3A La Prensa Panamá, miércoles 15 de julio de 2026 Panorama Declaran confidenciales ocho compras millonarias de seguridad Eliana Morales Gil [email protected] OPACIDAD ESTATAL En dos paquetes de resoluciones, el Consejo de Gabinete declaró confidenciales los pliegos de ocho contrataciones, entre ellas las ‘bodycams’, la modernización del CON-C5 y nuevas sedes policiales. Las resoluciones de Gabinete 46, 47, 48 y 49, del 9 de junio, y las 56, 57, 58 y 59, del 7 de julio, incorporan una cláusula que autoriza procesos de precalificación de proponentes y declara confidenciales los pliegos de cargos, es decir, el documento que establece qué comprará el Estado, las especificaciones técnicas, las cantidades requeridas, los criterios para seleccionar al ganador del contrato y el precio de referencia. El primer paquete, publicado en la Gaceta Oficial 30546-B del 15 de junio, cubre el equipamiento de protección personal de los policías, los insumos del servicio operativo de las fuerzas especiales, incluidas municiones y agentes químicos, los equipos y herramientas de los agentes especializados y la construcción de la nueva sede del Servicio Nacional de Migración en Curundú, cuya primera fase ya tiene un crédito aprobado de $8 millones. El segundo paquete, publicado el lunes en la Gaceta Oficial 30566, amplía el alcance de la reserva. Incluye la demolición y construcción del nuevo cuartel de la 6.ª Zona Policial de Herrera, la compra de cámaras corporales (bodycams), el sistema con el que Migración imprimirá los carnés de residencia para extranjeros y la modernización con inteligencia artificial del Centro de Operación Nacional (CON-C5), plataforma nacional de videovigilancia. Un círculo cerrado De acuerdo con los documentos, la reserva funciona así: solo las empresas que superen la precalificación y firmen un acuerdo de confidencialidad recibirán un código de acceso a los pliegos en el sistema PanamaCompra. Para el resto del país, las ocho compras serán una caja cerrada. El nombre del contratista terminará conociéndose al concluir el proceso, pero será una transparencia a medias: se sabrá quién ganó, sin poder verificar frente a quiénes compitió, en qué condiciones ni por qué fue elegido. En PanamaCompra, la Dirección General de Contrataciones Públicas ya habilitó carpetas para los ocho procesos bajo una misma etiqueta: “Seguridad Pública art.39 num.13 del Texto Único”. Sin embargo, solo los avisos de convocatoria pueden leerse. Los pliegos, las actas de apertura, los informes de la comisión verificadora y hasta las propuestas recibidas están cifrados con contraseña. Sin información clave Ninguna de las ocho resoluciones contiene los precios de referencia de las contrataciones ni el monto estimado que el Estado prevé destinar a cada una. Y no se trata de compras menores, pues el mecanismo de precalificación solo puede utilizarse por ley en proyectos de alta cuantía y complejidad, uno de los fundamentos que las resoluciones invocan para justificar este procedimiento. De hecho, en su sesión del pasado 7 de julio, el Consejo de Gabinete aprobó, mediante la Resolución 7226, un crédito adicional de $5.9 millones para el soporte y mantenimiento de la infraestructura del CON-C5, la misma plataforma cuya modernización se contratará bajo reserva. El argumento legal El Ejecutivo se ampara en el numeral 13 del artículo 39 de la Ley 22 de 2006, que permite pliegos confidenciales en “adquisiciones sensitivas” relacionadas con la seguridad y defensa del Estado, previa autorización del Gabinete. Las resoluciones dicen, entre otras cosas, que una publicación abierta al público expone información sensitiva sobre el tipo, nivel y capacidad de los insumos que utiliza la Policía Nacional, lo que puede ser aprovechado por el crimen organizado para anticipar sus capacidades, adaptar sus técnicas y operar con ventaja sobre las fuerzas del orden. La reserva, sin embargo, no se limita a equipos o tecnologías cuya divulgación podría comprometer capacidades operativas. Como ya se informó en los párrafos anteriores, la reserva también alcanza la construcción de un cuartel policial, la nueva sede del Servicio Nacional de Migración, el sistema que emitirá documentos migratorios durante cinco años y las cámaras corporales para la Policía Nacional, proyectos que, en una contratación pública ordinaria, suelen licitarse con pliegos de cargos abiertos al escrutinio ciudadano. En el último caso, la confidencialidad incluso contrasta con el propósito de la Ley 466 de 2025, que hizo obligatorio el uso de las cámaras corporales como una herramienta para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la actuación policial. Aunque la legislación permite mantener bajo reserva información cuya divulgación pueda afectar la seguridad del Estado, las resoluciones también restringen el acceso a datos que habitualmente forman parte del escrutinio de las contrataciones públicas, como el monto estimado de cada compra, las especificaciones técnicas, los criterios para seleccionar al ganador del contrato y las condiciones de adjudicación. La reserva limita la posibilidad de que ciudadanos, especialistas o empresas excluidas evalúen el desarrollo de los procesos antes de la adjudicación. En Panamá, varios de los principales casos de corrupción han estado vinculados a contrataciones públicas cuestionadas por la falta de transparencia. El amigo Fallabella Millonarias compras del Ministerio de Seguridad ya han sido duramente criticadas. Contratos adjudicados durante la actual administración han beneficiado a empresas vinculadas a Félix Fallabella Napolitano, un empresario considerado cercano al presidente Mulino. En octubre pasado, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, bajo el mando de Frank Ábrego, canceló una licitación abierta para comprar uniformes y botas para la Policía Nacional y la sustituyó por un procedimiento especial de adquisición por emergencia. La convocatoria se publicó un lunes al mediodía y, cuatro horas después, sin competencia, una comisión ya había acordado adjudicar el contrato por $6.9 millones a Max Gear, Inc., empresa vinculada a Fallabella. La misma compañía acumuló más de $60 millones en contratos de uniformes con el Ministerio de Seguridad durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014). El diputado Jhonathan Vega calificó aquella adjudicación de un “gol olímpico” y advirtió que el país “no ha superado la mala práctica de las licitaciones brujas”, a las que describió como procesos rápidos, multimillonarios y hechos a la medida de amigos y allegados del poder. Fallabella ha sido fotografiado en actos públicos junto al presidente Mulino, al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández. Cuando lo mejor es no ‘ser parte’ Mulino deleitaba con manjares a los que acusó de conductas delictivas, como a los diputados del PRD Benicio Robinson y Raúl Pineda? ¿Quién querría salir en la foto en la que el ministro Felipe Chapman se codeaba con la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañeda, abogada y amiga del expresidente Ricardo Martinelli, al que señaló de mitómano y de hacerle daño al gobierno? ¿Quién querría verle la cara al experto en matraqueo político, Popi Varela, que escuchaba atento las instrucciones del mandatario que insulta diariamente a su hermano? Pero las malas compañías no son la única razón para agradecer no haber estado allí. También lo son, la naturaleza opaca y excluyente de la reunión y el talante autoritario de su anfitrión. Y es que la forma en que el presidente desestimó a las bancadas de Vamos y Seguimos es apenas el último episodio de una larga serie de insultos y descalificaciones contra todo el que se le opone, disiente o no aplaude la gestión de su gobierno. En su afán por jactarse de la hazaña politiquera que le dio el control de la Asamblea, el presidente no se percató que sus palabras ponen entre los que “no son parte” a la mayoría de ciudadanos. Son aquellos que están cansados de que los problemas que los aquejan sigan sin resolverse mientras los fondos públicos se derrochan en viajes, comilonas, contratos a dedo y otros privilegios entre “amiguetes”. Mulino llegó al poder con el 34% de los votos, pero su obligación constitucional es gobernar para el 100% de los panameños. El mandatario se olvida que el país es mucho más grande que su afán por mostrar que controla aquello que en toda democracia debería actuar como su contrapeso: la Asamblea. Me pregunto si los médicos residentes a los que no les han pagado, los azuerenses que tienen más de un año esperando agua potable, los familiares de las víctimas inocentes de la ola de violencia en la que supuestamente sólo “se matan entre ellos”, los que esperan meses por una cita con un especialista, los que hacen fila de madrugada en las ferias del IMA; si todos esos panameños: ¿Se sienten incluidos en esos banquetes de caciques políticos que siguen tomando las decisiones en nombre de todos? Por supuesto que no. Basta con observar las encuestas —las publicadas y las que no— para comprobar que el menguante capital político del presidente es hoy incluso menor que el que lo llevó a la Presidencia. Y con declaraciones como esas no hace más que esquinarse aún más en su círculo cero. Los diputados excluidos por Mulino tienen la gran oportunidad de erigirse en voceros de los que viven fuera de esas burbujas de poder. Su mayor activo no consiste en conseguir la presidencia de una comisión, un nombramiento para un pariente o una silla en la mesa donde se reparten cuotas y cargos, sino en ser portavoces de la inmensa cantidad de demandas ciudadanas que este gobierno sigue sin atender. Esto no significa que todos los diputados que llegaron a su curul por la libre postulación tomen esa oportunidad. Ahí estaba, en el mismo almuerzo de los que “son parte”, el tránsfuga Manuel Chen, como recordatorio de que el ejercicio de un liderazgo de oposición ético es también una decisión individual. Y ahora que se van cayendo las máscaras es cuando realmente sabremos quiénes llegaron a cumplir la promesa de servir a su país. Por eso, los grandes perdedores de esta historia no fueron quienes quedaron por fuera de la comilona. Fue el anfitrión que terminó lesionando aún más su imagen y reduciendo el país al tamaño de la vieja politiquería con la que decidió celebrar. Quizás los mayores beneficiarios de la comilona en el Palacio de las Garzas fueron precisamente quienes no recibieron invitación. Aquellos a los que el presidente Mulino creyó estar insultando al decir: “Yo no los invité… ellos no son parte… De allí no sale nada bueno”. Y basta con mirar a quiénes sí son parte para entender por qué. ¿Quién querría ser parte de un almuerzo en el que Foto de archivo en la que se aprecian a fuerzas especiales de control de multitudes durante los enfrentamientos de 2025 en Bocas del Toro. EFE Datos de interés Algunos aspectos del proceso de contratación Resoluciones. Son ocho las resoluciones emitidas en 28 días para compras de equipos de seguridad y demolición y construcción de un cuartel. Montos. Ninguna de las resoluciones detalla los montos de las contrataciones o precios de referencia. Fundamento legal. Numeral 13 del artículo 39 de la Ley 6 de 2006, que permite pliegos confidenciales en “adquisiciones sensitivas”.
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