9A La Prensa Panamá, miércoles 22 de abril de 2026 primer lugar, seguido de la solución al problema de la basura. Para lograrlo, es necesario dotar al Idaan del presupuesto adecuado y del personal técnico suficiente para enfrentar integralmente los retos que arrastra: fugas constantes, potabilizadoras insuficientes, aguas residuales mal manejadas, conexiones ilegales, ríos contaminados, entre otros. El agua es esencial para la vida humana. ¿Cuánto tiempo más deben seguir miles de panameños sin acceso a ella? Sobre la basura, urge atender la crisis de Cerro Patacón, una verdadera bomba de tiempo. Si no se resuelve, pronto viviremos sus consecuencias. A esto se suman los “pataconcitos” que brotan en todo el país: la ciudadanía, desesperada por la falta de recolección, recurre a botar la basura en calles, veredas y carreteras. Así, Panamá da al mundo la imagen de un país “de cochinos”. Solucionar este problema no se limita a más camiones y tanques; también requiere una campaña educativa nacional que promueva el compromiso individual con la limpieza. No es solo un tema de estética: es salud pública. Adicionalmente, convendría explorar alianzas con empresas que transforman la basura en energía, como se hace en muchos países. Incluso las cenizas pueden aprovecharse en la producción de cemento para reparar calles. Países asiáticos como Singapur demuestran que sí es posible gestionar los residuos con eficiencia y mantener ciudades El trato discriminatorio hacia los jubilados Bonos En el año 2024 se promulgó una ley que otorga el pago de un bono de 140 balboas a los jubilados en Panamá, repartidos en tres desembolsos: abril, agosto y diciembre. Sin embargo, dicho beneficio no es para todos los jubilados, ya que solo gozarán del mismo quienes estuvieron en la planilla de la Caja de Seguro Social hasta junio de 2024, fecha de aprobación de la ley. El resto de las personas que se jubilaron posterior a la fecha antes descrita no tendrán derecho a la ayuda, lo cual, a mi juicio, constituye un acto discriminatorio, tomando en cuenta que el fondo para dichos pagos proviene de un impuesto aplicado a las bebidas alcohólicas que genera un caudal monetario bastante significativo. Todavía me extraña que ningún gremio de jubilados o algún diputado en la Asamblea se haya pronunciado sobre este acto excluyente hacia miles de panameños que también dieron su cuota de sacrificio para este país durante casi toda una vida. Panamá es uno de los países, de acuerdo con lo que he investigado, donde peor se trata al adulto mayor, ya que los supuestos beneficios que se les otorgan muchas veces son ignorados. De acuerdo con la Ley 6 de 1987, el adulto mayor debe disfrutar de varios descuentos en diferentes rubros de servicios; no obstante, en la práctica esto se pasa por alto sin que exista una inspección rutinaria por parte de las autoridades que deben velar por su cumplimiento. La ley establece, por ejemplo, que los hoteles cobrarán un 50% del hospedaje de lunes a jueves y un 30% los viernes, sábado y domingos, pero existen muchos hoteles que solo aplican el 30% todos los días. Lo digo porque me ha tocado investigar en muchos de estos establecimientos donde no se cumple a cabalidad con la norma de descuento. En cuanto a los medicamentos, la ley establece un descuento del 15%, cifra que me parece irrisoria, tomando en cuenta que hay adultos mayores que padecen enfermedades crónicas y necesitan medicamentos que el seguro social no tiene. La mayoría de los jubilados prácticamente se ven obligados a comprar en farmacias particulares, ya que, para variar, la Caja de Seguro Social enfrenta constantes desabastecimientos de medicamentos para la presión o la diabetes, entre otros. Por otra parte, existen algunas farmacias que aumentan el costo de los medicamentos para que el descuento al adulto mayor no les afecte, como si la vida de un jubilado fuera un tema de “libre oferta y demanda”. Algunos restaurantes de comida rápida no aplican el descuento del 25%, con el argumento de sus ofertas y combos familiares, donde alegan que el descuento ya está implícito. En un restaurante regular, al adulto mayor se le descuenta solo una comida; si pide otra para llevar, no aplica el beneficio. Hasta la comida se les regatea. Se busca la mínima excusa para no brindar el beneficio al adulto mayor, ni siquiera por humanidad o solidaridad, como si se tratara de seres de tercera categoría. Casi dos meses antes de mi jubilación, ya había varios bancos llamándome para ofrecerme sus tentadores préstamos, pagaderos en más de una década: los conocidos “préstamos de la muerte”, en los que muchos sucumben. Hasta la fecha no sé de dónde provino la fuga de información sobre mi dirección y teléfono, pero es casi seguro que se originó en algún departamento de la Caja de Seguro Social relacionado con montos y planillas. Este tema lleva años sin poder resolverse y no ha existido gobierno ni director de la entidad mencionada que haya podido ponerle el “cascabel al gato”. Lo que todos saben sobre las concesiones, pero pretenden ignorar Facturación vs utilidades ser transparente. Incluso, por la naturaleza pública de esas grandes empresas, la mayoría debe publicar en sus estados financieros la facturación de sus subsidiarias, sobre todo si se trata de una multinacional. Es más, eso se puede exigir al otorgar la concesión, para asegurar que así se haga. Claro que los concesionarios dirán que es injusto que paguen un porcentaje sobre la facturación y no sobre las ganancias, supuestamente repartiendo las ganancias con el Estado panameño, pero el tema es que no tenemos control sobre esas ganancias; de que eso sea así se encargarán los propios concesionarios. Prácticamente todos los concesionarios, para no decir todos, tienen empresas que les facturan a altas tarifas y que muchas veces son subsidiarias del concesionario o de una tenedora que es dueña de ambos. Esto es aparte de acuerdos con terceros que se presten para hacer negocios con los concesionarios a tarifas mayores de lo acostumbrado. Alguien podría decir que igual hay que controlar las ganancias para el teRamón Varela Morales Agua + basura vs. ferrocarril Carta abierta Ante todo, quiero felicitar al señor presidente José Raúl Mulino por haber superado importantes desafíos que se le han presentado. No hay duda de que ha demostrado firmeza y determinación en momentos clave para el país. • Se desligó de Martinelli. • Superó el problema presupuestario. • Eliminó el bono solidario. • Enfrentó con firmeza a los docentes e implementó el plan “el que no trabaja no cobra”. • Aprobó la ley de la Caja de Seguro Social. • Disolvió al Suntracs y al sindicato bananero. • Reorganizó la banca estatal, cerrando entidades mal gestionadas e incorporándolas al Banco Nacional y la Caja de Ahorros. • Tuvo un pulseo con Trump, quien seguramente volverá a crear ruido. Veremos cómo lo enfrenta. Ahora, enfoquémonos en el tema que da título a este escrito: Si le preguntamos al panameño promedio qué desea, sin duda respondería: agua potable las 24 horas y recolección eficiente de basura. En contraste, el proyecto del tren es poco conocido y de escasa prioridad para la mayoría, especialmente considerando que muchos ni siquiera podrían costear su uso. Entonces, ¿cuál debería ser la verdadera agenda? Considero sensato replantear las prioridades: el acceso al agua debe estar en limpias. Cambiando de tema: el ferrocarril, aunque es una idea valiosa, no considero que sea su momento. Las prioridades deben ser otras, al menos mientras no se resuelvan las urgencias básicas. Además, dudo que este tren esté operativo antes de 2030. Entiendo que cruzará el Canal, lo cual tiene sentido, ya que los principales usuarios serían ciudadanos y turistas que viajan entre el interior y la ciudad. Sin embargo, ¿serán suficientes para justificar el gasto en un nuevo puente o túnel? Muchos seguirán prefiriendo el avión, más rápido y directo. El tren, con más de diez paradas, será un viaje lento. Estimo que el costo superará los ocho mil millones de dólares. ¿Se financiará con otro subsidio, como en las líneas I y II del metro? Sobre la idea de que el tren facilitaría la exportación, me pregunto cómo. El país exporta poco. El banano y el cacao salen de Bocas del Toro, los camarones de Vacamonte, el pescado y su aceite desde Puerto Caimito y Chepo, y la chatarra y madera desde Panamá y Colón. ¿Realmente el tren es la solución para esto? Insisto: llegará el momento del ferrocarril. Hoy, sería más útil extender la línea III del metro hasta La Chorrera, con estacionamientos que faciliten dejar los autos. Eso brindaría transporte seguro y ayudaría a descongestionar la ciudad. Señor presidente, ojalá este llamado lo motive a reconsiderar prioridades. Sería memorable que su legado fuera haber dado a los panameños agua constante y un país limpio, motivo de orgullo para todos. Su atento servidor, Alfredo de la Guardia Díaz EL AUTOR es sociólogo y jubilado. EL AUTOR es empresario. EL AUTOR es ingeniero, informático y escritor. Jaime Cheng Peñalba ma de impuestos, pero para los impuestos los subcontratistas y proveedores deben presentar, a su vez, declaraciones de impuestos, si son locales, o bien hay retenciones sobre las remesas si son del exterior. En todo negocio hay costos fijos y costos variables, como el costo de los productos o servicios que se venden a terceros. Por tanto, el porcentaje de las ventas que deban pagar al Estado por la concesión es, en esencia, un costo variable que deben considerar para sus tarifas a terceros. Algo que es el ABC de todas las empresas, las cuales tienen que considerarlo para hacer negocios. De paso, lo que se plantea es una práctica común en muchos países. Así que “no hay nada nuevo bajo el sol”. El cobro de un porcentaje sobre la facturación del concesionario hace que todas las partes tengan muy claro el costo correspondiente, el cual es el ingreso que el Estado debe recibir según la facturación, mes a mes o trimestralmente, y no una vez al año. Ojalá se establezca como una práctica regular, y no como una excepción a la regla. Todas las concesiones se vencen y deben ser renovadas, así que ese sería el momento de ir cambiando a una metodología más sana para todos, especialmente para la República de Panamá. Las concesiones se pusieron de moda en Panamá desde los tiempos del presidente Balladares. No obstante, hay un elemento que resulta clave y que todos pretenden ignorar: el pago al Estado según las ganancias del concesionario. Prácticamente en todas las concesiones otorgadas en Panamá, el concesionario debe pagar al Estado un porcentaje de sus ganancias. A simple vista, parece lo justo. Pero el tema es cómo se calculan esas ganancias y, sobre todo, cuáles son las empresas que facturan servicios al concesionario que son deducibles de esas ganancias. En la mayoría de los casos aparecen empresas proveedoras, especialmente de servicios de consultoría o informáticos, que abierta o subrepticiamente tienen una relación, a veces de control absoluto, con los concesionarios. En vez de estar auditando lo que las empresas gastan o no gastan (eso se les deja a los auditores de impuestos), el Estado debe cobrar un porcentaje de la facturación bruta, la cual debe El llamado a priorizar agua potable y manejo de residuos cuestiona proyectos de alto costo como el tren frente a necesidades básicas aún no resueltas en Panamá. Alfredo de la Guardia Díaz El modelo de concesiones basado en utilidades abre espacios de opacidad; se propone migrar a un esquema sobre facturación para garantizar ingresos transparentes y previsibles. Opinión
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