1A La Prensa Panamá, miércoles 15 de julio de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 15 de julio de 2026 - Año 45 - Nº 15337 Sigue la fiesta del Mundial Hoy es el último partido de semifinales Argentina Inglaterra vs 2:00 pm Hoy por hoy El Ejecutivo ha declarado confidencial ocho compras millonarias por supuestas razones de seguridad nacional. Hay artículos que probablemente merezcan tal tratamiento, pero hay otras que son absurdas. ¿Cómo afecta la seguridad nacional demoler y construir un cuartel? O las cámaras corporales para la policía, que estarán, precisamente, a la vista de todo el mundo. Lo que está ocurriendo aquí nada tiene que ver con la seguridad nacional, pero sí mucho que ver con la ausencia de transparencia y de competencia. El presidente hace el ridículo tratando de convencernos que la seguridad del Estado está por encima de la transparencia, pero es la propia Policía fuente de indiscreción y fuga de información, y lo secreto es absurdo si está a la vista o si la información se puede obtener sin esfuerzo. Y también sabemos de esa extraña devoción del presidente por palabras como seguridad nacional, confidencialidad, secreto y cosas similares. Parece hasta infantil ese apego por los juegos de espías y castrenses. No son las especificaciones secretas de una cámara corporal lo que hará más seguro al país. Debería empezar por sanear la lista de proveedores de la Policía. Él sabe que allí hay tantos maleantes como en una pandilla callejera. Panorama Corte rechaza amparo a Martinelli por Odebrecht 4A Economía La venta de viviendas nuevas cayó casi 40% 1B Ocho compras millonarias, bajo llave Eliana Morales Gil [email protected] OPACIDAD El código de acceso a los pliegos solo se entrega en persona, previo acuerdo de confidencialidad. En apenas 28 días, el gobierno de José Raúl Mulino puso bajo llave ocho contrataciones millonarias de seguridad pública. Se trata de ocho resoluciones del Consejo de Gabinete donde se declararon confidenciales los pliegos de cargos de compras que van desde municiones, chalecos y armas hasta las cámaras corporales de la Policía Nacional, la plataforma de videovigilancia CON-C5, y un cuartel en Chitré, entre otros. El blindaje va más allá de lo que la ley concibió para “adquisiciones sensitivas”: En el expediente de Panama Compra, administrado por la propia Dirección General de Contrataciones Públicas, todo está cifrado: pliegos, actas de apertura, informes de evaluación y hasta las propuestas recibidas. El código de acceso solo se entrega en persona, previo acuerdo de confidencialidad. Solo competirán las empresas que el propio Estado precalifique. Tampoco se conocen los criterios Estado pagará $537.9millones por el Hospital del Niño en 8 años Adjudican dormitorios de la UTP por $28 millones El Estado pagará $537.9 millones entre 2026 y 2033 por el nuevo Hospital del Niño. El primer desembolso será de $60.2 millones en septiembre de 2026. El contrato actualizado asciende a $705.9 millones, incluidos obra, financiamiento y mantenimiento VEA 6A La empresa Centroequipos, S.A. se adjudicó el contrato para diseñar, construir y equipar los nuevos dormitorios de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), un proyecto que demandará una inversión cercana a $28 millones, incluido el mantenimiento. VEA 6A Yaritza Mojica [email protected] Aleida Samanieto C. [email protected] para elegir al ganador y los precios de referencia. El Ejecutivo afirma que la confidencialidad protege información sensible que podría ser utilizada por el crimen organizado. No obstante, compran en secreto las cámaras corporales para los policías que la Ley 466 creó para dar transparencia a la actuación de los agentes. La medida surge después de que contratos de seguridad beneficiaran a Max Gear, empresa vinculada a Félix Fallabella, amigo del presidente José Raúl Mulino y de la plana mayor de la fuerza pública. VEA 3A España elimina a Francia. Adiós Mbappé La selección de España confirmó su condición de favorita y se convirtió ayer en la primera finalista del Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Francia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. VEA 8A La denuncia que alertó la red de defraudación fiscal Una denuncia anónima presentada el 2 de mayo de 2025 puso al descubierto una presunta red de defraudación fiscal en la DGI que aprovechó vulnerabilidades del sistema e-Tax. Ya suman 30 imputados y dos sentenciados por anular deudas tributarias, alterar créditos fiscales y desviar pagos. VEA 2A
2A La Prensa Panamá, miércoles 15 de julio de 2026 Hay una treintena de imputados como parte de la investigación sobre las anomalías a través del sistema e-Tax 2.0. La semana pasada, en la Operación Pandora, fueron aprehendidos 16. Cortesía/Ministerio Público Vacaciones en Nickelodeon: la denuncia que destapó la red Mónica Palm [email protected] DEFRAUDACIÓN EN LA DGI Todo comenzó con una denuncia anónima de dos páginas que puso el foco en Eduardo Silvestre y Betzy Rodríguez, a los que identificó como presuntos cabecillas de la defraudación, así como a Irene Cumbrera. Rodríguez y Cumbrera se daban una vida que sus salarios no podían pagar. Las debilidades del sistema electrónico e-Tax y la existencia de una red criminal que operaba desde las entrañas de la Dirección General de Ingresos (DGI) fueron reveladas el 2 de mayo de 2025, gracias a una denuncia anónima de dos páginas presentada ante el Ministerio Público. El contenido de la nota resultó tan potente y revelador que fue anexado a la carpetilla del caso y se constituyó en una de las líneas de investigación de mayor relevancia en el proceso, en el que ya hay una treintena de imputados e incluso dos sentenciados por delitos que van desde el blanqueo de capitales hasta corrupción y delitos contra la fe pública. La fuente puso el foco de sus revelaciones en el Departamento de Cuenta Corriente de la DGI, cuyo jefe directo era Eduardo Silvestre López y donde laboraban las funcionarias Betzy Rodríguez Alvarado e Irene Cumbrera Aguilar. Los tres están imputados por la fiscalía. Silvestre ha brindado colaboración, admitiendo la existencia de la red y aportando explicaciones sobre el modus operandi, aunque aún carece de un acuerdo de colaboración validado por un juez. Fuentes ligadas a la investigación informaron que Rodríguez también estaría cooperando en esta etapa del proceso. La fuente denunciante identifica a Eduardo Silvestre y a Betzy Rodríguez como los principales “cabecillas” de la operación de defraudación fiscal, junto a dos tramitadores que describió como “mafiosos”, con conexiones en todos los departamentos de la DGI. En la denuncia se advertía que la red estaba borrando cuentas individuales millonarias (incluso de hasta $8 millones), anulando declaraciones, aplicando pagos a los RUC equivocados o alterando cesiones de créditos fiscales, entre otras anomalías. De fiesta en Nickelodeon Esta red estaba conformada por funcionarios con años de trayectoria en la DGI. Silvestre, por ejemplo, ingresó a la DGI primero como funcionario temporal, en 2008, y luego, cuatro años después —en 2012— obtuvo la permanencia. Como jefe de Cuentas Corrientes de la DGI, percibía ingresos de $4,000 al mes. A su vez, Rodríguez y Cumbrera se desempeñaban como analistas de cuentas, con salarios de $750 y $775 mensuales, respectivamente. La fuente denunciante narró a los fiscales que Rodríguez mantenía un nivel de gastos muy difícil de justificar con un ingreso de apenas $750. Informantes dijeron a La Prensa que Rodríguez, para evitar ser investigada, involucró a su hija Milena, haciéndola abrir cuentas bancarias donde depositaba el dinero de sus actividades ilícitas. Hasta el momento, la hija de Rodríguez no figuraría como imputada por el Ministerio Público. No obstante, la persona que presentó la denuncia aseguró que Milena constituyó una sociedad anónima con el propósito de tratar de justificar ante las entidades bancarias las enormes sumas de dinero que recibía de su madre, pues su cuenta personal fue bloqueada en varias ocasiones, precisamente por los movimientos inusuales de fondos, alejados de su perfil y que no podía justificar. En la denuncia, la fuente precisa que el año pasado Rodríguez compró —en efectivo— varios vehículos nuevos en reconocidas agencias de automóviles en Panamá Oeste, así como dos inmuebles en Chitré y una finca en Parita, provincia de Herrera. Quizás lo más impresionante de las excentricidades de Rodríguez sea el hecho, siempre según la denuncia, de que llevó de vacaciones a una treintena de familiares al hotel Nickelodeon de Punta Cana, un exclusivo balneario de República Dominicana. ¿Quiénes están bajo la lupa? Los nombres de Eduardo Silvestre, Betzy Rodríguez e Irene Cumbrera están en la lista de los funcionarios de la DGI que tenían acceso al sistema electrónico en el que se realizaron las anulaciones, divisiones de pagos y ajustes en el e-Tax 2.0. También tenían acceso Margie Caballero Brown, Lupo González, Vielka Sáez Cano, Daira Itzel López Castra, Migdalia Quirós, Addies Castillo, Elodia Yamileth De León Julio, Juana Chong Hernández, Ninoska Herrera Acevedo y Sinia Sánchez Pinto. Todos ellos realizaron trámites de créditos de pagos no aplicados a otros RUC, los cuales fueron analizados en una auditoría interna realizada por la DGI, cuyos resultados se presentaron el 9 de octubre de 2025. Silvestre, Rodríguez, Castillo, De León, Chong, Herrera y Sánchez Pinto también figuran entre quienes realizaron los trámites clasificados como “anulaciones”. La auditoría interna inició con los ajustes aplicados en concepto de retención de Impuesto de Transferencia Bienes Corporales Muebles e Inmuebles (ITBMS) en concepto de compensación-cesión, a favor del contribuyente Bac International Bank (Panamá), Inc., que comprende desde el año 2022 hasta el 19 de mayo de 2025. El banco respondió a La Prensa que coopera con las investigaciones y admitió que adquirió los créditos fiscales, actuando de buena fe. Bonay y canastas Pronto, la auditoría se extendió a otras sociedades. La metodología utilizada abarcó el uso del e-Tax 2.0, el sistema utilizado para administrar los tributos de cada uno de los contribuyentes de impuestos. El informe de auditoría fechado el 9 de octubre fue elaborado por Malena Magallón y Lisabell Guerra, supervisora y jefa, respectivamente, de la Sección de Agentes de Retención del Departamento de Recaudación de la DGI. Ese mismo día, Guerra remitió un memorando a Amado Barahona, jefe del Departamento de Fiscalización Tributaria de la DGI, en el que pone la lupa sobre las sociedades Bonay International Holding, S.A. y Bonay International Investments Inc., que están relacionadas a las cesiones de crédito donde el beneficiario final es BAC International Bank. Bonay International Holding y Bonay Investments Inc. eran las titulares de las cuentas canasta utilizadas por la red para depositar el dinero sustraído ilegalmente. Bonay International Holding es una sociedad inscrita el 20 de junio de 2011 y tiene como sus directivos y dignatarios a Cira Elizabeth Marín (presidenta), Abraham Ferro Montilla (tesorero), Kelving Alexis Ríos Montilla (secretario) y Ana Chiquinquirá Mejías Puentes (subtesorera). La mayoría de estos nombres se repite en la otra sociedad: Cira Marín, presidenta; Kelving Ríos, secretario, y Abraham Ferro, director. Las dos sociedades tienen el mismo agente residente: Apriori Abogados y Asesores, una firma creada en 2021 que tiene como socios a Jercovick Joyner y Madelaine Idalis Rojas De León. Cira Marín y Jercovick Joyner también han sido imputados. Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Los médicos residentes e internos de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (Minsa) mantendrán la jornada escalonada de medidas de presión hasta que las autoridades les entreguen, por escrito y con una fecha definida, el compromiso de pago de todas las prestaciones laborales que, según aseguran, siguen pendientes. Así lo confirmó el presidente de la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos de Panamá (Fenameri), Nicolás García, quien afirmó que el gremio no levantará las acciones mientras no exista un documento formal que garantice el pago de los turnos extraordinarios, los bonos de productividad, los cambios de categoría, las quincenas pendientes y los retroactivos. “No estamos exigiendo nada que no hayamos trabajado”, expresó García. El dirigente señaló que el comunicado emitido por la CSS únicamente contempla pagos correspondientes a obligaciones de 2022, 2023, 2024 y 2025, y que durante más de la mitad de 2026 no se ha pagado ningún turno extraordinario. La decisión de mantener las medidas de presión surge luego de que la CSS anunciara que, a partir de ayer y durante los próximos días, desembolsará $1,264,830 en concepto de turnos extraordinarios y bonos adeudados a médicos internos y residentes. De acuerdo con la CSS, los pagos que comenzarán a ejecutarse corresponden a obligaciones de los años 2022, 2023, 2024 y 2025, algunas de las cuales se originaron antes de la actual administración y permanecían pendientes debido a la falta de documentación, la entrega tardía de expedientes o la ausencia de validaciones necesarias para completar los trámites. La institución inforMédicos internos y residentes mantienen piquetes; CSS y Minsa anuncian pagos SECTOR SALUD mó que, además de estos desembolsos, ya pagó $1,661,930.66 por turnos correspondientes a 2024 y 2025, así como salarios de vigencias expiradas. También indicó que ha completado más del 80% de las actualizaciones de categoría y ha pagado los retroactivos correspondientes. Para atender los casos pendientes, la CSS conformó una comisión que revisó los expedientes de forma individual para determinar los montos adeudados. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que el próximo 15 de agosto se realizará el pago de las sumas adeudadas a los médicos internos de los hospitales bajo su paraguas, incluidos los sobresueldos del 40% correspondientes a quienes laboran en áreas de difícil acceso. Agregó que las bonificaciones pendientes serán canceladas en septiembre. El titular de Salud explicó que estas obligaciones corresponden a deudas acumuladas de administraciones anteriores y que el Minsa desarrolla un plan para atenderlas de manera progresiva.Asimismo, indicó que se mantiene una mesa técnica para revisar, caso por caso, los turnos pendientes de pago y conciliar la información con los gremios médicos, con el objetivo de agilizar la resolución de estos casos. Aleida Samaniego C. [email protected] Médicos residentes e internos protestando a las afueras de la CSS. Cortesía
3A La Prensa Panamá, miércoles 15 de julio de 2026 Panorama Declaran confidenciales ocho compras millonarias de seguridad Eliana Morales Gil [email protected] OPACIDAD ESTATAL En dos paquetes de resoluciones, el Consejo de Gabinete declaró confidenciales los pliegos de ocho contrataciones, entre ellas las ‘bodycams’, la modernización del CON-C5 y nuevas sedes policiales. Las resoluciones de Gabinete 46, 47, 48 y 49, del 9 de junio, y las 56, 57, 58 y 59, del 7 de julio, incorporan una cláusula que autoriza procesos de precalificación de proponentes y declara confidenciales los pliegos de cargos, es decir, el documento que establece qué comprará el Estado, las especificaciones técnicas, las cantidades requeridas, los criterios para seleccionar al ganador del contrato y el precio de referencia. El primer paquete, publicado en la Gaceta Oficial 30546-B del 15 de junio, cubre el equipamiento de protección personal de los policías, los insumos del servicio operativo de las fuerzas especiales, incluidas municiones y agentes químicos, los equipos y herramientas de los agentes especializados y la construcción de la nueva sede del Servicio Nacional de Migración en Curundú, cuya primera fase ya tiene un crédito aprobado de $8 millones. El segundo paquete, publicado el lunes en la Gaceta Oficial 30566, amplía el alcance de la reserva. Incluye la demolición y construcción del nuevo cuartel de la 6.ª Zona Policial de Herrera, la compra de cámaras corporales (bodycams), el sistema con el que Migración imprimirá los carnés de residencia para extranjeros y la modernización con inteligencia artificial del Centro de Operación Nacional (CON-C5), plataforma nacional de videovigilancia. Un círculo cerrado De acuerdo con los documentos, la reserva funciona así: solo las empresas que superen la precalificación y firmen un acuerdo de confidencialidad recibirán un código de acceso a los pliegos en el sistema PanamaCompra. Para el resto del país, las ocho compras serán una caja cerrada. El nombre del contratista terminará conociéndose al concluir el proceso, pero será una transparencia a medias: se sabrá quién ganó, sin poder verificar frente a quiénes compitió, en qué condiciones ni por qué fue elegido. En PanamaCompra, la Dirección General de Contrataciones Públicas ya habilitó carpetas para los ocho procesos bajo una misma etiqueta: “Seguridad Pública art.39 num.13 del Texto Único”. Sin embargo, solo los avisos de convocatoria pueden leerse. Los pliegos, las actas de apertura, los informes de la comisión verificadora y hasta las propuestas recibidas están cifrados con contraseña. Sin información clave Ninguna de las ocho resoluciones contiene los precios de referencia de las contrataciones ni el monto estimado que el Estado prevé destinar a cada una. Y no se trata de compras menores, pues el mecanismo de precalificación solo puede utilizarse por ley en proyectos de alta cuantía y complejidad, uno de los fundamentos que las resoluciones invocan para justificar este procedimiento. De hecho, en su sesión del pasado 7 de julio, el Consejo de Gabinete aprobó, mediante la Resolución 7226, un crédito adicional de $5.9 millones para el soporte y mantenimiento de la infraestructura del CON-C5, la misma plataforma cuya modernización se contratará bajo reserva. El argumento legal El Ejecutivo se ampara en el numeral 13 del artículo 39 de la Ley 22 de 2006, que permite pliegos confidenciales en “adquisiciones sensitivas” relacionadas con la seguridad y defensa del Estado, previa autorización del Gabinete. Las resoluciones dicen, entre otras cosas, que una publicación abierta al público expone información sensitiva sobre el tipo, nivel y capacidad de los insumos que utiliza la Policía Nacional, lo que puede ser aprovechado por el crimen organizado para anticipar sus capacidades, adaptar sus técnicas y operar con ventaja sobre las fuerzas del orden. La reserva, sin embargo, no se limita a equipos o tecnologías cuya divulgación podría comprometer capacidades operativas. Como ya se informó en los párrafos anteriores, la reserva también alcanza la construcción de un cuartel policial, la nueva sede del Servicio Nacional de Migración, el sistema que emitirá documentos migratorios durante cinco años y las cámaras corporales para la Policía Nacional, proyectos que, en una contratación pública ordinaria, suelen licitarse con pliegos de cargos abiertos al escrutinio ciudadano. En el último caso, la confidencialidad incluso contrasta con el propósito de la Ley 466 de 2025, que hizo obligatorio el uso de las cámaras corporales como una herramienta para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la actuación policial. Aunque la legislación permite mantener bajo reserva información cuya divulgación pueda afectar la seguridad del Estado, las resoluciones también restringen el acceso a datos que habitualmente forman parte del escrutinio de las contrataciones públicas, como el monto estimado de cada compra, las especificaciones técnicas, los criterios para seleccionar al ganador del contrato y las condiciones de adjudicación. La reserva limita la posibilidad de que ciudadanos, especialistas o empresas excluidas evalúen el desarrollo de los procesos antes de la adjudicación. En Panamá, varios de los principales casos de corrupción han estado vinculados a contrataciones públicas cuestionadas por la falta de transparencia. El amigo Fallabella Millonarias compras del Ministerio de Seguridad ya han sido duramente criticadas. Contratos adjudicados durante la actual administración han beneficiado a empresas vinculadas a Félix Fallabella Napolitano, un empresario considerado cercano al presidente Mulino. En octubre pasado, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, bajo el mando de Frank Ábrego, canceló una licitación abierta para comprar uniformes y botas para la Policía Nacional y la sustituyó por un procedimiento especial de adquisición por emergencia. La convocatoria se publicó un lunes al mediodía y, cuatro horas después, sin competencia, una comisión ya había acordado adjudicar el contrato por $6.9 millones a Max Gear, Inc., empresa vinculada a Fallabella. La misma compañía acumuló más de $60 millones en contratos de uniformes con el Ministerio de Seguridad durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014). El diputado Jhonathan Vega calificó aquella adjudicación de un “gol olímpico” y advirtió que el país “no ha superado la mala práctica de las licitaciones brujas”, a las que describió como procesos rápidos, multimillonarios y hechos a la medida de amigos y allegados del poder. Fallabella ha sido fotografiado en actos públicos junto al presidente Mulino, al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández. Cuando lo mejor es no ‘ser parte’ Mulino deleitaba con manjares a los que acusó de conductas delictivas, como a los diputados del PRD Benicio Robinson y Raúl Pineda? ¿Quién querría salir en la foto en la que el ministro Felipe Chapman se codeaba con la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañeda, abogada y amiga del expresidente Ricardo Martinelli, al que señaló de mitómano y de hacerle daño al gobierno? ¿Quién querría verle la cara al experto en matraqueo político, Popi Varela, que escuchaba atento las instrucciones del mandatario que insulta diariamente a su hermano? Pero las malas compañías no son la única razón para agradecer no haber estado allí. También lo son, la naturaleza opaca y excluyente de la reunión y el talante autoritario de su anfitrión. Y es que la forma en que el presidente desestimó a las bancadas de Vamos y Seguimos es apenas el último episodio de una larga serie de insultos y descalificaciones contra todo el que se le opone, disiente o no aplaude la gestión de su gobierno. En su afán por jactarse de la hazaña politiquera que le dio el control de la Asamblea, el presidente no se percató que sus palabras ponen entre los que “no son parte” a la mayoría de ciudadanos. Son aquellos que están cansados de que los problemas que los aquejan sigan sin resolverse mientras los fondos públicos se derrochan en viajes, comilonas, contratos a dedo y otros privilegios entre “amiguetes”. Mulino llegó al poder con el 34% de los votos, pero su obligación constitucional es gobernar para el 100% de los panameños. El mandatario se olvida que el país es mucho más grande que su afán por mostrar que controla aquello que en toda democracia debería actuar como su contrapeso: la Asamblea. Me pregunto si los médicos residentes a los que no les han pagado, los azuerenses que tienen más de un año esperando agua potable, los familiares de las víctimas inocentes de la ola de violencia en la que supuestamente sólo “se matan entre ellos”, los que esperan meses por una cita con un especialista, los que hacen fila de madrugada en las ferias del IMA; si todos esos panameños: ¿Se sienten incluidos en esos banquetes de caciques políticos que siguen tomando las decisiones en nombre de todos? Por supuesto que no. Basta con observar las encuestas —las publicadas y las que no— para comprobar que el menguante capital político del presidente es hoy incluso menor que el que lo llevó a la Presidencia. Y con declaraciones como esas no hace más que esquinarse aún más en su círculo cero. Los diputados excluidos por Mulino tienen la gran oportunidad de erigirse en voceros de los que viven fuera de esas burbujas de poder. Su mayor activo no consiste en conseguir la presidencia de una comisión, un nombramiento para un pariente o una silla en la mesa donde se reparten cuotas y cargos, sino en ser portavoces de la inmensa cantidad de demandas ciudadanas que este gobierno sigue sin atender. Esto no significa que todos los diputados que llegaron a su curul por la libre postulación tomen esa oportunidad. Ahí estaba, en el mismo almuerzo de los que “son parte”, el tránsfuga Manuel Chen, como recordatorio de que el ejercicio de un liderazgo de oposición ético es también una decisión individual. Y ahora que se van cayendo las máscaras es cuando realmente sabremos quiénes llegaron a cumplir la promesa de servir a su país. Por eso, los grandes perdedores de esta historia no fueron quienes quedaron por fuera de la comilona. Fue el anfitrión que terminó lesionando aún más su imagen y reduciendo el país al tamaño de la vieja politiquería con la que decidió celebrar. Quizás los mayores beneficiarios de la comilona en el Palacio de las Garzas fueron precisamente quienes no recibieron invitación. Aquellos a los que el presidente Mulino creyó estar insultando al decir: “Yo no los invité… ellos no son parte… De allí no sale nada bueno”. Y basta con mirar a quiénes sí son parte para entender por qué. ¿Quién querría ser parte de un almuerzo en el que Foto de archivo en la que se aprecian a fuerzas especiales de control de multitudes durante los enfrentamientos de 2025 en Bocas del Toro. EFE Datos de interés Algunos aspectos del proceso de contratación Resoluciones. Son ocho las resoluciones emitidas en 28 días para compras de equipos de seguridad y demolición y construcción de un cuartel. Montos. Ninguna de las resoluciones detalla los montos de las contrataciones o precios de referencia. Fundamento legal. Numeral 13 del artículo 39 de la Ley 6 de 2006, que permite pliegos confidenciales en “adquisiciones sensitivas”.
4A La Prensa Panamá, miércoles 15 de julio de 2026 Panorama RETÉN. El diputado Isaac Mosquera, quien estuvo investigado y detenido por casos relacionados con tráfico de drogas y blanqueo de capitales, presentó un anteproyecto de ley “de segunda oportunidad y derecho al olvido penal”, que busca “regular” la cancelación de antecedentes y registros judiciales. Después se molestan cuando les dicen que la Asamblea está controlada por la delincuencia organizada. UBICADOS. Hoy vence el plazo para que tres diputados (Neftalí Zamora, Carlos Saldaña y Manuel Samaniego) se adhieran a alguna de las bancadas ya existentes. Cuando esto se produzca, se conocerá la cantidad exacta de integrantes de cada bancada y, a partir de ahí, se asignarán los puestos en las comisiones. Habrá que esperar para conocer cuál será la nueva excusa para no ponerse a trabajar de una vez. Ya la Asamblea parece la casa de Walt Disney: siempre hay un cuento, pero sin princesas. BIENVENIDO. Si Neftalí Zamora se une a Seguimos, esa bancada -que no existía hace un año- tendría ya cinco miembros. A ese ritmo, en 2029 podrían tener el mismo tamaño que el CD y el Panameñista. SU EXCELENCIA. A su llegada a México, el presidente Mulino fue recibido en la pista por el exdiputado y actual embajador Abraham Martínez. En 2011, una investigación de La Prensa reveló que Martínez compró cuatro apartamentos en Condado del Rey sin financiamiento bancario. Pero, como Mulino se cree el río Jordán, a cualquiera de los que están cerca de él se le desaparecen los pecados. Y, si no, siempre queda la puerta giratoria. CAFETÍN. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, realizó una visita de cortesía a la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas. Para momentos así es que se gastaron $750 en la compra de bolsas de café geisha. La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, en la sesión de ayer. Gabriel Rodríguez Reformas al reglamento interno: proponen eliminar voto secreto José González Pinilla [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Diputados de distintas bancadas presentaron propuestas al proyecto de ley que se discute en segundo debate, para que todas las votaciones en el pleno y en las comisiones sean públicas. La eliminación del voto secreto en la Asamblea Nacional se convirtió ayer en uno de los principales temas de discusión del proyecto de ley 594, que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI). Diputados de distintas bancadas presentaron propuestas para que todas las votaciones en el pleno y en las comisiones sean públicas y queden registradas en el sitio web del Legislativo, con el argumento de fortalecer la rendición de cuentas. El diputado Augusto Palacios, de la coalición Vamos, durante su intervención en el debate defendió la eliminación del voto secreto al sostener que la Asamblea debe funcionar “de puertas abiertas”. “Aquí no debe existir ningún voto secreto. El ciudadano tiene que saber todo lo que hacemos”, dijo. Añadió que el electorado tiene derecho a conocer cómo vota cada diputado y las razones de su decisión. “Cada diputado debe tener la valentía de decirle al país cómo vota y por qué lo hace”, expresó al presentar una modificación para prohibir totalmente las votaciones secretas tanto en el pleno como en las comisiones. En la misma línea, el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA), propuso incorporar un artículo que establezca que las votaciones en las comisiones, subcomisiones y el pleno sean siempre públicas y que el sentido del voto de cada diputado sea divulgado en la página web de la Asamblea. Voto censura y renuncia de ministros Pérez Barboni también presentó una propuesta para fortalecer los efectos del voto de censura contra ministros de Estado. La iniciativa plantea que, una vez el pleno apruebe una censura, el ministro esté obligado a presentar su renuncia y que el presidente de la República disponga de un plazo máximo de 10 días para designar a su reemplazo. Además, establece que el funcionario censurado no podrá volver a ocupar un ministerio ni dirigir una entidad del gobierno central o descentralizado durante el resto del período constitucional. Actualmente, la Constitución reconoce la figura del voto de censura, pero no obliga al mandatario a destituir al ministro que fue censurado. Sobre este mismo tema, el diputado Eduardo Gaitán, de Vamos, propuso incorporar mecanismos coercitivos para garantizar que los funcionarios comparezcan ante la Asamblea cuando sean citados. Señaló que el reglamento debe contemplar sanciones para quienes incumplan estas obligaciones e incluso sugirió la suspensión del salario de los funcionarios que, tras recibir un voto de censura, se nieguen a acudir al pleno. “Toda norma tiene que tener una sanción. Debemos garantizar que los funcionarios vengan a la Asamblea a rendir cuentas”, manifestó. Responsabilidad civil para el diputado Entre las modificaciones presentadas durante la sesión también figura una iniciativa de Pérez Barboni para limitar la inmunidad parlamentaria. Aunque mantiene el principio de irresponsabilidad jurídica de los diputados por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones, propone que durante la formación de las leyes respondan civilmente cuando sus expresiones sean “evidentemente ofensivas y calumniosas”. El reglamento vigente establece que los diputados no son legalmente responsables por las opiniones que emitan en el desempeño de su cargo. Por su parte, la diputada Yarelis Rodríguez, de la bancada Vamos, presentó una reforma para endurecer los requisitos de quienes aspiren a ocupar los cargos de secretario general y subsecretario general de la Asamblea. La propuesta exige ser panameño, tener al menos 25 años, no haber sido condenado por delitos penales o contra la administración pública, además de poseer título universitario y experiencia profesional en áreas como Derecho, Administración Pública, Administración de Empresas, Gerencia o disciplinas afines. En la actualidad, el reglamento únicamente exige que el aspirante sea “idóneo para el cargo”. El puesto de secretario general, actualmente ocupado por Carlos Alvarado —hijo del exlegislador Carlos Titi Alvarado (q.e.p.d)—, ha sido tradicionalmente de designación política. El pleno legislativo cumplió ayer su quinto día consecutivo de debate del proyecto y aún mantiene una lista de más de una decena de diputados pendientes de intervenir.Mientras,continúan presentándose modificaciones al texto. Según Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas, ya existen unas 80 propuestas. Juan Manuel Díaz [email protected] Ricardo Martinelli en el juicio por el caso Odebrecht. Archivo Martinelli sufre un nuevo revés: la Corte no le admite amparo en caso Odebrecht PLENO DE LA CORTE La Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) contra la decisión del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales que permitió la programación del juicio sin la presencia de una serie de testigos brasileños. En esa ocasión, la juez Baloisa Marquínez estimó que si la defensa requería su presencia en el juicio, debió citarlos y hacer efectiva su presencia en dicho acto. Con la ponencia del magistrado Carlos Vásquez, el Pleno de la Corte confirmó una decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia que mantuvo la decisión adoptada en primera instancia por la juez Baloisa Marquínez. La defensa de Martinelli pretendía contrainterrogar a dichos testigos, algunos de ellos exdirectivos de Odebrecht que aparecen en el expediente y que dieron testimonio, pero que no comparecieron al juicio a pesar de haber sido solicitados por el Ministerio Público a través de una asistencia judicial. Los abogados de Martinelli alegan que en este caso era necesario repreguntar a esos exdirectivos de Odebrecht con relación a una serie de declaraciones vertidas en el expediente y en las cuales se hacen señalamientos contra su cliente y otros imputados. La juez Marquínez realizó el juicio sin la comparecencia de estos testigos y durante su desarrollo varios abogados defensores insistieron en la necesidad de la presencia de estas personas para tomarles declaración. El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales está elaborando la sentencia del caso Odebrecht, cuyo juicio a 21 personas comenzó el 12 de enero de 2026 y concluyó el 27 de febrero. El juicio estuvo marcado por la ausencia de algunos testigos solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, como es el caso de los exdirectivos de la constructora Odebrecht Olivio Rodríguez, André Rabello, Luis Antonio Mameri, Marco de Queiroz Grillo y Ángela Palmeira Ferreira. La fiscalía tampoco pudo contar con el testimonio de Olmedo Méndez Tribaldos, quien alcanzó un acuerdo de colaboración y pena antes de la celebración del juicio y se había comprometido a someterse al interrogatorio sobre lo declarado ante el Ministerio Público. Durante el juicio, la fiscal Anticorrupción Ruth Morcillo presentó una serie de asistencias judiciales procedentes de Suiza, Estados Unidos y Andorra en las que se consignaban múltiples transacciones entre sociedades ligadas a Odebrecht y varios de los imputados en esa causa. Tras la conclusión de sus alegatos, la fiscal Morcillo también solicitó a la juez Marquínez rechazar una serie de incidentes de nulidad presentados por abogados defensores, quienes alegaron que este caso debía ser nulo por considerar que la juez no era la competente para conocer ese proceso y que había doble juzgamiento en el caso de otros imputados. TÓXICO. En diciembre pasado, el Ejecutivo estaba en un pleito con la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, por el manejo de la basura. Pero el problema persiste: ya están las retroexcavadoras, los pataconsitos, los gusanos, la gente que recoge basura en otro lado, pero la tira en el distrito… ¿Cuál era el apuro? Parece que no era solucionar el problema, sino quitarle atribuciones a la alcaldía, a costa de los habitantes. Tal Cual Mónica Palm [email protected]
5A La Prensa Panamá, miércoles 15 de julio de 2026 Panorama Mulino llega a México para reunirse con Sheinbaum El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó ayer a Ciudad de México para iniciar una visita oficial en la que sostendrá una reunión con la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de abordar asuntos como comercio, inversiones, integración regional y cooperación. A su llegada, el mandatario panameño fue recibido por Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores; Raquel Serur, subsecretaria para América Latina y el Caribe; y Carlos Imanol Belausteguigoitia, director general para Centroamérica y el Caribe. Según la agenda oficial, ambos gobernantes también tratarán temas relacionados con la cooperación científica y tecnológica, además de asuntos multilaterales. Durante la visita, Mulino promoverá la participación de México en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, cuya próxima edición tendrá como sede a Panamá. Asimismo, está previsto que el presidente panameño sostenga un encuentro con representantes de 23 empresas mexicanas interesadas en ampliar sus inversiones o establecer operaciones en Panamá, aprovechando las ventajas logísticas y de servicios del país. También se contempla la firma de nuevos acuerdos bilaterales y el análisis de la posible adhesión de Panamá a un acuerdo aeroespacial para América Latina y el Caribe. Mulino viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen; el canciller Javier Martínez Acha; los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario; José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal; y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler. Con esta gira a México, el mandatario suma 26 viajes oficiales al exterior desde que asumió la Presidencia el 1 de julio de 2024. VIAJE OFICIAL Yasser Yánez García [email protected] José Raúl Mulino junto a la primera dama, Maricel Cohen. Cortesía Una empresa presenta oferta para decorar la capital La licitación para el alumbrado navideño de la ciudad de Panamá avanzó con la presentación de una propuesta por parte de DisaroALUMBRADO NAVIDEÑO Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ca Group, S.A., que ofertó $3.2 millones para ejecutar el proyecto de decoración que la Alcaldía de Panamá prevé instalar durante las festividades de fin de año. La oferta fue ligeramente inferior al precio de referencia de $3.3 millones y mantiene una cifra similar a la del proceso realizado el año pasado, cuando la empresa también fue seleccionada para el alumbrado navideño de 2025 por cerca de $3 millones. De resultar adjudicada, Disaroca Group, S.A. deberá suministrar, instalar, operar, mantener y desmontar los elementos decorativos y lumínicos en 35 espacios públicos del distrito de Panamá. El proyecto incluye alquiler de equipos, transporte, montaje, conexiones eléctricas y mantenimiento durante su funcionamiento. El cronograma establece el inicio del montaje en octubre de 2026, la prueba final del sistema completo está programada para el 25 de noviembre , el encendido oficial el 29 de noviembre y el desmontaje a partir del 31 de enero de 2027. El contrato contempla trabajos de mantenimiento de la iluminación LED entre febrero y diciembre de 2027 en las áreas de palmeras ubicadas en la cinta costera y la cinta norteña, así como en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos. Entre los sitios contemplados figuran la cinta costera 1 y 2; la Plaza Herrera, en San Felipe; Calle Uruguay, en Bella Vista y el parque Eduardo Vallarino, en Betania.
6A La Prensa Panamá, miércoles 15 de julio de 2026 Panorama El monto total actualizado del contrato asciende a $705,879,670.59, e incluye los costos asociados a la ejecución de las obras, financiamiento e Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (Itbms). Cortesía El Estado terminará de pagar el nuevo hospital del Niño en 2033 Yartiza Mojica [email protected] INFRAESTRUCTURA El Ministerio de Salud firmó la octava adenda del proyecto de construcción, la cual fue refrendada por la Contraloría el 1 de julio. En ocho años el Estado deberá pagar $537.9 millones. El Estado deberá desembolsar unos $537.9 millones entre 2026 y 2033 para completar el pago por el nuevo Hospital del Niño, según la adenda No.8 del contrato entre el Ministerio de Salud (Minsa) y el Consorcio Acciona Construcción, S.A., refrendada por la Contraloría General de la República el pasado 1 de julio. El monto total actualizado del contrato asciende a $705,879,670.59, e incluye los costos asociados a la ejecución de las obras, financiamiento e Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (Itbms). Además, contempla la construcción, equipamiento y mantenimiento del nuevo Hospital del Niño, la maternidad del Hospital Santo Tomás y la restauración de los jardines de “La Abeja”. Cuando se firmó el contrato en 2020, el costo de la obra era de $614.1 millones, sin embargo, en las adendas No.5 y No.6 se registraron incrementos en los costos, que llevaron el monto hasta los $705.8 millones. La adenda No.7 extendió el plazo de ejecución del contrato, quedando en 3,497 días, y la No.8 estableció el cronograma de pago. Desde 2021 hasta la vigencia fiscal 2025, el Minsa ha pagado al Consorcio Acciona Construcción, S.A., un total de $167.9 millones, según lo consigna el documento publicado en Panamá Compra. El cronograma de pagos anuales al consorcio español, establecido en la Adenda No.8, iniciará el 30 de septiembre de 2026, con un primer desembolso de $60.2 millones. A partir de 2027 y hasta 2033, se realizarán el 31 de mayo de cada año, desglosados así: 31 de mayo de 2027, $74.5 millones;2028, $29.1 millones; 2029, $60.3 millones; 2030, $71.5 millones; 2031, $70 millones; 2032, $100 millones; y el último desembolso será de $72 millones. En total, durante los ocho años fiscales, el Estado deberá pagar $537.9 millones. El acuerdo establece que el Gobierno deberá garantizar la disponibilidad de los recursos presupuestarios necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales hasta el año 2033. Desglose del contrato El proyecto de construcción, específicamente la torre del Hospital del Niño (fase 1), reportaba un avance de obra de 55.17% hasta el primer cuatrimestre de este año. Una vez culminada esta etapa, se procederá con el traslado de pacientes y la posterior demolición del edificio actual, para dar paso a la construcción de la torre de estacionamientos, informó la entidad. El nuevo Hospital del Niño contará con 23 niveles, que abarcarán un área cerrada de 89,518.50 metros cuadrados. La infraestructura incluirá 463 camas de hospitalización, 116 consultorios para diversas especialidades y 17 quirófanos para cirugías ambulatorias y procedimientos de angiografía. Además, contempla áreas especializadas para neonatología, cuidados intensivos, quemados, hematoncológica y residencias médicas. El alcance integral del proyecto también incluye la maternidad del Hospital Santo Tomás, áreas anexas y la restauración de los jardines históricos del complejo hospitalario. El desglose del contrato global establece que la inversión estará distribuida de la siguiente manera: $522.3 millones corresponden al costo de la obra; $128.4 millones al financiamiento; $8.8 millones al mantenimiento; y $46.1 millones al ITBMS aplicado a los componentes de obra, financiamiento y mantenimiento. La modificación contractual también contempla anexos técnicos con el detalle de los insumos y equipos médicos requeridos para garantizar el funcionamiento de las instalaciones hospitalarias. Asimismo, incluye el reconocimiento de gastos asociados al alquiler de estacionamientos externos utilizados durante el desarrollo de la obra.Según el documento, la construcción ocupó espacios que anteriormente eran utilizados como estacionamientos por el personal del Hospital Santo Tomás, por lo que el contratista asumió pagos mensuales de $1,875.00 a la empresa Estacionamientos Unidos, S.A. El reembolso corresponde a un período de 36 meses, comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2024, por un monto total de $67,500.00 más Itbms. El Minsa reconoce este gasto como necesario para la liberación del terreno y el inicio de los trabajos. La torre principal estará lista para 2027 La adenda No.8 mantiene un plazo total de ejecución de 3,497 días calendario, contados desde la orden de proceder, emitida en marzo de 2020. La primera entrega, de acuerdo con el cronograma técnico, corresponderá a la torre principal del hospital y está programada para diciembre de 2027.La última adenda no establece una fecha específica de inauguración del proyecto completo, sino que detalla el cronograma de pagos y las obligaciones contractuales. La adenda No.8 fue firmada el pasado 24 de marzo por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y el representante de Acciona Construcción, S.A., Javier Alfredo Parra y el refrendo de la Contraloría General de la República tuvo lugar el 1 de julio de 2026. Aleida Samaniego C. [email protected] Campus central Víctor Levi Sasso, ubicado entre las avenidas Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) y Centenario. Archivo UTP adjudica por $28 millones construcción de dormitorios ACTO PÚBLICO La empresa Centroequipos, S.A., se adjudicó la construcción de los nuevos dormitorios para estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), un proyecto que tendrá una inversión de aproximadamente $28 millones. La adjudicación corresponde a una propuesta de $24.5 millones para el diseño, construcción y equipamiento de los apartamentos, además de $1.7 millones para el mantenimiento de los terrenos. Al monto se suman los impuestos establecidos en la contratación. En el acto público participaron siete empresas; sin embargo, solo la propuesta presentada por el consorcio conformado por Centroequipos cumplió con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y fue evaluada por la comisión verificadora. La oferta obtuvo un puntaje de 96.5. El resultado de la licitación se conoció luego de dos reclamos presentados y la elaboración de tres informes por parte de la comisión encargada de revisar las propuestas. El proyecto contempla la construcción de dos torres de ocho pisos en el campus central Víctor Levi Sasso de la UTP, ubicado entre las avenidas Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) y Centenario. Una torre estará destinada a estudiantes hombres y la otra a mujeres. Los dormitorios tendrán capacidad para 266 estudiantes, principalmente de ingresos limitados, y contarán con áreas como lavandería, comedor, salas de estudio, sala de cómputo, gimnasio y espacios de entretenimiento, en una superficie cercana a una hectárea. La fase I del proyecto, que incluye diseño, construcción y equipamiento, tendrá un plazo de ejecución de 540 días calendario a partir de la orden de proceder. Posteriormente, se contempla una fase II de tres años para el mantenimiento de los sistemas instalados. Los fondos destinados a esta obra provienen del presupuesto que originalmente estaba previsto para la construcción de la Ciudad Universitaria, que no se concretó. El Gobierno decidió redirigir esos recursos hacia la construcción de dormitorios en la UTP, tanto en su sede central como en sus centros regionales, luego de no lograr un acuerdo con la Universidad de Panamá (UP) sobre el uso de sus terrenos. La UP rechazó la posibilidad de ceder su campus central Octavio Méndez Pereira y, en marzo de 2025, el Consejo General Universitario aprobó declararlo patrimonio inalienable e intransferible. En los centros regionales de la UTP, el proyecto ya fue adjudicado en Bocas del Toro a la empresa Constructora Con Futuro, S.A., por $1.3 millones. Para las demás sedes regionales aún no se han convocado los procesos de licitación. Juan Manuel Díaz [email protected] Momento en que Genaro López es llevado a la audiencia. Elysée Fernández Genaro López y Marco Andrade seguirán con medidas cautelares por caso Conusi FONDOS DEL MITRADEL El Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo las medidas de notificación periódica para el dirigente sindical Genaro López y de retención domiciliaria para Marco Andrade, dentro de la investigación que se les adelanta por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y peculado, relacionados con fondos entregados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) a la Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi) para capacitación laboral. En una audiencia, los magistrados decidieron mantener las medidas cautelares impuestas el pasado 27 de junio por el juez de garantías Fermín Bonilla, al considerar que eran adecuadas y conducentes para esta etapa del proceso. López y Andrade también tienen prohibido acercarse a las instalaciones del Mitradel y de Conusi, con el objetivo de evitar una posible destrucción de pruebas o afectación a testigos. López está imputado por la presunta comisión del delito de peculado doloso, mientras que a Andrade se le formularon cargos por blanqueo de capitales y peculado por extensión. Durante la audiencia, el fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez insistió en que entre 2019 y 2025 se registraron presuntos manejos irregulares de los recursos asignados a esa organización para la formación laboral de trabajadores; y que una auditoría realizada por la Contraloría determinó una lesión patrimonial por $760 mil 951 en los fondos entregados a Conusi para estos programas. Javier Quintero, abogado defensor de López, afirmó que su cliente no incurrió en ninguna actividad ilícita, y que la Fiscalía incurrió en un error al establecer el tipo penal. Infografía: La Prensa-Fuente: Adenda N°8, Panamá Compra Cronograma de pagos del Minsa al Consorcio Acciona Construcciones, S.A. 2026 60,234,281.49 2027 74,583,281.60 2028 29,145,645.11 2029 60,359,116.08 2030 71,599,041.80 2031 70,000,000.00 2032 100,000,000.00 2033 72,035,156.22 TOTAL: 537,956,522.30 AÑO MONTO EN DÓLARES
7A La Prensa Panamá, miércoles 15 de julio de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. gico entre dos mares. Antes de que el Canal consagrara nuestra vocación geográfica, el ferrocarril ya la había anunciado. La Estación del Ferrocarril de Balboa pertenece a esa narrativa. Por sus espacios pasó una parte de la vida cotidiana, económica y social de una época. Allí se cruzaron historias individuales y colectivas: trabajadores, familias, viajeros, funcionarios y ciudadanos anónimos. Por eso duele que, una vez más, el patrimonio sea tratado como una incomodidad y no como una responsabilidad. Durante décadas, los gobiernos panameños han tenido una relación frágil, cuando no indiferente, con la preservación histórica. Hemos visto deteriorarse edificios valiosos, perderse archivos, transformarse barrios sin criterio patrimonial y desaparecer símbolos que pudieron convertirse en espacios de educación, cultura, turismo e identidad. Con demasiada frecuencia reaccionamos tarde, cuando la maquinaria ya está encendida y la memoria está a punto de convertirse en escombros. Pero el desarrollo no exige amnesia. Las ciudades que admiramos no son las que destruyen todo lo anterior para parecer modernas, sino las que saben integrar su pasado con inteligencia; conservan estaciones, mercados, plazas, teatros, escuelas y edificios públicos porque entienden que allí vive una parte de su alma colectiva. Modernizar no significa arrasar. Modernizar es saber elegir qué debe transformarse, qué debe adaptarse y qué debe preservarse, porque contiene un valor que no se puede reconstruir una vez perdido. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La OEA en tiempos de fragmentación de América Latina Cooperación ron compromisos como la Alianza para el Progreso, se adoptó en 1969 la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en 2001, la Carta Democrática Interamericana, que estableció el compromiso colectivo de los Estados de defender la democracia representativa. La OEA podrá haber enfrentado ciclos difíciles, pero sigue siendo la única organización vigente que puede cumplir un papel político a escala regional. Mucha gente critica cuánto más podría hacerse desde la Organización, pero, analizada en perspectiva, ahí está también su participación en la crisis centroamericana, que comenzó con los esfuerzos diplomáticos de Contadora y culminó con la estabilización de una región que vivía entre dictaduras y guerras internas. El fortalecimiento del multilateralismo también debe extenderse a la integración económica. La incorporación de Chile como miembro asociado del Mercosur fue paralela a negociaciones con otros socios comerciales importantes,comoCanadá,laUniónEuropea, Estados Unidos y numerosos países de Asia-Pacífico, entre ellos China, Japón y Corea del Sur. Esta estrategia permitió una expansión sin precedentes de las exportaciones chilenas. Panamá tiene una aproximación similar a la de Chile. Es una economía abierta que debe buscar mercados a partir del pragmatismoydelalegítimadefensadesusintereses exportadores. Por su posición geográfica y su Canal, tiene un espacio para que las economías del Mercosur vean en el país una nueva plataforma de valor para sus mercados y para generar sinergias hacia otros bloques comerciales. Pero siempre será necesario cuidar los equilibrios en materia arancelaria y tributaria, como ocurrió cuando Chile ingresó como miembro asociado del Mercosur y tuvo que armonizar esa decisión con los estándares exigidos por sus demás acuerdos comerciales. La recuperación del multilateralismo regional también resulta indispensable frente a la crisis venezolana. La OEA no solo puede cumplir un papel: debe hacerlo. Para empezar, Venezuela debería reincorporarse efectivamente a la Organización y, a partir de allí, debería proponerse un camino de democratización acorde con la Carta Democrática Interamericana. Es indispensable que existan nuevas elecciones en plazos claros y que la democracia vuelva a imperar, ya sea mediante una nueJosé Miguel Insulza ¿Qué clase de país construye el futuro destruyendo su memoria? Estación de Balboa Esa es la pregunta que deberíamos hacernos ante la posibilidad de perder la antigua Estación del Ferrocarril en Balboa: ¿qué clase de país queremos ser? ¿Uno que entiende el progreso como la capacidad de avanzar con inteligencia, integrando su historia a las nuevas necesidades urbanas? ¿O uno que, cada vez que mira hacia adelante, siente la tentación de borrar las huellas que explican de dónde viene y por qué es lo que es? No se trata solamente de un edificio. La antigua Estación del Ferrocarril de Balboa no es una estructura vieja que estorba en el camino de una obra moderna. Es una pieza de la memoria nacional. Es parte de una historia que antecede incluso al Canal y que colocó a Panamá en el centro del mundo mucho antes de que aprendiéramos a nombrarnos como un país de tránsito, de conexión y de encuentro. El Ferrocarril de Panamá fue una de las grandes hazañas del siglo XIX: una vía capaz de unir el Atlántico y el Pacífico a través de una estrecha franja de tierra. Un ferrocarril interoceánico, único por su significado histórico, que convirtió al Istmo en ruta indispensable para viajeros, comerciantes, trabajadores y naciones enteras que miraban a Panamá como paso estratéPanamá necesita infraestructura, sin duda, pero también necesita identidad. No podemos amar a Panamá si no conocemos de dónde venimos. No podemos pedirles a las nuevas generaciones que sientan pertenencia por un país que les borra sus referentes. No podemos defender nuestra soberanía cultural mientras permitimos que desaparezcan los símbolos que explican nuestra relación con el mundo, con el tránsito interoceánico y con la construcción del Panamá moderno. La antigua Estación del Ferrocarril de Balboa debe ser protegida, restaurada e integrada a la vida pública. Puede convertirse en un museo ferroviario, un centro de interpretación de la historia transístmica, un espacio cultural, un aula viva para estudiantes o un punto de encuentro ciudadano. Lo que no debe ser es otra víctima de la improvisación, la indiferencia o la falsa idea de que el progreso solo se mide en concreto nuevo. Salvar la Estación de Balboa no es un acto de nostalgia. Es una decisión de país. Es reconocer que la memoria también es infraestructura: sostiene identidad, educa, conecta generaciones y le da sentido al futuro. Porque una nación que destruye sus referentes para avanzar corre el riesgo de llegar más rápido, sí, pero sin saber quién es. Panamá merece construir futuro. Pero no a costa de destruir su memoria. Opinión LA AUTORA es especialista en comunicaciones para la sostenibilidad. EL AUTOR es exsecretario general de la OEA y excanciller de Chile. va Constitución o con la actual, si así se prefiere. La necesidad de fortalecer las instituciones multilaterales también alcanza a las Naciones Unidas. La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General fue presentada inicialmente por Brasil, Chile y México. Por una decisión de política interna, el actual Gobierno chileno decidió retirar su respaldo, mientras Brasil y México mantuvieron la nominación. Los países deben hacer política exterior mirando al Estado y no al ciclo político de turno. Las relaciones internacionales no deben conducirse mirando por el espejo retrovisor de la política interna. Bachelet tiene una posibilidad importante de ser elegida. Naciones Unidas no ha tenido un secretario general de América Latina desde hace más de medio siglo y nunca ha sido dirigida por una mujer. De allí el respaldo que su candidatura ha recibido en la región. Además, conoce profundamente la organización. Encabezó ONU Mujeres y posteriormente fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hoy se requiere una persona con capacidad y energía para actuar con mayor decisión frente a los numerosos conflictos que vive el mundo y para impulsar la Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General en 2015. Es necesario fortalecer el papel de Naciones Unidas en tareas como la eliminación de la pobreza, la protección del medio ambiente, el cuidado de los mares y muchos otros desafíos pendientes. Michelle Bachelet tiene las condiciones para dirigir ese esfuerzo y espero que su campaña por una nueva esperanza fructifique en los próximos meses. Panamá tiene una responsabilidad particular en este proceso. Como uno de losquincemiembrosdelConsejodeSeguridad de las Naciones Unidas, participa en el órgano encargado de recomendar a la Asamblea General el nombre de quien ocupará la Secretaría General. América Latina enfrenta problemas que ningún país puede resolver por sí solo. Recuperar la cooperación, fortalecer las instituciones regionales y actuar de manera coordinada no es una opción secundaria. Es una necesidad para que la región pueda enfrentar sus desafíos y recuperar capacidad de influencia en un mundo cada vez más complejo. Los problemas que hoy enfrenta la mayor parte de los países de América Latina tienen dimensiones que van más allá de lo nacional. Aunque cadapaísviveasumaneralasdificultades del proceso de globalización y las enormes transformaciones provocadas por una revolución tecnológica sin precedentes, se trata de procesos que exceden las fronteras nacionales. Las respuestas que exigen el menor crecimiento económico, la transformación del trabajo, el aumento de las desigualdades, la destrucción del medio ambiente y la expansióndelcrimenorganizadorequieren la acción de los Estados. Pero estos desafíos traspasan las fronteras y exigen una mejor coordinación entre los países, que el sistema multilateral debe ser capaz de proporcionar. América Latina ha creado en las últimas décadas numerosas agrupaciones, de contenidos políticos muy distintos, para enfrentar estos desafíos. Sin embargo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) es la única institución perdurable que ha existido de manera permanente en las Américas durante cerca de 80 años. Creada en 1948 sobre la base de la preexistente Unión Panamericana, no es una agrupación de países cuyos líderes se reúnen de vez en cuando para intentar coordinar sus acciones. Es una organización permanente, con estatutos, sede central y oficinasenlasAméricas,quehagenerado buena parte de los tratados, acuerdos y declaraciones que constituyen el marco jurídico interamericano. En el sistema interamericano también se han desarrollado instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que además actúa como oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. En el marco interamericano se impulsaMónica Alvarado Conducir: un acto de responsabilidad Seguridad vial Nuestras calles se han convertido en un escenario de emociones que a cualquier desprevenido sorprende, sobre todo porque en las últimas semanas, los chiricanos han sido testigos del significativo aumento de accidentes viales; específicamente, han sido 366 los casos, de los cuales 33 personas no regresarán a casa. Conducir no es una actividad menor, sino todo lo contrario: supone el poder de decidir sobre el propio destino y el de los demás cada vez que encendemos el motor de nuestros autos. En este sentido, el estricto cumplimiento de las normas de tránsito puede ser la diferencia entre un viaje tranquilo o una historia difícil de contar para quienes comparten el camino. Es increíble que, hasta cierto punto, hayamos normalizado algunas conductas inapropiadas y peligrosas: transitar con normalidad por los hombros de las carreteras, saltarse sin reparo la luz roja, no usar oportunamente las direcciones, giros prohibidos sin escrúpulos, uso descarado del celular y otras más... muchas más. A lo anterior se le suma el famoso “juega vivo” de algunos conductores con la intención de avivar las anécdotas para aquellos que les aplauden sus hazañas. ¡Absurdo! Algunos concordarán que aquellos que utilizan las carreteras como pista de carrera para rebasar a cuanto vehículo encuentran en su camina a alta velocidad, son emisarios de tragedias. Caso similar es el de quienes al volante nunca tienen prisa, pues al parecer solo tienen tres velocidades: lento, despacio y quieto. No obstante, no es un tema menor, pues en su letargo de conducción no calculan o consideran que el auto que se aproxima debe esperar o detenerse por ellos, y algunas veces no es así y todo termina mal. Otro grupo muy particular es el de los conductores que no ceden el paso a los vehículos de emergencia y creen tener derecho a seguir su marcha, ignorando la obligación de permitir el paso. ¡Inadaptado social! También están los que se detienen abruptamente o como tantos transportes públicos se estacionan en plena vía, aunque dispongan del espacio para estacionarse en la orilla de la calzada, pues aseguran que tienen “el tiempo justo”. Algo parecido a los motociclistas que rebasan entre autos en espacios muy reducidos. En otras circunstancias, están los peatones que consideran que el paso de cebra es exclusivo para cruzar a la velocidad que ellos consideran o para detenerse y saludar a quienes encuentran a mitad de camino. A veces queremos que el gobierno o la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) tome medidas más estrictas; sin embargo, estoy convencido de que no es necesario que la coerción sea el mecanismo para corregir estas conductas, pues nuestras calles no necesitan conductores más hábiles, sino ciudadanos más conscientes de su responsabilidad vial. En conclusión, escribo estas líneas con el más profundo respeto por aquellos panameños que han sufrido algún tipo de accidente de tránsito. De igual modo, expreso mi respeto por aquellos conductores que tratan día tras día procuran hacer bien las cosas. A ellos, gracias por hacer de las calles un lugar seguro. EL AUTOR es docente y estudiante de Derecho. Danny Vega Méndez Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Gerente General Sudy S. de Chassin Gerente de Ventas Casilda P. de Somoza [email protected] Gerente de Mercadeo y Club La Prensa Karol Samán [email protected] Teléfono: 323-6400 ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com EDITORIAL COMERCIAL Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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