4A La Prensa Panamá, martes 14 de julio de 2026 Panorama POR FUERA. Para no romper la rutina de un viaje por cada mes de gobierno, el presidente Mulino se marcha este martes a México. Por tanto, esta semana tampoco habrá conferencia de prensa. Esa tribuna la deberían aprovechar el ministro de Economía y el director de la DGI para que el país entero escuche sus explicaciones sobre la red desmantelada en la operación Pandora. Siete de los detenidos en dicho operativo todavía aparecen en la planilla de la DGI. Con ellos, dando la cara, debería estar el superintendente de Bancos. 16. Vamos anunció que la diputada Patsy Lee, del Partido Popular, se unirá a sus filas. La noticia no debería sorprender a nadie: Lee, que hasta ahora se había abstenido de unirse a alguna bancada, siempre apoyó la línea de Vamos. ¿Para dónde irá ahora Eliécer Castrellón? COFFEE SHOP. LaAsamblea desembolsará $750 para la compra de 10 bolsas (de 5 libras cada una) de café geisha, para servir a las “personalidades” que visitan la presidencia de ese órgano del Estado. Hace nueve meses se gastaron $650 para abastecer la máquina de espresso que hay en el pleno. Esta gente gana por lo menos $7,000 al mes, pero hay que costearles hasta el capuchino. CHISTE. Ahora dicen que Bolota podría presidir la Comisión de Educación de la Asamblea. El mundo al revés… Viendo quiénes están al frente de la Asamblea, no se podía esperar otra cosa. Javier Lynch, representante de Barrio Norte. Archivo El limbo legal que dejó el arresto del representante de Barrio Norte Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PROVINCIA DE COLÓN El punto de quiebre llegó en abril, cuando un juez envió a detención provisional al representante Javier Lynch y al tesorero Orlando Salazar por presunto peculado. La pregunta sobre quién está al frente del corregimiento de Barrio Norte, en el distrito de Colón, cuya junta comunal administró al menos $14 millones provenientes del polémico programa de descentralización paralela, sigue sin una respuesta clara desde que el representante Javier Lynch quedó bajo detención provisional por orden judicial. El origen de la crisis institucional se remonta a abril pasado, cuando el juez de garantías Ángel Santos imputó cargos por el presunto delito de peculado y ordenó la detención provisional de Lynch y del tesorero de la junta comunal, Orlando Salazar. Durante una audiencia que se extendió por casi cinco horas, la Fiscalía Anticorrupción sostuvo que ambos funcionarios habrían cometido irregularidades en el manejo de fondos públicos por hasta $6 millones transferidos por la Autoridad Nacional de Descentralización. Sin embargo, esta problemática es el resultado de una sucesión de acontecimientos poco comunes. En las elecciones de 2024, el candidato que obtuvo la representación de Barrio Norte, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Jairo Salazar, también ganó una curul en la Asamblea Nacional. Salazar optó por ejercer como diputado y dejó el cargo comunal en manos de su suplente, Javier Lynch, tal como establece la normativa electoral. No obstante, lo que parecía una transición rutinaria cambió de rumbo cuando el suplente fue vinculado a una investigación penal relacionada con actuaciones atribuidas a la junta comunal. Las consecuencias Las consecuencias del caso trascienden el expediente judicial. Cada junta comunal administra recursos públicos, ejecuta proyectos comunitarios, coordina programas municipales y mantiene una relación permanente con los residentes del corregimiento. Por ello, la incertidumbre sobre quién puede ejercer la representación de Barrio Norte también plantea interrogantes sobre la continuidad de la gestión administrativa. Esto llevó al alcalde de Colón, Lorenzo Diógenes Galván, a buscar orientación jurídica. Mediante una consulta formal dirigida a la Procuraduría de la Administración, solicitó que se determinara si el representante conserva la capacidad legal para ejercer sus funciones o si existe algún mecanismo que permita garantizar la continuidad administrativa de la junta comunal. Como alternativa, el municipio planteó que el alcalde asumiera temporalmente la administración de la junta comunal, al sostener que el artículo 43 de la Ley 106 lo reconoce como jefe de la administración municipal. Ante esta consulta, la Procuraduría de la Administración optó por no pronunciarse sobre el fondo del conflicto. En una respuesta firmada por la procuradora Grettel Villalaz de Allen, la institución recordó que sus competencias se limitan a emitir opiniones dentro del ámbito jurídico-administrativo y que no puede sustituir a las autoridades con facultades constitucionales para resolver controversias relacionadas con cargos de elección popular. En otras palabras, la Procuraduría evitó definir si un representante detenido puede o no seguir ejerciendo el cargo, dejando intacto el principal interrogante planteado por el municipio. Juristas como el exprocurador de la administración, Rigoberto González, plantean que el Código Administrativo contempla un mecanismo para suplir la ausencia de determinados funcionarios. De hecho, el artículo 769 del Código Administrativo establece que, cuando un empleado falte de manera absoluta y no pueda ser reemplazado por su suplente, la primera autoridad política del lugar deberá nombrar un empleado interino e informar de inmediato a la autoridad competente para proveer el cargo. Bajo esa interpretación, la primera autoridad política en el distrito sería el alcalde, aunque la aplicación de esa disposición a un cargo de elección popular sigue siendo objeto de debate. La Junta Comunal de Barrio Norte recibió $14.1 millones del programa de descentralización paralela entre junio de 2021 y mayo de 2023, convirtiéndose en la que más recursos obtuvo bajo ese mecanismo en todo el país. El volumen de fondos asignados y las presuntas irregularidades en su manejo dieron paso a investigaciones del Ministerio Público, que derivaron en la imputación por presunto peculado y la detención provisional del representante y del tesorero de la junta comunal. Martha V. Concepción [email protected] Buque de bandera panameña. Cortesía Récord de retención de buques de bandera panameña en China sube a 489 TOKYO MOU Un total de 489 buques con bandera panameña han sido detenidos en puertos de China en lo que va de 2026, una cifra sin precedentes que rompe el comportamiento histórico, pero que aparentemente empieza a decrecer, de acuerdo a registros del Tokyo Mo a los que tuvo acceso La Prensa. El fenómeno escaló con fuerza durante el año: en el primer trimestre el promedio mensual fue de 45.3 detenciones, pero en el segundo trimestre ascendió a 111.4, lo que representó un incremento crítico del 145.6% entre ambos períodos. Sin embargo, las estadísticas del Tokyo MoU al 13 de julio, muestran un cambio de tendencia. En todo junio llegó a 50 buques detenidos y en los primeros 13 días de julio se han registrado 13, en contraste con las 44 reportadas en el mismo lapso del mes anterior. Esto equivale a una disminución absoluta de 31 buques y un alivio porcentual del 70.45%. De acuerdo con los datos compilados por la Cámara Marítima de Panamá y los registros del Tokyo MoU en el Primer semestre de 2026 se registraron unos 470 buques de bandera panameña retenidos en los puertos de China; en 2025, 251. El volumen de inspecciones se disparó a niveles nunca antes vistos en la historia reciente del registro. En marzo de 2025, el promedio mensual histórico rondaba las 20 detenciones y para marzo de 2026 escaló a 92 detenciones (en su mayoría buques de riesgo bajo o general que usualmente no eran retenidos); en abril alcanzó 135 detenciones; en mayo, 139; en junio (al 13 de junio), 44 (50 al finalizar el mes); en julio van 13 detenciones en los primeros 13 días. El factor geopolítico y reacción de China La confrontación técnica escaló a la arena diplomática global durante la 137ª reunión del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI). En dicha instancia, Panamá y Estados Unidos denunciaron que China adoptó medidas contra la flota panameña por motivaciones políticas, exigiendo frenar la politización del comercio marítimo internacional. La tensión de fondo se remonta a enero, cuando la Corte Suprema de Justicia de Panamá anuló la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison. La decisión provocó advertencias de Pekín sobre la defensa de sus empresas y detonó arbitrajes internacionales de PPC contra el Estado panameño por más de 2,000 millones de dólares. Para calmar las aguas, la Cancillería de Panamá solicitó una reunión con China y anunció que fue aceptada, por lo que mantiene en agenda el viaje de una delegación oficial a Pekín, del 16 al 18 de julio para sostener intercambios técnicos. FUGA. Raúl Pineda aseguró que, como parte de la renovación del PRD, dejará su puesto en el CEN. ¿Tan deteriorado está ese partido que ni Pineda quiere estar en su directiva? En julio de 2024, poco después del cambio de gobierno, el PRD tenía 641,292 adherentes; ahora hay 550,997. Es decir, que en dos años ha perdido 90,295 inscritos o el 14.1% de su membresía. Tal Cual Mónica Palm [email protected] Corregimiento de Barrio Norte, en el distrito de Colón . Archivo
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