1A La Prensa Panamá, domingo 10 de mayo de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Domingo 10 de mayo de 2026 - Año 45 - Nº 15377 Hoy por hoy Las tensiones entre la Contraloría y miembros de la bancada Vamos dejaron hace rato de ser simples diferencias administrativas. La suspensión de salarios, los recursos ante la justicia y las investigaciones abiertas reflejan una fricción institucional que merece algo más que silencios. Hay un dato particularmente revelador: después de guardar silencio desde el 9 de abril, cuando irrumpió en una diligencia del Ministerio Público sin ofrecer mayores explicaciones públicas, la primera declaración de viva voz del contralor fue para arremeter contra quienes lo cuestionan desde la Asamblea Nacional. Mientras escala el choque entre instituciones, el presidente de la República parece inclinarse, con su silencio y sus llamados a “allanar diferencias”, a favor del contralor, pese a tratarse de un caso que plantea serias dudas sobre una posible extralimitación de funciones. A esto se suma la pasividad del presidente de la Asamblea, que continúa sin asumir un rol más firme frente a un asunto que involucra directamente la autonomía del Legislativo. El problema ya no es únicamente lo que hace el contralor, sino la normalización progresiva de actuaciones extraordinarias sin controles visibles. En democracia, la fiscalización es necesaria, pero también lo son los límites al poder. Historias El Canal tiene alto potencial para el turismo histórico 5B Plaza Amador se juega hoy su boleto contra Umecit 1B Deportes Panorama Coalición Vamos endurece pulseo con la Contraloría 3A Economía Fernández quiere zanjar crisis comercial con Panamá 7A Un solo caso de sarampión puede contagiar hasta a 18 personas El epidemiólogo Arturo Rebollón advierte que Panamá no está en crisis, pero pide no subestimar el sarampión: un solo infectado puede contagiar hasta a 18 personas. Alertó que las campañas antivacunas han debilitado la cobertura de inmunización en varios países. VEA 4A ‘Los partidos tradicionales quieren acabar con Vamos’ Simón Tejeira [email protected] En entrevista con La Prensa, Gabriel Silva afirmó que los partidos tradicionales buscan debilitar a la coalición Vamos mediante reformas electorales contra QUESIQUÉS Gabriel Silva habla sobre el futuro de Vamos, las votaciones legislativas, las reformas electorales, las promesas incumplidas en la Asamblea y el clima político que, a su juicio, amenaza las candidaturas independientes. las candidaturas independientes. El exdiputado también cuestionó la continuidad de malas prácticas en la Asamblea Nacional y advirtió que el creciente choque entre la bancada Vamos y la Contraloría refleja tensiones institucionales cada vez más profundas. VEA 3A Condado del Rey Temen colapso vial por proyecto urbanístico Comunidades de Condado del Rey y áreas vecinas advierten que el megaproyecto Vista Azul podría agravar el congestionamiento vehicular en una zona que ya colapsa en horas pico, especialmente porque muchas de sus calles funcionan como ruta de desahogo para conductores provenientes de Panamá Oeste a través de la vía Centenario y el Corredor Norte. Se realizaron consultas al Grupo Arango, promotor del proyecto, pero no hubo respuesta. VEA 2A Gabriel Rodríguez Constituyente originaria o paralela: el debate pendiente La Constitución contempla un mecanismo para su propio reemplazo mediante una Asamblea Constituyente Paralela, proceso regulado en el artículo 314 que permitiría aprobar una nueva Carta Magna con respaldo ciudadano vía referéndum. VEA 5A ANÁLISIS Costa Rica y las grietas de un faro democrático El analista Daniel Zovatto advierte que Costa Rica, considerado durante décadas un faro democrático regional, enfrenta señales de erosión institucional y concentración de poder tras la continuidad política de Rodrigo Chaves dentro del nuevo gobierno de Laura Fernández. VEA 6A INSTITUCIONALIDAD La Alcaldía de Panamá, a cargo de Mayer Mizrachi, modificó su plan de inversiones de 2026 al eliminar proyectos de aceras, bibliotecas digitales y obras comunitarias previamente aprobadas, mientras aumentó partidas destinadas a limpieza, mantenimiento de parques, ornato urbano y el Mercado Periférico de Tocumen. Así lo establece un acuerdo municipal que modificó el presupuesto. VEA 7A PRESUPUESTO Alcaldía elimina aceras y bibliotecas para redirigir millones a limpieza y ornato Fondos municipales El presupuesto aprobado para la Alcaldía de Panamá en 2026 asciende a $242.3 millones, de los cuales $67.7 millones corresponden al Plan de Obras e Inversiones que recientemente fue reconfigurado mediante traslados y eliminación de proyectos comunitarios. Gabriel Silva Anel Asprilla
2A La Prensa Panamá, domingo 10 de mayo de 2026 Vista aérea de Condado del Rey, en la ciudad de Panamá. LP/ Gabriel Rodríguez Condado del Rey: una comunidad saturada que teme colapsar Yaritza Mojica [email protected] URBANISMO Los residentes y vecinos de áreas aledañas advierten sobre un mayor colapso vial y presión sobre servicios públicos ya saturados en la zona si se reactivan megaproyectos urbanísticos. Las calles colapsadas en horas pico, los problemas de baja presión de agua, las fluctuaciones eléctricas y el temor a inundaciones forman parte de la realidad cotidiana de los residentes de Condado del Rey y comunidades vecinas. Esta urbanización, ubicada entre la vía Ricardo J. Alfaro y el Corredor Norte —y que, en gran parte, pertenece al distrito de San Miguelito— nació a finales de la década de 1980 como un desarrollo de Casas Bellas, del Grupo Los Pueblos. Más de 40 años después, Condado del Rey y sus áreas aledañas han experimentado un crecimiento acelerado. La expansión de urbanizaciones, edificios residenciales, plazas comerciales y centros educativos ha convertido a la zona en uno de los sectores con mayor densidad poblacional de la ciudad. Según el Censo de Población y Vivienda 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), solo entre las comunidades de Condado del Rey, Altos de Panamá, Altos de María, Limajo y Horizonte residían 6,613 personas. Actualmente, la cifra es mayor debido al desarrollo de nuevas barriadas y edificios de apartamentos. Sin embargo, para muchos residentes, ese crecimiento no ha estado acompañado de mejoras en la infraestructura vial ni en los servicios públicos. Rosa, residente de Altos del Country 3000, describió algunos de los problemas que enfrentan diariamente. “La comunidad tiene problemas con la electricidad y las fluctuaciones de voltaje. Las casas que no tienen reguladores constantemente pierden equipos”, relató. También mencionó las dificultades con el suministro de agua potable, especialmente durante la temporada seca. “Hay veces en que la presión del agua es muy baja y hay casas donde no llega. En verano eso empeora muchísimo”, explicó. A esto se suma el congestionamiento vehicular. Aunque durante algunas horas las calles internas parecen tranquilas, la situación cambia drásticamente en las mañanas y las tardes. “El tráfico es horrible cuando entra y sale el Colegio Real. Y desde las cuatro de la tarde esto se llena porque muchos conductores usan estas calles como atajo para conectar con la vía Centenario”, comentó. La rutina de Rosa —entre el trabajo, la escuela de sus hijas y las tareas del hogar— podría verse aún más afectada si avanza el megaproyecto urbanístico Vista Azul. El proyecto, concebido hace más de una década, forma parte de un Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) aprobado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) mediante la Resolución 223-2011 del 16 de mayo de 2011. Se trata de un desarrollo de alta densidad sobre más de 200 hectáreas. Recientemente, volvió a estar en discusión luego de que la promotora MS Norte, S.A. iniciara reuniones informativas con residentes, como parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del desarrollo Condado Norte, parcelas 2 y 3, que incluiría accesos vehiculares en terrenos colindantes con el Corredor Norte. Temor a un colapso mayor Los vecinos aseguran que no se oponen al desarrollo urbanístico, pero advierten que la infraestructura actual de Condado del Rey ya se encuentra al límite y no soportaría la conexión de un nuevo complejo residencial de gran escala. Otro de los temores gira en torno a las excavaciones y voladuras necesarias para remover material rocoso en el área. Óscar Clark, residente, ingeniero de profesión y vocero comunitario, explicó en una emisora local que las comunidades comenzaron a comprender la magnitud del proyecto hace apenas unas semanas, cuando la promotora inició las reuniones. “El gran temor de Condado del Rey es que no solamente se trata de un megaproyecto de 200 hectáreas, sino de que los servicios de carretera, luz, agua potable, drenaje pluvial y alcantarillado se conecten a la red existente de Condado del Rey”, advirtió. Según Clark, el proyecto cuenta con aprobaciones otorgadas hace más de 10 años por instituciones como el Miviot y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). No obstante, indicó que el estudio ambiental venció hace dos años y que solo resta su renovación para iniciar las obras. Ante esta situación, cuestionó que los permisos originales hayan sido aprobados bajo condiciones urbanísticas muy distintas a las actuales. “Hace 10 años no existía la cantidad de barriadas ni la densidad poblacional que existe hoy. Las condiciones han cambiado totalmente”, sostuvo. Uno de los principales reclamos de la comunidad es que Vista Azul desarrolle infraestructura independiente y no se conectealossistemasyaexistentes. “Una megaobra de este tipo tiene que tener sus propios accesos viales, alcantarillado, agua potable y electricidad. No puede conectarse a servicios que ya están saturados”, afirmó Clark. Impacto ambiental y movilidad Por su parte, la arquitecta Xochitl Troncoso, presidenta de la Red Ciudadana de Panamá, aseguró que uno de los riesgos del proyecto es la pérdida de cobertura vegetal y de áreas boscosas de amortiguamiento, que actualmente ayudan a reducir el ruido y mejorar la calidad del aire. También alertó sobre posibles inundaciones debido a la impermeabilización del suelo y al colapso de drenajes y quebradas. “Ya hay zonas donde las calles se inundan y se desbordan quebradas y afluentes. Esto podría empeorar”, señaló. La urbanista cuestionó, además, las limitaciones de los estudios de impacto ambiental en Panamá, al considerar que muchas veces no evalúan adecuadamente el impacto de los proyectos sobre la movilidad y la seguridad vial. Actualmente, muchas calles de Condado del Rey son utilizadas como rutas alternas por conductores provenientes de Panamá Oeste que buscan conectar con vías como la Ricardo J. Alfaro y la avenida Centenario. En horas pico y durante fechas comerciales o festivas, la zona queda prácticamente colapsada, al punto de dificultar la entrada y salida de los propios residentes, incluso en situaciones de emergencia. Alcaldía pide revisar accesos públicos La Alcaldía de San Miguelito indicó que está al tanto de las principales inquietudes planteadas por los vecinos, especialmente las relacionadas con los accesos viales y el impacto en el tráfico vehicular. Además, informó que recientemente solicitó formalmente al Miviot la revisión y confirmación de los accesos públicos contemplados en el proyecto. Sobre las detonaciones y voladuras necesarias para el desarrollo, la Alcaldía aclaró que actualmente esos permisos no requieren aprobación municipal. Sin embargo, indicó que sí puede fiscalizar que el Ministerio de Seguridad realice las inspecciones correspondientes y adelantó que trabaja en un acuerdo municipal para modificar ese procedimiento. Además, el Municipio destacó que actualmente cuenta con una Unidad Ambiental Municipal, encargada de emitir opiniones técnicas formales ante el Ministerio de Ambiente durante la evaluación de proyectos urbanísticos. La Prensa consultó al Miviot sobre la actualización de los permisos otorgados en 2011 y sobre los accesos públicos relacionada con el proyecto Vista Azul; sin embargo, no hubo respuesta oportuna. También se pidió la versión al Grupo Arango, propietario del proyecto Vista Azul; no obstante, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. Las consultas se realizaron vía correo electrónico, mediante el portal web y por llamada telefónica. Aunque un colaborador de la empresa tomó los datos, no se logró concretar una respuesta oficial. Vecinos de Condado del Rey han advertido de los problemas por el desarrollo inmobiliario. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, domingo 10 de mayo de 2026 Panorama Gabriel Silva, exdiputado de la ciudad de Panamá y uno de los líderes de la coalición Vamos. Anel Asprilla ‘El gobierno es el que está taquillando con la plata del pueblo´ Simón Tejeira ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Gabriel Silva, abogado de 35 años de edad, fue diputado independiente por libre postulación (2019–2024); cofundador y vicepresidente de la Coalición Vamos. ¿En qué has estado? No continúo directamente en política, pero soy vicepresidente de la coalición Vamos y, desde que salí, he estado ayudando a organizarla, a capacitar a sus líderes actuales y a formar nuevos líderes mediante actividades académicas. También, después de salir de la Asamblea, fui a la Universidad de Yale, en Estados Unidos, a dictar cursos y a compartir un poco la experiencia de lo que fue la coalición Vamos en Panamá y cómo surge este movimiento ciudadano. ¿De qué era el curso? ¿De cómo matraquear en una Asamblea? No, porque en verdad nosotros no teníamos mucho poder para matraquear, así que realmente no he tenido esa experiencia. ¿Cómo se organizan ustedes? Vamos surge como un movimiento ciudadano. No somos un partido político, como la ciudadanía sabe; somos un grupo de independientes. Sin embargo, sí tenemos una junta directiva elegida por las figuras electas de la coalición Vamos y por los voluntarios clave. De ahí surge la junta directiva actual, donde está el presidente Juan Diego Vázquez. Yo estoy como vicepresidente y hay otros líderes, como Javier Yap Endara y Mijail Castillo, entre otros. Hay más de 200 voluntarios de organización que nos ayudan en diferentes tareas. Veo a Vamos como un ser humano: surgimos como un bebé literalmente en 2024; ya hemos dado nuestros primeros pasos, estamos creciendo y en esa etapa de formación donde hay errores y aprendizajes. Todavía es una situación muy nueva que está en esa fase de crecimiento. ¿Está en sus mentes convertirse en partido político? Lo digo después de estas reformas electorales, en donde tal vez los obliguen a tener que comportarse como un partido político. Esa es la pregunta que todo el mundo nos hace. Lo primero es que Vamos no va a desaparecer. Va a regresar a la política en las próximas elecciones porque Panamá sigue teniendo corrupción, sigue habiendo improvisación y los servicios públicos no son de calidad. Lo segundo es definir qué herramienta usar: si vamos a ser un partido político o si seguiremos siendo un movimiento independiente. Eso está por verse. Los partidos políticos tradicionales quieren acabar con Vamos. ¿Y por qué quieren acabar con la coalición Vamos? Por lo que estamos haciendo: presentando proyectos de ley anticorrupción, impulsando reformas educativas, promoviendo la digitalización de trámites gubernamentales y buscando acabar con la burocracia. Entonces nos ven como una amenaza y, en vez de intentar ganarnos con votos en la próxima elección, dicen: “¿Sabes qué? Vamos a eliminar, reducir o debilitar las candidaturas independientes”. Los partidos políticos dicen que es injusto que a ellos se les mida con una vara y que tengan ciertas reglamentaciones que Vamos no tiene que seguir. Yo lo veo al revés. Los partidos políticos tienen muchísimos beneficios: subsidios, oficinas, estructuras y ventajas para hacer alianzas. ¿Vamos tiene sede? Vamos ni siquiera tiene una oficina. Es un movimiento político muy orgánico donde no tenemos padrinos ni madrinas, ni grandes chequeras. Literalmente, no tenemos financiamiento. ¿Cómo se financian? Lo que hacemos son actividades de recaudación. Organizamos eventos en diferentes restaurantes o bares abiertos al público. Por ejemplo: pintar un parque este domingo, como, de hecho, vamos a hacer. Entonces preguntamos: “¿Quién tiene pintura? ¿Quién tiene voluntarios?”. Si vamos a hacer un conversatorio o una capacitación, buscamos quién puede conseguir un espacio, qué orador puede venir sin cobrarnos y qué empresa puede donar comida o venderla a bajo costo. Hemos tenido eventos en los que tenemos que pedir pizza sin pepperoni porque no ha llegado el “chen chen”. ¿Cómo se toman decisiones? Lo digo porque siempre que hay una votación, de repente algunos de Vamos votan en una dirección y otros en otra. Pienso en el nombramiento del magistrado del Tribunal Electoral, donde hubo por lo menos tres diputados que no siguieron la línea del resto. ¿Cuál es la interacción entre Vamos, la organización y los diputados? La coalición Vamos y la junta directiva no bajan línea. No hay un diputado que pueda decir: “Gabriel o Juan Diego me llamaron para decirme vota así o vota de esta manera”. Eso no pasa. La bancada se reúne, toma una decisión y luego ellos, en el pleno, deciden si respetan esa decisión tomada en bancada o si cada uno vota por su lado. Lo que sí les decimos constantemente es: traten de votar en conjunto, de actuar como equipo, de no dividirse. ¿Qué pasó con el magistrado del Tribunal Electoral? Hay una pregunta más fundamental que no estamos viendo: ¿por qué, si el magistrado Juncá sale de su puesto en 2027, estamos teniendo una elección en abril de 2026? Faltan meses para que Juncá salga y la Asamblea presionó para tomar una decisión ya. Yo creo que ahí estáloalarmantedeloquepasó. ¿Y cuál es tu respuesta a esa pregunta? Que el presidente de la Asamblea está por salir y quería colocar a un copartidario en ese puesto: alguien panameñista, que fue alcalde panameñista, que tiene una relación cercana con él... Lo responsable hubiese sido tener un proceso de, por lo menos, varios meses. Esto se aprobó en menos de un mes; las entrevistas se hicieron en menos de dos semanas. Pero todos los nombramientos han sido así: el de la Defensoría, el del contralor... Acelerados y básicamente a puertas cerradas. Y eso está mal. Respondiendo tu pregunta sobre la decisión que tomaron los tres diputados: no hubo ninguna línea, ni de Juan Diego ni de la junta directiva, diciendo “vota por este” o “vota por otro”. Nunca. La bancada tomó una decisión de apoyar a Juncá. Ellos no la compartieron y votaron como quisieron. Siento que Vamos le ha hecho el trabajo fácil al gobierno de turno porque, al haberse llevado tantas curules, obligó a los partidos tradicionales a trabajar juntos. Y pareciera que están más unidos que nunca. Cuestiono un poco lo que dices. Históricamente, en Panamá siempre hemos visto una Asamblea sumisa al Ejecutivo. Por primera vez llegan 20 independientes que comienzan a generar tensión y a decir: “Espérate, tú no me puedes comprar tan fácilmente. Yo no me voy a vender por una bolsa de comida o por un nombramiento”. Eso ha creado fricción. ¿Cuál ha sido la narrativa de algunos sectores del gobierno? Que Vamos solo destruye, critica todo y se opone a todo. Pura taquilla. Han querido instalar la idea de que nos oponemos a todo. Pero Vamos ha apoyado alrededor del 80% de las iniciativas que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea. ¿Cómo puedes decir que la coalición está en contra de todo cuando apoya la gran mayoría de las propuestas? La otra gran mentira, que me parece increíble, es la narrativa de la “taquilla”. ¿Quiénes son los que gastan millones de dólares anualmente en publicidad? El gobierno es el que está taquillando con la plata del pueblo, no los diputados de Vamos. Quienes critican la taquilla son los mismos que la practican. ¿Cómo están viendo las reformas electorales y cómo eso cambia su panorama de cara a las próximas elecciones? Mi temor es que vemos a los partidos políticos tradicionales en la Comisión Nacional de Reformas Electorales diciendo básicamente que con los independientes hay que acabar: que no pueden ir en lista, no pueden ir en equipo y no se pueden agrupar. Obviamente, eso es inconstitucional. Tienen los votos en la Asamblea para acabar no solo con Vamos, sino también con los independientes y con ese 50% de la población que no está inscrita en ningún partido. Vamos ayudó a que quedara el presidente actual de la AN. Sí, por dos razones. Primero, porque lastimosamente los engañó. Se prometió que se harían reformas y que se reduciría la planilla, y eso no se ha hecho. Nos decepcionó. Pero también hay que entender el contexto de esa elección: era entre Jorge Herrera y la unidad de RM. ¿Cuál de los dos era más peligroso? En esta ocasión, ya viendo la continuidad de las malas prácticas que pueden darse, yo creo que los diputados deben ser más prudentes e inteligentes en su propuesta y en su voto. ¿Ya se escuchan rumores de quién podría ser? La verdad es que no tengo idea. Yo pensaría que Jorge Herrera va a tratar de buscar la reelección. Y, si tuviese que apostar, diría que probablemente ya tiene una parte significativa de los votos. Ojalá no sea así. Es momento de que la Asamblea tenga diputados decentes, que quieran priorizar la lucha contra la corrupción y acabar con la sinvergüenzura de los nombramientos innecesarios. Y eso no lo vamos a ver con la junta directiva actual. Lo que veremos será más de lo mismo.
4A La Prensa Panamá, domingo 10 de mayo de 2026 Panorama El Minsa pide a los panameños y residentes en el país que revisen su esquema de vacunación, y de ser necesario, acudan a los centros de salud a inmunizarse contra el sarampión. LP/Archivo ‘Un solo infectado por sarampión podría contagiar a 18 personas’ Martha Vanessa Concepción [email protected] SALUD PÚBLICA El Dr. Arturo Rebollón advierte que los que no se han vacunado en 10 años deben inmunizarse y aunque no estamos en crisis, pide no subestimar esta enfermedad, que puede ser mortal. Tras la detección de dos casos importados de sarampión en el país, el doctor Arturo Rebollón, directivo de la Sociedad Panameña de Epidemiología y Modelaje Matemático (SOEPIMO), informó ayer que la vacuna requiere un refuerzo cada 10 años, así es que los que se vacunaron de niños deben buscar protección. “No estamos en una situación de crisis ni de pandemia, pero es importante darle al virus el respeto que se merece”, dijo Rebollón a La Prensa. Dosis e importancia de refuerzos El científico recordó que se trata de un virus que tomó años controlarlo. “Panamá tiene la certificación de país libre de sarampión, porque no tenemos transmisión interna y eso es gracias a las amplias coberturas de vacunación en el país”, afirmó. Al respecto, el Ministerio de Salud (Minsa) ha informado que no se da un caso autóctono en el país desde 1995, es decir hace 31 años. Y no se presentaban casos importados desde 2011. Sobre las vacunas, Rebollón explicó que la primera vacuna MMR se aplica al cumplir el primer año de edad, con una segunda dosis al año y seis meses, de acuerdo al Esquema de Vacunación Nacional. Posteriormente, se recomiendan dosis de refuerzo entre los 15 y 19 años y, luego, cada 10 años para adultos. “Cada 10 años implica que una persona se tiene que poner una vacuna a los 24, a los 34, 44, 54 y estoy seguro que usualmente la gente no se la pone”, advirtió Rebollón, resaltando que la falta de refuerzos favorece la circulación del virus entre personas no protegidas. Insistió en que los refuerzos son importantes, “porque las defensas van bajando”. Rebollón enfatizó la importancia de la vacunación: “Lo primero que la ciudadanía debería hacer es irse a reforzar con la vacuna, a un centro de salud, gira médica o feria de vacunación. En el sistema de salud estas vacunas no tienen ningún costo”, agregó. Un virus de alta peligrosidad El experto recordó la gravedad histórica de la enfermedad: “El sarampión la gente piensa que es una cosita roja en la piel y ya, pero esa es una enfermedad conocida como ‘mata niños’, porque afecta fuertemente a los menores de cinco años por complicaciones neurológicas y pulmonares”. También destacó la alta capacidad de transmisión en lugares cerrados: “Cada persona afectada puede infectar a 18 personas más. Imagínate que vienes con un infectado en un Metrobús, allí hay una alta probabilidad de transmisión en ese bus completo”. Autoridades de salud recomiendan a las personas revisar su esquema de vacunación contra el sarampión, especialmente antes de realizar viajes internacionales. Se ha pedido a las personas que planean viajar al Mundial de Fútbol, que se vacunen, ya que en países como México, Canadá y Estados Unidos, se registran casos de sarampión. La Organización Mundial de la Salud ha reportado un aumento significativo de casos de sarampión a nivel mundial, incluyendo transmisión autóctona (endémica) y casos extranjeros (importados) en múltiples regiones. Además de los países ya mencionados y Panamá, señala casos en Guatemala, Bolivia, Francia, Italia, España, Rumania y Países Bajos. Como el principal factor de riesgo menciona la baja cobertura de vacunación, lo que causa que los casos importados se conviertan rápidamente en locales. Síntomas de alerta Durante la entrevista, Rebollón instó a estar atentos a cuadros virales que incluyan: -Fiebre y malestar general. -Erupciones rojizas en la piel (similares a una alergia). -Manchas blancas en el interior de la boca. “Es un momento clave en el que nuestros sistemas de salud se ponen a prueba. Históricamente, el sarampión ha afectado mortalmente a los niños y en eso uno no puede ser flexible”, concluyó el especialista. Por su parte, el Aeropuerto de Tocumen informó que mantiene coordinación constante con el Minsa y aplica los protocolos establecidos para vigilancia y atención de eventos de salud pública.
5A La Prensa Panamá, domingo 10 de mayo de 2026 Panorama La Constitución regula quiénes pueden promover el proceso de la Asamblea Constituyente: Ejecutivo, Asamblea Nacional, o la ciudadanía. LP/Elysée Fernández El proceso constituyente regulado Rigoberto González M. ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS Las autoridades del Estado panameño, electas y designadas, siguen desempeñando sus atribuciones, sin alteraciones, mientras se da el proceso de la Asamblea Constituyente. E n la doctrina constitucional se sostiene que la Constitución panameña es de las pocas Constituciones en el mundo que regula su propia destrucción. Esto se afirma así porque, en efecto, en su artículo 314 se dispone, de manera categórica, que “podrá adoptarse una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente Paralela”. Dispuesto esto se procede, en el citado artículo de la Constitución, a regular el proceso constituyente que, de activarse, tendría como propósito aprobar “una nueva Constitución” vía la denominada Asamblea Constituyente Paralela. Dicho proceso constituyente consiste en regular, quiénes pueden promover dicho proceso constituyente, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional o por iniciativa ciudadana, en base a qué reglas el proceso constituyente se llevaría a cabo, reglas que tienen que ser reguladas por el Tribunal Electoral, el número de constituyentes que integrarían la Asamblea Constituyente Paralela, el tiempo con el que contaría ésta para debatir y aprobar la nueva Constitución y que, una vez aprobada por la referida Asamblea constituyente la Constitución, ha de ser sometida a referéndum a objeto que sea el pueblo el que determine, si está o no de acuerdo y, en el supuesto que el referéndum sea favorable, se termina señalando en el artículo 314 de la Constitución, cuándo entraría en vigencia la misma. Esto es lo que permite afirmar que existe, todo un proceso constituyente regulado en la Constitución que, de activarse, traería como resultado su propia destrucción en la medida en que, de prosperar el referido proceso constituyente se reemplazaría la Constitución que así lo regula por otra. Ahora bien, qué significa eso de Asamblea Constituyente Paralela. Pues que quienes la diseñaron lo que buscaban con ello es que tal Asamblea Constituyente, a la vez que esté ejerciendo sus funciones, la de aprobar una nueva Constitución, las demás autoridades del Estado panameño, las electas y las designadas, puedan seguir desempeñando sus atribuciones sin que sus periodos constitucionales se vean alterados. Es esa la idea de lo de “Asamblea Constituyente Paralela”. Esto, por lo demás, queda así previsto en el artículo 314 de la Constitución al establecer que, “en ningún caso las decisiones que adopte” la Asamblea Constituyente Paralela, “tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o designados, que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución”. Es esa la idea como fue concebida la Asamblea Constituyente Paralela, y he ahí el porqué de esa denominación. Y al tener esa denominación y limitaciones es lo que ha llevado a su incomprensión, a las descalificaciones de que ha sido objeto al grado de sostenerse que la así regulada Asamblea constituyente, no es una verdadera Asamblea constituyente. Lo cierto es que todas las críticas que le puedan hacer, con fundamento o no, lo que no pueden hacer desaparecer es un hecho cierto y categórico y es que, vía la convocatoria de esa Asamblea Constituyente Paralela, “podrá adoptarse una nueva Constitución”. Esa afirmación tiene sustento, desde luego, en el ya citado artículo 314 de la Constitución al grado tal que, se le quita a esa Asamblea lo de “Paralela” y termina diciendo exactamente lo mismo, que “podrá adoptarse una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente…” Ni más ni menos y así de simple. Lo que significa que cualquier debate con relación a dicha Asamblea no puede desconocer lo que la misma Constitución le atribuye, la facultad y capacidad que con su convocatoria tiene, la de poder adoptar “una nueva Constitución”. Que en la Constitución exista regulado un proceso constituyente que de ponerse en marcha haría posible aprobar una nueva Constitución no significa, desde luego, que esa sea la única vía para aprobar un nueva Constitución. Decimos esto ya que existe otra vía, consistente en optar por ejercer el poder constituyente originario. Lo que va a diferenciar uno y otro proceso constituyente es que uno tendrá legitimidad jurídico-constitucional, al estar regulado en la Constitución y el otro será una vía de hecho al no estar regulado jurídicamente y sin que tal condición sea necesaria. Lo que sí es importante tener presente es que, por las implicaciones políticas que tiene activar un proceso constituyente originario, por ser y tratarse de una vía de hecho que va a implicar una ruptura con el orden constitucional existente es por lo que necesita, para ponerlo en marcha, de la mayor legitimidad democrática posible. Y esa legitimidad democrática pasa por la convocaría a un Pacto Constituyente. De lo contrario, de obviarse esa legitimidad democrática que da el pueblo como titular del poder constituyente originario se corre el riesgo de dar un salto al vacío. El autor es exprocurador de la Administración.
6A La Prensa Panamá, domingo 10 de mayo de 2026 Panorama El entonces presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (i) saluda a la nueva presidenta Laura Fernández, el pasado 5 de mayo, cuando la mandataria electa presentó a su nuevo gabinete, del cual Chavez forma parte. EFE/ Jeffrey Arguedas Costa Rica: Rodrigo Chaves deja la presidencia, pero conserva el poder Daniel Zovatto ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS Cómo la llegada de Laura Fernández a la presidencia de Costa Rica consolida la influencia política de Rodrigo Chaves y reabre el debate sobre concentración de poder e institucionalidad democrática. Costa Rica acaba de inaugurar una experiencia política sin precedentes en su historia republicana. La llegada de Laura Fernández a la presidencia no representa únicamente el inicio de un nuevo gobierno, sino también un experimento de continuidad política que redefine —y tensiona— los límites tradicionales de la transición democrática en el país. Fernández asumió el viernes 8 de mayo como la mandataria número 50 y la segunda mujer en ejercer la presidencia, en un contexto marcado por altas expectativas y un inusual nivel de optimismo respecto del futuro inmediato. A ello se suma que el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) contará con mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa: 31 de los 57 escaños. Aliada, como su antecesor, conDonaldTrump,sullegada afianza la ola de gobiernos de derecha en la región. Recientemente, Washington retiró visas a críticos del gobierno tico, incluidos directivos del principal periódico costarricense, La Nación, al que Rodrigo Chaves llama “prensa canalla”. Chaves: el principal activo político Pero el capital político de la presidenta Fernández tiene nombre y apellido: Rodrigo Chaves. El 75% de quienes votaron por ella reconoce que el respaldo de Chaves fue determinante en su decisión electoral. El mandatario saliente deja la presidencia con un elevado 64% de aprobación. Sus principales logros se ubican en el terreno económico y social, con un crecimiento anual cercano al 5%, reducción de la pobreza del 23% al 15.2% y una de las inflaciones más bajas de la OCDE. Pero también deja deudas importantes: no logró contener la inseguridad, los homicidios aumentaron 45%, incumplió su promesa de combatir la corrupción y la inversión social cayó en 2025 a su nivel más bajo desde 2008. Sin embargo, lo verdaderamente extraordinario —y preocupante— no radica únicamente en la magnitud de su influencia política, sino en la forma institucional que esta ha adoptado. Fernández anunció que Chaves asumirá simultáneamente como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda de su gobierno. Además, tendrá bajo su órbita la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). La noticia provocó estupor no solo por el peso estratégico de ambas carteras, sino porque constituye un hecho inédito: jamás en la trayectoria democrática de Costa Rica un presidente saliente había pasado directamente a ocupar cargos de semejante relevancia en el gobierno de su sucesora. Una metamorfosis del poder No se trata de una transición convencional. Se trata de una metamorfosis del poder. En realidad, de lo que se trata es de la reelección encubierta de Chaves por otros cuatro años, utilizando para ello la figura de Fernández. En efecto, el hombre que gobernó Costa Rica durante cuatro años no abandona realmente el poder; simplemente cambia de despacho. Mantiene bajo su control la coordinación política del Ejecutivo, la articulación del gabinete económico, el manejo presupuestario y un importante componente de inteligencia estatal. Se configura así una peculiar diarquía política en la que, aunque Fernández ejercerá formalmente la presidencia, la influencia y el peso político de Chaves seguirán siendo determinantes en el nuevo gobierno. Garantizar su impunidad La situación adquiere una dimensión especialmente delicada para la institucionalidad democrática por el tema de la inmunidad. Al asumir como ministro, Chaves conservará el fuero que protege a los altos funcionarios del Ejecutivo, pese a enfrentar múltiples causas y denuncias judiciales. Esto implica que cualquier proceso en su contra requerirá no solo la intervención de la Fiscalía General, sino también que la Asamblea Legislativa apruebe previamente el levantamiento de su inmunidad, algo políticamente improbable. Los intentos realizados en 2025 fracasaron por falta de votos y ahora, con una sólida bancada oficialista —31 de los 57 diputados, cuando para levantarle el fuero se requieren 38 votos—, las posibilidades de avanzar en nuevas acciones son prácticamente nulas. El riesgo es que numerosas investigaciones queden congeladas durante los próximos cuatro años, reforzando la percepción de protección política e impunidad. Mantenerse en el poder El fenómeno trasciende el caso costarricense y conecta con una tendencia que atraviesa diversas democracias: liderazgos personalistas que buscan prolongar su influencia más allá de los límites formales del mandato constitucional. No siempre lo hacen mediante reformas reeleccionistas o rupturas abiertas del orden institucional. A menudo lo logran ocupando nuevos espacios de poder, colonizando estructuras estatales o diseñando mecanismos de continuidad política que preservan el liderazgo real, aunque cambie el titular formal del Ejecutivo. En mayo del año pasado, tras una breve visita al país, escribí un artículo titulado “Algo huele mal en Costa Rica”. Sostuve entonces que las elecciones de 2026 serían mucho más que una disputa electoral convencional: constituirían una definición sobre el tipo de democracia que los costarricenses querían preservar. Una basada en instituciones sólidas, contrapesos efectivos y equilibrio de poderes, o una crecientemente estructurada alrededor de una figura personalista con tendencias hacia la concentración de poder. Los costarricenses tomaron una decisión en las urnas el pasado 2 de febrero. Y el resultado es este: un expresidente que no se va; una presidenta, su fiel aliada, que inicia su mandato sin anunciar cambios de rumbo, prometiendo no atentar contra la división de poderes, mano dura contra el crimen, avanzar hacia una “tercera república” y promover reformas institucionales profundas. También enfrentará una agenda de enormes desafíos: gobernar con identidad propia bajo la sombra de su antecesor, recuperar una justicia pronta y cumplida, atender los nuevos retos de la economía, modernizar el Estado, destrabar obras de infraestructura que llevan años paralizadas, reactivar el empleo formal y retomar una agenda anticorrupción que Chaves dejó inconclusa. Por su parte, las fuerzas de oposición —con 26 de los 57 diputados— y las instituciones que aún no están bajo control del oficialismo están obligadas a demostrar si conservan la fortaleza suficiente para resistir las tensiones derivadas de esta inédita concentración de poder político. Asimismo, la sociedad civil —ciudadanos, empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos y académicos— deberá desempeñar un papel decisivo. Cabe recordar que las democracias no se defienden automática ni exclusivamente por la vía institucional: es la ciudadanía la que debe salir en su defensa. No hay democracia sin demócratas valientes y comprometidos. Costa Rica ha sido, durante décadas, un faro democrático en América Latina, especialmente en una región como Centroamérica, marcada por la fragilidad institucional y la violencia política. Si su democracia se debilita, el impacto trasciende lo nacional: será una pérdida para toda la región en un momento de extrema gravedad. Precisamente por ello, lo que hoy ocurre allí merece especial atención. Porque las democracias no suelen deteriorarse de manera abrupta. Con frecuencia lo hacen desde dentro, gradualmente, mediante pequeñas normalizaciones, reinterpretaciones institucionales y acumulaciones sucesivas de poder alrededor de liderazgos con altos niveles de popularidad. En síntesis: la pregunta de fondo ya no es únicamente cuánto poder conservará Rodrigo Chaves después de haber dejado la presidencia. Sabemos que será mucho. La verdadera interrogante es si Costa Rica logrará preservar el delicado equilibrio institucional que, durante décadas, constituyó una de sus mayores fortalezas democráticas. La respuesta a esa interrogante comenzó a escribirse este viernes. Y si en mayo del año pasado algo “olía mal en Costa Rica”, hoy huele más fuerte que nunca. La abogada Martita Cornejo, funcionaria de la Asamblea Nacional asignada al despacho de la diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos, aseguró que no retirará la denuncia penal contra Anel Flores, contralor general de la República, por supuesto delito de abuso de poder y falsedad. Se trata de una querella que presentó ante el Ministerio Público un grupo de funcionarios que no pueden cobrar sus salarios porque Flores los puso enn la categoría de “licencia sin sueldo bajo investigación”. En su defensa, Cornejo calificó la actitud del contralor como una “persecución” en respuesta a la postura crítica de la bancada opositora. Cornejo, quien también está bajo la figura de licencia sin sueldo, rechazó las declaraciones que hizo el viernes el contralor, quien había cuestionado la forma en que marcan su asistencia los funcionarios que ahora están sin sueldo. La funcionaria explicó que, desde que comenzó a laborar el 2 de febrero de este año, se ha utilizado un reloj digital de marcación implementado por la diputada Brenes para registrar asistencias, aunque aclaró que “no es el método oficial establecido por la Asamblea Nacional”. “Salí hoy a las 5:01, pero es importante señalar que ese no es el método oficial para marcar que ha esVamos endurece pulso con Contraloría: no retirará denuncia penal ante el MP INSTITUCIONALIDAD tablecido la Asamblea Nacional. Y eso es algo que no pueden controlar los diputados, sino que está adoptado en el reglamento de la ley de carrera legislativa”, afirmó Cornejo, remitiéndose a explicaciones que, dijo, fueron confirmadas también por la procuradora de la administración ante el contralor. Cornejo calificó las acciones del contralor como un intento de deslegitimar a la oposición, señalando que tanto ella como otros miembros del equipo de Brenes han sido blanco de ataques por “ser beligerantes” y cuestionar decisiones legislativas que consideran inconstitucionales o contrarias a la normativa vigente. “La oposición existe en Panamá y no hay dictadura. Si no les gusta, entonces váyanse a vivir a un país donde haya dictadura”, añadió Cornejo, La confrontación entre la bancada Vamos y la Contraloría ha subido de tono en las últimas semanas. El viernes, Flores confirmó que en la actualidad mantiene abiertas las “investigaciones” contra un grupo de funcionarios —de manera unilateral y sin consultar a nadie— porque sospecha que esos funcionarios no cumplen el “horario” de trabajo. Todos los funcionarios afectados laboran en despachos de diputados de Vamos, un bancada que abiertamente ha cuestionado varias decisiones adoptadas José González Pinilla [email protected] Anel Flores, contralor. Archivo
7A La Prensa Panamá, domingo 10 de mayo de 2026 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA Alcaldía de Panamá elimina obras y mueve millones Con la reconfiguración del presupuesto de inversión realizado por el Consejo capitalino se cambió el plan de obras y se eliminaron proyectos demandados por las comunidades. La Alcaldía de Panamá justificó los cambios señalando que realizó una “evaluación” de los proyectos incluidos en el plan 206 Cortesía/Alcaldía de Panamá José González Pinilla [email protected] El Concejo Municipal de Panamá avaló una reconfiguración del presupuesto de inversión de la Alcaldía para el año 2026, que implicó eliminar proyectos previamente aprobados y redirigir millones de dólares hacia otros renglones, principalmente vinculados a mantenimiento, limpieza y un nuevo mercado. La modificación quedó plasmada en el Acuerdo No. 106 del pasado 28 de abril de 2026, sobre el Plan Anual de Obras e Inversiones aprobado inicialmente en febrero. Aunque el monto total del plan de inversiones se mantuvo intacto —que es en total $67,729,654—, el contenido cambió de manera significativa: sacrificaron algunas obras de infraestructura urbana y comunitaria para abrir espacio a nuevas partidas y aumentos en rubros específicos. La Alcaldía de Panamá justificó los cambios señalando que realizó una “evaluación” de los proyectos incluidos en el plan 2026. En la práctica, esto se tradujo en más partidas asociadas a limpieza, conservación y jardinización de plazas, parques, isletas, avenidas, áreas verdes y cementerios, mientras se eliminaron obras demandadas por comunidades como la construcción de aceras en sectores críticos y la implementación de bibliotecas digitales, sobre todo en las áreas de la periferia de la capital. Entre los proyectos eliminados figuran la renovación urbana de la avenida Nicanor de Obarrio, conocida como calle 50, que para este año tenía una partida inicial de $500,000. El costo total de la obra se estimaba en $8,000,000, pero el municipio alegó el pasado mes de abril falta de recursos para llevar adelante el proyecto. La obra contemplaba la intervención del tramo comprendido entre la avenida Federico Boyd y la Vía Brasil (Bella Vista), un eje vial de aproximadamente 1.7 kilómetros. Incluía la arborización y nuevo mobiliario urbano. También fueron descartados la construcción de aceras en Carrasquilla (San Francisco), por $600,000; las aceras en Panamá Viejo (Parque Lefevre,) por $1,100,000; en La Doña (24 de Diciembre) por $1,050,000 y en Villa Zaíta (Ernesto Córdoba Campo) por $1,000,000. Excluyeron también la reparación de canchas sintéticas por $350,000, la construcción de tres bibliotecas digitales en Chilibre, Las Garzas y Tocumen por $75,000 en total, y la parada de la rotonda de Don Bosco en Chilibre, sector de Panamá norte, por $400,000. En el caso de las juntas comunales, se eliminó el proyecto de mejoramiento de parques en Pueblo Nuevo, con un presupuesto de $193,719. Los cambios también reflejan un reordenamiento financiero que favoreció incrementos notables en algunos proyectos. El caso más llamativo fue el del Mercado Periférico de Tocumen, que pasó de $100,000 a $2,000,000, un aumento de $1.9 millones. Este proyecto fue licitado durante la administración de José Luis Fábrega (20192024) y adjudicado —en marzo de 2024, en la recta final de su gestión— al Consorcio Bioecológica Block, S.A por un monto de $11.2 millones. No fue hasta septiembre de 2025, durante la administración de Mayer Mizrachi que el proyecto fue refrendado por el contralor Anel Flores. El objetivo del municipio es poner en marcha la obra. Este mercado será construido en un globo de terreno frente al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh). También se incrementó la partida para la ampliación de aceras en vía Italia, que subió de $500,000 a $1,470,000. Mientras tanto, el rubro de mantenimiento, conservación y limpieza de plazas y parques —dividido en cuatro sectores— aumentó en $602,500, alcanzando los $12,350,627. La encargada de la limpieza de parques y jardines en la capital es la empresa Trébol Services, Inc. Otros aumentos incluyeron el mejoramiento al viejo edificio Juan Ramón Poll, en Calidonia, que pasó de $75,000 a $500,000, y el proyecto de servicios integrales para el Parque Municipal del Norte Fase 1, que subió a $1,500,000. También destaca el aumento destinado a la Junta Comunal de Santa Ana, cuyo presupuesto pasó de $13,982 a $136,000, y el del Mercado de Calidonia - Mercado de las Flores, que subió de $50,000 a $140,000. Según la Alcaldía y el Concejo Municipal, la eliminación de las obras permitió mantener intacto el total del plan anual en $67,729,654, redistribuyendo fondos hacia proyectos con “mayor prioridad técnica o nuevos requerimientos ciudadanos”. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN En paralelo, el nuevo acuerdo incorporó obras que no estaban contempladas originalmente o que fueron incluidas tras la reevaluación. Para la Alcaldía se agregaron proyectos como equipamiento urbano, mejoras en señalización de pasos peatonales, mejoramiento de paradas de buses, construcción del Complejo Deportivo La Concepción (Juan Díaz), mejoras al Sistema de Videovigilancia Municipal, mejoramiento de aceras en Camino Real de Betania y hasta la construcción de una piscina municipal en Caimitillo, en la región de Panamá norte. Para las juntas comunales se añadieron obras menores en Juan Díaz y Santa Ana, incluyendo paradas de buses en la avenida Domingo Díaz, aceras y cunetas, así como equipamiento comunitario de ornato y aseo. Yolanda Sandoval [email protected] Presidenta de Costa Rica presiona para levantar bloqueo a productos ticos en Panamá CONFLICTO COMERCIAL La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que impulsará conversaciones directas con el gobierno de Panamá para intentar levantar las restricciones que mantienen limitado el ingreso de productos agropecuarios costarricenses al mercado panameño. La mandataria afirmó que no permitirá que continúe el bloqueo a productos lácteos y cárnicos ticos, al considerar que afecta el comercio y la histórica relación entre ambos países. Fernández indicó que buscará resolver el conflicto en el corto plazo mediante mesas de trabajo y diálogo con el presidente panameño José Raúl Mulino, con quien dijo mantener una buena relación. La disputa comercial inició luego de que Costa Rica suspendiera certificaciones sanitarias a plantas panameñas de los sectores cárnico, lácteo y avícola. En respuesta, Panamá aplicó restricciones a productos costarricenses bajo argumentos sanitarios y de protección de la producción nacional. El caso llegó a la Organización Mundial del Comercio, cuyo panel de árbitros falló a favor de Costa Rica. Sin embargo, PanaGobierno está velando por nuestro sector productivo, y así seguiremos haciéndolo, aseguró. má apeló la decisión, por lo que el conflicto sigue sin una resolución definitiva. Actualmente, 26 plantas costarricenses continúan sin acceso al mercado panameño y al menos ocho plantas panameñas permanecen suspendidas para exportar hacia Costa Rica. Tras las declaraciones de Fernández, el ministro de Comercio, Julio Moltó, reiteró que Panamá defenderá a sus productores y mantendrá su postura de exigir reglas claras y condiciones recíprocas para ambos países. Nuestro Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. EFE Construcción de Mercado Periférico de Tocumen: pasó de una asignación inicial de $100,000 a $2,000,000. Ampliación de aceras en vía Italia: $500,000 subió a un total de $1,470,000. Mantenimiento y limpieza: de $11,748,127 a $12,350,627. Mejoramiento de edificio Juan Ramón Poll: pasó de $75,000 a $500,000. Parque Municipal del Norte fase 1: de $1,368,273 a $1,500,000. Mejoramiento a la Junta Comunal de Santa Ana: de $13,982 pasó a $136,000. Mejoramiento del Mercado de las Flores: de 50,000 subió a $140,000 Proyectos que le inyectaron más dinero Presupuesto de inversión Municipio de Panamá 2026 Fuente: Concejo Municipal de Panamá /Resolución acuerdo N°106 de abril de 2026 EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA Niveles de lagos a uentes del Canal 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 263 260 255 250 245 240 235 225 220 215 210 205 200 195 190 Elevación sobre el nivel del mar en pies 86.02 239.53
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