1A La Prensa Panamá, miércoles 8 de julio de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 8 de julio de 2026 - Año 45 - Nº 15330 El empresario italiano Valter Lavítola, recordado por el escándalo de Finmeccanica, fue incluido como sospechoso en un atentado en Italia con explosivos contra el periodista Sigfrido Ranucci de RAI. VEA 4A Investigan a Lavítola por presunto vínculo con atentado Suiza acabó con el sueño colombiano, llega a cuartos de final tras 72 años Suiza eliminó a Colombia ayer en penales (4-3) tras un empate sin goles y enfrentará a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. VEA 7A Hoy por hoy El debate llegó. Y era necesario. Durante años, la ciudadanía ha reclamado reglas más estrictas para la Asamblea Nacional. Ahora los diputados tienen la oportunidad de responder con hechos, no con discursos. La reforma al reglamento interno de la Asamblea debe incluir los cambios que más exige el país. El primero es simple: quien no trabaja, no cobra. Los descuentos por ausencias injustificadas al pleno o a las comisiones son una medida de sentido común. También lo es impedir que los diputados nombren a familiares. El servicio público no puede confundirse con una agencia de empleos. Aunque no dependa solo del reglamento, también debe avanzar el compromiso de acabar con las planillas opacas que tanto han golpeado la credibilidad del Legislativo. Hay otro cambio igual de importante: la transparencia. Cada votación debe ser pública; cada decisión debe quedar registrada. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo actúan quienes eligieron con su voto. La Asamblea debe demostrar que puede mejorar. Vivir + Audífonos de inserción ¿cuándo son un riesgo? 4B Debaten reforma contra privilegios de los diputados José González Pinilla [email protected] ASAMBLEA NACIONAL El proyecto propone descuentos por inasistencia, prohíbe el nepotismo y busca reducir privilegios en la Asamblea. La Asamblea Nacional inició ayer el segundo debate de las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), una propuesta que modifica al menos 25 de los 247 artículos vigentes con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Entre los cambios más relevantes figuran descuentos salariales a los diputados que falten injustificadamente a las sesiones o provoquen la falta de quórum, la prohibición de justificar el voto durante la elección de la junta directiva y la obligación de publicar el sentido Siete denuncias penales surgen de auditorías forenses de la Contraloría General La Contraloría General de la República informó que presentó siete denuncias penales tras detectar presuntas irregularidades en auditorías al Idaan, FCC Construcción, la junta comunal de Ponuga y cuatro exfuncionarios. VEA 2A del voto de cada legislador. El proyecto también plantea impedir la contratación de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, eliminar privilegios como celulares y exoneraciones vehiculares, combatir las planillas opacas y excluir al personal de los despachos de diputados de la Carrera del Servicio Legislativo. VEA 2A Panorama El PRD quiere recuperar la Comisión de Presupuesto 4A Economía Canal suma 9,568 tránsitos de alto calado hasta junio 1B Argentina protagonizó una remontada espectacular al vencer 3-2 a Egipto con un gol de Enzo Fernández en el 90+2, tras levantar un 2-0 en contra. Messi inició la reacción con el empate al minuto 84 y la Albiceleste selló un triunfo de carácter sobre la hora. VEA 7A Gol agónico mantiene con vida a Argentina
2A La Prensa Panamá, miércoles 8 de julio de 2026 Shirley Castañedas, diputada de RM y presidenta de la Asamblea Nacional. Cortesía/Asamblea Nacional Asamblea debate reglas sobre votos, nepotismo y planillas José González Pinilla [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Se trata de las reformas al Reglamento Interno del legislativo, que se retoman en el pleno. La discusión comenzó. El pleno de la Asamblea Nacional abrió finalmente ayer el segundo debate del paquete de modificaciones al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI). A eso de las 5:30 p.m., la diputada y presidenta del Legislativo, Shirley Castañedas, dio luz verde al debate. El primero en tomar la palabra fue el diputado panameñista José Luis Varela. El diputado recordó que en julio de 2024 presentó unas 14 modificaciones al RORI, de las cuales seis fueron acogidas. “Hoy tenemos la oportunidad de saldar esa deuda y aprobar los cambios”, indicó. Mencionó que entre sus propuestas figuran la limitación de las intervenciones de los diputados durante la elección de la junta directiva y la prohibición de justificar su voto. José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos, se sumó al debate. Dijo que, en cuanto al tema de citación de funcionarios, se debe reglamentar para que “se tome más en serio”. Recordó que la Comisión de Asuntos del Canal que presidía citó al menos cinco veces a un director de la ACP para que hablara de un posible conflicto de interés y no nunca asistió. En cuanto a la transparencia en las votaciones, dijo que en la administración de Jorge Herrera se comenzaron a proyectar los resultados de cada proceso de aprobación, pero a su juicio esto debe quedar plasmado en el RORI para asegurar que siempre se vea el voto de cada diputado. Para la bancada independiente Vamos, el proyecto debe estar encaminado hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Janine Prado, de Vamos, dijo que esta discusión es importante porque no solo se está reformando un reglamento, “sino definiendo qué Asamblea va a tener Panamá en los próximos años”. “Debemos aspirar a una Asamblea que rinda cuentas, con transparencia sobre cada centavo, porque es dinero de todos los panameños”, sostuvo. Para Prado, es clave aprobar la propuesta de que al diputado que no asista a su trabajo se le descuente de su salario. También dijo que es importante “disminuir privilegios”, como la entrega de celulares y las exoneraciones vehiculares. SucolegaWalkiriaChandler, también de Vamos, afirmó que se deben aprobar los cambios al reglamento para eliminar las “planillas opacas” y el nepotismo dentro del Legislativo. “Cada dólar que gastamos de manera irresponsable en este pleno o con planillas opacas es un dólar menos para los hospitales, un dólar menos para los colegios, para los medicamentos... Es necesario aplicar esos descuentos por inasistencia”, dijo. Luis Eduardo Camacho, de la bancada oficialista Realizando Metas, dejó clara su posición. Dijo que no está de acuerdo con el debate del proyecto por “intrascendente”, pero que por compromiso de bancada se debe discutir. “Compromiso es compromiso, pero mi compromiso es discutirlo, no aprobarlo”, agregó. La propuesta, que modifica al menos 25 de los 247 artículos de la Ley 49 de 1984, que contiene el RORI vigente, establece que, cuando la Asamblea no sesione por falta de quórum, a los diputados principales que se ausenten injustificadamente se les aplicará un descuento proporcional de sus emolumentos correspondiente a un día de labores. Además, propone aplicar un descuento proporcional del salario al diputado que se ausente injustificadamente de una sesión plenaria o que no habilite a su respectivo suplente. El documento, que surgió de la fusión de 18 anteproyectos, establece que, durante la elección de la nueva junta directiva, los diputados únicamente podrán mencionar el nombre del candidato por el que votan, sin justificar su decisión. Es decir, ya no podrán emitir expresiones como: “Voto por mi amigo, colega o compañero”. La propuesta también prohíbe a los diputados nombrar a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en cargos permanentes, transitorios o mediante contratos por servicios profesionales. Igualmente, se adicionó un párrafo que establece que el personal adscrito a los despachos de los diputados no tendrá la condición de personal permanente y, por ende, no podrá optar por formar parte de la Carrera del Servicio Legislativo. Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom La Contraloría General de la República informó que presentó siete denuncias penales como resultado de “hallazgos detectados” durante auditorías forenses. No se precisa cuál es el delito que se pide investigar. Tampoco cuales fueron los hechos o actos públicos auditados. Según la entidad, las denuncias fueron remitidas entre el 30 de junio y el 2 de julio pasado, luego de que los informes identificaran elementos que podrían ameritar una investigación penal. Las denuncias corresponden a auditorías practicadas al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), a la empresa contratista FCC Construcción, S.A., a la junta comunal de Ponuga y a los exfuncionarios de la administración pasada (2019-2024) Noriel Araúz, Publio Anselmo de Gracia Tejada, Nadia del Río y Maritza Ureña. Araúz fue administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). De Gracia y Ureña eran el director y la subdirectora de la DiContraloría presenta denuncias contra junta comunal, cuatro exfuncionarios y una empresa AUDITORÍAS rección General de Ingresos (DGI). Ureña, además, es la madre del abogado Luis Acevedo Ureña, persona de confianza del exvicepresidente José Gabriel Carrizo. Del Río también era cercana a Carrizo y laboró en el Ministerio de la Presidencia, como asistente de Cortizo. De ella ya se sabía que estaba bajo la lupa de la Contraloría. Incluso Del Río presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución 31262026, de 23 de septiembre de 2025, expedida por la Contraloría, mediante la cual se dio apertura al proceso de investigación. También interpuso un amparo de garantías constitucionales que ataca la orden verbal impartida por la Dirección General del Registro Público, mediante la cual se aplican medidas cautelares sobre sus bienes. La Perforadora del Idaan Aunque el comunicado de Contraloría es bastante escueto, La Prensa conoció que la denuncia que concierne al Idaan es sobre la compra de una perforada hidráulica, modelo GEFKO 50k, adquirida durante la administración del exdirector Juan Antonio Ducruet. La perforadora está valorada en 3.5 millones de dólares y supuestamente estaba destinada a perforar pozos de hasta 1,000 pies de profundidad, como parte de una estrategia institucional para enfrentar la escasez de agua potable en el país. La auditoría del Idaan se remonta a hace un año. La denuncia penal se presentó el 1 de julio pasado, lo mismo que la de la junta comunal de Ponuga, cuya auditoría estuvo lista en enero. En el caso de FCC Construcción, la auditoría se entregó el 18 de septiembre de 2025 y la denuncia se presentó el 2 de julio de 2026. En tanto, las auditorías contra los exfuncionarios se entregaron entre abril y junio pasado. Todas las denuncias contra los antiguos servidores se presentaron el 2 de julio, salvo la de Araúz, que fue denunciado el 30 de junio. Exdirector de la DGI responde De Gracia reaccionó al anuncio de la Contraloría. “Esto es un proceso que lleva dos años. No entiendo la publicidad de esta autoridad sobre el tema”, mencionó. “Como exfuncionarios tenemos la obligación de atender, durante y después de nuestro servicio público, cualquier pregunta, duda o requerimiento que tengan las autoridades. Durante los cinco años que me tocó servir, lo hice de manera correcta, apegado a la ley y estoy seguro que al final, cualquier duda que se haya generado, va a poder tener una respuesta correcta”, remarcó. Yasser Yánez García [email protected] De izquierda a derecha: Nadia del Río, Publio Anselmo de Gracia Tejada, Maritza Ureña y Noriel Araúz. EFE Infografía: Contraloría General de la República Informes de auditoría que dieron lugar a las denuncias presentadas ENTIDAD O FUNCIONARIO FECHA DEL INFORME DE AUDITORÍA TEMA DE LA AUDITORÍA Idaan FCC Construcción, S.A. Junta Comunal de Ponuga Noriel Arauz (exadministrador de la AMP) Publio Anselmo De Gracia Tejada (exdirector de la DGI) Nadia Del Río (exdirectora ejecutiva) Maritza Ureña (exsubdirectora de la DGI) Auditoría al renglón de perforadoras de pozos Esquemas de exoneración del impuesto sobre la renta Manejo, emisión y refrendo de cheques para la compra de materiales de construcción Actuaciones relacionadas con el ejercicio del cargo de administrador de la AMP Actuaciones relacionadas con el ejercicio del cargo de director de la DGI Actuaciones relacionadas con el ejercicio del cargo de directora ejecutiva Actuaciones relacionadas con el ejercicio del cargo de subdirectora de la DGI 26 de junio de 2025 18 de septiembre de 2025 19 de enero de 2026 9 de abril de 2026 25 de mayo de 2026 29 de junio de 2026 29 de junio de 2026
3A La Prensa Panamá, miércoles 8 de julio de 2026 Panorama Representante de David vuelve a prisión por caso de peculado Juan Manuel Díaz [email protected] PROCESO JUDICIAL El Tribunal Superior de Apelaciones de Chiriquí revocó la medida cautelar de depósito domiciliario concedida al representante del corregimiento de David cabecera, Jorge E. Montenegro Vallarino, imputado por el delito de peculado por el manejo irregular, según la investigación, de $4.4 millones, correspondientes al período 2019-2024, de fondos entregados por la Autoridad de Descentralización. Hace ocho días, un juez de garantías concedió medida de depósito domiciliario por motivos de salud a Montenegro, pero la decisión fue apelada por la fiscal anticorrupción Alia Suleimán. Los magistrados del Tribunal de Apelaciones Katherine Pittí Valdés de Molina, Carlos Daniel Fajardo y Rita del Carmen Williams revocaron la decisión del juez por considerar que existen riesgos procesales de destrucción de pruebas y que el 25 detenidos por tráfico de drogas en contenedores Un total de 25 personas fueron aprehendidas por la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional como parte de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas a través de la contaminación de contenedores en tránsito por puertos locales. En la denominada Operación Alianza se realizaron allanamientos en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste. En la operación, que se desarrolla desde 2024, se realizaron nueve diligencias en las que se logró el decomiso de más de una tonelada de droga, que tenía como destino Europa y Oceanía. Las autoridades practicaban ayer otras diligencias para ubicar a otros miembros del grupo y llevarlos ante un juez de garantías para la imputación de cargos. La pesquisas revelaron que la droga se recibía por mar y luego era llevada en camiones con doble fondo hasta los puertos y colocada dentro de los contenedores. En el primer semestre, los estamentos de seguridad han decomisado 43 toneladas de drogas en operaciones, la mayoría en puertos. OPERACIÓN ALIANZA Juan Manuel Díaz [email protected] imputado puede influir en el personal de la Junta Comunal. Durante la audiencia, la fiscalía insistió en que la medida de detención provisional era la más adecuada en este caso, por considerar que el imputado podría influir en testigos y funcionarios. Montenegro Vallarino (PRD) se entregó el 23 de diciembre de 2025 en las oficinas de la Dirección de Investigación Judicial en Chiriquí, luego de que la Fiscalía Anticorrupción emitiera una orden de aprehensión en su contra. Red ingresaba armas a través de empresa de ‘courier’ Un juez de garantías imputó cargos y ordenó la detención provisional de tres personas por el delito de tráfico internacional de armas. Los imputados introducían, a través de empresas de courier (mensajería), partes de pistolas y armas automáticas. Durante la audiencia, celebrada el lunes, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada presentó evidencias que vinculan a los imputados con el hecho. Los componentes eran enviados desde Estados Unidos a través de la empresa y luego retirados por los miembros del grupo criminal, que los llevaba hasta una empresa en Arraiján, en donde eran ensamblados. Las armas no tenían número de serie por lo que, si se utilizaban para la comisión de un delito, no podrían ser rastreadas. Las armas usualmente son vendidas a grupos criminales que operan en las ciudades de Panamá y Colón y cometen sicariatos y hurtos. AUDIENCIA Juan Manuel Díaz [email protected]
4A La Prensa Panamá, miércoles 8 de julio de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] POR FUERA. Por lo menos seis diputados de distintas bancadas (Vamos, CD, Panameñista) están en Taiwán. Regresan a finales de esta semana. ¿Cómo se les ocurre irse de viaje, cuando está pendiente la conformación de las comisiones legislativas? ¿Por qué no se fueron hace un mes, durante el receso de las sesiones ordinarias? No puede ser que un boleto de avión es más importante. A los de RM, protagonistas de la verdadera rebatiña, no se les ocurre irse ni a Paso Canoas. #FREEMARTINELLI. En el pleno legislativo, empezó la discusión de las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea. Ernesto Cedeño va a proponer un artículo para impedir que sus colegas coloquen carteles en sus curules. Ojalá lo aprueben; sería repugnante que se active el movimiento #LiberenAlConvicto. DESAFÍO. El periodista José Ricardo Muñoz, que fue asesor de José Luis Fábrega en la Alcaldía de Panamá, ahora será el jefe de prensa de la Asamblea. Le deseamos buena suerte, porque podría necesitarla… primero estuvo con el Tanque y ahora con Shirley. Su movimiento es lateral. LISTA. Bolota sigue en su cruzada contra los padres que no pagan pensión alimenticia. Ha propuesto la creación de un “registro La nueva cárcel tendría un costo de $177 millones. Archivo Pese al rechazo, avanza licitación de nueva cárcel en Divisa Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SISTEMA PENITENCIARIO Un total de 18 empresas manifestaron su interés en el proyecto y participaron en la reunión de homologación convocada. Pese al rechazo expresado por residentes del corregimiento de Los Canelos, autoridades locales y miembros de la comunidad educativa de la zona, el proceso de licitación para el estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, que se levantará en el distrito de Santa María, provincia de Herrera, continúa avanzando. Un total de 18 empresas manifestaron su interés en el proyecto y participaron en la reunión de homologación convocada como parte del proceso de contratación pública, una etapa en la que los potenciales proponentes tuvieron la oportunidad de formular observaciones y solicitar aclaraciones sobre el pliego de cargos antes de la presentación de las ofertas. Durante la reunión de homologación, una de las principales solicitudes de las empresas interesadas fue ampliar en 90 días el plazo para la presentación de propuestas, al considerar que el tiempo disponible resulta insuficiente para preparar una oferta con la complejidad técnica y financiera que exige el proyecto. De mantenerse el cronograma vigente, las propuestas deberán presentarse el próximo 23 de julio. Por ello, los participantes pidieron revisar el calendario del proceso con el fin de garantizar una mayor concurrencia y la elaboración de ofertas con el nivel de detalle requerido. Los detalles Las características del terreno también han sido objeto de cuestionamientos. Según versiones transmitidas por miembros de la Asociación Nacional de Egresados del Instituto Nacional de Agricultura (INA), alrededor de 35 de las 45 hectáreas destinadas al proyecto presentan condiciones de inundabilidad, una situación que podría representar un importante desafío técnico y elevar los costos de una obra cuyo precio de referencia asciende a 177 millones de dólares. Por su dimensión, el complejo penitenciario se convertiría en uno de los cuatro centros penales más grandes del país y permitiría redistribuir parte de la sobrepoblación existente en los centros penitenciarios La Joya y La Joyita. Precisamente de este último penal se fugaron recientemente 195 privados de libertad, en su mayoría condenados o procesados por pandillerismo, homicidio, tráfico de drogas y delitos contra la integridad sexual. El proyecto se desarrollará en Divisa, corregimiento de Los Canelos, provincia de Herrera, y tendrá capacidad para albergar a 3,000 personas privadas de libertad, además de contar con instalaciones para aproximadamente 450 custodios. De acuerdo con el pliego de cargos, el complejo incluirá pabellones diferenciados según el perfil de la población penitenciaria. Las personas privadas de libertad clasificadas en los niveles de mínima y mediana seguridad serán alojadas en dormitorios colectivos con capacidad para seis internos, mientras que quienes sean catalogados como de alta peligrosidad permanecerán en celdas individuales sometidas a mayores niveles de control. Falta de información Consultado sobre el proyecto, el alcalde del distrito de Santa María, Iván De León, manifestó su inconformidad por la forma en que el Gobierno ha impulsado la iniciativa, al señalar que las autoridades municipales no han sido tomadas en cuenta durante el proceso. El jefe del gobierno local explicó que presentó una solicitud formal al Ministerio de Gobierno para conocer los detalles de la obra; sin embargo, aseguró que hasta la fecha no ha recibido respuesta. Según De León, la falta de información oficial ha impedido que el municipio y la comunidad participen de manera oportuna en la discusión del proyecto. José González Pinilla [email protected] Sede de la Asamblea Nacional. Carlos Moore Impulsan hasta 12 años de cárcel y sin arresto domiciliario para los corruptos PROPUESTA DE LEY Una propuesta presentada recientemente ante la Asamblea Nacional no solo busca que no prescriban los delitos contra la administración pública. También plantea endurecer las sanciones. Por ejemplo, las penas por el delito contra la administración pública pasarían de tres años de prisión a siete años. Si el funcionario actúa con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero la pena será de hasta 12 años. En la actualidad, esa sanción es de seis años máximo. Adicional, la iniciativa de ley busca impedir que los condenados por este delito accedan a penas sustitutivas e imponer la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. En la norma actual, los servidores públicos condenados por corrupción pueden beneficiarse con trabajo comunitario o arresto domiciliario debido a las bajas penas previstas para varios delitos contra la administración pública. “Es una trampa legal que libera a los corruptos”, resumió el diputado independiente Roberto Zúñiga, el proponente. Zúñiga recordó que es la tercera vez que presenta este proyecto de ley. Cuando llegó al legislativo, en 2024, no tuvo acogida. En 2025 lo volvió a presentar, y encontró nuevos obstáculos en la Comisión de Gobierno. Adujo que busca que “sin importar cuánto tiempo pase, el que le robe al Estado tendrá que pagar”. Zúñiga dijo que estadísticas de la Procuraduría General de la Nación indican que entre enero y junio de 2025 ingresaron 871 investigaciones por delitos contra la administración pública, equivalentes al 49% de los casos que tramita la Fiscalía Superior Especializada Anticorrupción. También mencionó indicadores internacionales, como el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en el que Panamá obtuvo 33 puntos de 100 en 2024, y el Índice Global de Estado de Derecho del World Justice Project, que ubica al país entre los de peor desempeño en materia de ausencia de corrupción. Señaló que Ecuador, Colombia y Argentina han adoptado medidas similares para restringir beneficios penitenciarios o ampliar la persecución penal de los delitos de corrupción. “Consideramos injusto el hecho de que una persona que atente contra el erario público, pueda luego gozar desde la comodidad de su domicilio”, agregó. La propuesta deberá ser sometida ante la Comisión de Gobierno para su primer debate. Este proyecto fue presentado anteriormente, aprobándose incluso en tercer debate en el año 2018. “Lamentablemente y por falta de voluntad no se pudo ver su sanción por un veto del Presidente de la República”, añadió Zúñiga. nacional de deudores”, el embargo de los bienes y la suspensión de membresías en gimnasios y plataformas de ‘streaming’ para aquellos padres morosos. Según él, las medidas también serán aplicables a los padres que están en el extranjero. Ojalá pusiera el mismo empeño en el combate al crimen organizado. El PRD quiere recuperar la Comisión de Presupuesto PULSEO POLÍTICO Eliana Morales Gil [email protected] ¿Benicio Robinson otra vez al frente de la Comisión de Presupuesto? El escenario se baraja con fuerza en la Asamblea Nacional, una semanadespuésdequeelpleno eligiera a Shirley Castañedas, del oficialista Realizando Metas (RM), como nueva presidenta del Legislativo. Diputados consultados confirmaron que Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y diputado por el circuito 1-1 de Bocas del Toro, quiere retomar el puesto que ha ocupado en al menos seis ocasiones. Si hay una silla en el Palacio Justo Arosemena que puede considerarse patrimonio personal, es esa: por ella han pasado gobiernos, crisis y promesas de austeridad, y Robinson siempre encuentra el camino de regreso. El apetito del PRD, no se agota en Presupuesto. Raúl Pineda, subjefe de la bancada, confirmó que aspiran a presidir entre cinco y seis comisiones. El diputado de San Miguelito mencionó, entre otras, las de Gobierno, Asuntos Agropecuarios y Salud. “No aspiramos a la administración de la Asamblea, pero sí vamos a aspirar a algunas comisiones”, explicó Pineda a TVN. La bancada perredista fue una de las que empujó a Castañedas hacia la presidencia del Legislativo, un respaldo que condicionó a una lista de 13 compromisos. En ninguno de esos compromisos se menciona la presidencia de las comisiones. El posible regreso de Robinson tiene, sin embargo, al menos un obstáculo con nombre y apellido: Eduardo Vásquez, diputado de Cambio Democrático (CD) por el circuito 13-2 de Panamá Oeste, quien confirmó que buscará reelegirse en el puesto que ocupó entre el julio de 2025 y junio de 2026. El pulso político se dará en momentos en que las bancadas siguen negociando la repartición de las 15 comisiones permanentes. Presupuesto, Credenciales y Gobierno, son las más codiciadas.
5A La Prensa Panamá, miércoles 8 de julio de 2026 Panorama Valter Lavítola. Archivo Lavítola, sospechoso de atentar contra periodista en Roma Rolando Rodríguez B. [email protected] Además de los cuatro detenidos, hay un sospechoso que, según la hipótesis acusatoria, no se movía de forma autónoma, sino que recibía indicaciones de Lavítola. El empresario italiano Valter Lavítola ha vuelto a los titulares de medios en Roma. Recordado por su cercanía con el expresidente Ricardo Martinelli —quien al final se peleó con él—, Lavítola le pagó viajes al exgobernante panameño y a sus acompañantes; en Panamá, se trasladaba en vehículos oficiales y con escolta del Servicio de Protección Institucional (SPI); era invitado frecuente de las parrandas en el Palacio de las Garzas, y protagonizó un enorme escándalo con la venta de radares y helicópteros de Finmeccanica a Panamá, amén de otros escándalos en Italia que llegaron hasta el mismo primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. Lavítola incluso cumplió una condena de cárcel en Nápoles. Este medio supo que, tras salir de prisión, se estableció en Roma, donde también hizo de la comida su negocio, tras abrir un restaurante de mariscos. En junio del año pasado, tras una ausencia de unos 10 años, vino a Panamá, donde tendría un hijo o hija, concebido con una panameña en aquellos días en los que gozaba de los favores del gobierno de Martinelli y hasta de sus hijos. Hoy ha vuelto a ocupar las primeras planas de los diarios y su nombre ha sido incluido en un expediente como sospechoso en un asunto muy delicado: su presunta participación en un atentado contra un presentador de televisión, amigo suyo. El diario La Repubblica y otros medios italianos publicaron el lunes la teoría que tienen los investigadores del atentado acerca del papel que habría jugado Lavítola, el mismo que pretendía cobrarle a Finmeccanica $25 millones en comisiones por la venta de los equipos al gobierno panameño, un escándalo que salpicó también en este país al entonces ministro de Seguridad Pública y hoy presidente de la República, José Raúl Mulino. El atentado Fue contra Sigfrido Ranucci. Ocurrió el 16 de octubre de 2025. Ranucci es un periodista de investigación de la RAI (Radiotelevisione Italiana), la compañía de radiodifusión pública y principal red oficial italiana, con emisiones en 174 países. Ranucci dirige un programa televisivo de investigación, llamado Report, y es conocido por desenmascarar la corrupción gubernamental y política, así como los vínculos de las mafias italianas —como la Cosa Nostra y la ‘Ndrangheta—, lo que le ha valido constantes amenazas y, en ocasiones, ha debido recibir protección policial. Pero ese 16 de octubre fue blanco de algo más que amenazas. Un artefacto explosivo fue colocado en un vehículo y, en horas de la noche, en Pomezia, en Roma, la bomba estalló frente a la residencia del periodista. Este salió ileso, pero sus dos automóviles fueron destruidos, así como parte del muro que rodea el edificio donde vive. Las autoridades revelaron que la bomba consistía en una carga hecha de gelatina de cantera, un material obsoleto, pero con un extraordinario poder de destrucción, como lo evidenció la explosión en el edificio de Ranucci. Según los investigadores de la Sección de Topografía y el Escuadrón Antiexplosivos de la Unidad de Investigación de Roma, ese explosivo era “indicativo de una red ilícita para la adquisición de materiales explosivos”. El atentado, aunque no cumplió su cometido, recibió la condena de la sociedad italiana, incluso de sus partidos políticos, que mostraron su solidaridad con el periodista de investigación. A su vez, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su “total solidaridad” con el periodista ante lo que calificó como un “grave acto de intimidación” y abogó por la defensa de la libertad de información. Las detenciones Empezaron la semana pasada, después de meses de investigación. El diario La Repubblica reportó que cuatro personas fueron detenidas. “Al analizar los teléfonos móviles, los contactos y las computadoras de los sospechosos, los investigadores reconstruyeron un nivel de la organización que hasta ahora había permanecido invisible. De hecho, dos niveles más”. Además de los cuatro detenidos, hay un quinto sospechoso que, según la hipótesis acusatoria, no se movía de forma autónoma, sino que recibía indicaciones de Lavítola. Es por eso que Lavítola ha sido inscrito en el registro de sospechosos. En consecuencia, el pasado lunes la casa del experiodista fue allanada. Las autoridades incautaron celulares, computadoras y soportes informáticos. Estas incautaciones son ahora la clave de toda la investigación. Buscarán la confirmación documental de su teoría, basada en el análisis de los teléfonos de los primeros detenidos: Pellegrino D’Avino, Saverio Mutone, Antonio Passariello y Marika De Filippi. El quinto sospechoso es Luca Amato. Todos, criminales de poca monta, aunque conocidos porque solían gravitar en el mundo de la droga. El quinto sospechoso es un ciudadano de origen norteafricano que actuó como enlace entre Lavítola y el comando que colocó el explosivo. La Repubblica revela un detalle siniestro: Lavítola y Ranucci no eran desconocidos entre sí. De hecho, el medio revela que entre ambos habría habido una relación amistosa, con contactos muy recientes, incluso después de la detención de los cuatro primeros sospechosos. Una amistad que el mismo Ranucci no niega: “Para mí, Valter es un amigo. Desde 2019 hablábamos casi todos los días. Estoy molesto, desconcertado, no sé qué pensar…” Ranucci confía en que las investigaciones de la fiscalía y de los Carabinieri aclaren lo sucedido, pero, de momento, “no tengo ganas de hacer más declaraciones”, dijo al medio italiano. La investigación Lo acontecido el 16 de octubre del año pasado y los hechos posteriores están a cargo de la Dirección del Distrito Antimafia, específicamente del fiscal Edoardo De Santis, quien reconstruyó en detalle la preparación del atentado. El 10 de octubre fue la primera inspección de los perpetradores en las afueras de la casa del periodista. Seis días después, el bombazo. Todo fue verificado: llamadas, triangulación de estas con las antenas, los desplazamientos antes y después del atentado, videos de las cámaras de vigilancia, incluso un testigo que vio a uno de los involucrados usando un pasamontañas cuando corrió tras la explosión. Incluso las intervenciones a las comunicaciones. La crónica periodística de La Repubblica detalla: “Durante meses, en las escuchas telefónicas, fue solo ‘eso’. Sin nombre. Ningún apellido. Un pronombre suficiente para que todos los interlocutores entiendan de quién se estaba hablando. El hombre que había encargado el atentado contra Sigfrido Ranucci no debía ser nombrado. Pero los carabineros del Núcleo de Investigación de Roma terminaron remontando, un pasaje tras otro, a lo que hoy creen que es la cabeza de la cadena de mando”. Se presume que ese individuo es Lavítola. Por ahora, los acusados enfrentan graves acusaciones: uso de artefactos explosivos, tenencia de armas, amenazas y daños, todo agravado por el uso del método mafioso. Estas mismas acusaciones podrían enfrentar Lavítola y el mediador con el grupo que colocó la bomba. Sigfrido Ranucci, periodista asesinado. Tomada de internet UI UNIDAD INVESTIGATIVA Sequía democrática Los meteorólogos advierten que una versión extrema del fenómeno de El Niño —un “super Niño”— podría provocar en Panamá una de las peores sequías de los últimos años. Pero en el país ya se consolida otra sequía, igual o más catastrófica, conforme inicia el tercer año de gobierno de José Raúl Mulino: la sequía democrática. Los principales contrapesos del Estado se erosionan o son cooptados por el Ejecutivo. Aquí ya no hacen falta pronósticos. Las evidencias están a la vista. Mulino cerró la jornada del 1 de julio con un gesto de descaro absoluto: agradeció públicamente a las bancadas que hicieron posible la elección de Shirley Castañeda como presidenta de la Asamblea. “No se van a arrepentir”, sentenció. En lugar de rendir cuentas al país tras dos años de gobierno, el presidente celebró el matraqueo politiquero que le aseguró el control del Legislativo y ratificó el pacto Mulino-Martinelli. ¿Y la separación de poderes? Quedó como un cuento para los chinos. La nueva mayoría incluye a RM, CD, PRD y la bancada mixta. También a un panameñismo que creyó que absteniéndose podía quedar bien con Dios y con el diablo. Si con Jorge Herrera presidiendo el Legislativo mostraron sumisión y continuidad al clientelismo de siempre, ¿se imaginan ahora, con la promesa de una ley de amnistía que beneficiaría tanto a Juan Carlos Varela como a Ricardo Martinelli? La posibilidad de hacer contrapeso político al Ejecutivo recaerá en los pocos diputados y diputadas que han demostrado con hechos que comprenden la función fiscalizadora de la Asamblea. Son quienes han denunciado el manejo opaco y selectivo de los recursos públicos, citado ministros a rendir cuentas y enfrentado represalias desde la Contraloría. Y conviene aclarar: quienes dicen ser una oposición “responsable” muchas veces posan de opositores mientras le allanan el camino al poder, haciendo posible que leyes, como las anticorrupción, sigan estancadas. En la justicia, los contrapesos están tan debilitados como en la Asamblea. O quizás más. Al presidente le gusta denunciar la “puerta giratoria” para ciertos delincuentes, mientras figuras cercanas a su entorno salpicadas por la corrupción acumulan revocatorias de condenas, absoluciones y rebajas de penas. Esa sí es la puerta giratoria que debería escandalizar al país. Sobre todo si la misma implica el regreso de Ricardo Martinelli y la consagración de la impunidad para los flagrantes delitos del pasado y los del presente. Pero mientras tanto, conviene prestar atención a otra erosión de los contrapesos: la de los derechos y libertades propios de una verdadera democracia. Los sindicatos de trabajadores y los gremios docentes han sido durante décadas protagonistas de la movilización social. Hoy algunos de sus dirigentes enfrentan procesos con coincidencias difíciles de ignorar. Por ejemplo, Marco Andrade fue aprehendido en una investigación contra CONUSI, justo después de denunciar al Estado panameño ante la OIT por violaciones a la libertad sindical. Durante la Asamblea de la OEA en Panamá, la propia Comisión Interamericana de DDHH advirtió que las investigaciones contra él y otros dirigentes podrían constituir represalias. Por el lado de las libertades de expresión y de prensa, la sequía se intensifica conforme avanza la obsesión por reabrir la mina de Donoso. La investigación Taladores Digitales documentó la ofensiva sistemática para atacar y desacreditar a periodistas, ambientalistas y ciudadanos que cuestionan la reactivación de la mina. Pero ese clima de intimidación no se limita al tema minero. También alcanza a otras voces críticas del gobierno. El resultado es un ambiente donde el hostigamiento judicial, las campañas de descrédito y el uso de la pauta publicitaria estatal como mecanismo de presión, asfixian a quienes ejercen el periodismo independiente, cuestionan al poder o simplemente disienten. Cuando el costo de denunciar aumenta, también se deteriora el derecho de todos los ciudadanos a conocer la verdad. Especialmente sobre los millonarios contratos directos del Estado, los beneficiarios finales de las sociedades contratistas y los conflictos de intereses entre ministros y empresas favorecidas. Nada de esto es casual. Los contrapesos no se debilitan por accidente. Se debilitan porque estorban. Estorban para reabrir la mina a pesar de lo que establecen las leyes, los fallos de la CSJ o la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Estorban para continuar con el despilfarro de los recursos públicos sin fiscalización efectiva Y estorban para llegar al final del mandato con una ley de amnistía que permita el regreso de Ricardo Martinelli y establezca un nuevo pacto de impunidad y protección del poder hacia el futuro. ¿Cuánto durará esta sequía? Es difícil saberlo. La pregunta es cuánta democracia quedará cuando finalmente regresen las lluvias.
6A La Prensa Panamá, miércoles 8 de julio de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. tunidad para sacar redito de la crisis, para ellos es: “convertir una crisis en una oportunidad”. La historia demuestra que donde existen grandes presupuesto públicos sin controles efectivos, suele instalarse la gran corrupción. Un repaso a la Venezuela de PDVSA, donde el exministro Jorge Giordani, denunció en un documento público el perjuicio que sufrió el estado por la malversación de casi $300.000 millones de fondos públicos. Giordani fue ministro de planificación en cuatro oportunidades, ha sido el funcionario en la historia de Venezuela en ocupar más tiempo un cargo de Ministro de Estado, con 13 años. Fue miembro del Directorio del Banco Central de Venezuela, de la Junta Directiva de PDVSA, y Arquitecto de Fondos Binacionales. Giordani, hizo amistad con Chávez cuando lo visitaba en la Cárcel por los años 1993 lo cual sirvió para fortalecer una especial relación. Giordani escribió una carta al presidente Maduro de 11 páginas titulada “Testimonio y responsabilidad ante la historia”, en junio de 2014. Giordani denunciaba un exceso en el gasto público aunado a un endeudamiento extremo para cubrir gastos de las campañas lectorales de los años 2012 y 2013, y falta de liderazgo en el gobierno. Héctor Navarro cinco veces ministro, denunció públicamente a medios de comunicación, una red de corrupción de funcionarios vinculados con empresarios. Según los dos exministros casi $1,000 millones de ingresos petroleros que entraron al país en los últimos años, su destino no contaba con documentación sustenLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¿Qué hace que una ciudad siga siendo ciudad? Urbanismo ciones consolidadas como resiliencia, adaptabilidad o persistencia, la continuidad pone el foco en una dimensión distinta. No es la inercia estática de las formas ni la mera flexibilidad funcional ante un impacto; es la preservación del hilo conductor del sistema —su conectividad estructural, su memoria colectiva, su soporte ecológico y su cohesión social— mientras sus componentes físicos y económicos se transforman radicalmente. La continuidad no es el contrario del cambio; es la condición que hace posible que el cambio no destruya la ciudad. Para entenderlo, resulta útil pensar en la ciudad como un tejido vivo. Cambiar un hilo, remendar una sección o alterar el color del hilado no destruye la tela. Por el contrario, un tejido saludable se adapta y se repara constantemente. Sin embargo, cuando se rompen demasiadas conexiones simultáneas, la estructura pierde su integridad y la tela deja de sostenerse. La continuidad es esa propiedad emergente del sistema que mantiene la coherencia del diseño total a pesar de la mutación constante de sus partes. Si aceptamos que la continuidad constituye una propiedad vital del sistema urbano, la siguiente pregunta se vuelve inevitable: ¿qué fuerzas contemporáneas tienden a romper este tejido? Aunque las amenazas son numerosas y complejas, hoy pueden agruparse en cuatro grandes categorías que ponen a prueba nuestra capacidad de permanecer. El primer frente es el colapso térmico provocado por el cambio climático. El fenómeno de la isla de calor urbana ya no puede ser analizado como una anomalía veraniega, sino como un factor de expulsión biológica. Una ciudad que se vuelve térmicamente invivible a las dos de la tarde rompe la continuidad de su vida pública: el ciudadano se ve Carlos Antonio Solís Tejada El saqueo del Estado: el camino más corto hacia la ruina nacional Corrupción Italia, se vio estremecida entre los años 1992 y 1994, por un escandalo de corrupción política conocido como Tangentopoli (ciudad soborno). Fue descubierto tras una histórica investigación judicial llamada Mani Pulite (manos limpias). Este escándalo sepultó a la clase política del momento que había gobernado el país por décadas. Italia figuraba entre los países europeos con mayor inversión pública en gasto de capital vs PIB. De acuerdo a información de Transparencia Internacional, tras el descubrimiento del esquema de corrupción, los costos de obras públicas experimentaron reducciones dramáticas, lo que evidenció que buena parte de los presupuesto anteriores estaban artificialmente inflados por prácticas corruptas. El coste de los rieles del tren de la ciudad cayó aproximadamente un 52%, un kilometro de carretera alrededor de 57% y el presupuesto para una nueva terminal del aeropuerto se redujo en 59%. La teoría de algunos economistas es que los gobiernos deben ejecutar acciones anticíclica para suavizar las fluctuaciones de la economía. Muchas fuerzas políticas corruptas ejecutan esta doctrina para el clientelismo, y al mismo tiempo ven oportadora, por lo que sospechaban que fueron malversado a través de importaciones ficticias y sobreprecio en obras públicas. Las graves denuncias de los dos exministros nunca fueron investigadas por las autoridades competentes del gobierno. La Asamblea Nacional intentó abrir procesos, el oficialismo desestimó las acusaciones y paralizó las averiguaciones. La ruina de Venezuela jamás fue visualizada por sus dirigentes, nunca tuvieron presente que su reserva petrolera no duraría para siempre, como si lo tuvo claro Dubái que invirtió más $100,000 millones en megaproyectos futuristas enfocados a la ecología, el transporte de alta velocidad, infraestructura urbana, restauración marina y energía limpia como ejemplo. La Revolución Bolivariana, en vez de construir las bases para una nación más prospera, con una educación pública de las mejores de Latinoamérica, servicios públicos superior a cualquier país de primer mundo, invertir en infraestructura turística, y programas de agricultura hizo todo lo contrario. Diversas investigaciones judiciales, denuncias de exfuncionarios y procesos abiertos en varios países sostienen que durante años se desarrolló un amplio esquema de corrupción, como desvío de recursos públicos y utilización política de la renta petrolera, otorgar petróleo en condiciones altamente subsidiadas a gobiernos aliados por razones geopolíticas, hechos que contribuyeron al deterioro institucional y económico del país. La clase política latinoamericana debe observar lo que está ocurriendo a su alrededor, y dejar de girar en lo mismo; ser popuOpinión EL AUTOR es auditor forense y exviceministro de la Presidencia. EL AUTOR es arquitecto y urbanista obligado a abandonar la calle, privatizando el tejido social en burbujas dotadas de aire acondicionado y atomizando los colectivos humanos. El segundo factor es la vulnerabilidad ante desastres naturales. Catástrofes como el histórico terremoto de La Guaira evidencian la fragilidad de las infraestructuras ultra-centralizadas. Cuando las grandes redes de energía o agua colapsan de golpe, la continuidad operativa se interrumpe y la memoria social se fractura, sumiendo a comunidades enteras en una desconexión que a menudo se vuelve permanente. A estas fuerzas físicas se suma la demostración de la pavorosa capacidad destructiva de la guerra moderna y asimétrica. Los conflictos contemporáneos revelan que el hábitat civil —las redes de servicios, las escuelas, los centros de salud, los centros de culto— se ha convertido en el principal objetivo estratégico. Esta violencia no busca únicamente derrotar a un ejército en el frente; su objetivo real es desmantelar de raíz la continuidad operativa de la vida civil organizada, convirtiendo el territorio en un espacio inhabitable. Finalmente, el cuarto frente se libra en el plano de la fragmentación social y la disputa por el acceso a la centralidad. Las tensiones en torno a la densificación residencial y la cercanía a las fuentes de empleo e infraestructura han polarizado el debate público. En las redes sociales, los chats comunitarios y las asociaciones vecinales se observa una fractura latente. Muchas comunidades locales se oponen a los nuevos proyectos porque perciben amenazas reales a su calidad de vida y al arraigo de sus barrios. Del otro lado, existen sectores que promueven una desregulación total, impulsando una densificación desmedida Las ciudades no suelen morir de un solo golpe. Se deshacen lentamente, cuando las relaciones que las sostienen dejan de ser continuas. Una ciudad puede sobrevivir a un sismo devastador y desaparecer como comunidad; también puede mantener intactos sus monumentos y avenidas mientras pierde, de forma silenciosa, el pulso invisible que la hacía funcionar. Cada generación de urbanistas ha tenido su gran pregunta. En los años sesenta y setenta del siglo XX nos obsesionó cómo planificar el crecimiento desbocado de las periferias. Décadas más tarde, el debate giró, con acierto, hacia la sostenibilidad, la movilidad limpia, la recuperación de los centros históricos y la resiliencia frente al cambio climático. Cada una de estas corrientes enriqueció nuestra comprensión del fenómeno urbano y aportó herramientas indispensables para enfrentar desafíos concretos. Sin embargo, en pleno 2026, hay una pregunta matriz que rara vez formulamos de manera explícita y que las crisis actuales nos arrojan a la cara: ¿qué permite que una ciudad cambie, resista y sobreviva sin dejar de funcionar como tal? Para comenzar a responderla, es necesario aproximarse a un concepto esquivo pero fundamental: la continuidad urbana. Aunque guarda una estrecha relación con noCarlos A. García Molino que degenera en especulación financiera, convirtiendo el suelo en un mero activo abstracto y expulsando a los residentes históricos. Ambas posiciones, cuando se absolutizan, dificultan la construcción de acuerdos y quiebran la continuidad del pacto social. Frente a este escenario, la planificación tradicional, entendida como un ejercicio puramente normativo de planos y zonificaciones, se muestra insuficiente. Evaluar la ciudad de forma sectorial —un proyecto de transporte por aquí, una normativa ambiental por allá— ya no basta. Necesitamos una gestión urbana activa que entienda que las decisiones de diseño y mercado deben evaluarse por su impacto sobre la continuidad del sistema. Esta mirada nos obliga, además, a romper con los límites administrativos: la continuidad de una ciudad no termina en su perímetro edificado; depende intrínsecamente de la continuidad ecológica de la cuenca, el corredor biológico y la región geográfica que la sostiene. La historia del urbanismo ha estudiado a fondo cómo hacer crecer las ciudades, cómo hacerlas más eficientes y cómo hacerlas más sostenibles. Quizá el próximo desafío, el más ambicioso de nuestra época, sea comprender cómo permitir que cambien sin perder la continuidad que las mantiene vivas. Porque una buena ciudad no es aquella que nunca cambia, ni aquella que se pretende invulnerable a las crisis. Es aquella que sabe transformarse, resistir y reconstruirse sin romper aquello que la hace ciudad. lista, o neoliberales que quieren privatizar hasta el sol, sin pensar en un plan de estado a largo plazo, que los futuros gobiernos respeten. En Andorra están siendo juzgados exfuncionarios de PDVSA acusados de cobrar $2,300 millones en sobornos. Autoridades de Estados Unidos y España han procesado información, como las declaraciones del exjefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal, que detallan cómo PDVSA operó como una caja negra para desviar recursos públicos hacia el extranjero. Según los testimonios y documentos presentados ante la justicia, los fondos habrían llegado a múltiples personalidades y partidos de izquierda, en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Paraguay. Igualmente se ha documentado el uso de valijas diplomáticas con millones de dólares en efectivo transportados en aviones privados, así como el desvío de ingresos petroleros mediante el uso político de PDVSA y sus filiales. Reflexión forense: Italia demostró que las democracias más consolidadas pueden ser secuestradas por redes de corrupción cuando los poderes político, empresarial y la ausencia de controles se convierten en aliados, y que ningún cargo público, ni político es intocable ni está por encima de la ley. Dejó un ejemplo de moralidad para desmantelar una corrupción arraigada en las mas altas esferas del Estado. Venezuela, por su parte, representa un ejemplo más dramático de cómo un país con las mayores reservas de petróleo del mundo puede terminar sumido en un colapso económico, institucional y social cuando el Estado deja de administrar la riqueza nacional para convertirla en un instrumento de poder político y beneficio personal. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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