1A La Prensa Panamá, miércoles 20 de mayo de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 20 de mayo de 2026 - Año 45 - Nº 15387 Hoy por hoy Centroamérica Cuenta, que este año se celebra en Panamá, confirma el lugar de nuestro país como foro cultural y de ideas en la región. La participación de figuras como Sergio Ramírez, Premio Cervantes y emblema de la resistencia frente a la dictadura de los Ortega en Nicaragua, junto a autores de la talla de Junot Díaz, Gioconda Belli o Héctor Abad Faciolince, eleva el festival más allá de un encuentro literario: se convierte en un espacio de memoria, libertad y reflexión sobre derechos humanos. La presencia de estos invitados no solo aporta prestigio internacional, sino que simboliza la relevancia de la educación, la cultura y el pensamiento crítico como pilares del desarrollo. En momentos en que Panamá debate un tema cardinal —la educación de futuras generaciones—, el festival recuerda que la literatura es herramienta de conciencia y transformación social, y que la cultura fortalece la democracia. Más allá de charlas y presentaciones, Centroamérica Cuenta es un símbolo de resistencia y de ideas que inspiran a ciudadanos y jóvenes a imaginar un país más libre y justo. Una escuela en El Chorrillo para cambiar la educación 4A Panorama Ellas.pa Una década del festival TalenPro 6B Economía Apede: debate sobre sustancia económica ‘es impostergable’ 2B Entre embargos y reorganización de activos en Perico Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Embargos y disputas legales mantienen en vilo el millonario proyecto turístico y comercial de Las Brisas de Amador, lo que evidencia deficiencias en la fiscalización de concesiones. El proyecto turístico y comercial de Las Brisas de Amador en isla Perico enfrenta una liquiMiel de abeja crece 52% y llega a 67,620 galones Flores reintegra al personal de Vamos, pero aún no cobran En 2025, la apicultura panameña alcanzó 67,620 galones de miel, un aumento del 52% respecto a 2020. Chiriquí lidera con 40,875 galones, seguida de Veraguas y Herrera. El sector crece, aunque plagas, cambio climático y capacitación técnica limitan su máximo potencial. VEA 1B La Contraloría anuló la suspensión de salarios a 48 funcionarios de la Asamblea Nacional, aunque no cobraron su quincena. Los afectados presentarán recursos legales, denunciando licencias sin sueldo y posibles irregularidades en auditorías previas. VEA 5A Jaime Fernández: la fragmentación de pandillas provoca más homicidios ENTREVISTA Eliana Morales Gil Juan Manuel Díaz [email protected] En entrevista con La Prensa, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, analizó los recientes homicidios en Panamá, a los que vinculó a decomisos históricos de droga, capturas de líderes pandilleriles y ajustes de cuentas entre grupos criminales. Sobre los riesgos de involucrarse en estas estructuras, advirtió: “La entrada al crimen organizado, y no voy a decir que esta persona lo estaba o no porque eso está en investigación, te lleva a tres opciones: te matan, vas preso o todas las anteriores”. Resaltó la extrema peligrosidad, la reacción violenta de las pandillas y la fragmentación de estas organizaciones tras la presión policial. VEA 6A Ciudad de las Artes Centroamérica Cuenta en Panamá Con la presencia de su fundador, Sergio Ramírez, se inauguró anoche Centroamérica Cuenta en Panamá. El festival literario, que se extiende durante toda la semana, ofrecerá foros, diálogos y presentaciones con destacados escritores internacionales. La mirada crítica y la experiencia de Ramírez simbolizan el prestigio del encuentro y su compromiso con la literatura, la memoria y los derechos humanos. Gabriel Rodríguez dación forzosa y embargos sobre activos valorados en 1.8 millones de dólares, tras años de litigios con compradores de apartamentos. A pesar de los movimientos societarios y disputas por concesiones estatales, las autoridades, incluida la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), no han respondido consultas sobre fiscalización ni sobre la aprobación de recientes traspasos vinculados a las concesiones en isla Perico, lo que vuelve a exponer la débil supervisión estatal sobre estos bienes públicos. VEA 2A Yo puedo agarrar un líder de una pandilla y otro va a querer ocupar esa posición. Entonces, el problema que tenemos es que cuando dos o tres quieren ocupar esa posición, comienza una ruptura.” UI UNIDAD INVESTIGATIVA EDUCACIÓN
2A La Prensa Panamá, miércoles 20 de mayo de 2026 Vista aérea de Isla Perico. Gabriel Rodríguez Liquidación, embargos y concesiones: el laberinto de isla Perico Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Diecisiete años después de la controvertida intervención del Estado en isla Perico, el proyecto Las Brisas de Amador enfrenta una liquidación forzosa que expone disputas legales, embargos y concesiones estatales, mientras el desarrollo turístico original se fragmenta entre locales comerciales, marinas privadas y desarrollos residenciales. El 13 de julio de 2009 ocurrió una actuación que quedó inscrita en la memoria colectiva de todo el país: la del entonces presidente Ricardo Martinelli ingresando al relleno marino de 2.8 hectáreas que, de forma ilegal, realizó Las Brisas de Amador en isla Perico. Fue con agentes policiales. Ese día colocaron un gran letrero blanco en el cual, en letras negras, se leía: “Propiedad del Estado”. Todo el mundo asumió que se trataba de una expropiación. Pero no. Diecisiete años después, el letrero ya no está; la policía se fue; la empresa sigue ahí y, sobre aquel relleno ilegal hay un montón de locales comerciales, restaurantes, parques infantiles y atracaderos.Se podría decir que al proyecto le va mejor ahora que en 2009. Sin embargo, algo ensombrece el horizonte. Las Brisas de Amador enfrenta una liquidación forzosa que vuelve a exponer la débil fiscalización estatal en la calzada de Amador, una de las zonas de mayor potencial turístico y más codiciada del país. El 10 de julio de 2024, el Juzgado Primero de Circuito Civil admitió una demanda presentada por Vikingo Joint Ventures Inc. y Vikingo Overseas Inc., sociedades que adquirieron inmuebles en Causeway Towers 6000, un PH que es parte de un conjunto de apartamentos desarrollados en Perico. El contrato de arrendamiento que Las Brisas de Amador suscribió con la entonces Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), el 14 noviembre de 2002, le permite vender a terceros las “mejoras” e instalaciones que construya sobre la concesión estatal. El pleito adquiere relevancia porque el contrato con la ARI establecía como causal de resolución administrativa la quiebra, concurso de acreedores o suspensión de pagos de la concesionaria, si alguno de estos hechos afecta el desarrollo del proyecto. Los reclamos entre Las Brisas, Vikingo Joint Ventures Inc. y Vikingo Overseas Inc. no son recientes. Ya se enfrentaron en un arbitraje por incumplimientos en la entrega de los apartamentos. Las dos sociedades compradoras reclamaron por casi dos años de retraso en la fase de construcción de calles de acceso, áreas sociales inconclusas y costos adicionales. Igualmente, recordaron que se les prometió que en la isla operaría un hotel de 300 habitaciones, casino, marina para yates, terminal de cruceros, cancha de tenis,gimnasio y helipuerto, entre otras amenidades. Todo eso quedó en nada. En 2011, las partes negociaron un acuerdo de finiquito, que Las Brisas posteriormente incumplió. En 2014, el tribunal emitió un laudo arbitral que ordenó un embargo de bienes, cuentas bancarias y fincas valoradas por $1.8 millones, a favor de Vikingo Joint Ventures Inc. y Vinkingo Overseas Inc. El secuestro se extendía a la administración de locales en la plaza comercial de Las Brisas. Los reclamantes intentaron embargar la concesión, pero el tribunal arbitral no lo permitió, ya que se trataba de bienes pertenecientes privativamente al Estado. Aunque el plan de uso de suelos de Amador definió el área como zona turística, con limitaciones expresas para desarrollos residenciales, en internet comenzaron a aparecer ofertas de apartamentos con precios de venta superiores a $400 mil. Las propiedades son promocionadas con vista a la bahía de Panamá y a isla Flamenco. Con el paso de los años, las ventas se mantienen activas dentro del complejo Causeway Towers, pese a que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2015 estableció límites a la privatización de terrenos concesionados en Amador y recordó que las áreas habían sido entregadas exclusivamente para fines turísticos. Rellenos y disputas sobre el fondo marino De vuelta a Martinelli y a la presunta expropiación, hay que recordar los eventos que antecedieron aquel evento. El contrato con la ARI se firmó en 2002, pero Las Brisas no tenía un contrato con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para hacer rellenos sobre fondo de mar destinados a un atracadero de embarcaciones. Para colmo, empezaron a tomar áreas ya adjudicadas a Fuerte Amador Resort & Marina (FARM) que sí tenía permiso de la AMP, así como un contrato de arrendamiento en Flamenco, la isla vecina. Por esa razón, en julio de 2009, Martinelli intervino el relleno de 2.8 hectáreas. Aunque en ese momento se colocaron advertencias oficiales, gran parte de las estructuras intervenidas permanecen actualmente en el paisaje urbano y comercial de isla Perico. Registros periodísticos de este medio muestran además que la sociedad suscribió arreglos de pago vinculados a obligaciones económicas derivadas de ocupaciones marítimas y otros compromisos pendientes con el Estado. Una resolución de Gabinete de 2014 dejó constancia de que Las Brisas mantenía “obligaciones económicas pendientes con el Estado” mientras avanzaban negociaciones para modificar la concesión con la ARI. Ese mismo año, la AMP adjudicó a la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) la administración sobre nuevas áreas marítimas destinadas al desarrollo comercial y de marina del proyecto en Perico. La renegociación entregó 12.4 hectáreas de la concesión de Las Brisas de Amador a favor de Island Strategic Ventures Inc.sociedad inscrita en agosto de 2013. El contrato estableció pagos escalonados por el uso de más de 10 hectáreas de fondo de mar por un período de 20 años. Esta sociedad tiene como presidente a Joseph Malca, mientras que Saúl Malca figura como secretario y tesorero, y Florencia de Malca como directora. Es casi un calco del grupo económico que está en la sociedad Las Brisas de Amador. De hecho, Joseph Malca, como presidente y representante legal de Las Brisas, firmó el contrato con la ARI en 2002. Desde marzo de 2025, el presidente es Ariel Flores Vemol, mientras que Claudia Pinzón y Rubia Iglesias están como secretaria y tesorera, respectivamente. Los suscriptores son Joseph Malca Holguín, Talia Husky de Malca y Samuel Israel. Pese a los litigios y reclamaciones acumuladas durante años, la reorganización de activos continuó. Documentos notariales de septiembre de 2024 muestran que Multibank autorizó una escisión parcial de activos de Las Brisas de Amador a favor de Causeway Boulevard, S.A., incluyendo bienes vinculados a la finca 273193, que corresponde a los PH y mejoras asociadas al complejo. La escritura señala que los activos traspasados tenían un valor de casi $25 millones. ¿Quiénes están en Couseway Boulevard? Abraham Ángel Manoa es el presidente y tesorero. Claudia Pinzón y Abraham Husky están como secretaria y director, respectivamente. Se desconoce si la Contraloría, la AMP o la UABR aprobaron estos movimientos de traspaso. Una isla cada vez más dividida Con el paso de los años, isla Perico dejó de funcionar como un proyecto turístico integrado. Actualmente, el área concentra operaciones del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Puerto de Cruceros de Amador, marinas privadas, muelles flotantes y desarrollos inmobiliarios residenciales y comerciales. Uno de los casos recientes involucra a Stward Agency Inc. empresa vinculada a Pablo Torres, que se instaló sin tener, siquiera, permiso de compatibilidad con las operaciones del Canal de Panamá. Aunque la AMP ordenó su desalojo en marzo de 2025, sus estructuras seguían en el área en abril pasado, tal como pudo constatar este medio. Un informe de la AMP muestra que Stward Agency tiene una solicitud de ocupación de área en trámite en la AMP. En el mismo espacio donde opera Stward Agency, la sociedad Suplidores y Servicios de Panamá, vinculada a Pablo Santoya, mantiene una concesión vigente para la construcción de un muelle que todavía no ha sido ejecutado. En esa isla también operó Perico Island Maritime Service, S.A., contra la cual se emitieron órdenes de desalojo por ocupación de fondo de mar y accesos terrestres. La empresa operaba un muelle de pasajeros en Amador sin contar con permisos de compatibilidad canalera. A pocos metros del centro de Perico funciona, además, el radar primario y secundario de la Autoridad de Aeronáutica Civil infraestructura clave para la navegación aérea. Pese a ello, distintas entidades estatales mantienen dificultades para fiscalizar plenamente las ocupaciones y concesiones existentes en Amador. El administrador de la AMP, Luis Roquebert, no respondió las consultas enviadas por este medio relacionadas con inspecciones realizadas, estado de las concesiones y acciones adoptadas frente a rellenos y ocupaciones irregulares en isla Perico. Asimismo, este medio intentó obtener la versión de Joseph Malca sobre los litigios, movimientos societarios y cuestionamientos relacionados con las concesiones en isla Perico, pero no respondió las llamadas ni los mensajes enviados para conocer su posición. Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama UI UNIDAD INVESTIGATIVA EL LADO OCULTO DE AMADOR
3A La Prensa Panamá, miércoles 20 de mayo de 2026 Panorama Según el reporte oficial, al cierre de abril, los casos de femicidio se distribuyen así mensualmente: 1 en enero, 2 en febrero, 4 en marzo, 2 en abril y 1 en lo que va de mayo. Archivo Femicidios: aumenta la violencia extrema contra las mujeres en el país Martha Concepción [email protected] DESPROTECCIÓN Expertos advierten sobre el modus operandi de los agresores: el control del celular, la fiscalización de la ropa y el mal manejo de la ira, son los primeros eslabones hacia la tragedia. El reciente femicidio con arma de fuego de una funcionaria del sistema judicial volvió a evidenciar que ninguna mujer, sin importar su profesión, nivel educativo o conocimiento de la ley, está exenta de convertirse en víctima de la violencia machista. Así lo señalaron a La Prensa la trabajadora social Yuri Pittí y la exfiscal de femicidio Maruquel Castroverde, quienes advierten sobre el aumento de la violencia extrema contra mujeres y niñas en Panamá Pittí alertó que no solo han aumentado las cifras de agresiones, sino también los niveles de crueldad con que se cometen estos delitos. Explicó que en los últimos años se han registrado casos de mujeres apuñaladas, quemadas dentro de sus hogares junto a sus hijos, descuartizadas o desaparecidas tras ser enterradas para ocultar sus cuerpos. A su juicio, estos hechos reflejan un crecimiento preocupante de la saña en los femicidios. De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de la Nación, hasta mayo de este año se contabilizan 10 femicidios consumados: uno en enero, dos en febrero, cuatro en marzo, dos en abril y uno en mayo. A esto se suman 13 tentativas de femicidio, una cifra que representa un incremento del 117% respecto al mismo periodo del año anterior y que, según Castroverde, requiere especial atención. Pittí explicó que las formas de violencia varían según la región del país. En Panamá y Colón predominan los femicidios con armas de fuego. En las provincias del interior son más frecuentes los ataques con armas blancas, mujeres quemadas o desaparecidas. Mientras tanto, en Chiriquí se observan casos donde las víctimas sufren agresiones sexuales antes de ser asesinadas y sus cuerpos reciben un trato degradante que evidencia odio hacia la mujer. Ambas especialistas coincidieron en que el femicidio no ocurre de manera aislada, sino que representa el desenlace de una cadena de violencias previas, entre ellas abuso psicológico, económico, patrimonial y sexual, muchas veces dentro del propio entorno familiar. “Para prevenir el femicidio necesitamos prevenir todos los tipos de violencia”, sostuvo Pittí. Las expertas también cuestionaron que la atención pública suele centrarse en las decisiones de la víctima y no en la conducta del agresor. Castroverde señaló que, en el caso reciente de la funcionaria judicial asesinada, debería investigarse cómo un hombre con arma de reglamento y permiso legítimo terminó utilizándola para matar. Consideró urgente que las instituciones de seguridad revisen cómo sus unidades activas manejan conflictos domésticos y violencia intrafamiliar. Otro aspecto abordado fue el riesgo que enfrentan las víctimas al denunciar. Pittí explicó que muchas veces el agresor reacciona con mayor violencia al sentirse expuesto o perder control sobre la víctima. Por ello, recomendó que antes de acudir al sistema judicial, las mujeres construyan redes de apoyo con familiares, amistades o compañeros de trabajo que puedan protegerlas en momentos críticos. Las especialistas hicieron además un llamado a la sociedad panameña a abandonar frases como “en problemas de marido y mujer nadie se mete”, ya que este tipo de creencias favorecen el aislamiento de las víctimas y dificultan intervenciones tempranas. El reportaje incluye además una guía para identificar señales de alerta en relaciones violentas, desde conductas de control y celos excesivos hasta amenazas, agresiones físicas y uso de armas. Asimismo, se ofrecen recomendaciones de seguridad antes de denunciar, como preparar documentación importante, establecer señales de auxilio y mantener evidencia de amenazas. Líneas Telefónicas de Emergencia Nacional en Panamá Si está experimentando una situación de violencia o sospecha que alguien cercano está en peligro, comuníquese de inmediato con estas líneas para recibir orientación, protección legal y asistencia psicológica: 182 – Instituto Nacional de la Mujer (INAMU): Línea de orientación gratuita y confidencial que opera las 24 horas, los 7 días de la crisis, para mujeres en situación de vulnerabilidad. 104 – Policía Nacional: Línea de respuesta inmediata para altercados físicos en desarrollo o emergencias que pongan en riesgo la vida. 321-2244 – App de Apoyo del Ministerio Público: Línea de asistencia directa para el seguimiento de medidas de protección y denuncia de abuso doméstico. 524-2300 – Fiscalía de Familia: Oficina judicial principal para interponer denuncias formales de violencia doméstica y solicitar órdenes de protección inmediatas (boletas de alejamiento).
4A La Prensa Panamá, miércoles 20 de mayo de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] TERNA. Dicen que mañana se abren las esclusas para algunos y se cierran para otros… Este jueves, la junta directiva de la ACP podría dar a conocer el nombre del próximo administrador del Canal. En la lista de semifinalistas permanecen Ilya de Marotta, Víctor Vial y Francisco Ruiz Miranda. Más vale que la directiva haga una buena designación, porque la infraestructura más crítica del país, y quizá de la región, se enfrenta a importantes decisiones y proyectos en el futuro próximo. ZAI JIHAN. La embajadora Xu Xueyuan se retira de Panamá. Tendrá una recepción de despedida el próximo 3 de junio, en la Ciudad del Saber. Su reemplazo ya fue embajador en El Salvador. ¿Vendrá con los planos de un estadio de fútbol bajo el brazo? RECLUTA. Martín Torrijos parece dispuesto a recoger a todos aquellos perredistas que se cansaron de esperar por un cambio interno. Ha dicho que “no todo el mundo en el PRD es malo”. Lo próximo será instalar un libro de firmas en la Avenida México. EGG. Por cierto, el diputado Raúl Pineda reaccionó a la conformación del partido político liderado por Torrijos. Según Pineda, se trata de un “grupito” de exfuncionarios “reciclados”, sin “visión de país”, a los que une la “avaricia del poder”. Eso suena a un acto de confesión. Y sin arrepentimiento. ESCARABAJO. Ayer, ToNiños de la escuela Nuestra Señora de La Merced. Elysée Ferández De Luxemburgo a Panamá: aprendizaje en la primera infancia Aleida Samaniego [email protected] EDUCACIÓN El programa educativo Magrid, originario de Luxemburgo, llega a Panamá a través de un plan piloto en el Centro de Formación Integral Nuestra Señora de La Merced en El Chorrillo. En el corazón de El Chorrillo, niños del Centro de Formación Integral Nuestra Señora de La Merced participan cada semana en una experiencia educativa poco común en las escuelas públicas de Panamá. Frente a una tableta y durante apenas 15 minutos, identifican patrones, completan secuencias y resuelven ejercicios diseñados para fortalecer habilidades cognitivas fundamentales incluso antes de aprender a leer y escribir. Se trata de Magrid, un programa educativo nacido en Luxemburgo que busca potenciar el desarrollo cognitivo infantil desde la primera infancia y que llegó al plantel como parte de un plan piloto impulsado por benefactores internacionales y panameños. El proyecto arribó al centro educativo a través de personas y organizaciones que conocían el trabajo comunitario que desarrolla la escuela en El Chorrillo y decidieron respaldar la iniciativa en Panamá. La propuesta fue presentada a Fray Javier Mañas, director del plantel, quien apoyó la implementación del programa. “El proyecto llegó de manos de personas que conocen el trabajo que realizamos aquí y creen en la importancia de invertir en la primera infancia”, explicó Mañas. Para el religioso, fortalecer el desarrollo cognitivo infantil representa una apuesta directa al futuro del país. “Toda inversión en primera infancia es una inversión para el país. Apostar por el desarrollo cognitivo de los niños les permite tener mejores oportunidades y un crecimiento integral”, expresó. Modelo educativo enfocado en primera infancia La herramienta educativa está dirigida a estudiantes desde maternal hasta primaria y funciona mediante ejercicios interactivos adaptados para niños de entre 3 y 7 años. También puede ser utilizada por estudiantes de mayor edad con necesidades educativas especiales, como trastornos del lenguaje, déficit de atención, dificultades auditivas, dispraxia o síndrome de Down. Mañas explicó que la escuela opera desde 2007 bajo un modelo de formación integral que acompaña a los estudiantes desde sus primeros años de vida. Muchos ingresan al maternal a los dos años y permanecen en el sistema educativo del centro hasta noveno grado. “Somos un centro de formación integral. Nuestras soluciones educativas van más allá de enseñar español y matemáticas. También promovemos valores y tratamos de sanar heridas sociales a través de programas y alianzas con organizaciones”, señaló. Aunque se trata de una escuela oficial, Nuestra Señora de La Merced también recibe apoyo de empresas privadas, benefactores y organizaciones no gubernamentales para sostener distintos proyectos sociales. La implementación de Magrid comenzó formalmente en marzo pasado y actualmente beneficia a entre 160 y 170 estudiantes, desde prekínder hasta tercer grado. “Desde enero hemos estado en contacto con el programa. Está presente en distintos países de Latinoamérica y Panamá fue escogido para desarrollar este plan piloto”, explicó Luz María Hurtado, coordinadora de proyectos del centro educativo. A diferencia de otras plataformas enfocadas en contenidos académicos tradicionales, Magrid trabaja áreas como motricidad fina y gruesa, percepción espacial, razonamiento lógico y habilidades numéricas básicas. “El programa está orientado a niños que todavía no saben leer. Por eso fortalece la lógica visual y el desarrollo cognitivo mediante ejercicios sencillos”, detalló Hurtado. Uno de los aspectos más valorados por los docentes es que el sistema limita intencionalmente el tiempo de exposición a las pantallas. Cada sesión dura un máximo de 15 minutos una vez por semana, con el objetivo de evitar la sobreexposición tecnológica en edades tempranas. “Nos ha ayudado bastante en el desarrollo cognitivo de los niños sin exponerlos demasiado a las pantallas, porque el programa dosifica el tiempo de uso”, afirmó. Educación, comunidad y oportunidades Aunque el proyecto apenas supera los dos meses de implementación, maestras y coordinadores aseguran que ya observan avances en la capacidad de concentración, atención y resolución de problemas entre los estudiantes más pequeños. La escuela mantiene, además, una jornada extendida de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., ofreciendo acompañamiento académico y otras actividades formativas dirigidas a niños y adolescentes del sector. “Tratamos de brindarles más herramientas a nuestros estudiantes, aun siendo una escuela oficial”, comentó Hurtado. La llegada de Magrid a Panamá no ocurrió de manera casual. Según explicó la coordinadora, varios benefactores internacionales identificaron el potencial del centro educativo en El Chorrillo para desarrollar el piloto, debido al trabajo comunitario y social que realiza la institución. Parte de esos apoyos provienen de Costa Rica y mantienen vínculos con organizaciones enfocadas en educación y desarrollo infantil. Detrás del programa también existe una visión más amplia. Documentos estratégicos de Magrid sostienen que fortalecer habilidades cognitivas desde edades tempranas puede traducirse en mejores resultados académicos y mayores oportunidades de desarrollo para los niños. La iniciativa plantea que muchos sistemas educativos de América Latina enfrentan dificultades para consolidar habilidades fundamentales durante los primeros años escolares, especialmente en comunidades vulnerables. Por ello, el enfoque del programa no busca aumentar las horas de estudio, sino hacer más eficiente el aprendizaje mediante ejercicios visuales y de razonamiento lógico. Otro aspecto destacado por sus impulsores es la capacidad del sistema para operar incluso en zonas con conectividad limitada. La plataforma funciona offline y sincroniza los datos posteriormente, lo que facilita su implementación en comunidades con acceso tecnológico restringido. Además de Panamá, Magrid mantiene programas en países como Perú y Colombia, junto a organizaciones internacionales que trabajan con niños en contextos vulnerables. Los resultados de este plan piloto se tiene previsto presentar al Ministerio de Educación. Mientras tanto, en las aulas de La Merced, en pleno corazón de El Chorrillo, pequeños estudiantes continúan resolviendo figuras, patrones y secuencias que buscan fortalecer capacidades esenciales para su aprendizaje futuro. En uno de los salones, una niña observa atentamente la pantalla de la tableta mientras intenta completar una secuencia de figuras geométricas. A pocos metros, otra estudiante levanta la mano emocionada tras resolver uno de los ejercicios, mientras una maestra recorre el aula observando en silencio el progreso de los niños. Para docentes y benefactores, la apuesta va más allá de la tecnología: se trata de abrir oportunidades en comunidades donde las condiciones sociales muchas veces limitan el acceso a herramientas educativas innovadoras. José González Pinilla [email protected] Gabinete aprueba un crédito por $4 millones para el Gorgas FONDOS PÚBLICOS Un crédito extraordinario por $4,011,545 fue avalado por el Consejo de Gabinete a favor del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), para continuar con la construcción de su nuevo campus. Nicanor III Obaldía Rodríguez, director general del Gorgas, explicó que en la actualidad el proyecto, ubicado a un costado de la Ciudad de la Salud, lleva un avance del 30%. El costo estimado de la obra es de $198,455,650. Según el director, se estima que la primera fase esté lista en 2028, año en el que el ICGES cumplirá 100 años. De acuerdo con Obaldía, la obra se desarrolla en un terreno de 6.5 hectáreas y tendrá dos fases: un edificio administrativo y otro de investigación. “El edificio de investigación será para estudios de diversos ámbitos, como parasitología, virología y un laboratorio de alta seguridad que permitirá el análisis de muestras peligrosas para los operadores”, indicó. Resaltó que el nuevo Campus Gorgas se consolidará como un centro de investigación científica de referencia nacional e internacional. El proyecto fue aprobado por el Consejo de Gabinete en 2017 y su construcción comenzó oficialmente en noviembre de 2022. Sin embargo, el inicio simbólico de la obra se realizó hasta julio de 2025. rrijos anunció que Rubén Arosemena, exvicepresidente de la República y expresidente del Partido Popular (PP), va a “participar” en su nuevo proyecto político. Ese mismo día, otro expresidente del PP, Daniel Brea, se unió a Ricardo Lombana y al Movimiento Otro Camino (Moca). Si siguen así, se van a llevar hasta la puerta del Volkswagen.
5A La Prensa Panamá, miércoles 20 de mayo de 2026 Panorama Janine Prado, Roberto Zúñiga y Janine Prado, diputados de Vamos. Elysée Fernández Flores reintegra al personal de Vamos, pero los salarios siguen suspendidos José González Pinilla [email protected] INSTITUCIONALIDAD La Contraloría anuló la suspensión de salarios a 48 funcionarios de la Asamblea Nacional, pero aún no reciben pagos y planean nuevos recursos legales para asegurar su cobro. La Contraloría General de la República dejó sin efecto la orden de suspender los salarios a un grupo de funcionarios de la Asamblea Nacional que laboran en los despachos de los diputados de la coalición Vamos. La decisión está consignada en la Resolución 1437-2026-DNAJ/UA del 11 de mayo, firmada por el contralor Anel Flores. No obstante, los afectados no cobraron su quincena el pasado 15 de mayo. Ese mismo día, pero más temprano, el contralor se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y los diputados de Vamos, Roberto Zúñiga, Luis Duke y Augusto Palacios. En ese reunión -según Zúñiga y Duke- se les comunicó que se restituirían los salarios de 48 funcionarios que Flores, de forma unilateral y sin comunicar a nadie, había otorgado “licencia sin sueldo”. En esa resolución se menciona que el contralor puede suspender el pago a los funcionarios. Si bien eso es así, no tiene la facultad de otorgar licencias (son o sin sueldo) que no laboran en la Contraloría. La ley de carrera administrativa indica que las licencias deben ser autorizadas por la entidad nominadora, que -en este caso- es la Asamblea Nacional. La Contraloría alega que la Dirección Nacional de Auditoría había identificado, en 2025 y 2026, supuestas anomalías en el pago de empleados en la Asamblea, ausencia de registro de asistencia o excepción de marcación, y posible dualidad de pagos y jornadas simultáneas. La decisión de dejar sin efecto la medida de suspensión de salario a los 48 funcionarios ocurre luego de que se validara “que no tienen ningún tipo de relación con la auditoría correspondiente”. Pese a que el contralor se comprometió a restituir los salarios, ni uno de los afectados cobró su quincena el pasado 15 de mayo. Así lo confirmaron los diputados independientes Janine Prado y Luis Duke. “Tampoco se ha dado mayor información”, añadió Prado. La abogada Martita Cornejo, quien labora en el despacho de la diputada independiente Alexandra Brenes, también lo confirmó. “A la fecha no nos han pagado ni un dólar”, dijo, al tiempo que explicó que algunos compañeros tienen pendientes cuatro meses de salario y otros, un mes. En su caso, no cobra desde hace dos meses. El grupo de afectados tiene previsto presentar esta semana nuevos amparos de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra las dos resoluciones que ordenaron la suspensión de salarios por parte de la Contraloría General de la República. No son los únicos recursos legales presentados. Ya el pasado lunes 11 de mayo presentaron ante la Contraloría dos recursos de reconsideración contra las resoluciones No. 619-2026-LEG/US, de 19 de marzo de 2026, y No. 1189 DNAJ/UA, de 15 de abril de 2026, que adoptaron las medidas cautelares de suspensión de salario. Cornejo dijo que aún no han sido resueltos. Adelantó, además, que presentará una ampliación en la denuncia penal —que ya había interpuesto ante el Ministerio Público— basada en el hecho de que la resolución del pasado 19 de marzo de 2026 suspendió su salario con fundamento en una auditoría que se realizó antes de que empezara a laborar en el Palacio Justo Arosemena. La resolución en mención señalaquelaauditoríaseejecutó en 2025 y era dirigida a detectar posibles “ausencias de registros de asistencia o excepción de marcación”. Cornejo y otro funcionario entraron a laborar en 2026. “Esto demuestra que hay una falsedad dentro de dicho documento”, sostuvo la abogada. Se consultó con la Contraloría sobre el proceso de reactivación de los salarios, pero hasta ahora no ha respondido. Luego de la reunión del 11 de mayo, el diputado Zúñiga, jefe de la bancada Vamos, explicó que el contralor les comunicó que dejaría sin efecto la medida y que se procedería al pago retroactivo de los salarios de los trabajadores afectados. Flores, además, les anunció que la reactivación de los salarios demoraría unos días. Los diputados de Vamos denunciaron en su momento que esa medida adoptada por Flores tenía una motivación política, debido a que los únicos en licencia eran funcionarios asignados a los despachos de la bancada independiente. Además, la suspensión de salarios se produjo en momentos en que la Asamblea discutía un proyecto de ley para fomentar el uso del bioetanol anhidro en el país. Flores fue presidente, hasta noviembre de 2024, de Central Azucarero de Alanje, uno de los ingenios que mostró interés en el bioetanol. Según el contralor, los funcionaros “investigados” no cumplían con un horario laboral en el legislativo. Por esa razón, les suspendió el salario y los colocó en régimen de “licencia sin sueldo por investigación”, sin avisar ni dar explicaciones.
6A La Prensa Panamá, miércoles 20 de mayo de 2026 La violencia sí es asunto del gobierno El título de esta columna parece obvio, pero resulta que para nuestro presidente no lo es. Y es que José Raúl Mulino dijo algo inaudito sobre la violencia en Panamá: que la guerra entre pandillas, los asesinatos y los ajustes de cuentas “no son un tema del gobierno”. Así como lo oyen. No sé si fue un lapsus o una confesión. Porque lo que se está normalizando en Panamá no es solo el aumento de la criminalidad. También es la idea de que las autoridades son incapaces de proteger a los ciudadanos.Según el mandatario, la violencia es un problema de “la maleantería que maneja el narcotráfico” y es “muy difícil, si no imposible”, controlar el comportamiento de las pandillas. Claro que el gobierno no decide lo que hacen las pandillas. Pero sí decide la estrategia —o la ausencia de ella— frente a una ola de violencia donde también están muriendo inocentes. Presidente, eso no sonó a explicación. Sonó a resignación. Marzo ya había sido el mes más violento del año con 53 homicidios. Abril lo superó con 62 asesinatos, casi el doble que el mismo mes del año pasado. En apenas cuatro meses, Panamá acumuló 193 homicidios. Más del 90% de los homicidios ocurrió en Panamá, San Miguelito, Colón y Panamá Oeste. Es decir: el gobierno sabe perfectamente dónde se mata, dónde operan las pandillas y dónde se está perdiendo el control. También sabe quiénes están muriendo. Más de la mitad de las víctimas tiene entre 18 y 29 años. Si Panamá enfrentara una epidemia que estuviera matando principalmente a personas jóvenes, nadie aceptaría escuchar al presidente decir que “no es un tema del gobierno”. Mucho menos cuando las propias autoridades reconocen que en San Miguelito hay pandillas reclutando niños desde los 9 años. Un niño de esa edad no entra a una pandilla por una disputa de carteles. Entra porque alguien ocupó primero el espacio que el Estado dejó vacío. Por eso la violencia no empieza cuando aparece un cadáver. Comienza mucho antes: con la deserción escolar, la falta de oportunidades y la ausencia de políticas de prevención. Tampoco es cierto que la violencia se queda encerrada en las guerras entre pandillas, que con tanta frecuencia describe Mulino. Ya sabemos que en Panamá la gente también muere “saliendo de la misa”. Esta semana asesinaron a una fiscal en un caso investigado como femicidio. El crimen contra Patricia Ossa se suma a las crecientes cifras de asesinatos contra mujeres en el país. También mataron a un representante en Chiriquí. Cada semana la realidad desmiente la cómoda narrativa de que los pandilleros solo se matan “entre ellos”. En 2018, cuando Mulino era un “opinólogo” más, tenía mucho más clara la gravedad del problema. “El país alarmado ante el aumento de inseguridad”, escribió entonces en X, denunciando la “fallida estrategia oficial”. Hoy, desde el poder, arremete contra quienes cuestionan la ausencia de una política integral de seguridad frente a la ola de violencia. La percepción es que la urgencia de las autoridades no está en proteger a la ciudadanía, sino en concretar compras, contrataciones, créditos extraorJaime Fernández, junto a su equipo de trabajo en momentos de la entrevista. Anel Asprilla Droga falsa, pandillas y homicidios: cómo explica la Policía la ola de violencia Eliana Morales Gil Juan Manuel Díaz [email protected] ENTREVISTA ‘Alguien se vio afectado’. La Policía sostiene que decomisos históricos, cargamentos falsos y guerras entre pandillas están detrás de la violencia reciente. La Policía Nacional tiene una explicación para los crímenes que han sacudido al país en los últimos meses y días: sus propios éxitos. Esa versión la expuso el director de la entidad, Jaime Fernández, en una entrevista con La Prensa, en la que mostró la radiografía de las estructuras criminales que operan en Panamá y defendió la ofensiva policial contra el narcotráfico y las pandillas. La tesis de Fernández apunta a una reacción directa de los grupos criminales frente a las incautaciones de droga, las capturas de líderes y las operaciones antipandillas ejecutadas desde el año pasado. “El mes de abril fue un mes que comenzamos a ver el resultado del éxito de estas incautaciones”, manifestó cuando se le consultó por el sangriento abril que dejó 62 asesinatos en todo el país y golpeó principalmente al distrito de San Miguelito y Alcalde Díaz, corregimiento al norte de la capital. “Alguien se vio afectado. Algún grupo quiere tomar posición más agresiva sobre otro”, añadió el director, al describir la dinámica que, según la Policía, alimenta los homicidios recientes. Fernández describió una cadena de consecuencias que arranca con incautaciones que calificó como “históricas”, con 35.6 toneladas de droga decomisadas solo por la Policía en 2025, y termina en ajustes de cuentas entre estructuras criminales que pierden cargamentos, dinero o control territorial. 121 grupos pandilleriles Según el director, el fenómeno ya no se limita a las pandillas tradicionales. La Policía identifica 121 grupos pandilleriles que operan subordinados o vinculados a ocho grandes estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, la contaminación de contenedores y el microtráfico. “Las 121 pandillas hacen servicios para esas grandes estructuras”, afirmó. Fernández aseguró que esas organizaciones mantienen conexiones con redes criminales fuera de Panamá y utilizan grupos menores para custodiar droga, mover cargamentos, ejecutar homicidios o controlar territorios. “La moneda de cambio ya no es el dinero, ya es droga”, manifestó al explicar cómo parte de los pagos dentro de las redes criminales termina luego en el microtráfico local, en los barrios. No era droga, era azúcar, yeso o tablas de madera El detonante más específico que identificó el director fueron los llamados “tumbes”. En al menos cinco decomisos recientes, las autoridades encontraron cemento, azúcar, yeso o tablas de madera dentro de cargamentos que supuestamente transportaban cocaína. “Comenzamos desde el año pasado a hacer un seguimiento y a hacer un test. Algunas drogas estaban diluidas. Comenzamos a llevar un control y ver qué estaba pasando. Y ya llegó un momento donde dijimos: aquí hay una tendencia, un patrón”, relató Fernández. Según el director, después de que las autoridades detectaron ese patrón y comenzaron a exponerlo, surgieron retaliaciones dentro de las propias estructuras criminales. “No puedo decir que todos los homicidios se han dado a raíz de eso, pero obviamente eso tuvo una incidencia”, afirmó. Los meses anteriores a abril habían sido, según sus palabras, “meses espectaculares y exitosos donde logramos tener por debajo del 10% la incidencia delictiva en cuanto a homicidios”. La ruptura de estructuras, el otro efecto colateral Más allá de los tumbes, Fernández describió otra dinámica que, según él, explica la violencia reciente: la fragmentación de grupos criminales tras la captura de líderes. “Yo puedo agarrar un líder de una pandilla y otro va a querer ocupar esa posición. Entonces, el problema que tenemos es que cuando dos o tres quieren ocupar esa posición, comienza una ruptura”, explicó. Ese fenómeno aparece con fuerza en Colón. La captura de integrantes de los G for Life o G4, estructura que operaba en Panamá y Colón, dio paso al surgimiento del Grupo Roca, al que la Policía vincula con buena parte de los homicidios registrados este año en esa provincia. Fernández narró que cuando asumió la dirección de la Policía, en 2024, la institución mantenía identificadas 180 pandillas. Hoy la cifra bajó a 121 grupos. En ese período, la Policía ejecutó 24 operaciones antipandillas en 2024 y 28 en 2025. En lo que va de 2026 ya acumula siete operaciones y mantiene otras 17 en preparación. La violencia se mueve fuera de los focos tradicionales La Policía es de la tesis que la presión contra las estructuras criminales también provocó un desplazamiento territorial de la violencia hacia provincias que históricamente no concentraban la misma atención. Chiriquí figura hoy con 24 grupos pandilleriles identificados por las autoridades. Panamá Oeste mantiene 22 y San Miguelito 35. “El crimen organizado aprieta una zona y sale por otra”, advirtió Fernández. El director describió a Chiriquí como un punto sensible por su conexión fronteriza y por el movimiento de droga hacia rutas internacionales. Según explicó, grupos criminales utilizan sectores cercanos a la frontera para trasladar narcóticos por vía terrestre y reforzar operaciones ligadas al microtráfico y la logística del narcotráfico. Las cifras de 2026 ilustran la dimensión del fenómeno. Hasta el 19 de mayo, la Policía reportó 145 personas detenidas por pandillerismo, 120 capturadas por homicidios y 66 por lesiones personales. En total, 3.433 personas resultaron aprehendidas en lo que va del año. Las autoridades también decomisaron 146 armas, entre automáticas, revólveres, pistolas y granadas, y 2.763 paquetes de droga. Solo en Tolé, Chiriquí, hace pocas semanas, dos pickups transportaban 1.5 toneladas de estupefacientes. El asesinato del representante Esta zona quedó bajo la mirada pública tras el asesinato del representante del corregimiento de Veladero, Tolé, Juan Ruperto Degracia Murillo, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD). El vehículo en el que viajaba junto a familiares recibió más de 70 impactos de bala. Fernández evitó vincular directamente a la víctima con estructuras criminales, pero dejó claro que la investigación analiza ese escenario. “No es normal que te tiren arriba de 70 impactos”, afirmó. También recordó que el representante había sobrevivido a atentados anteriores desde 2019 y mencionó las recientes incautaciones de droga en la zona. “La entrada al crimen organizado, y no voy a decir que esta persona lo estaba o no porque eso está en investigación, te lleva a tres opciones: te matan, vas preso o todas las anteriores”, sentenció. Crimen de la fiscal: ‘Violencia doméstica’ El director sostuvo además que varios homicidios recientes muestran patrones de violencia extrema asociados a mensajes entre grupos rivales. “No es normal que alguien te dé 30 tiros”, comentó al referirse a otros casos recientes. El crimen de Degracia Murillo ocurrió el pasado lunes, el mismo día del asesinato de la fiscal adjunta Patricia Ossa, en Pueblo Nuevo. Sobre ese caso, Fernández descartó cualquier vínculo con el crimen organizado. “Entendemos que fue un tema pasional, prácticamente de violencia doméstica”, afirmó, y precisó que no existían denuncias previas ni alertas contra el agresor. ‘Sin plata no hay seguridad’ La Policía Nacional mantiene alrededor de 17.000 uniformados, aunque Fernández reconoció que la institución necesita al menos 6.000 agentes más para cubrir la demanda operativa. “La misma comunidad está exigiendo más presencia policial, y la única razón para hacer esto es tener más policías y apelar a tener más presupuesto, porque sin plata no hay seguridad”, resumió. La conversación también expuso carencias internas. Fernández confirmó que la Policía lleva más de ocho años sin comprar chalecos antibalas nuevos y anunció una futura licitación para renovar esos equipos. Actualmente, los agentes comparten chalecos entre sí. “Yo aspiraría a que cada unidad tenga un chaleco”, dijo el director, quien describió la situación como un problema operativo y básico de dignidad para las unidades policiales. dinarios y procesos por “urgencia” para los proveedores favoritos. Helicópteros, aviones, horas de vuelo, botas y raciones de alimentos adjudicadas a empresas tan cercanas al poder que obligan a preguntarse cuál es la verdadera prioridad en materia de seguridad. Para favorecer a los mismos de siempre, el gobierno corre. Para prevenir que niños terminen en pandillas y comunidades enteras sigan atrapadas por la violencia, el gobierno se resigna. Les confieso algo: extraño al Mulino “opinólogo”. Por lo menos aquel entendía que una epidemia de violencia sí era un asunto del gobierno. Y uno de máxima urgencia. Panorama
7A La Prensa Panamá, miércoles 20 de mayo de 2026
8A La Prensa Panamá, miércoles 20 de mayo de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy competitivo escenario global donde los rezagados usualmente no tienen una segunda oportunidad. Por el otro, están los que señalan que operar sin reglas equivale a transferir poder de decisión sobre derechos fundamentales -como el trabajo, privacidad, justicia, salud, libertad de expresión- a sistemas opacos que nadie eligió y que nadie sabe quién controla. Aunque ambas posiciones podrían tener algo de razón, el verdadero problema es que ese engañoso debate, atrincherado en sus extremos, ha servido más bien como coartada para la inacción. Es cierto que Panamá tiene razones genuinas para ser cautelosa frente a regulaciones mal diseñadas. Nuestra economía depende, en buena parte, de presentar al resto del mundo un entorno atractivo para los servicios financieros, la logística, el comercio internacional y la inversión regional. Una regulación innecesariamente rígida o burocrática puede desalentar la adopción tecnológica precisamente en los sectores donde el país tiene ventajas competitivas reales. Ese riesgo existe y no debe descartarse. Pero confundir la regulación inteligente con la regulación prematura es un grave error. Las disposiciones sobre gobernanza del Reglamento de IA de la Unión Europea ya están vigentes, y en agosto próximo entrará en vigor otra buena parte del Reglamento, incluyendo las reglas sobre muchos sistemas de alto riesgo. Mientras, en Latinoamérica, la legislación de Brasil avanza y Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La universidad ya no puede definirse sola Educación superior des. Compite contra la velocidad del mundo. Y allí aparece una de las contradicciones más incómodas de nuestra región. Mientras las sociedades cambian aceleradamente, muchas universidades siguen atrapadas en modelos de gobernanza lentos, estructuras burocráticas pesadas y sistemas de calidad que muchas veces premian el cumplimiento documental antes que la capacidad de transformación. Seguimos midiendo estabilidad en medio de una época que exige adaptabilidad. Seguimos hablando de innovación mientras los procesos internos hacen casi imposible innovar. Y seguimos formando profesionales para mercados laborales que ya están cambiando más rápido de lo que los planes de estudio logran reaccionar. Quizás por eso una de las afirmaciones más poderosas del informe no tiene que ver con inteligencia artificial, sino con gobernanza. Unesco reconoce que muchos sistemas de educación superior tienen tan poca autonomía y tanta rigidez regulatoria que las universidades pierden capacidad de responder a las necesidades emergentes de sus sociedades. Eso explica parte del agotamiento institucional que hoy vemos en América Latina. No porque falte talento. No porque falten buenas intenciones. Sino porque muchos sistemas educativos fueron construidos para administrar estabilidad, no para liderar transformación. Adriana Angarita La IA y el costo de no decidir Regulación tecnológica Cuando el país ha tenido que decidir si establece reglas básicas para la adopción de una tecnología disruptiva, no es raro que surja una especie de emboscada intelectual que convence a algunos funcionarios -y hasta a entusiastas tecnológicos- de que la mejor política es esperar y no regular; solo observar cómo lo hacen los demás. En el caso de la inteligencia artificial, Panamá podría haber caído cómodamente en esa trampa. Y, aunque hoy no sea tan fácil distinguirlo, el tiempo involucrado en la espera eventualmente podría pasarnos la factura. La IA no es una tecnología del futuro; su evolución comenzó en 1950, cuando Alan Turing planteó su trabajo Computing Machinery and Intelligence, y en la actualidad tiene presencia en nuestro sistema financiero, en herramientas médicas, en plataformas de selección de personal, en sistemas que mueven mercancías a través de nuestro hub logístico, y en algoritmos que determinan el precio y las condiciones aplicables a ciertos productos y servicios. Estos y muchos otros usos se dan sin un marco normativo específico, sin obligaciones de transparencia y sin mecanismos adaptados a la naturaleza de estos sistemas que permitan rendir cuenta alguna. En un entorno tan vacío no debe asombrar a nadie que las discusiones resulten estériles. Por un lado, están los que afirman que regular tempranamente puede inhibir la innovación, ahuyentar la inversión y condenar al país a quedarse atrás en un muy Colombia ya ha emitido lineamientos para el sector público. Estos marcos no parecen frenar la innovación; al contrario, establecen condiciones de confianza que, a largo plazo, pueden hacer sostenible el uso de la IA en entornos donde los estándares importan. Y en el sistema financiero panameño -donde el escrutinio regulatorio global nos ha enseñado a veces a las malas- ahora los estándares sí importan. Sise trata de inteligencia artificial, la ausencia de reglas no necesariamente crea un terreno neutral. Probablemente, favorece uno donde los más poderosos imponen sus propias reglas, donde empresas que operan en otras jurisdicciones importan sus sistemas a Panamá sin adaptarlos a nuestra realidad jurídica, y donde el Estado carece de herramientas para auditar si los algoritmos que usa -o que permite usar- tienen sesgos que discriminan, distorsionan o concentran poder. Panamá no necesita copiar el reglamento europeo ni inventar una regulación desde cero. Necesita algo más sencillo, pero urgente: una política nacional de inteligencia artificial con principios claros, que oriente al sector público en el uso responsable de estas tecnologías, que establezca obligaciones mínimas de transparencia para sistemas de alto impacto, y que cree las capacidades institucionales para adaptar las reglas a medida que la tecnología evolucione. La pregunta no es si se debe regular ahora o después. Es si queremos definir cómo se gobierna la IA en nuestro país, o si preferimos que esa decisión la tomen otros por nosotros. Esta última también es una decisión. Solo que no la tomaremos conscientemente. EL AUTOR es abogado especializado en derechos digitales y ciberseguridad. LA AUTORA es especialista en innovación educativa y transformación institucional- CEO de SénecaLab. Y el problema no termina allí. La conversación sobre tecnología también ha sido simplificada peligrosamente. Hoy abundan discursos sobre IA, plataformas y automatización, pero el verdadero desafío es mucho más humano y cultural. El mismo reporte evidencia que la mayoría de docentes reconoce el potencial de la inteligencia artificial, pero también admite no tener suficiente orientación institucional para utilizarla adecuadamente. Eso debería hacernos reflexionar profundamente. No podemos pedirles a los estudiantes competencias para el futuro si las instituciones aún no construyen capacidades digitales sólidas en sus propios docentes. No podemos hablar de aprendizaje personalizado con modelos pedagógicos diseñados para la masificación industrial del siglo pasado. Y no podemos seguir creyendo que digitalizar procesos equivale automáticamente a transformar la educación. La transformación real ocurre cuando una institución aprende a tomar decisiones distintas. Y para eso necesita datos, liderazgo, flexibilidad y visión estratégica. Quizás ahí está uno de los mayores desafíos para América Latina. Durante años hablamos de acceso. Luego hablamos de cobertura. Después hablamos de calidad. Pero hoy necesitamos hablar de pertinencia, velocidad de adaptación y capacidad de generar impacto real en la vida de las personas. Porque el riesgo ya no es solamente que las universidades se queden atrás tecnológicamente. El verdadero riesgo es que pierdan relevancia social. Por eso cada vez estoy más convencida de que el futuro de la educación superior no se construirá desde conversaciones aisladas entre universidades. Se construirá cuando gobiernos, empresas, acreditadoras, tecnología y academia entiendan que el problema ya no pertenece a un solo sector. La universidad dejó de ser un sistema cerrado. Y tal vez esa sea la discusión más urgente de todas. Durante décadas, las universidades latinoamericanas fueron diseñadas para un mundo relativamente estable. Un mundo donde las profesiones cambiaban lentamente, donde los títulos garantizaban movilidad social y donde la educación superior tenía el privilegio de marcar el ritmo de la transformación social. Ese mundo dejó de existir. Y quizás lo más preocupante es que muchas instituciones todavía operan como si no se hubieran dado cuenta. En los últimos meses he dedicado buena parte de mi trabajo a revisar tendencias globales, conversar con rectores, docentes, empresas, organismos multilaterales y actores políticos de distintos países de América Latina. Pero recientemente, al estudiar el nuevo reporte global de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco) sobre educación superior, confirmé algo que cada vez resulta más evidente: la discusión sobre el futuro de las universidades no es tecnológica. Es estructural. La inteligencia artificial es apenas el síntoma más visible de una transformación mucho más profunda. El reporte plantea que la educación superior enfrenta simultáneamente cambios tecnológicos, tensiones económicas, transformaciones demográficas, nuevas expectativas laborales y una creciente presión social sobre su capacidad de generar valor real. En otras palabras: la universidad ya no compite únicamente con otras universidaEl debate sobre regular la inteligencia artificial enfrenta a quienes temen frenar la innovación y quienes advierten riesgos para derechos fundamentales y transparencia institucional. José Vega Gallardo La irrupción de la inteligencia artificial y la aceleración del cambio global obligan a replantear el papel de las universidades, cuya mayor amenaza ya no es tecnológica, sino la pérdida de relevancia social. Las dolencias de nuestros juristas Administración de justicia Hace poco leí una columna escrita por el ingeniero Roberto Alfaro, diplomático y empresario, donde, rebasada su paciencia, se quejaba de la ausencia de recursos legales para reclamar justicia. Si antes, sugiere el Ing. Alfaro, nos quejábamos de la lentitud de los procesos, ahora sencillamente ni siquiera se mueven. Los mismos abogados parecen haber desistido de ejercer su profesión, conocedores de que, más allá de la denuncia, los documentos laboriosamente preparados quedarán en el limbo por falta de padrino. Estudié Derecho; las enseñanzas me resultaron fascinantes y motivadoras. Quienes, tras difíciles estudios y exámenes, logramos acreditarnos ante la Corte Suprema de Justicia, confiamos en que, llegado el momento, ofreceríamos nuestros exquisitos conocimientos y desarrollaríamos una carrera lúcida. Da la casualidad de que estoy leyendo a Cicerón, quien nació en el año 106 antes de la era cristiana y es el primer abogado de quien se conservan sus alegatos. De hecho, se considera a Cicerón el más grande de los oradores romanos. Doy fe de que lo que suele decirse es cierto: el modo de alegar moderno en cualquier corte se inspira en los alegatos de Cicerón. Me permitiré un breve desvío: el inolvidable encuentro entre padre e hija. “¿Qué cosa has soñado siempre con tener, Tichi? ¿Cuál ha sido tu sueño?” “Papá, toda mi vida he soñado con tener un cuarto lleno de libros que no haya leído”. El padre quedó tan sorprendido como admirado: “¡Tener una hija que lo que me pide son libros!”. Así llegaron a mi vida 106 tomos de las palabras más sabias jamás escritas por seres que dedicaron su vida a producirlas. Por eso digo, con igual veracidad, que si quiero más años de vida es para leer más libros de ese maravilloso regalo. Concluyo dirigiéndome a Roberto: amigo, Cicerón (año 106 a.C.) siempre comenzaba sus brillantes alegatos diciendo que se veía obligado a regresar al foro porque la indolencia de los abogados y la corrupción llenaban de desesperación a los agraviados. LA AUTORA es escritora. Beatriz Valdés Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Gerente General Sudy S. de Chassin ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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