4A La Prensa Panamá, miércoles 8 de julio de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] POR FUERA. Por lo menos seis diputados de distintas bancadas (Vamos, CD, Panameñista) están en Taiwán. Regresan a finales de esta semana. ¿Cómo se les ocurre irse de viaje, cuando está pendiente la conformación de las comisiones legislativas? ¿Por qué no se fueron hace un mes, durante el receso de las sesiones ordinarias? No puede ser que un boleto de avión es más importante. A los de RM, protagonistas de la verdadera rebatiña, no se les ocurre irse ni a Paso Canoas. #FREEMARTINELLI. En el pleno legislativo, empezó la discusión de las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea. Ernesto Cedeño va a proponer un artículo para impedir que sus colegas coloquen carteles en sus curules. Ojalá lo aprueben; sería repugnante que se active el movimiento #LiberenAlConvicto. DESAFÍO. El periodista José Ricardo Muñoz, que fue asesor de José Luis Fábrega en la Alcaldía de Panamá, ahora será el jefe de prensa de la Asamblea. Le deseamos buena suerte, porque podría necesitarla… primero estuvo con el Tanque y ahora con Shirley. Su movimiento es lateral. LISTA. Bolota sigue en su cruzada contra los padres que no pagan pensión alimenticia. Ha propuesto la creación de un “registro La nueva cárcel tendría un costo de $177 millones. Archivo Pese al rechazo, avanza licitación de nueva cárcel en Divisa Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SISTEMA PENITENCIARIO Un total de 18 empresas manifestaron su interés en el proyecto y participaron en la reunión de homologación convocada. Pese al rechazo expresado por residentes del corregimiento de Los Canelos, autoridades locales y miembros de la comunidad educativa de la zona, el proceso de licitación para el estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, que se levantará en el distrito de Santa María, provincia de Herrera, continúa avanzando. Un total de 18 empresas manifestaron su interés en el proyecto y participaron en la reunión de homologación convocada como parte del proceso de contratación pública, una etapa en la que los potenciales proponentes tuvieron la oportunidad de formular observaciones y solicitar aclaraciones sobre el pliego de cargos antes de la presentación de las ofertas. Durante la reunión de homologación, una de las principales solicitudes de las empresas interesadas fue ampliar en 90 días el plazo para la presentación de propuestas, al considerar que el tiempo disponible resulta insuficiente para preparar una oferta con la complejidad técnica y financiera que exige el proyecto. De mantenerse el cronograma vigente, las propuestas deberán presentarse el próximo 23 de julio. Por ello, los participantes pidieron revisar el calendario del proceso con el fin de garantizar una mayor concurrencia y la elaboración de ofertas con el nivel de detalle requerido. Los detalles Las características del terreno también han sido objeto de cuestionamientos. Según versiones transmitidas por miembros de la Asociación Nacional de Egresados del Instituto Nacional de Agricultura (INA), alrededor de 35 de las 45 hectáreas destinadas al proyecto presentan condiciones de inundabilidad, una situación que podría representar un importante desafío técnico y elevar los costos de una obra cuyo precio de referencia asciende a 177 millones de dólares. Por su dimensión, el complejo penitenciario se convertiría en uno de los cuatro centros penales más grandes del país y permitiría redistribuir parte de la sobrepoblación existente en los centros penitenciarios La Joya y La Joyita. Precisamente de este último penal se fugaron recientemente 195 privados de libertad, en su mayoría condenados o procesados por pandillerismo, homicidio, tráfico de drogas y delitos contra la integridad sexual. El proyecto se desarrollará en Divisa, corregimiento de Los Canelos, provincia de Herrera, y tendrá capacidad para albergar a 3,000 personas privadas de libertad, además de contar con instalaciones para aproximadamente 450 custodios. De acuerdo con el pliego de cargos, el complejo incluirá pabellones diferenciados según el perfil de la población penitenciaria. Las personas privadas de libertad clasificadas en los niveles de mínima y mediana seguridad serán alojadas en dormitorios colectivos con capacidad para seis internos, mientras que quienes sean catalogados como de alta peligrosidad permanecerán en celdas individuales sometidas a mayores niveles de control. Falta de información Consultado sobre el proyecto, el alcalde del distrito de Santa María, Iván De León, manifestó su inconformidad por la forma en que el Gobierno ha impulsado la iniciativa, al señalar que las autoridades municipales no han sido tomadas en cuenta durante el proceso. El jefe del gobierno local explicó que presentó una solicitud formal al Ministerio de Gobierno para conocer los detalles de la obra; sin embargo, aseguró que hasta la fecha no ha recibido respuesta. Según De León, la falta de información oficial ha impedido que el municipio y la comunidad participen de manera oportuna en la discusión del proyecto. José González Pinilla [email protected] Sede de la Asamblea Nacional. Carlos Moore Impulsan hasta 12 años de cárcel y sin arresto domiciliario para los corruptos PROPUESTA DE LEY Una propuesta presentada recientemente ante la Asamblea Nacional no solo busca que no prescriban los delitos contra la administración pública. También plantea endurecer las sanciones. Por ejemplo, las penas por el delito contra la administración pública pasarían de tres años de prisión a siete años. Si el funcionario actúa con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero la pena será de hasta 12 años. En la actualidad, esa sanción es de seis años máximo. Adicional, la iniciativa de ley busca impedir que los condenados por este delito accedan a penas sustitutivas e imponer la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. En la norma actual, los servidores públicos condenados por corrupción pueden beneficiarse con trabajo comunitario o arresto domiciliario debido a las bajas penas previstas para varios delitos contra la administración pública. “Es una trampa legal que libera a los corruptos”, resumió el diputado independiente Roberto Zúñiga, el proponente. Zúñiga recordó que es la tercera vez que presenta este proyecto de ley. Cuando llegó al legislativo, en 2024, no tuvo acogida. En 2025 lo volvió a presentar, y encontró nuevos obstáculos en la Comisión de Gobierno. Adujo que busca que “sin importar cuánto tiempo pase, el que le robe al Estado tendrá que pagar”. Zúñiga dijo que estadísticas de la Procuraduría General de la Nación indican que entre enero y junio de 2025 ingresaron 871 investigaciones por delitos contra la administración pública, equivalentes al 49% de los casos que tramita la Fiscalía Superior Especializada Anticorrupción. También mencionó indicadores internacionales, como el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en el que Panamá obtuvo 33 puntos de 100 en 2024, y el Índice Global de Estado de Derecho del World Justice Project, que ubica al país entre los de peor desempeño en materia de ausencia de corrupción. Señaló que Ecuador, Colombia y Argentina han adoptado medidas similares para restringir beneficios penitenciarios o ampliar la persecución penal de los delitos de corrupción. “Consideramos injusto el hecho de que una persona que atente contra el erario público, pueda luego gozar desde la comodidad de su domicilio”, agregó. La propuesta deberá ser sometida ante la Comisión de Gobierno para su primer debate. Este proyecto fue presentado anteriormente, aprobándose incluso en tercer debate en el año 2018. “Lamentablemente y por falta de voluntad no se pudo ver su sanción por un veto del Presidente de la República”, añadió Zúñiga. nacional de deudores”, el embargo de los bienes y la suspensión de membresías en gimnasios y plataformas de ‘streaming’ para aquellos padres morosos. Según él, las medidas también serán aplicables a los padres que están en el extranjero. Ojalá pusiera el mismo empeño en el combate al crimen organizado. El PRD quiere recuperar la Comisión de Presupuesto PULSEO POLÍTICO Eliana Morales Gil [email protected] ¿Benicio Robinson otra vez al frente de la Comisión de Presupuesto? El escenario se baraja con fuerza en la Asamblea Nacional, una semanadespuésdequeelpleno eligiera a Shirley Castañedas, del oficialista Realizando Metas (RM), como nueva presidenta del Legislativo. Diputados consultados confirmaron que Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y diputado por el circuito 1-1 de Bocas del Toro, quiere retomar el puesto que ha ocupado en al menos seis ocasiones. Si hay una silla en el Palacio Justo Arosemena que puede considerarse patrimonio personal, es esa: por ella han pasado gobiernos, crisis y promesas de austeridad, y Robinson siempre encuentra el camino de regreso. El apetito del PRD, no se agota en Presupuesto. Raúl Pineda, subjefe de la bancada, confirmó que aspiran a presidir entre cinco y seis comisiones. El diputado de San Miguelito mencionó, entre otras, las de Gobierno, Asuntos Agropecuarios y Salud. “No aspiramos a la administración de la Asamblea, pero sí vamos a aspirar a algunas comisiones”, explicó Pineda a TVN. La bancada perredista fue una de las que empujó a Castañedas hacia la presidencia del Legislativo, un respaldo que condicionó a una lista de 13 compromisos. En ninguno de esos compromisos se menciona la presidencia de las comisiones. El posible regreso de Robinson tiene, sin embargo, al menos un obstáculo con nombre y apellido: Eduardo Vásquez, diputado de Cambio Democrático (CD) por el circuito 13-2 de Panamá Oeste, quien confirmó que buscará reelegirse en el puesto que ocupó entre el julio de 2025 y junio de 2026. El pulso político se dará en momentos en que las bancadas siguen negociando la repartición de las 15 comisiones permanentes. Presupuesto, Credenciales y Gobierno, son las más codiciadas.
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