6A La Prensa Panamá, domingo 10 de mayo de 2026 Panorama El entonces presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (i) saluda a la nueva presidenta Laura Fernández, el pasado 5 de mayo, cuando la mandataria electa presentó a su nuevo gabinete, del cual Chavez forma parte. EFE/ Jeffrey Arguedas Costa Rica: Rodrigo Chaves deja la presidencia, pero conserva el poder Daniel Zovatto ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS Cómo la llegada de Laura Fernández a la presidencia de Costa Rica consolida la influencia política de Rodrigo Chaves y reabre el debate sobre concentración de poder e institucionalidad democrática. Costa Rica acaba de inaugurar una experiencia política sin precedentes en su historia republicana. La llegada de Laura Fernández a la presidencia no representa únicamente el inicio de un nuevo gobierno, sino también un experimento de continuidad política que redefine —y tensiona— los límites tradicionales de la transición democrática en el país. Fernández asumió el viernes 8 de mayo como la mandataria número 50 y la segunda mujer en ejercer la presidencia, en un contexto marcado por altas expectativas y un inusual nivel de optimismo respecto del futuro inmediato. A ello se suma que el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) contará con mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa: 31 de los 57 escaños. Aliada, como su antecesor, conDonaldTrump,sullegada afianza la ola de gobiernos de derecha en la región. Recientemente, Washington retiró visas a críticos del gobierno tico, incluidos directivos del principal periódico costarricense, La Nación, al que Rodrigo Chaves llama “prensa canalla”. Chaves: el principal activo político Pero el capital político de la presidenta Fernández tiene nombre y apellido: Rodrigo Chaves. El 75% de quienes votaron por ella reconoce que el respaldo de Chaves fue determinante en su decisión electoral. El mandatario saliente deja la presidencia con un elevado 64% de aprobación. Sus principales logros se ubican en el terreno económico y social, con un crecimiento anual cercano al 5%, reducción de la pobreza del 23% al 15.2% y una de las inflaciones más bajas de la OCDE. Pero también deja deudas importantes: no logró contener la inseguridad, los homicidios aumentaron 45%, incumplió su promesa de combatir la corrupción y la inversión social cayó en 2025 a su nivel más bajo desde 2008. Sin embargo, lo verdaderamente extraordinario —y preocupante— no radica únicamente en la magnitud de su influencia política, sino en la forma institucional que esta ha adoptado. Fernández anunció que Chaves asumirá simultáneamente como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda de su gobierno. Además, tendrá bajo su órbita la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). La noticia provocó estupor no solo por el peso estratégico de ambas carteras, sino porque constituye un hecho inédito: jamás en la trayectoria democrática de Costa Rica un presidente saliente había pasado directamente a ocupar cargos de semejante relevancia en el gobierno de su sucesora. Una metamorfosis del poder No se trata de una transición convencional. Se trata de una metamorfosis del poder. En realidad, de lo que se trata es de la reelección encubierta de Chaves por otros cuatro años, utilizando para ello la figura de Fernández. En efecto, el hombre que gobernó Costa Rica durante cuatro años no abandona realmente el poder; simplemente cambia de despacho. Mantiene bajo su control la coordinación política del Ejecutivo, la articulación del gabinete económico, el manejo presupuestario y un importante componente de inteligencia estatal. Se configura así una peculiar diarquía política en la que, aunque Fernández ejercerá formalmente la presidencia, la influencia y el peso político de Chaves seguirán siendo determinantes en el nuevo gobierno. Garantizar su impunidad La situación adquiere una dimensión especialmente delicada para la institucionalidad democrática por el tema de la inmunidad. Al asumir como ministro, Chaves conservará el fuero que protege a los altos funcionarios del Ejecutivo, pese a enfrentar múltiples causas y denuncias judiciales. Esto implica que cualquier proceso en su contra requerirá no solo la intervención de la Fiscalía General, sino también que la Asamblea Legislativa apruebe previamente el levantamiento de su inmunidad, algo políticamente improbable. Los intentos realizados en 2025 fracasaron por falta de votos y ahora, con una sólida bancada oficialista —31 de los 57 diputados, cuando para levantarle el fuero se requieren 38 votos—, las posibilidades de avanzar en nuevas acciones son prácticamente nulas. El riesgo es que numerosas investigaciones queden congeladas durante los próximos cuatro años, reforzando la percepción de protección política e impunidad. Mantenerse en el poder El fenómeno trasciende el caso costarricense y conecta con una tendencia que atraviesa diversas democracias: liderazgos personalistas que buscan prolongar su influencia más allá de los límites formales del mandato constitucional. No siempre lo hacen mediante reformas reeleccionistas o rupturas abiertas del orden institucional. A menudo lo logran ocupando nuevos espacios de poder, colonizando estructuras estatales o diseñando mecanismos de continuidad política que preservan el liderazgo real, aunque cambie el titular formal del Ejecutivo. En mayo del año pasado, tras una breve visita al país, escribí un artículo titulado “Algo huele mal en Costa Rica”. Sostuve entonces que las elecciones de 2026 serían mucho más que una disputa electoral convencional: constituirían una definición sobre el tipo de democracia que los costarricenses querían preservar. Una basada en instituciones sólidas, contrapesos efectivos y equilibrio de poderes, o una crecientemente estructurada alrededor de una figura personalista con tendencias hacia la concentración de poder. Los costarricenses tomaron una decisión en las urnas el pasado 2 de febrero. Y el resultado es este: un expresidente que no se va; una presidenta, su fiel aliada, que inicia su mandato sin anunciar cambios de rumbo, prometiendo no atentar contra la división de poderes, mano dura contra el crimen, avanzar hacia una “tercera república” y promover reformas institucionales profundas. También enfrentará una agenda de enormes desafíos: gobernar con identidad propia bajo la sombra de su antecesor, recuperar una justicia pronta y cumplida, atender los nuevos retos de la economía, modernizar el Estado, destrabar obras de infraestructura que llevan años paralizadas, reactivar el empleo formal y retomar una agenda anticorrupción que Chaves dejó inconclusa. Por su parte, las fuerzas de oposición —con 26 de los 57 diputados— y las instituciones que aún no están bajo control del oficialismo están obligadas a demostrar si conservan la fortaleza suficiente para resistir las tensiones derivadas de esta inédita concentración de poder político. Asimismo, la sociedad civil —ciudadanos, empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos y académicos— deberá desempeñar un papel decisivo. Cabe recordar que las democracias no se defienden automática ni exclusivamente por la vía institucional: es la ciudadanía la que debe salir en su defensa. No hay democracia sin demócratas valientes y comprometidos. Costa Rica ha sido, durante décadas, un faro democrático en América Latina, especialmente en una región como Centroamérica, marcada por la fragilidad institucional y la violencia política. Si su democracia se debilita, el impacto trasciende lo nacional: será una pérdida para toda la región en un momento de extrema gravedad. Precisamente por ello, lo que hoy ocurre allí merece especial atención. Porque las democracias no suelen deteriorarse de manera abrupta. Con frecuencia lo hacen desde dentro, gradualmente, mediante pequeñas normalizaciones, reinterpretaciones institucionales y acumulaciones sucesivas de poder alrededor de liderazgos con altos niveles de popularidad. En síntesis: la pregunta de fondo ya no es únicamente cuánto poder conservará Rodrigo Chaves después de haber dejado la presidencia. Sabemos que será mucho. La verdadera interrogante es si Costa Rica logrará preservar el delicado equilibrio institucional que, durante décadas, constituyó una de sus mayores fortalezas democráticas. La respuesta a esa interrogante comenzó a escribirse este viernes. Y si en mayo del año pasado algo “olía mal en Costa Rica”, hoy huele más fuerte que nunca. La abogada Martita Cornejo, funcionaria de la Asamblea Nacional asignada al despacho de la diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos, aseguró que no retirará la denuncia penal contra Anel Flores, contralor general de la República, por supuesto delito de abuso de poder y falsedad. Se trata de una querella que presentó ante el Ministerio Público un grupo de funcionarios que no pueden cobrar sus salarios porque Flores los puso enn la categoría de “licencia sin sueldo bajo investigación”. En su defensa, Cornejo calificó la actitud del contralor como una “persecución” en respuesta a la postura crítica de la bancada opositora. Cornejo, quien también está bajo la figura de licencia sin sueldo, rechazó las declaraciones que hizo el viernes el contralor, quien había cuestionado la forma en que marcan su asistencia los funcionarios que ahora están sin sueldo. La funcionaria explicó que, desde que comenzó a laborar el 2 de febrero de este año, se ha utilizado un reloj digital de marcación implementado por la diputada Brenes para registrar asistencias, aunque aclaró que “no es el método oficial establecido por la Asamblea Nacional”. “Salí hoy a las 5:01, pero es importante señalar que ese no es el método oficial para marcar que ha esVamos endurece pulso con Contraloría: no retirará denuncia penal ante el MP INSTITUCIONALIDAD tablecido la Asamblea Nacional. Y eso es algo que no pueden controlar los diputados, sino que está adoptado en el reglamento de la ley de carrera legislativa”, afirmó Cornejo, remitiéndose a explicaciones que, dijo, fueron confirmadas también por la procuradora de la administración ante el contralor. Cornejo calificó las acciones del contralor como un intento de deslegitimar a la oposición, señalando que tanto ella como otros miembros del equipo de Brenes han sido blanco de ataques por “ser beligerantes” y cuestionar decisiones legislativas que consideran inconstitucionales o contrarias a la normativa vigente. “La oposición existe en Panamá y no hay dictadura. Si no les gusta, entonces váyanse a vivir a un país donde haya dictadura”, añadió Cornejo, La confrontación entre la bancada Vamos y la Contraloría ha subido de tono en las últimas semanas. El viernes, Flores confirmó que en la actualidad mantiene abiertas las “investigaciones” contra un grupo de funcionarios —de manera unilateral y sin consultar a nadie— porque sospecha que esos funcionarios no cumplen el “horario” de trabajo. Todos los funcionarios afectados laboran en despachos de diputados de Vamos, un bancada que abiertamente ha cuestionado varias decisiones adoptadas José González Pinilla [email protected] Anel Flores, contralor. Archivo
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==