4A La Prensa Panamá, miércoles 15 de julio de 2026 Panorama RETÉN. El diputado Isaac Mosquera, quien estuvo investigado y detenido por casos relacionados con tráfico de drogas y blanqueo de capitales, presentó un anteproyecto de ley “de segunda oportunidad y derecho al olvido penal”, que busca “regular” la cancelación de antecedentes y registros judiciales. Después se molestan cuando les dicen que la Asamblea está controlada por la delincuencia organizada. UBICADOS. Hoy vence el plazo para que tres diputados (Neftalí Zamora, Carlos Saldaña y Manuel Samaniego) se adhieran a alguna de las bancadas ya existentes. Cuando esto se produzca, se conocerá la cantidad exacta de integrantes de cada bancada y, a partir de ahí, se asignarán los puestos en las comisiones. Habrá que esperar para conocer cuál será la nueva excusa para no ponerse a trabajar de una vez. Ya la Asamblea parece la casa de Walt Disney: siempre hay un cuento, pero sin princesas. BIENVENIDO. Si Neftalí Zamora se une a Seguimos, esa bancada -que no existía hace un año- tendría ya cinco miembros. A ese ritmo, en 2029 podrían tener el mismo tamaño que el CD y el Panameñista. SU EXCELENCIA. A su llegada a México, el presidente Mulino fue recibido en la pista por el exdiputado y actual embajador Abraham Martínez. En 2011, una investigación de La Prensa reveló que Martínez compró cuatro apartamentos en Condado del Rey sin financiamiento bancario. Pero, como Mulino se cree el río Jordán, a cualquiera de los que están cerca de él se le desaparecen los pecados. Y, si no, siempre queda la puerta giratoria. CAFETÍN. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, realizó una visita de cortesía a la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas. Para momentos así es que se gastaron $750 en la compra de bolsas de café geisha. La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, en la sesión de ayer. Gabriel Rodríguez Reformas al reglamento interno: proponen eliminar voto secreto José González Pinilla [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Diputados de distintas bancadas presentaron propuestas al proyecto de ley que se discute en segundo debate, para que todas las votaciones en el pleno y en las comisiones sean públicas. La eliminación del voto secreto en la Asamblea Nacional se convirtió ayer en uno de los principales temas de discusión del proyecto de ley 594, que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI). Diputados de distintas bancadas presentaron propuestas para que todas las votaciones en el pleno y en las comisiones sean públicas y queden registradas en el sitio web del Legislativo, con el argumento de fortalecer la rendición de cuentas. El diputado Augusto Palacios, de la coalición Vamos, durante su intervención en el debate defendió la eliminación del voto secreto al sostener que la Asamblea debe funcionar “de puertas abiertas”. “Aquí no debe existir ningún voto secreto. El ciudadano tiene que saber todo lo que hacemos”, dijo. Añadió que el electorado tiene derecho a conocer cómo vota cada diputado y las razones de su decisión. “Cada diputado debe tener la valentía de decirle al país cómo vota y por qué lo hace”, expresó al presentar una modificación para prohibir totalmente las votaciones secretas tanto en el pleno como en las comisiones. En la misma línea, el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA), propuso incorporar un artículo que establezca que las votaciones en las comisiones, subcomisiones y el pleno sean siempre públicas y que el sentido del voto de cada diputado sea divulgado en la página web de la Asamblea. Voto censura y renuncia de ministros Pérez Barboni también presentó una propuesta para fortalecer los efectos del voto de censura contra ministros de Estado. La iniciativa plantea que, una vez el pleno apruebe una censura, el ministro esté obligado a presentar su renuncia y que el presidente de la República disponga de un plazo máximo de 10 días para designar a su reemplazo. Además, establece que el funcionario censurado no podrá volver a ocupar un ministerio ni dirigir una entidad del gobierno central o descentralizado durante el resto del período constitucional. Actualmente, la Constitución reconoce la figura del voto de censura, pero no obliga al mandatario a destituir al ministro que fue censurado. Sobre este mismo tema, el diputado Eduardo Gaitán, de Vamos, propuso incorporar mecanismos coercitivos para garantizar que los funcionarios comparezcan ante la Asamblea cuando sean citados. Señaló que el reglamento debe contemplar sanciones para quienes incumplan estas obligaciones e incluso sugirió la suspensión del salario de los funcionarios que, tras recibir un voto de censura, se nieguen a acudir al pleno. “Toda norma tiene que tener una sanción. Debemos garantizar que los funcionarios vengan a la Asamblea a rendir cuentas”, manifestó. Responsabilidad civil para el diputado Entre las modificaciones presentadas durante la sesión también figura una iniciativa de Pérez Barboni para limitar la inmunidad parlamentaria. Aunque mantiene el principio de irresponsabilidad jurídica de los diputados por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones, propone que durante la formación de las leyes respondan civilmente cuando sus expresiones sean “evidentemente ofensivas y calumniosas”. El reglamento vigente establece que los diputados no son legalmente responsables por las opiniones que emitan en el desempeño de su cargo. Por su parte, la diputada Yarelis Rodríguez, de la bancada Vamos, presentó una reforma para endurecer los requisitos de quienes aspiren a ocupar los cargos de secretario general y subsecretario general de la Asamblea. La propuesta exige ser panameño, tener al menos 25 años, no haber sido condenado por delitos penales o contra la administración pública, además de poseer título universitario y experiencia profesional en áreas como Derecho, Administración Pública, Administración de Empresas, Gerencia o disciplinas afines. En la actualidad, el reglamento únicamente exige que el aspirante sea “idóneo para el cargo”. El puesto de secretario general, actualmente ocupado por Carlos Alvarado —hijo del exlegislador Carlos Titi Alvarado (q.e.p.d)—, ha sido tradicionalmente de designación política. El pleno legislativo cumplió ayer su quinto día consecutivo de debate del proyecto y aún mantiene una lista de más de una decena de diputados pendientes de intervenir.Mientras,continúan presentándose modificaciones al texto. Según Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas, ya existen unas 80 propuestas. Juan Manuel Díaz [email protected] Ricardo Martinelli en el juicio por el caso Odebrecht. Archivo Martinelli sufre un nuevo revés: la Corte no le admite amparo en caso Odebrecht PLENO DE LA CORTE La Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) contra la decisión del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales que permitió la programación del juicio sin la presencia de una serie de testigos brasileños. En esa ocasión, la juez Baloisa Marquínez estimó que si la defensa requería su presencia en el juicio, debió citarlos y hacer efectiva su presencia en dicho acto. Con la ponencia del magistrado Carlos Vásquez, el Pleno de la Corte confirmó una decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia que mantuvo la decisión adoptada en primera instancia por la juez Baloisa Marquínez. La defensa de Martinelli pretendía contrainterrogar a dichos testigos, algunos de ellos exdirectivos de Odebrecht que aparecen en el expediente y que dieron testimonio, pero que no comparecieron al juicio a pesar de haber sido solicitados por el Ministerio Público a través de una asistencia judicial. Los abogados de Martinelli alegan que en este caso era necesario repreguntar a esos exdirectivos de Odebrecht con relación a una serie de declaraciones vertidas en el expediente y en las cuales se hacen señalamientos contra su cliente y otros imputados. La juez Marquínez realizó el juicio sin la comparecencia de estos testigos y durante su desarrollo varios abogados defensores insistieron en la necesidad de la presencia de estas personas para tomarles declaración. El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales está elaborando la sentencia del caso Odebrecht, cuyo juicio a 21 personas comenzó el 12 de enero de 2026 y concluyó el 27 de febrero. El juicio estuvo marcado por la ausencia de algunos testigos solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, como es el caso de los exdirectivos de la constructora Odebrecht Olivio Rodríguez, André Rabello, Luis Antonio Mameri, Marco de Queiroz Grillo y Ángela Palmeira Ferreira. La fiscalía tampoco pudo contar con el testimonio de Olmedo Méndez Tribaldos, quien alcanzó un acuerdo de colaboración y pena antes de la celebración del juicio y se había comprometido a someterse al interrogatorio sobre lo declarado ante el Ministerio Público. Durante el juicio, la fiscal Anticorrupción Ruth Morcillo presentó una serie de asistencias judiciales procedentes de Suiza, Estados Unidos y Andorra en las que se consignaban múltiples transacciones entre sociedades ligadas a Odebrecht y varios de los imputados en esa causa. Tras la conclusión de sus alegatos, la fiscal Morcillo también solicitó a la juez Marquínez rechazar una serie de incidentes de nulidad presentados por abogados defensores, quienes alegaron que este caso debía ser nulo por considerar que la juez no era la competente para conocer ese proceso y que había doble juzgamiento en el caso de otros imputados. TÓXICO. En diciembre pasado, el Ejecutivo estaba en un pleito con la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, por el manejo de la basura. Pero el problema persiste: ya están las retroexcavadoras, los pataconsitos, los gusanos, la gente que recoge basura en otro lado, pero la tira en el distrito… ¿Cuál era el apuro? Parece que no era solucionar el problema, sino quitarle atribuciones a la alcaldía, a costa de los habitantes. Tal Cual Mónica Palm [email protected]
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==