8A La Prensa Panamá, miércoles 20 de mayo de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy competitivo escenario global donde los rezagados usualmente no tienen una segunda oportunidad. Por el otro, están los que señalan que operar sin reglas equivale a transferir poder de decisión sobre derechos fundamentales -como el trabajo, privacidad, justicia, salud, libertad de expresión- a sistemas opacos que nadie eligió y que nadie sabe quién controla. Aunque ambas posiciones podrían tener algo de razón, el verdadero problema es que ese engañoso debate, atrincherado en sus extremos, ha servido más bien como coartada para la inacción. Es cierto que Panamá tiene razones genuinas para ser cautelosa frente a regulaciones mal diseñadas. Nuestra economía depende, en buena parte, de presentar al resto del mundo un entorno atractivo para los servicios financieros, la logística, el comercio internacional y la inversión regional. Una regulación innecesariamente rígida o burocrática puede desalentar la adopción tecnológica precisamente en los sectores donde el país tiene ventajas competitivas reales. Ese riesgo existe y no debe descartarse. Pero confundir la regulación inteligente con la regulación prematura es un grave error. Las disposiciones sobre gobernanza del Reglamento de IA de la Unión Europea ya están vigentes, y en agosto próximo entrará en vigor otra buena parte del Reglamento, incluyendo las reglas sobre muchos sistemas de alto riesgo. Mientras, en Latinoamérica, la legislación de Brasil avanza y Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La universidad ya no puede definirse sola Educación superior des. Compite contra la velocidad del mundo. Y allí aparece una de las contradicciones más incómodas de nuestra región. Mientras las sociedades cambian aceleradamente, muchas universidades siguen atrapadas en modelos de gobernanza lentos, estructuras burocráticas pesadas y sistemas de calidad que muchas veces premian el cumplimiento documental antes que la capacidad de transformación. Seguimos midiendo estabilidad en medio de una época que exige adaptabilidad. Seguimos hablando de innovación mientras los procesos internos hacen casi imposible innovar. Y seguimos formando profesionales para mercados laborales que ya están cambiando más rápido de lo que los planes de estudio logran reaccionar. Quizás por eso una de las afirmaciones más poderosas del informe no tiene que ver con inteligencia artificial, sino con gobernanza. Unesco reconoce que muchos sistemas de educación superior tienen tan poca autonomía y tanta rigidez regulatoria que las universidades pierden capacidad de responder a las necesidades emergentes de sus sociedades. Eso explica parte del agotamiento institucional que hoy vemos en América Latina. No porque falte talento. No porque falten buenas intenciones. Sino porque muchos sistemas educativos fueron construidos para administrar estabilidad, no para liderar transformación. Adriana Angarita La IA y el costo de no decidir Regulación tecnológica Cuando el país ha tenido que decidir si establece reglas básicas para la adopción de una tecnología disruptiva, no es raro que surja una especie de emboscada intelectual que convence a algunos funcionarios -y hasta a entusiastas tecnológicos- de que la mejor política es esperar y no regular; solo observar cómo lo hacen los demás. En el caso de la inteligencia artificial, Panamá podría haber caído cómodamente en esa trampa. Y, aunque hoy no sea tan fácil distinguirlo, el tiempo involucrado en la espera eventualmente podría pasarnos la factura. La IA no es una tecnología del futuro; su evolución comenzó en 1950, cuando Alan Turing planteó su trabajo Computing Machinery and Intelligence, y en la actualidad tiene presencia en nuestro sistema financiero, en herramientas médicas, en plataformas de selección de personal, en sistemas que mueven mercancías a través de nuestro hub logístico, y en algoritmos que determinan el precio y las condiciones aplicables a ciertos productos y servicios. Estos y muchos otros usos se dan sin un marco normativo específico, sin obligaciones de transparencia y sin mecanismos adaptados a la naturaleza de estos sistemas que permitan rendir cuenta alguna. En un entorno tan vacío no debe asombrar a nadie que las discusiones resulten estériles. Por un lado, están los que afirman que regular tempranamente puede inhibir la innovación, ahuyentar la inversión y condenar al país a quedarse atrás en un muy Colombia ya ha emitido lineamientos para el sector público. Estos marcos no parecen frenar la innovación; al contrario, establecen condiciones de confianza que, a largo plazo, pueden hacer sostenible el uso de la IA en entornos donde los estándares importan. Y en el sistema financiero panameño -donde el escrutinio regulatorio global nos ha enseñado a veces a las malas- ahora los estándares sí importan. Sise trata de inteligencia artificial, la ausencia de reglas no necesariamente crea un terreno neutral. Probablemente, favorece uno donde los más poderosos imponen sus propias reglas, donde empresas que operan en otras jurisdicciones importan sus sistemas a Panamá sin adaptarlos a nuestra realidad jurídica, y donde el Estado carece de herramientas para auditar si los algoritmos que usa -o que permite usar- tienen sesgos que discriminan, distorsionan o concentran poder. Panamá no necesita copiar el reglamento europeo ni inventar una regulación desde cero. Necesita algo más sencillo, pero urgente: una política nacional de inteligencia artificial con principios claros, que oriente al sector público en el uso responsable de estas tecnologías, que establezca obligaciones mínimas de transparencia para sistemas de alto impacto, y que cree las capacidades institucionales para adaptar las reglas a medida que la tecnología evolucione. La pregunta no es si se debe regular ahora o después. Es si queremos definir cómo se gobierna la IA en nuestro país, o si preferimos que esa decisión la tomen otros por nosotros. Esta última también es una decisión. Solo que no la tomaremos conscientemente. EL AUTOR es abogado especializado en derechos digitales y ciberseguridad. LA AUTORA es especialista en innovación educativa y transformación institucional- CEO de SénecaLab. Y el problema no termina allí. La conversación sobre tecnología también ha sido simplificada peligrosamente. Hoy abundan discursos sobre IA, plataformas y automatización, pero el verdadero desafío es mucho más humano y cultural. El mismo reporte evidencia que la mayoría de docentes reconoce el potencial de la inteligencia artificial, pero también admite no tener suficiente orientación institucional para utilizarla adecuadamente. Eso debería hacernos reflexionar profundamente. No podemos pedirles a los estudiantes competencias para el futuro si las instituciones aún no construyen capacidades digitales sólidas en sus propios docentes. No podemos hablar de aprendizaje personalizado con modelos pedagógicos diseñados para la masificación industrial del siglo pasado. Y no podemos seguir creyendo que digitalizar procesos equivale automáticamente a transformar la educación. La transformación real ocurre cuando una institución aprende a tomar decisiones distintas. Y para eso necesita datos, liderazgo, flexibilidad y visión estratégica. Quizás ahí está uno de los mayores desafíos para América Latina. Durante años hablamos de acceso. Luego hablamos de cobertura. Después hablamos de calidad. Pero hoy necesitamos hablar de pertinencia, velocidad de adaptación y capacidad de generar impacto real en la vida de las personas. Porque el riesgo ya no es solamente que las universidades se queden atrás tecnológicamente. El verdadero riesgo es que pierdan relevancia social. Por eso cada vez estoy más convencida de que el futuro de la educación superior no se construirá desde conversaciones aisladas entre universidades. Se construirá cuando gobiernos, empresas, acreditadoras, tecnología y academia entiendan que el problema ya no pertenece a un solo sector. La universidad dejó de ser un sistema cerrado. Y tal vez esa sea la discusión más urgente de todas. Durante décadas, las universidades latinoamericanas fueron diseñadas para un mundo relativamente estable. Un mundo donde las profesiones cambiaban lentamente, donde los títulos garantizaban movilidad social y donde la educación superior tenía el privilegio de marcar el ritmo de la transformación social. Ese mundo dejó de existir. Y quizás lo más preocupante es que muchas instituciones todavía operan como si no se hubieran dado cuenta. En los últimos meses he dedicado buena parte de mi trabajo a revisar tendencias globales, conversar con rectores, docentes, empresas, organismos multilaterales y actores políticos de distintos países de América Latina. Pero recientemente, al estudiar el nuevo reporte global de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco) sobre educación superior, confirmé algo que cada vez resulta más evidente: la discusión sobre el futuro de las universidades no es tecnológica. Es estructural. La inteligencia artificial es apenas el síntoma más visible de una transformación mucho más profunda. El reporte plantea que la educación superior enfrenta simultáneamente cambios tecnológicos, tensiones económicas, transformaciones demográficas, nuevas expectativas laborales y una creciente presión social sobre su capacidad de generar valor real. En otras palabras: la universidad ya no compite únicamente con otras universidaEl debate sobre regular la inteligencia artificial enfrenta a quienes temen frenar la innovación y quienes advierten riesgos para derechos fundamentales y transparencia institucional. José Vega Gallardo La irrupción de la inteligencia artificial y la aceleración del cambio global obligan a replantear el papel de las universidades, cuya mayor amenaza ya no es tecnológica, sino la pérdida de relevancia social. Las dolencias de nuestros juristas Administración de justicia Hace poco leí una columna escrita por el ingeniero Roberto Alfaro, diplomático y empresario, donde, rebasada su paciencia, se quejaba de la ausencia de recursos legales para reclamar justicia. Si antes, sugiere el Ing. Alfaro, nos quejábamos de la lentitud de los procesos, ahora sencillamente ni siquiera se mueven. Los mismos abogados parecen haber desistido de ejercer su profesión, conocedores de que, más allá de la denuncia, los documentos laboriosamente preparados quedarán en el limbo por falta de padrino. Estudié Derecho; las enseñanzas me resultaron fascinantes y motivadoras. Quienes, tras difíciles estudios y exámenes, logramos acreditarnos ante la Corte Suprema de Justicia, confiamos en que, llegado el momento, ofreceríamos nuestros exquisitos conocimientos y desarrollaríamos una carrera lúcida. Da la casualidad de que estoy leyendo a Cicerón, quien nació en el año 106 antes de la era cristiana y es el primer abogado de quien se conservan sus alegatos. De hecho, se considera a Cicerón el más grande de los oradores romanos. Doy fe de que lo que suele decirse es cierto: el modo de alegar moderno en cualquier corte se inspira en los alegatos de Cicerón. Me permitiré un breve desvío: el inolvidable encuentro entre padre e hija. “¿Qué cosa has soñado siempre con tener, Tichi? ¿Cuál ha sido tu sueño?” “Papá, toda mi vida he soñado con tener un cuarto lleno de libros que no haya leído”. El padre quedó tan sorprendido como admirado: “¡Tener una hija que lo que me pide son libros!”. Así llegaron a mi vida 106 tomos de las palabras más sabias jamás escritas por seres que dedicaron su vida a producirlas. Por eso digo, con igual veracidad, que si quiero más años de vida es para leer más libros de ese maravilloso regalo. Concluyo dirigiéndome a Roberto: amigo, Cicerón (año 106 a.C.) siempre comenzaba sus brillantes alegatos diciendo que se veía obligado a regresar al foro porque la indolencia de los abogados y la corrupción llenaban de desesperación a los agraviados. LA AUTORA es escritora. Beatriz Valdés Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Gerente General Sudy S. de Chassin ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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