6A La Prensa Panamá, jueves 4 de junio de 2026 Panorama Blanca Ríos, Etelvina Medianero de Bonagas y Rosa Moreno. Cortesía La batalla por el poder en la Unachi: ¿qué sigue tras la renuncia de la rectora? Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EDUCACIÓN SUPERIOR La procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, planteó que el Consejo General Universitario de la Unachi debe aceptar la renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas y convocar a elecciones. La renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, ha desatado una disputa interna entre decanos y vicerrectores por el control de la principal casa de estudios superiores de la provincia. Aunque el Estatuto Universitario establece que, en caso de renuncia de la rectora, debe asumir el cargo el vicerrector académico, Jorge Bonilla, dentro del círculo de poder construido por Medianero de Bonagas coexisten dos grupos con intereses distintos: los vicerrectores, designados directamente por la rectora, y los decanos, elegidos mediante votación. Estos últimos observan con desconfianza la posibilidad de que Bonilla continúe al frente de la institución. En uno de sus más recientes pronunciamientos, la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, recordó que el Consejo General Universitario (CGU) de la Unachi tiene la obligación de aceptar la renuncia de Medianero de Bonagas y, en consecuencia, convocar a elecciones en un plazo de tres meses para llenar la vacante. Sin embargo, hasta la tarde del miércoles 3 de junio, el Consejo Universitario, presidido por la propia rectora, no había convocado una reunión para abordar el tema, pese al criterio expresado por la Procuraduría de la Administración. Fuentes de la Unachi sostienen que los allegados a Medianero de Bonagas aún no alcanzan consensos sobre quién deberá reemplazarla ni sobre la ruta institucional que seguirá la universidad tras su salida, prevista para el próximo 8 de junio. A la rectora tampoco se le ha visto por la universidad. La Prensa pudo conocer que siete integrantes del CGU acudieron al Ministerio de Educación (Meduca) para reunirse con la ministra de Educación, Lucy Molinar, y explorar alternativas que permitieran prolongar temporalmente el escenario actual y ganar tiempo para alcanzar acuerdos internos. No obstante, la renuncia de la rectora ya fue remitida al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el trámite administrativo correspondiente. Tras cerca de dos horas de reunión, la ministra abandonó las instalaciones. Entre los asistentes figuraban Jorge Bonilla, vicerrector académico; Pedro González, vicerrector de Investigación; un asesor legal de la universidad; tres decanos; y una funcionaria. Según fuentes consultadas, el encuentro se desarrolló en medio de la incertidumbre que rodea la continuidad de las actuales autoridades universitarias. Fuentes de la Unachi consultadas por este medio coinciden en que las autoridades buscan ganar tiempo mientras intentan recomponer los equilibrios internos y consolidar nuevamente su estructura de poder. Polémico ente electoral Otro de los órganos que genera recelo dentro de la Unachi es el Tribunal Superior de Elecciones, instancia clave en un eventual proceso para escoger a la nueva autoridad universitaria. Este organismo está integrado por seis miembros y es presidido por Rodolfo Mendoza, quien ocupa el cargo por ser el docente de mayor antigüedad. También forman parte del tribunal dos representantes estudiantiles, un asesor legal y un representante del sector administrativo. La polémica radica en que varios de sus integrantes mantienen cercanía con la rectora saliente, lo que ha despertado dudas sobre la imparcialidad de un eventual proceso electoral. Ante este escenario, docentes y estudiantes consideran necesario que un organismo independiente supervise o acompañe las elecciones para garantizar transparencia y credibilidad en la escogencia de las nuevas autoridades. Tras conocerse la renuncia de la rectora, la ministra de Educación afirmó que la Universidad Autónoma de Chiriquí enfrenta la oportunidad de reordenar su estructura institucional y recuperar su misión fundamental. La funcionaria sostuvo que la Unachi debe “ordenar su institución, retomar el rumbo y recordar lo que es una universidad”, al tiempo que enfatizó la necesidad de que la casa de estudios concentre nuevamente sus esfuerzos en los pilares esenciales de la educación superior: la investigación, la academia y la extensión universitaria. El llamado Por su parte, el docente de la Unachi Cristian Nieto Guerra sostuvo que la crisis que atraviesa la universidad representa una coyuntura histórica que obliga al cuerpo docente a asumir un papel activo en la defensa de la institucionalidad y la calidad académica. A su juicio, la renuncia de la rectora, los cuestionamientos legales sobre las actuaciones de los órganos de gobierno universitario y las crecientes demandas de renovación deben convertirse en el punto de partida para una transformación profunda de la institución. Según planteó, la prioridad debe ser proteger el interés de los estudiantes y recuperar el prestigio de la universidad, garantizando que la labor docente, la investigación y la producción científica no vuelvan a quedar subordinadas a intereses particulares o beneficios administrativos. Nieto Guerra también afirmó que la nueva administración universitaria debe asumir un compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al principio de legalidad. Consideró indispensable que las futuras autoridades promuevan auditorías independientes y divulguen de manera clara el uso de los recursos públicos para restablecer la confianza de la ciudadanía y de entidades fiscalizadoras, como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República. La Procuraduría de la Administración abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la gobernanza de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). Un concepto jurídico firmado por la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, pone en entredicho la legalidad de la reelección de varias de sus principales autoridades. La opinión, fechada el 30 de abril de 2025, surge como respuesta a una demanda de nulidad interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia. El conflicto legal se centra en la Resolución TSE-003-2024, emitida por el Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi, mediante la cual se rechazó de plano una impugnación contra la reelección del profesor Eliseo Ríos Araúz como decano de la Facultad de Educación. El demandante, el abogado José Félix Yángüez, en representación del estudiante Leonel Marcelino Suira, sostiene que dicha resolución ignora las restricciones vigentes sobre la reelección de autoridades universitarias. La pieza clave de esta controversia es la Ley 292 de 2022, que modificó el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Unachi. Según el análisis de la Procuraduría, esta norma fue clara al establecer un nuevo régimen: mientras al rector se le permite ser reelegido hasta por dos períodos consecutivos, la ley guarda silencio o excluye expresamente esa posibilidad para los decanos, vicedecanos y directores de centros regionales. Por su parte, el Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi defendió su actuación al argumentar que la Ley 292 debe aplicarse hacia el futuro. Bajo su interpretación, los actuales decanos fueron elegidos bajo una legislación anterior y, por ende, la prohibición de reelección no les afectaría en el proceso electoral de 2024, en virtud del principio de irretroactividad de las leyes. Los argumentos No obstante, la procuradora Villalaz sostiene una interpretación distinta, sustentada en el principio de legalidad. En su escrito, subraya que, en el derecho público, los servidores públicos solo pueden hacer aquello que la ley les permite expresamente. Al desaparecer de la norma la facultad de reelección para los decanos, quienes se encontraban ejerciendo el cargo no podían postularse nuevamente para el mismo puesto en las elecciones de 2024. El documento profundiza en la naturaleza de la reelección y cita textos jurídicos que la definen como la “segunda o ulterior elección de alguien para igual puesto que venía desempeñando”. La Procuraduría advierte que permitir esta práctica sin un respaldo legal expreso contradice el principio de alternancia democrática que debe imperar en la gesPiden declarar ilegal la resolución que permitió la reelección de los decanos EDUCACIÓN SUPERIOR tión pública. Villalaz resalta un punto crítico: la reelección inmediata busca evitar que quien ocupa un cargo público se aproveche de las ventajas inherentes a su posición para competir en condiciones favorables frente a sus adversarios. Esa “ventaja del incumbente”, sostiene, es precisamente lo que las reformas electorales buscan mitigar para garantizar contiendas más justas y transparentes. La argumentación de la Procuraduría también desestima la comparación con leyes anteriores, como la Ley 12 de 2017, que sí permitía expresamente una reelección inmediata por un único período. Para el despacho de Villalaz, esa disposición quedó insubsistente con la entrada en vigor de la Ley 292 de 2022, que reorganizó integralmente la materia. Los reelectos En la misma situación de Ríos —es decir, autoridades que se reeligieron en 2024— se encuentran Ramón Rodríguez, decano de la Facultad de Economía; Rodrigo Serrano, decano de la Facultad de Comunicación Social; Evelia Aparicio, decana de la Facultad de Medicina; y Aralis Birmingham, directora del Centro Regional Universitario de Tierras Altas. La postura de la Procuraduría refuerza la tesis de que el proceso electoral iniciado a finales de 2023 debía regirse por las normas vigentes en ese momento. Según el demandante, las actuaciones del Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi se apartaron de las directrices legales al permitir que autoridades en ejercicio aspiraran a una reelección no contemplada en la legislación vigente. Tras el pronunciamiento de Grettel Villalaz que pidió declarar “ilegal” lo actuado por el Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi, la decisión final queda ahora en manos de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que deberá determinar si anula la resolución que permitió estas candidaturas controvertidas. La opinión jurídica llega cuando la rectora Etelvina Medianero de Bonagas se apresta a dejar el cargo, cerrando una administración que durante años estuvo en el centro de cuestionamientos por la concentración de poder dentro de la universidad. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Grettel Villalaz, procuradora de la Administración. Cortesía
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