2A La Prensa Panamá, martes 14 de julio de 2026 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Juan Manuel Díaz [email protected] Traslado de detenidos en la operación. Juan Díaz Fiscalía analiza ‘chats’ para rastrear a otros implicados OPERACIÓN PANDORA La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada analiza cientos de mensajes de Whatsapp hallados en los teléfonos de 16 miembros de la red criminal que operaba en la Dirección General de Ingresos (DGI). En estos mensajes la fiscalía busca la vinculación de otras personas que habrían participado en el manejo de créditos fiscales que fueron asignados a terceros a cambio de dinero. El pasado sábado, la juez de garantías Xenia Pérez decretó la detención provisional para 13 de los imputados por delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada y falsificación de documentos, aprehendidos en la operación Pandora, que dejó al descubierto una red criminal que habría utilizado accesos al E-Tax 2.0 de la DGI para alterar registros de pago legítimos y crear saldos inexistentesque luego eran vendidos a empresas para reducir obligaciones tributarias y desviar créditos fiscales falsos. En una primera audiencia, que concluyó la mañana del pasado sábado, la juez ordenó la detención preventiva de 13 de los imputados y concedió una medida de depósito domiciliario para una exfuncionaria. El domingo imputó cargos a dos funcionarias de la DGI que presentaron problemas de salud durante la primera audiencia. A una de ellas le aplicó la medida de detención provisional, y a la otra le otorgó arresto domiciliario. Para el 3 agosto se fijó la audiencia solicitada por los abogados defensores que apelaron las medidas cautelares aplicadas por la juez. La fiscalía pudo establecer que a los miembros de la red se le asignaban distintas tareas para facilitar la transferencia a terceros de créditos fiscales, congelar boletas de pago y alterar documentación. En algunos casos la investigación reveló que los funcionarios se comunicaban internamente a fin de asignar las tareas para la alteración de los documentos fiscales. Las investigaciones que se llevan a cabo señalan que algunos funcionarios de la DGI habrían recibido pagos ilegales, fuera de sus salarios, a cambio de efectuar los ajustes internos en los sistemas E-Tax 2.0 que permitían trasladar las deudas de unos contribuyentes a favor de terceros. Con medida cautelar de depósito domiciliario quedaron Rina Mildred Arza, Angeline Rodríguez y Lupo González. Mientras que detenidos de manera preventiva permanecen Jerkovich Joiner, Héctor Luna, Juan Palacios, Karen Pittí, Catherine Aguirre, Angeline Rodríguez, Karina Suarez, Nilka Murgas. Rina Arza, Carlos Ferguson, Daira López, Elodia De León, Juana Chong, Vielka Saez, Margie Caballero y Lupo González. Anel Flores, contralor general de la República; y el exalcalde capitalino José Luis Fábrega. Archivo Mercado: críticas del contralor contrastan con pagos autorizados Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PROYECTO MUNICIPAL Los dos últimos pagos por la ejecución del proyecto del Mercado Periférico de Chilibre, licitado en 2022, fueron autorizados durante la gestión del actual contralor Anel Flores. El pasado 12 de junio, el contralor general de la República, Anel Flores, cuestionó el Mercado Periférico de Chilibre, una obra adjudicada durante la administración del exalcalde capitalino José Luis Fábrega (2019-2024). Tras una inspección en el sitio, Flores anunció una auditoría forense. “Los números no cuadran: más de $11,500 por metro cuadrado para una construcción que luce básica y muy lejos de justificar ese costo”, afirmó el contralor, al expresar dudas sobre el valor de la obra. El pronunciamiento del contralor generó una reacción de Fábrega. El 17 de junio, el exalcalde salió en defensa de la obra mediante un comunicado en el que sostuvo que el proyecto fue una respuesta planificada ante las necesidades de los residentes de Panamá norte, una zona que agrupa los corregimientos de Chilibre, Las Cumbres y Alcalde Díaz. Los pagos Más allá del cruce de señalamientos entre ambos actores públicos, hay un elemento que añade otra capa a la controversia: los dos últimos pagos a la empresa encargada de ejecutar el proyecto en Chilibre fueron autorizados durante la gestión del actual contralor. Flores asumió el cargo el 2 de enero de 2025; por ello, aunque algunos desembolsos se realizaron durante la administración del excontralor Gerardo Solís, los más recientes se tramitaron bajo la gestión de Flores. Los registros de la Contraloría General de la República a los que tuvo acceso este medio evidencian que, durante la actual gestión, el proyecto recibió desembolsos. El 1 de septiembre de 2025, la entidad refrendó un pago por $739 mil 813 al Consorcio Bioecológica Servicios y Alquileres, encargado de ejecutar la obra, como parte de una gestión de cobro que ingresó el 4 de julio de ese mismo año. Dos días después, el 3 de septiembre del mismo año, se refrendó otro desembolso por $892 mil 758 a favor del mismo consorcio. Durante la gestión de Solís (20192024), se aprobaron o refrendaron pagos por poco más de $6 millones. La construcción del Mercado Periférico de Chilibre inició formalmente el 28 de septiembre de 2022, cuando la administración del entonces alcalde entregó la orden de proceder para la ejecución del proyecto, con una inversión cercana a los $11.9 millones y un plazo de entrega inicialmente estimado en 13 meses. El cronograma El cronograma original planteaba que la infraestructura estaría lista en 2023; sin embargo, debido a atrasos en la ejecución, la fecha de culminación fue ajustada y se proyectó su entrega para finales de 2024. A pesar de estas modificaciones en los plazos, el proyecto continúa en fase de ejecución. El diseño del mercado contempla alrededor de 50 módulos destinados a la venta de productos como frutas, vegetales, carnes, mariscos, panadería, dulcería y otros alimentos de consumo diario. También incluye espacios para abarroterías, locales de servicios, áreas verdes, estacionamientos y zonas gastronómicas orientadas a la promoción de la comida típica panameña, como parte de un complejo comercial y comunitario más amplio. Durante la administración de Fábrega, el Municipio de Panamá llevó a cabo la licitación de al menos cinco mercados públicos y periféricos. Los proyectos incluyeron los mercados de Chilibre, San Felipe (fase de ampliación del Mercado San Felipe Neri), Pueblo Nuevo, Pacora y Alcalde Díaz. En respuesta a los cuestionamientos del contralor, el exalcalde aseguró que toda la documentación que respalda el Mercado Periférico de Chilibre —incluidos actos administrativos, informes técnicos, fianzas y pagos autorizados— se encuentra en los expedientes oficiales para su revisión. Sin embargo, expresó su preocupación por la difusión de conclusiones o “insinuaciones públicas” sobre posibles irregularidades antes de que finalice una investigación debidamente sustentada. Audiencia por caso Town Center será en octubre El próximo 2 de octubre debe celebrarse la audiencia para imputar cargos a José Manuel Bern Barbero, quien es investigado por la presunta comisión del delito de estafa y hurto agravado en perjuicio de la sociedad Costa del Este Town Center Group, S.A. La audiencia estaba inicialmente programada para el pasado 10 de julio, pero Bern solicitó posponerla, dado que se encontraba fuera del país. La denuncia presentada por Costa del Este Town Center también incluye como querellados a Herman Bern Pittí y sus hijos Ingrid Bern Barbero y Jaqueline Bern Barbero. No obstante, la audiencia que se celebrará en octubre solo involucra, de momento, a José Manuel. Los denunciados representan al Grupo Empresas Bern (GEB) y son socios de Costa del Este Town Center Group en el centro comercial que lleva ese nombre. Hace dos años, un tribunal arbitral condenó a GEB a pagar $77.8 millones a su socio por daños, costas e incumplimientos derivados de la construcción del mall. La Prensa pudo conocer que GEB no ha pagado la cantidad ordenada en el laudo arbitral. Ahora, la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía Metropolitana, que solicitó una audiencia en la que se determinará si el juez acoge la solicitud de imputación y aplica medidas cautelares. PROCESO JUDICIAL Juan Manuel Díaz [email protected]
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