleo calificado. VEA 1B Alexander Arosemena Mizrachi promovió la Policía Municipal y se sumó al entrenamiento en uso de armas. Tomada de @Mayer La defensa de los exfuncionarios agredidos durante la protesta en el edificio Hatillo presentó una denuncia penal contra el alcalde Mayer Mizrachi, el director de la Policía Municipal y el agente señalado de atacar a Alberto Llerena. El abogado Valentín Jaén sostiene que las lesiones suLa Sala Penal revisará cinco condenas del caso Blue Apple Crean comando conjunto para la protección del Canal Llevan a la fiscalía el caso del edificio Hatillo: denuncian a Mizrachi y a dos funcionarios La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió cinco recursos de casación contra la sentencia que confirmó condenas por blanqueo de capitales en el caso Blue Apple. Los recursos fueron presentados por Federico Suárez, Adolfo De Obarrio, Riccardo Francolini, Octavio Samaniego y George Joseph Moreno Venero. Además, rechazó un recurso de aclaración de Juan Daniel Girón Samaniego y dio traslado al procurador Luis Carlos Gómez para que emita concepto antes de que la Corte decida sobre las impugnaciones. VEA 2A El Ministerio de Seguridad (Minseg) creó un Comando Conjunto para la Seguridad en áreas específicas del Canal de Panamá, integrado por la Policía Nacional, el Senan, el Senafront y el Sume. La estructura tendrá una línea de mando única, capacidades de inteligencia y respuesta, y estará encargada de proteger infraestructura estratégica ante amenazas diversas. VEA 4A CASACIÓN GOBIERNO fridas por la víctima, quien permanece hospitalizada en estado delicado tras una cirugía, configuran una tentativa de homicidio. Además, denunció una presunta privación ilegal de libertad de varios manifestantes que fueron retenidos por agentes municipales. VEA 4A
2A La Prensa Panamá, jueves 6 de agosto de 2026 Diputado Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas. Archivo Diputados ahora ‘gestionarán proyectos’ en sus circuitos José González Pinilla [email protected] CAMARÓN LEGISLATIVO En el proyecto de ley para reformar el reglamento interno fueron ignorados los artículos que aportaban mayor transparencia en la conducción de la Asamblea Nacional y aquellos que reducían privilegios a los diputados. El bloque de partidos oficialistas y sus aliados aprobaron una propuesta para permitir que los diputados puedan “gestionar proyectos” en sus circuitos electorales. La iniciativa —impulsada por el diputado Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM)— fue incluida la noche del martes, durante el segundo debate del proyecto de reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional. “Tuvieron la oportunidad de modernizar la Asamblea y prefirieron mantener las viejas prácticas con nombres nuevos”, advirtió la diputada independiente Janine Prado, de la bancada Vamos. “Abrió la puerta a aberraciones como facultar a los diputados para la gestión de proyectos. ¿Diputados gestionando proyectos? Solo les falta revivir las partidas circuitales”, agregó Prado. El artículo establece que los diputados, “en su responsabilidad constitucional de actuar y representar a sus electores, gestionarán, fiscalizarán el desarrollo de programas y proyectos”, como carreteras, puentes, cajones, sistemas de electrificación y agua potable, escuelas e instalaciones deportivas y turísticas. El mismo artículo menciona que los funcionarios asignados a los despachos de los diputados deberán “apoyar a los diputados en las tareas de gestionar, impulsar y fiscalizar el desarrollo de los programas y proyectos dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de sus electores”. Camacho justificó la propuesta tras alegar que la Constitución así lo permite. “Nosotros representamos a nuestros residentes”, sostuvo. Citó el artículo 150 de la Carta Magna que dice: “Los diputados actuarán en interés de la Nación y representan en la Asamblea Nacional a sus respectivos partidos políticos y a los electores de su Circuito Electoral”. Admitió que la iniciativa establece que se “garantizará una inversión mínima” en el presupuesto del Estado para la ejecución de los proyectos que gestionarán los diputados. Pero eso no significa resucitar las polémicas partidas circuitales. A su juicio “no es nada del otro mundo. Es lo que ya estamos haciendo”. ‘Es un camarón’ Quien no piensa igual es el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos. Aseguró que es una propuesta abiertamente inconstitucional. “Es un camarón legislativo”, aseguró, al decir que esa iniciativa no tiene nada que ver con lo que plantea artículo donde se incluyó, que habla de la estructura del personal en la Asamblea. Cedeño explicó que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se refiere a que no se debe introducir “una materia extraña” a una norma que se discute y hay otro fallo que sostiene que dentro de las funciones del diputado no está la de gestionar obras o proyectos, ni mucho menos garantizar una inversión. Advirtió que si se convierte en ley, presentará una demanda de inconstitucionalidad. Roberto Zúñiga, diputado de Vamos, remarcó que las funciones de un legislador son tres: hacer leyes, fiscalizar e iniciar procesos judiciales contra magistrados o el presidente de la República. “Evidentemente estamos violando la Constitución”, aseguró. Privilegios se mantienen El proyecto de ley avanzó a tercer debate sin tomar en cuenta aquellas propuestas que aportaban mayor transparencia en la conducción del Legislativo y las que reducían privilegios a los diputados. Por ejemplo, quedaron por fuera las propuestas para descontar salario a los diputados que injustificadamente se ausenten (y no habiliten al suplente, dejando la curul en acefalía), eliminar la exoneración en la importación de vehículos y prohibir la designación de sus familiares en la planilla del Legislativo. Para Luis Duke, de la bancada Vamos, lo aprobado es un retroceso. “Se aprobó en segundo debate unas reformas al reglamento interno que son un estancamiento y empeoramiento a lo que estaba”, dijo. Aseguró que “los diputados tradicionales” aprobaron mantener el nepotismo y cobrar sin trabajar. “La Asamblea necesita renovar sus diputados... Lamentablemente, siguen llegando los mismos partidos políticos tradicionales, y son ellos los que hacen que todo siga igual o empeore”, añadió. Ayer inició el tercer debate del documento, pero a eso de las 7:50 p.m. se suspendió la discusión. Continuarán hoy. Los ‘cambios cosméticos’ El proyecto del RORI llegó al pleno con un poco más de 30 modificaciones que fueron aprobadas en primer debate por la Comisión de Credenciales en abril pasado. Incluía cambios claves, entre ellos, la publicación de la planilla de los diputados, establecer un orden de discusión de los proyectos de ley para evitar que permanezcan engavetados y establecer restricciones para que diputados que incumplan con las sesiones obligatorias puedan presidir comisiones. Al final, muchos de los cambios avalados en primer debate no fueron considerados. “El descuento de los diputados que no vienen a trabajar también quedó por fuera”, advirtió la diputada Yamireliz Chong, de Vamos. Indicó que esa propuesta era, por lo menos, un avance significativo. Recordó que también se había establecido el artículo que decía explícitamente que los diputados no podrían nombrar a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. “Hoy esta Asamblea aprueba el nepotismo”, indicó. Sobre la gestión de proyectos, dijo que de convertirse en ley de la República se está creando un reglamento contrario a la Constitución. A su juicio, en ninguna parte de la Carta Magna dice que los diputados deben gestionar obras. “La aplanadora oficialista se cuadró una vez más para sacar lo que le convenía a ellos. Una vez más quedó por fuera eliminar los privilegios y prebendas que tienen los diputados. No se aprobó ese artículo, es decir, que los diputados siguen teniendo exoneraciones de vehículos. Van a seguir teniendo este tipo de prebendas que el panameño rechaza”, añadió. Entre los artículos que fueron aprobados figuran el que prohíbe la colocación de papeletas o cualquier rótulo en las curules, muebles o paredes del pleno legislativo. Además, se estableció que los cambios empezarán a regir a partir del 2 de enero de 2027. El debate para cambiar el reglamento interno fue retomado por la presidenta del legislativo, Shirley Castañedas, como una de sus promesas tras asumir la dirección del legislativo el pasado 1 de julio. Esa promesa que fue respaldada por la bancada del PRD tras pactar una alianza. El acuerdo quedó plasmado en el quinto punto del documento que firmaron RM y PRD, y en el que pactan “proseguir con el debate de las reformas” al RORI. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió cinco recursos de casación contra la sentencia de segunda instancia N.° 11, del 3 de abril de 2024, emitida por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, que confirmó las condenas de prisión de funcionarios de la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y empresarios particulares, por el delito de blanqueo de capitales en el denominado caso Blue Apple. A través del Edicto N.° 80, divulado este miércoles por la Secretaría de la Sala Penal, se notificó la admisión de los recursos de casación presentados por el exministro de Obras Públicas, Federico José “Pepe” Suárez; el exsecretario de Martinelli, Adolfo “Chichi” De Obarrio; el expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA), Riccardo Francolini; el empresario Octavio Samaniego, y el arquitecto George Joseph Moreno Pérez Venero. El edicto también informa que fue rechazado el recurso de aclaración de sentencia presentado por Juan Daniel Girón Samaniego, a quien previamente se le había negado el recurso de casación. El pasado 10 de junio, la Sala Penal ordenó corregir los recursos presentados por Suárez, De Obarrio, Francolini, Samaniego y Moreno debido a deficiencias formales en su presentación. Dichas correcciones fueron atendidas por los correspondientes abogados defensores. Por este caso, Suárez fue condenado a 168 meses de prisión y al pago de una multa de $27.4 millones. La condena de Francolini, en tanto, es de 60 meses de prisión y una multa de $470 mil. Por su parte, De Obarrio fue condenado a 120 meses de prisión y al pago de una multa de $5 millones. De Obarrio nunca ha comparecido personalmente ante la justicia panameñaCorte revisa condena de Suárez, De Obarrio, Francolini, Samaniego y Moreno BLUE APPLE Se presume que permanece en Italia, país que no aplica el tratado de extradición suscrito con Panamá debido a que la Asamblea Nacional aún no lo ha ratificado. En tanto, Samaniego y Moreno fueron condenados a 152 y 80 meses de prisión, respectivamente, por el delito de corrupción de servidores públicos. Samaniego fungió como representante legal de Desarrollo Lineal y Servicios Maravilla S.A. empresas que movieron fondos y giraron cheques que fueron a parar a Blue Apple. Moreno, en tanto, aparece ligado a la compra de unos terrenos en Mariato, Veraguas, con fondos aportados por contratistas del Estado que fueron canalizados a través de la cuenta canasta a nombre de Blue Apple. En octubre del año pasado, Moreno adquirió notoriedad porque apareció en un recorrido oficial por la villa diplomática, con la ministra de Cultura, Maruja Herrera, y dos hijas del presidenteJosé Raúl Mulino. Previamente, la Sala Penal desestimó los recursos de casación presentados por la Fiscalía Anticorrupción contra las absoluciones dictadas a favor de Melina Cano, Jaime Martín De La Espriella, Luis Alberto Arias y Luis Antonio Donadío. En este proceso también fue condenado el exministro de Obras Públicas Jaime Ford a 80 meses de prisión y al pago de una multa de $11.4 millones. Sin embargo, al haber sido electo diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), su caso es competencia de la Corte Suprema de Justicia. La misma situación ocurre con los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, quienes también son diputados del Parlacen y, por tanto, son investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia. El edicto dispone, además, correr traslado al procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, para que emita su concepto sobre los argumentos planteados en los recursos de casación. Durante la investigación, Carlos Cerdas, de Constructora Meco; Alberto Jurado, de Bagatrac; Juan Alexis Rodríguez, de Constructora Rodsa; y Eduardo Di Bello, de Ingeniería REC, confesaron ante la Fiscalía Anticorrupción que realizaron pagos a través de la sociedad Blue Apple Services, Inc., equivalentes a entre el 5% y el 10% del valor bruto de sus contratos con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en concepto de supuesta “ayuda política”. Juan Manuel Díaz [email protected] Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom
3A La Prensa Panamá, jueves 6 de agosto de 2026 Panorama La Fiscalía traslada expedientes del caso Pandora. Juan Manuel Díaz La ruta del dinero: confesiones destapan el fraude en e-Tax 2.0 Juan Manuel Díaz [email protected] OPERACIÓN PANDORA Las declaraciones de varios imputados describen cómo se distribuía el dinero, el uso de familiares y sociedades para ocultarlo y el papel de presuntos intermediarios en la red que operaba desde la plataforma e-Tax 2.0. Las pesquisas relacionadas con la cesión fraudulenta de créditos fiscales tendrían en la mira a otras 29 personas que también formarían parte de la red criminal, lo que elevaría a 50 el número de investigados. El fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, reveló que un equipo de investigadores revisa el sistema e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI) para determinar si la organización se apropió de créditos fiscales adicionales a los que ya son objeto de investigación. Hasta el momento, se calcula que la red causó una lesión patrimonial al Estado por aproximadamente $40 millones, aunque esa cifra podría variar conforme avancen las pesquisas. Previamente, peritos de informática forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) realizaron una inspección ocular al sistema e-Tax 2.0, diligencia que se extendió del 17 de marzo al 21 de mayo de 2026. Bienes aprehendidos La fiscalía también ha pedido información a los bancos relacionada con la cesión de los créditos fiscales. Además, revisa la compra y las transferencias de bienes inmuebles. La Prensa conoció que hace seis meses se legalizó la aprehensión provisional de una residencia en la urbanización Arcadia, en Chitré, provincia de Herrera, valorada en $79,990, a nombre de Milena Lineth González Rodríguez. González adquirió la casa en abril de 2025. El embargo fue notificado al Registro Público por la juez de garantías Meylín Jaén el 11 de febrero de 2026. Milena González no está imputada, pero sí ha rendido declaración ante la fiscalía. Es hija de Betzy Rodríguez Alvarado, una antigua funcionaria de la DGI que está imputada por el escándalo de los créditos fiscales. Además está casada con Alfredo Murillo Pimentel, quien pactó un acuerdo de colaboración y de pena (de 48 meses de prisión) con la fiscalía. Betzy Rodríguez reconoció que entregó parte del dinero obtenido a su hija Milena y a su yerno, pues sabía que con su salario mensual de $750 no podría justificar los fondos que recibió como parte del esquema. Milena —quien no tiene un empleo formal— incluso constituyó una sociedad y abrió una cuenta bancaria a nombre de esta para depositar el dinero que su madre le entregaba en efectivo, alegando falsamente que correspondía a pagos por “trabajos independientes de contabilidad”. También declaró que recibía instrucciones directas de su madre. Rodríguez está imputada y cumple detención domiciliaria. Fuentes conocedoras del caso sostienen que ha colaborado con la investigación, al igual que Eduardo Silvestre, exjefe del Departamento de Cuenta Corriente de la Dirección General de Ingresos (DGI), quien también permanece bajo detención domiciliaria. Precisamente, la investigación se originó a partir de una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público el 2 de mayo de 2025, en la que se advertía sobre las actividades de Silvestre, Rodríguez y otros funcionarios de la DGI. En particular, la denuncia señalaba que Betzy utilizaba a su hija para ocultar el dinero y que constantemente presumía de sus compras —casas y automóviles—, viajes y estadías en hoteles como el Cubitá. En una ocasión, incluso invitó a una veintena de familiares y amigos al resort Nickelodeon de Punta Cana, en República Dominicana. Además, durante diligencias de allanamiento realizadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) en septiembre de 2025, se incautaron dispositivos electrónicos utilizados por Betzy y su hija, así como por Silvestre e Irene Cumbrera, una exfuncionaria de la DGI. Hasta el momento, Cumbrera no ha sido imputada. Todos estos datos constan en el expediente. Hay más “víctimas” Márquez también advirtió que existen empresas que desconocen haber sido víctimas de las operaciones de este grupo organizado que operaba dentro de la DGI. Por ello, la fiscalía revisa la documentación relacionada con la tramitación de los créditos fiscales. Hasta ahora, una auditoría interna de la DGI y las diligencias de la fiscalía han identificado a nueve contribuyentes afectados: Krishell Investment Inc. (que se ha constituido en querellante), Citibank Overseas Investment Corporation, Enel Investment Holding, Leemart Property Ltd., Consalfas AS, The Shell Co. W Limited, National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, Inchcape Inversiones España, S.L. y Thunderbird Resorts Inc. Confesiones La fiscalía también analiza las declaraciones rendidas en las últimas semanas por varios de los imputados que han decidido colaborar con la investigación, las cuales han permitido reconstruir su participación en el esquema criminal. Adolfo Cosme Quintero Aguilar es señalado por cinco imputados como el intermediario entre funcionarios de la DGI y el banco que adquirió la mayoría de los créditos fiscales sustraídos. También se le atribuye la tarea de distribuir el dinero obtenido con la venta de esos créditos, fijando el monto que recibiría cada participante. Según los testimonios, los pagos individuales oscilaban entre el 2.3% y el 4.5% del valor de cada transacción, mientras que Quintero Aguilar se quedaba con una comisión del 18%. Los desembolsos se realizaban invariablemente los días 15 y 30 de cada mes para evitar sospechas. Este jueves 6 de agosto, el Tribunal Superior de Apelaciones debe comunicar su decisión sobre las medidas cautelares impuestas a un grupo de imputados. La audiencia está programada para las 2:00 p.m. La mayoría de esos imputados fue aprehendida durante la operación Pandora, realizada el 8 de julio. Un día antes, el fiscal Dagoberto Alvarado había solicitado la aprehensión de 19 personas, entre funcionarios de la DGI, abogados y presuntos testaferros. De ese grupo, Lupo González, Angeli Rodríguez, Rina Arza y Karen Lorena Pitty permanecen en detención domiciliaria. El resto se encuentra en detención provisional. Silvestre y Rodríguez, como ya se indicó, también cumplen detención domiciliaria. Un tribunal de juicio absolvió a 15 personas acusadas de la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, detenidas durante la operación Neptuno. Entre ellas figuran familiares de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias Cholo Chorrillo, señalado por las autoridades como uno de los líderes de la pandilla Bagdad. Entre los absueltos se encuentran Maritza Clarke y Edmita Camargo Clarke, madre y hermana de Jorge Rubén Camargo Clarke, respectivamente; además de Cielo Madeleine González, Radamés González, Héctor Achurra, Alexander Salazar, José Moulanier, Emma Moulanier, Alberto Bustamante, Francisco Bartuano, Edwar Batista, Luis Salazar, Carlos Dutary y Luis Makenzie. El tribunal también emitió un veredicto condenatorio por el delito de asociación ilícita contra seis de los procesados: Ricardo González, alias Riri, considerado por las autoridades como el segundo al mando de Bagdad; Gustavo González, Carlos Cornejo, Luis Montenegro, Rigoberto Jaramillo y Ernesto Lasso. El abogado Martín Caicedo, quien ejerció la defensa de varios de los imputados, dijo que el tribunal concluyó que la Fiscalía no logró deNeptuno: seis condenados y 15 absueltos, entre ellos parientes de Cholo Chorrillo JUSTICIA mostrar la participación de la mayoría de los procesados como integrantes de una estructura criminal dedicada al blanqueo de capitales. Caicedo sostuvo, además, que la Fiscalía de Drogas incurrió en un error al sustentar la acusación, ya que, a su juicio, no pudo acreditar la existencia del delito de asociación ilícita para delinquir por falta de pruebas. La investigación contra este grupo comenzó en 2017, pero no fue sino hasta abril de 2021 cuando la Fiscalía de Drogas ejecutó 32 allanamientos en Boca La Caja, El Chorrillo, Alcalde Díaz, Don Bosco, Arraiján, La Chorrera, Capira y la isla San Miguel, en el archipiélago de Las Perlas. Durante esas diligencias fueron decomisados 62,851 dólares en efectivo, 14 automóviles y varias armas de fuego. Juan Manuel Díaz [email protected] En la operación Neptuno se detuvo a 22 personas por delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. Archivo
4A La Prensa Panamá, jueves 6 de agosto de 2026 Panorama BURLA. Las reformas introducidas por el pleno legislativo al reglamento interno de la Asamblea son una prueba del universo paralelo en el que gravita el órgano más inútil, descarado y vil del Estado. Como si se tratara de un videojuego perverso, la bancada del mal, con sus aliados del PRD y el Panameñista, ha desbloqueado un nuevo nivel de desfachatez al rechazar no sólo cualquier posibilidad de descuento por ausencias injustificadas, sino que pretenden que se considere que están presentes en el pleno legislativo incluso cuando están fuera de la curul, en sus circuitos electorales. Ni que fueran el Espíritu Santo... ÑAMES. El retraso de casi cuatro horas el pasado martes en la sesión del pleno legislativo, es porque estaban cuadrando la votación de las reformas al RORI, en segundo debate, con el apoyo de los panameñistas… Ya la bancada de ese partido se abstuvo en la elección del 1 de julio -para favorecer la candidatura de Shirley- y ahora se presta para esto. Como no les dieron la presidencia de ni una comisión queda la duda sobre qué fue lo que negociaron a cambio. FISCALES. Si usted creía que había visto todo en materia de oportunismo electoral, sepa que ahora los diputados pretenden ser -ellos mismos- los fiscalizadores de la ejecución de proyectos viales, sanitarios, educativos, turísticos y deportivos que se ejecuten en sus comunidades. Así es… usted leyó bien. Y para llevar a cabo esta “labor” se apoyarán en el personal que labora en sus despachos. ¿Esto que quiere decir? ¿Que los seres más desprestigiados de la fauna política panameña son los que van a poner orden y garantizar el cumplimiento de los contratos? Que se abrochen el cinturón de seguridad los contratistas del Estado, porque no van a aguantar la velocidad con las que les lanzarán el consabido “qué hay pa’ mi”. ADVERTENCIA. ErnesMayer Mizrachi, impulsor de la Policía Municipal, en un entramiento en la selva. Tomado de @Mayer Caso Hatillo llega a la justicia; Alcalde Mizrachi es denunciado Eliana Morales Gil [email protected] AGRESIÓN La defensa del exfuncionario Alberto Llerena presentó una denuncia penal contra el alcalde Mayer Mizrachi, el director de la Policía Municipal y el agente que lo agredió durante la protesta en el edificio Hatillo. El abogado sostiene que las lesiones configuran una tentativa de homicidio. El abogado Valentín Jaén, defensor de los exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá agredidos el lunes por agentes de la Policía Municipal en el edificio Hatillo, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el agente que atacó a Alberto Llerena, contra el director de la Policía Municipal y contra el alcalde Mayer Mizrachi. La denuncia describe el tipo de lesión que recibió Llerena, aunque Jaén advirtió al Ministerio Público que, por la gravedad del ataque, el caso constituye una tentativa de homicidio. “Dirigimos la denuncia contra el agresor, contra el director de la Policía y contra el alcalde, e hicimos la observación de que estamos ante un delito de tentativa de homicidio”, afirmó Jaén en entrevista con este medio. El abogado interpuso la denuncia la noche del mismo lunes, horas después de la protesta en la que los exfuncionarios reclamaron el pago de prestaciones adeudadas. El documento describe las lesiones que sufrió Llerena, despedido de la alcaldía hace 15 días. Estado de salud Jaén informó que Llerena sufrió una ruptura de una vértebra superior y que la cirugía que le practicaron fue exitosa. Sin embargo, advirtió que el exfuncionario no ha salido de la crisis: mantiene una hemorragia que los médicos no han podido controlar. Dijo que en la noche del martes los familiares le repotaron que no se encontraba bien. “Hablaba incoherencias”. Llerena permanece en el hospital Santo Tomás, en la unidad de cuidados intensivos, a la que ingresó con una lesión cerebral tras el golpe que recibió en la cabeza. Los fundamentos Como sustento de la denuncia, Jaén citó los videos que circulan en redes sociales sobre la agresión y anunció que ya recopila testimonios que servirán de fuente de conocimiento al Ministerio Público. Uno de esos videos muestra a un agente de la Policía Municipal cuando persigue a Llerena, le propina una patada y lo derriba, mientras otro grupo de agentes lo rodea. Sobre la identidad del agresor, el abogado indicó que se trata del “inspector Sánchez”. Lo señaló como “el instigador, el autor material del asunto”. Supuesta ‘privación ilegal de libertad’ Jaén también denunció que algunos de los exfuncionarios fueron retenidos por la Policía Municipal desde las 2:00 p.m. hasta las 12:00 de la medianoche del lunes, sin autorización judicial y sin que sus familiares supieran dónde se encontraban. “Hubo una privación ilegal de la libertad. Nadie sabía dónde los tenían. No permitían que se comunicaran con sus familiares”, agregó. El martes, el Juzgado de Paz de Calidonia celebró una audiencia en la que impuso amonestaciones verbales a dos exfuncionarios del municipio que participaron en la protesta. Jaén solicitó que se aceptarán las pruebas porque uno de ellos presentaba lesiones en el rostro y pidió una evaluación de medicatura forense, pero el juzgado no accedió. Según el abogado, en esa audiencia la alcaldía intentó acreditar que los ciudadanos agredieron a los agentes, versión que rechazó de plano: “Es todo lo contrario. Ellos agredieron. Están tratando de justificar el abuso de autoridad. Nosotros tenemos los audios, los videos y las pruebas testimoniales que van a dar fe de que los agresores fueron ellos”. La alcaldía, por su parte, informó que dos agentes de la Policía Municipal resultaron lesionados durante el incidente, sin aportar mayores detalles. Respuesta al alcalde El alcalde Mizrachi declaró que lamentaba lo ocurrido y que la actuación de la Policía Municipal “no fue exactamente” la que espera de una policía, cuya función, dijo, es disuadir. Jaén rechazó ese planteamiento. “El alcalde no puede salir a estas alturas a indicar que hubo un exceso de parte de la Policía Municipal. Él no puede justificar eso así. La policía actúa en atención a lo que le dicta el superior”, replicó. El abogado agregó que, a su juicio, ese cuerpo opera “inconstitucional e ilegalmente como si fuera una fuerza policial con carácter represivo”. Las facultades de la Policía Municipal, creada mediante el Acuerdo 162 de junio de 2025, son objeto de una demanda de nulidad que presentó el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, admitida el 3 de julio de 2026 por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Jaén anunció que presentará una querella y que hoy interpondrá nuevas denuncias. Al Ministerio Público le pidió actuar sin dilaciones. “Lo que queremos es justicia. Que castiguen a quienes están detrás de este acto. Ni las razones étnicas ni las políticas deben inhibir al Ministerio Público para proceder con la acción penal”, expresó. El abogado planteó, además, que a su juicio se trata de un delito de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible. Eliana Morales Gil [email protected] Por el Canal pasa al menos 5% de la comercio marítimo. EFE Gobierno crea un comando conjunto para la seguridad del Canal de Panamá NUEVA ESTRUCTURA El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), a cargo de Frank Ábrego, creó el Comando Conjunto para la Seguridad en las áreas específicas del Canal de Panamá (CCSCP), una estructura interinstitucional que integrará la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Sistema Único de Manejo de Emergencias (Sume) bajo una sola línea de mando adscrita a ese ministerio. Así consta en la Resolución No. 190 de 27 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial de ayer que lleva las firmas del ministro Frank Abrego y del viceministro Luis Felipe Icaza. La norma entrará a regir el día siguiente a su publicación, es decir, hoy. El nuevo comando se sustenta en el Acuerdo Marco de Servicios de Vigilancia, Seguridad y Protección de Áreas Específicas del Canal de Panamá, que suscribieron la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Minseg. Ese instrumento amplía las capacidades de los servicios policiales de vigilancia, seguridad y protección en siete áreas específicas bajo competencia o administración de la ACP, y aporta los recursos económicos para la operación del CCSCP. La resolución justifica la medida ante amenazas “climáticas, ambientales, cibernéticas, sociales y transnacionales”, y define el Canal como una infraestructura estratégica de interés nacional e internacional, cuya operación segura constituye un elemento fundamental para la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico del país. También califica la cuenca hidrográfica y sus áreas adyacentes como un recurso estratégico indispensable que requiere mecanismos permanentes de protección, vigilancia y control. Mando y estructura Una coordinación ministerial y una jefatura operacional dirigirán el comando, bajo la supervisión del ministro de Seguridad Pública. Un miembro de carrera policial con rango de comisionado o subcomisionado asumirá la jefatura operacional, mientras que un funcionario de nivel directivo de la sede ministerial ocupará la coordinación. El ministro designará ambos cargos. Entre las misiones del CCSCP figuran la planificación y ejecución de operaciones integrales de seguridad en las cuencas hidrográficas y áreas estratégicas del Canal, la protección de esclusas, centros de control, sistemas energéticos, redes de comunicación y corredores logísticos, así como la identificación, localización y aprehensión de ciudadanos que cometan acciones flagrantes contra los ordenamientos jurídicos dentro de las áreas y puntos determinados en el acuerdo. El comando también contará con un Centro de Operaciones Conjunto, un sistema permanente de inteligencia estratégica y capacidades de respuesta ante emergencias, desastres naturales, conflictos sociales y situaciones de crisis. Entre sus funciones aparecen, además, las “operaciones de información”, que consisten en estrategias de comunicación estratégica y “prevención de la desinformación”. to Cedeño ya avisó que si el proyecto es sancionado por el Ejecutivo y se convierte en la ley de la República, la demandará ante la Corte Suprema por violaciones a la Constitución. Se nota que no tiene un pelo... de tonto. AUTOGOL. Una de las reformas introducidas al reglamento interno es la prohibición de colocar rótulos en las curules. Lástima que esto no estaba vigente cuando colocaron los letreros de #FreeMartinelli. Tal Cual Mónica Palm [email protected]
5A La Prensa Panamá, jueves 6 de agosto de 2026
6A La Prensa Panamá, jueves 6 de agosto de 2026 Panorama El proyecto contempla la construcción de dos carriles exclusivos para Mi Bus a lo largo de 5.4 kilómetros de la vía España, además de nuevas estaciones, ciclovías, aceras y la remodelación del Parque Afroantillano. Gabriel Rodríguez MOP presenta EIA para ampliar carriles de Mi Bus en vía España Aleida Samaniego C. [email protected] PROYECTO La iniciativa contempla nuevas estaciones, ciclovías, aceras, la rehabilitación de puentes y la remodelación del parque Afroantillano, mientras el estudio identifica árboles y especies de fauna que deberán ser protegidos durante la ejecución de la obra. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio un nuevo paso hacia la ejecución del proyecto para ampliar los carriles exclusivos de Mi Bus en la vía España al presentar ante el Ministerio de Ambiente (Miambiente) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría II, requisito indispensable para que la iniciativa avance hacia su fase de construcción. La propuesta contempla una inversión de $80.1 millones, bajo la modalidad llave en mano, y un período de ejecución de 36 meses. El proyecto estará a cargo del Consorcio C&T Vía España y abarcará un tramo de 5.4 kilómetros, desde la intersección con la avenida Porras hasta la avenida Cincuentenario, atravesando los corregimientos de San Francisco, Parque Lefevre, Río Abajo y Pueblo Nuevo. La principal intervención consiste en la construcción de dos carriles centrales segregados para uso exclusivo de la flota de Mi Bus, separados del resto del tránsito mediante una isleta. Asimismo, el proyecto contempla la construcción de 10 estaciones de abordaje con plataformas elevadas y carriles de rebase, con el propósito de agilizar la operación del sistema y reducir los tiempos de viaje. La iniciativa también incluye la ampliación y reconstrucción de aceras con un ancho superior a dos metros, la construcción de ciclovías, la instalación de alumbrado público con tecnología LED, mobiliario urbano y señalización bajo criterios de accesibilidad universal. Entre las obras previstas que indica el EIA figuran la remodelación integral del Parque Afroantillano (Parque Sidney Young), en Río Abajo; la construcción de plazoletas para uso comunitario; la rehabilitación de dos puentes vehiculares, entre ellos el puente sobre el río Abajo; y la modernización del sistema de drenaje pluvial para mejorar la capacidad hidráulica del corredor. Inventario de árboles Como parte de la línea base ambiental, el estudio realizó un inventario forestal para identificar las especies presentes en el área de influencia del proyecto y determinar si existen ejemplares protegidos o que requieran medidas especiales de manejo. Inicialmente se contabilizaron 182 árboles. Sin embargo, una caoba nacional cayó posteriormente por causas no determinadas, por lo que el inventario definitivo quedó conformado por 180 individuos. Los especialistas evaluaron el diámetro, la altura y el estado fitosanitario de cada ejemplar. Entre las especies identificadas predominan la caoba nacional (Swietenia macrophylla), catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) e incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), además de guayacán, roble, espavé, almendro, ficus, mango, guarumo, pino hindú y diversas especies de palmas. El estudio concluye que, aunque la cobertura vegetal se encuentra fragmentada por el desarrollo urbano, continúa desempeñando funciones ecológicas y paisajísticas relevantes. Por ello, propone medidas de reforestación compensatoria, manejo fitosanitario y reubicación de ejemplares de valor ecológico para preservar el paisaje urbano. Un corredor biológico urbano El EIA destaca que, pese al intenso desarrollo urbano de la vía España, este corredor aún sirve de hábitat para diversas especies de fauna adaptadas al entorno urbano. Durante el monitoreo se registraron 215 aves, entre ellas el perico piquiblanco, la paloma común, el talingo, el azulejo, el gavilán caminero, el bichofué, el loro cabeciazul y el gallinazo cabecinegro. La paloma común y el perico piquiblanco fueron las especies más abundantes. Asimismo, se identificó la presencia de mamíferos como la ardilla gris y la zarigüeya; reptiles como la iguana verde, el geco casero y lagartijas del género Anolis; y fauna acuática representada por peces como el gupi y el pez limpiavidrios, además de la tortuga jicotea. El documento advierte que varias de estas especies cuentan con algún grado de protección, entre ellas el perico piquiblanco, la iguana verde, el loro cabeciazul y la tortuga jicotea, por lo que recomienda aplicar medidas de manejo para minimizar las afectaciones durante la construcción. Otro de los apartados del estudio analiza las condiciones ambientales del río Abajo y de la quebrada Guayabo, cuerpos de agua que forman parte del área de influencia del proyecto. Según el EIA, el río Abajo presenta un alto grado de degradación debido a la contaminación por aguas residuales domésticas, desechos sólidos y escorrentías urbanas, lo que ha reducido considerablemente su biodiversidad. La fauna acuática está dominada por especies capaces de sobrevivir en ambientes con bajos niveles de oxígeno y alta carga contaminante. El informe añade que la quebrada Guayabo ha perdido gran parte de su servidumbre ecológica debido al crecimiento urbano y que, en la actualidad, buena parte de su cauce se encuentra canalizado con estructuras de concreto. Los consultores advierten que durante la construcción será necesario evitar el aporte de sedimentos y el derrame accidental de combustibles hacia ambos cuerpos de agua, ya que ello podría afectar las poblaciones remanentes de peces y otros organismos acuáticos. Empleo y próximos pasos El proyecto prevé la generación de 150 empleos directos, de los cuales 30 corresponderán a personal administrativo y técnico y 120 a trabajadores de campo. Además, estima la creación de empleos indirectos vinculados al suministro de materiales, transporte, logística y otros servicios. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) dos traslados de partida por un total de $37.8 millones, destinados al pago de becas pendientes, compromisos de vigencias anteriores y gastos administrativos. Del monto aprobado, $36.4 millones serán utilizados para el pago de becas escolares, estudios y obligaciones de años anteriores, mientras que $1.3 millones estarán destinados al arrendamiento y mantenimiento de dos sedes administrativas. Durante la sustentación, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, explicó que parte de estos recursos permitirá atender pagos relacionados con becas otorgadas en conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa) para estudiantes de medicina que cursaron sus estudios en las universidades Universidad Interamericana de Panamá, Universidad Americana de Panamá, Universidad Latina de Panamá y Universidad Columbus. Godoy indicó que la institución cuenta con 345 contratos refrendados y que los expedientes correspondientes a compromisos del año 2022 continúan en revisión. De los 129 contratos de ese periodo, 13 ya han sido refrendados, mientras la entidad valida expedientes, créditos y otros procesos administrativos para continuar con los pagos. Ifarhu pide $37.8 millones para pagar becas atrasadas; evalúa comprar sedes TRASLADO DE PARTIDAS Compra de edificios en alquiler Durante la sustentación, Godoy también informó que el Ifarhu evalúa adquirir los edificios donde actualmente funcionan sus sedes, con el objetivo de reducir el gasto en alquileres. El director detalló que el Ifarhu ha desembolsado cerca de $30 millones en alquileres durante los últimos años: unos $23 millones por el edificio ubicado en la avenida Ramón Arias y Calle 1.ª de El Carmen, y otros $6.9 millones por la sede de la 24 de Diciembre. Ante estos costos acumulados, el Ifarhu analiza crear un fideicomiso con la Caja de Ahorros que permita la compra de ambas instalaciones. Además, negocia contratos con opción de compra como una alternativa para que la institución pueda convertirse en propietaria de los inmuebles. Aleida Samaniego C. [email protected] Carlos Godoy, director del Ifarhu. Archivo Contraloría nombra a Jorge Torregroza como jefe de Seguridad DESIGNACIÓN Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Casi un mes y medio después de abandonar la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, Jorge Torregroza reapareció en otra institución del Estado. El exfuncionario, cuya gestión quedó marcada por la mayor fuga masiva de reclusos registrada en Panamá, ocupa ahora el cargo de jefe de Seguridad de la Contraloría General de la República. Torregroza presentó su renuncia como director del Sistema Penitenciario el 19 de junio, dimisión que fue aceptada de manera inmediata por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo. La salida de Torregroza del Sistema Penitenciario ocurrió 18 días después de la fuga registrada el 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita, cuando cerca de 200 privados de libertad evadieron los controles. El hecho desencadenó cuestionamientos sobre los protocolos de vigilancia, la capacidad de respuesta de las autoridades penitenciarias y las condiciones de seguridad del principal centro penal del país. Durante sus 20 meses al frente del sistema, Torregroza afrontó desafíos como el hacinamiento y los operativos contra estructuras criminales que operaban desde los penales. La fuga de La Joyita eclipsó el resto de su gestión. La renuncia del funcionario fue oficializada el 19 de junio. En una breve nota, la entidad expresó su reconocimiento al exfuncionario por el trabajo realizado y dijo que el exdirector siempre contará con su respeto y admiración.
7A La Prensa Panamá, jueves 6 de agosto de 2026 Panorama El Edificio de la Administración (arriba a la izquierda), el Centro Ascanio Arosemena (a la derecha) y el edificio del YMCA de Balboa. Archivo Los centinelas de piedra y acero Juan Ramón Vallarino ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] EDIFICIOS DEL CANAL Construidos a principios del siglo XX para atender las necesidades del Canal y la antigua Zona del Canal, estos edificios centenarios hoy forman parte del patrimonio panameño y conservan historias que ayudan a comprender una etapa decisiva del país. En la antigua Zona del Canal (sector Pacífico) se construyeron, a principios del siglo XX, varios edificios que hoy han revertido a Panamá. Detrás de sus paredes centenarias se esconden historias que ayudan a comprender la evolución del Canal y del país. Cuando se habla de las áreas e instalaciones revertidas a Panamá, pocas veces se conoce para qué fueron construidas, qué función cumplieron durante la administración estadounidense y cuál es el uso que tienen en la actualidad. Este artículo busca responder esas preguntas. Administration Building Su construcción concluyó en 1915 y fue transformado y ampliado en 1942, cuando las galerías y los atrios que lo circundaban fueron cerrados para ampliar su espacio interior (Arquitectura de la Época del Canal 1880-1914, arquitecto Samuel Gutiérrez, p. 242). Antes de 1915, la administración de la Empresa del Canal funcionaba en una casa de madera ubicada en el poblado de Culebra. Posteriormente, se trasladó a otro edificio de madera de dos plantas, construido en 1907 en las faldas del cerro Ancón, cuya fotografía puede apreciarse en la obra antes citada del arquitecto Samuel Gutiérrez. El actual Edificio de la Administración fue diseñado por el arquitecto Austin W. Lord, de la firma Lord, Hewlett & Tallet, de Nueva York. Su asociado en Panamá fue Mario J. Schiavoni. Se construyó sobre una colina aterrazada formada con material excavado del Corte Culebra y de la bahía de Balboa. Tiene un área de 23,000 pies cuadrados y, al momento de su construcción, era el edificio más grande de Panamá. La compañía United States Steel Products Company erigió la superestructura de acero del edificio sobre una losa de concreto. Contaba con un sistema telefónico y otras innovaciones inexistentes en la mayoría de los edificios del país para esa época. En su interior se conservan pinturas, murales y un fresco realizados por William Brantley Van Ingen, artista que también ejecutó obras para la Biblioteca del Congreso y la Casa de la Moneda de Filadelfia (Philadelphia Mint). Estos murales representan escenas de la monumental construcción del Canal de Panamá. También alberga litografías y diseños sobre la construcción del Canal realizados por el artista Joseph Pennell. Posteriormente, se incorporaron pinturas de Al Sprague, reconocido en Panamá por sus obras dedicadas a las polleras y los trajes típicos nacionales. El edificio albergaba la oficina del gobernador y otros departamentos administrativos del Canal. La incorporación de estas obras de arte fue una decisión de George Goethals, ingeniero jefe de la construcción del Canal de Panamá (Pictorial History of Canal Construction Is Told in Art by Pennell and Van Ingen, Panama Canal Review, vol. 4, n.º 9, 2 de abril de 1954, p. 9). Actualmente, el Edificio de la Administración es la sede principal de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y alberga las oficinas de la mayoría de sus ejecutivos y directivos. Debido a la complejidad de las operaciones y de la administración canalera, la ACP también ocupa oficinas en varios edificios cercanos, algunos de los cuales se describen más adelante. El edificio se distingue por sus amplias escalinatas, que desembocan en el área conocida como El Prado. Escuela Superior de Balboa (Balboa High School) El edificio principal de la Escuela Superior de Balboa fue construido en 1917 e inició labores con una matrícula de 528 estudiantes blancos, según consta en el informe anual del gobernador de la Zona del Canal correspondiente a 1932, citado por el arquitecto Samuel Gutiérrez. Si se toma en cuenta que el Canal de Panamá ya había sido inaugurado en 1914, llama la atención la cantidad de alumnos en edad de cursar estudios secundarios que existía apenas tres años después. Esto evidencia la presencia de numerosas familias vinculadas a la Compañía del Canal y al ejército de Estados Unidos, que comenzaba a establecer sus bases militares en la Zona del Canal. El edificio fue diseñado por el arquitecto Samuel Hitt. La historia de las escuelas en la Zona del Canal se remonta a septiembre de 1904, cuando la Comisión del Canal autorizó la creación de un sistema escolar. La primera escuela abrió sus puertas el 2 de enero de 1906 en Corozal. En la obra Architecture of the Panama Canal Zone, de Edith Crouch, aparecen fotografías de escuelas que funcionaron en Gorgona, Matachín, Bas Obispo, Culebra y Ancón. Estas escuelas estaban destinadas a estudiantes blancos, mientras que los niños afrodescendientes asistían a la escuela de La Boca. Es decir, la segregación racial no solo existía en el sistema Gold Roll y Silver Roll, sino también en el sistema educativo. La Escuela Superior de Balboa (Balboa High School) ocupa un lugar destacado en la historia del nacionalismo panameño debido a los acontecimientos del 9 de enero de 1964. En la actualidad, sus instalaciones son utilizadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como sede del Centro de Capacitación Ascanio Arosemena, adscrito a la Vicepresidencia de Recursos Humanos. La escuela recibía principalmente a hijos de funcionarios de la Compañía del Canal y de militares estadounidenses destacados en las bases de la Zona del Canal. Sin embargo, también estudió allí un grupo de panameños, atraídos por el hecho de que era una de las pocas instituciones bilingües del país a principios del siglo XX, junto con la Escuela Episcopal. Muchos padres panameños que aspiraban a que sus hijos cursaran estudios universitarios en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá u otros países de habla inglesa optaban por la formación en inglés que ofrecía la Escuela Superior de Balboa, al igual que la Escuela Superior de Cristóbal, en el sector Atlántico. Aún hoy, muchos de sus egresados mantienen contacto entre sí, pese a que la mayoría reside en Estados Unidos. Edificio de la YMCA en Balboa Este edificio fue terminado en 1914 y reemplazó una estructura más modesta ubicada en Stevens Circle, al final de El Prado. Fue diseñado por el arquitecto Samuel M. Hitt y consta de dos planta En la planta baja se encontraban el vestíbulo, salones de billar, salas de lectura, gimnasio, dos refresquerías, casilleros, áreas de juego y lectura para niños, dependencias de servicio, barbería, piscina y una bolera. Además, cada semana se proyectaban películas en las salas de lectura. En la planta alta había un auditorio con escenario, servicios sanitarios, salas para proyección de películas, aulas y oficinas administrativas. Las instalaciones de la YMCA estaban destinadas exclusivamente a sus miembros y cumplían una importante función recreativa y social, en consonancia con la filosofía de esta organización estadounidense. Este emblemático edificio fue vendido posteriormente a la cadena de supermercados Rey y se espera que en el futuro sea destinado a usos comerciales. Conviene aclarar que este inmueble no revirtió a Panamá en virtud de los Tratados Torrijos-Carter, ya que era una propiedad privada perteneciente a la YMCA. Tribunal Marítimo de Ancón El edificio No. 310, donde actualmente funciona el Tribunal Marítimo de Panamá, fue concebido originalmente como la residencia oficial y permanente del ingeniero jefe de la Comisión del Canal de Panamá, cargo que en 1905 ocupaba John F. Wallace. El edificio fue diseñado por el arquitecto Morris O. Johnson. Ese mismo año Wallace renunció y fue reemplazado por John F. Stevens. Sin embargo, debido a las prioridades impuestas por la construcción del Canal, las labores de saneamiento y la necesidad de levantar alojamientos temporales para los trabajadores, la construcción del edificio 310 fue suspendida. Stevens decidió entonces destinar el edificio a oficinas administrativas de la Comisión del Canal y mantener su residencia en el poblado de Culebra. Esa residencia fue desmontada en 1914, trasladada a Balboa y hoy corresponde a la residencia oficial del administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Cuando el Edificio de la Administración fue inaugurado en 1914, las oficinas que funcionaban en el edificio 310 fueron trasladadas a la nueva sede. Un año después, el primer piso del edificio 310 fue habilitado como sede de la Corte Distrital de Ancón, que inició funciones en 1916. Durante algunos años, el edificio también albergó dependencias del Smithsonian Tropical Research Institute. En 1982, la Corte Distrital de Ancón dejó de funcionar y el edificio fue transferido al Estado panameño como parte de las reversiones derivadas de los Tratados Torrijos-Carter. Desde entonces ha servido de sede al Tribunal Marítimo y a otros juzgados penales y civiles. En 2006, un incendio afectó el segundo piso del inmueble y parte de la estructura permaneció abandonada hasta 2013. Hospital Gorgas Como es bien sabido, las instalaciones del antiguo Hospital Gorgas son utilizadas actualmente por el Gobierno de Panamá. En ellas funcionan dependencias de la Corte Suprema de Justicia, otras oficinas del Órgano Judicial, el Ministerio de Salud y el Instituto Oncológico Nacional. El Hospital Gorgas posee una historiapococonocida.En1882 fue inaugurado el Hospital Central de Panamá, financiado por la Compañía Francesa del Canal. Sin embargo, quedó abandonado en 1889, tras el fracaso de la empresa francesa. Posteriormente, las autoridades estadounidenses asumieron la administración del hospital y realizaron importantes trabajos de limpieza y rehabilitación. Cuando el centro comenzó a operar nuevamente, pronto quedó claro que era necesario ampliar sus instalaciones. El nuevo hospital fue diseñado como un conjunto de edificios independientes, separados por patios y jardines. Cada pabellón funcionaba como un pequeño hospital dentro del complejo. Los edificios contaban con techos altos y amplias ventanas para favorecer la iluminación natural y la ventilación cruzada. Además, fueron construidos sobre plataformas elevadas para evitar la humedad. El complejo incluía un edificio para administración y cirugía, otro destinado al aislamiento de pacientes con enfermedades contagiosas y varios pabellones de apoyo. Los distintos pabellones estaban comunicados mediante pasillos cubiertos, lo que facilitaba la circulación y contribuía a mantener mejores condiciones sanitarias, reduciendo el riesgo de contagio entre los pacientes. Aunque hoy estos edificios albergan oficinas del Órgano Judicial y del Ministerio de Salud, basta recorrer el área para apreciar el diseño original del complejo hospitalario y la manera en que fueron concebidos sus distintos pabellones. Durante la construcción del Canal de Panamá trabajaron decenas de miles de personas, muchas de las cuales regresaron a sus países de origen una vez concluida la obra, aunque un número importante permaneció en Panamá. La construcción de los edificios descritos en este artículo también generó empleo, aunque en una escala mucho menor que la del Canal. No fue sino hasta 1939, cuando Estados Unidos decidió construir un tercer juego de esclusas para el Canal, que nuevamente se contrataron miles de trabajadores. En ese mismo período también se edificaron numerosas pistas aéreas y otras instalaciones destinadas a la defensa del Canal, obras que igualmente impulsaron el empleo en Panamá.
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