1A La Prensa Panamá, miércoles 22 de abril de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 22 de abril de 2026 - Año 45 - Nº 15359 Hoy por hoy Hoy, cuando se conmemora el Día de la Tierra, la crisis del agua en Azuero expone nuestras fallas más profundas. Azuero no está en el monte ni en un rincón olvidado del país. Son ciudades, comunidades enteras donde hoy el agua no se puede beber. Esa es la realidad. Es cierto: esta crisis no comenzó en este gobierno. Pero también es cierto que, tras casi dos años, la situación no ha mejorado de forma sustantiva. Y eso ya no admite excusas. Ni siquiera en los planes de gobierno del actual mandatario existía una ruta clara para enfrentar un problema de esta magnitud. La respuesta ha sido, más bien, reactiva y, en muchos momentos, contradictoria. Se anuncian medidas, se corrigen, se replantean, pero no se consolida una estrategia. A esto se suma una señal preocupante: el Idaan sigue sin un director titular. ¿Cómo se lidera una crisis de esta envergadura sin una cabeza definida en la institución clave? Si el problema es de recursos, hay que buscarlos. Si es de gestión, hay que corregirla. Pero lo que no puede seguir ocurriendo es que miles de panameños vivan sin acceso a agua segura. No se trata de culpas. Se trata de respuestas. Y Azuero sigue esperando. Ellas.pa El ADN del diseño de la camiseta de la ‘Sele’ 1B El espacio frente al mar que la ciudad esperó por décadas 6A Panorama Crisis del agua en Azuero se prolonga sin horizonte claro El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, lo confirmó ayer: en Azuero el consumo de agua seguirá prohibido de forma indefinida mientras no se garantice su potabilidad. VEA 4B ‘La Contraloría se convirtió en un ente de extorsión’: Zúñiga José González Pinilla [email protected] El choque entre Vamos y el contralor Anel Bolo Flores subió de tono. Ayer, la bancada denunció en conferencia de prensa que la suspensión de salarios y la imposición de licencias sin sueldo a funPULSEO Diputados de Vamos denuncian represalias de Anel Flores por suspensión de salarios a funcionarios, mientras la Contraloría defiende que se trata de controles administrativos y niega motivaciones políticas. cionarios legislativos responden a represalias políticas. Luego, durante el pleno, el diputado Roberto Zúñiga, jefe de la bancada independiente, dijo que “la Contraloría se convirtió en un ente de extorsión”. Acusó a Flores de presionar a diputados en medio del debate del bioetanol. Por su parte, la ContraloJuegos Suramericanos Novena de Panamá, sin derrotas La selección de béisbol de Panamá consiguió su segunda victoria en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, al imponerse 7-0 a Argentina, en el estadio Juan Demóstenes Arosemena. Con este triunfo, Panamá se enfrentará este miércoles a Colombia en un duelo directo entre los únicos equipos sin derrotas del torneo. VEA10A Cortesía Estado pacta indemnización de $14.9 millones por el ION El Gobierno acordó indemnizar con $14.9 millones a un consorcio tras la cancelación del contrato para el nuevo Instituto Oncológico Nacional (I0N). El proyecto fue rescindido por irregularidades en su adjudicación, lo que obligó al Estado a negociar una compensación por gastos y perjuicios derivados del contrato. VEA 4A CONSEJO DE GABINETE Unachi gastó $91 millones con un presupuesto de$72millones La Universidad Autónoma de Chiriquí ejecutó $91 millones en 2025, pese a contar con un presupuesto de $72 millones, según expuso su vicerrector en la Asamblea. La entidad atribuye el desfase a obligaciones laborales no cubiertas oportunamente por el Estado y compromisos acumulados. VEA 4B ría, mediante un comunicado, rechazó los señalamientos, aunque admitió la retención de pagos por controles administrativos. Vamos criticó duramente la irrupción del contralor Flores el pasado 9 de abril en una diligencia judicial del Ministerio Público. VEA 4A La captura que no prosperó en el caso Alas Chiricanas En 1994, Ali Zaki Hage Jalil fue detenido en Panamá por un caso de armas, pero el proceso no avanzó y recuperó la libertad. Hoy, más de tres décadas después, regresa extraditado desde Venezuela para enfrentar la justicia por el atentado del vuelo 901 de Alas Chiricanas que dejó 21 muertos, incluido el terrorista. VEA 2A ATENTADO Anel Flores. Archivo Roberto Zúñiga. Archivo
2A La Prensa Panamá, miércoles 22 de abril de 2026 Ali Zaki Hage Jalil, durante su traslado tras ser extraditado a Panamá el pasado lunes desde Venezuela. EFE Alas Chiricanas: la historia que vuelve Eliana Morales Gil [email protected] ATENTADO Extraditado desde Venezuela, Ali Hage Zaki enfrenta la justicia tras un proceso lleno de omisiones, sospechosos liberados y conexiones internacionales que mantuvieron el caso abierto por 32 años. Ali Zaki Hage Jalil, extraditado desde Venezuela por su vínculo con la explosión del vuelo 901 de Alas Chiricanas, que dejó 21 muertos en 1994, ya había sido detenido en Panamá meses después del atentado. Aquella vez lo dejaron libre. El 9 de octubre de 1994, autoridades panameñas lo detuvieron con ametralladoras tipo Mini Mac calibre 9 milímetros. El caso no avanzó en la jurisdicción penal. Fue remitido a la esfera administrativa y Zaki recuperó la libertad. No hay constancia en los expedientes revisados de que esa detención esté formalmente vinculada con la investigación por la explosión del avión de Alas, pero el hombre aprovechó la oportunidad y se esfumó. El proceso por tráfico de armas estuvo a cargo de Carlos Augusto Herrera, fiscal auxiliar de la República en aquella época. Los dos sospechosos detenidos en Paso Canoa Cinco días después del atentado, el 24 de julio de 1994, otros dos hombres cayeron en el paso fronterizo de Paso Canoa, cuando intentaban ingresar a Costa Rica. De acuerdo a información disponible en el Registro Judicial, se trataba de Mohammad Taha y Mohammad Moutan. Moutan portaba un pasaporte estadounidense falsificado a nombre de Midiam Fadel Shawar. El uso de identidades falsas coincide con el patrón detectado en la investigación, que tenía como figura central a un pasajero registrado bajo el nombre de Ali Hawa Jamal. En los documentos judiciales de la época, ese nombre aparece como el de la persona que “presumiblemente habría activado el artefacto” dentro de la aeronave. Su cuerpo nunca fue reclamado y por años permaneció en la morgue judicial. La propia investigación, sin embargo, dejaba abierta la principal incógnita: la identidad real de ese pasajero no había sido establecida. De acuerdo con datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, luego del atentado, todos los pasajeros fueron reconocidos salvo uno, Ali Hawa Jamal. La Fiscalía Auxiliar vinculó a Taha y Moutan con el atentado. Los señaló como simpatizantes de grupos armados del Medio Oriente, entre ellos la Organización para la Liberación de Palestina, y ordenó su detención preventiva en septiembre de 1994 por delitos de peligro común y atentado contra los medios de transporte. El caso no prosperó. En abril de 1995, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la detención de ambos. La sentencia estableció que transcurridos varios meses, la investigación no había incorporado nuevos elementos de prueba. No bastó la sospecha. Taha fue puesto en libertad; Moutan quedó a órdenes de la fiscalía únicamente por falsificación de documentos. Casi 32 años después, esos nombres reaparecen en el expediente. La Fiscalía Superior de Descarga mantiene cargos contra Mohammad Taha y Mohammad Moutan, junto a Gilberto Tomás Yangüez y el propio Zaki Hage Jalil. Se desconoce el paradero de los dos primeros. Se presume que Yangüez está en Panamá. Argentina pidió información La investigación panameña llamó la atención de la justicia argentina desde temprano. El 18 de julio de 1994, un día antes de la explosión del avión en Panamá, un atentado destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, matando a 85 personas. La cercanía temporal entre ambos ataques activó alertas. En 1995, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 de Argentina envió un exhorto diplomático a Panamá dentro del proceso Pasteur 633-DAIA. El tribunal pidió acceso a piezas del expediente panameño y formuló preguntas puntuales. Entre ellas, si se había logrado establecer la verdadera identidad de Ali Hawa Jamal, si existían pruebas que vincularan a ese nombre con Taha y Moutan, y cuáles eran las conclusiones periciales sobre la carga explosiva. El exhorto también recoge que, según comunicados atribuidos a los propios responsables, ambos atentados habrían sido reivindicados por el grupo Anssar Allah. La justicia argentina buscaba confirmar si existía una conexión operativa. La Corte Suprema de Justicia declaró viable la solicitud. En los documentos disponibles revisados por La Prensa no consta cuál fue la respuesta enviada a Buenos Aires. Ali Hawa Jamal Los expedientes de los años noventa no mostraban una autoría consolidada. La línea principal giraba en torno a Ali Hawa Jamal, un nombre sin identidad confirmada. La detención de Taha y Moutan tampoco permitió sostener la hipótesis inicial. La Corte Suprema cerró esa vía por falta de pruebas. La investigación continuó sin lograr fijar con certeza quién estaba detrás del atentado ni cómo se articulaban los vínculos entre los sospechosos. El giro, 3 décadas después El caso se reabrió en 2017 a solicitud de la Fiscalía Superior de Descarga. “El hombre que llevaba el explosivo, había viajado al menos ocho veces en una semana, entre las ciudades de Colón y Panamá en los días previos al atentado, siempre con pasaportes falsos, de quien no se pudo recoger antecedentes de vida porque “no conocía a nadie”, no hablaba inglés, ni español. Era de cabello negro, 1.80 metros de estatura”, informó el Ministerio Público en una nota de prensa. En 2020 el FBI emitió una nota de búsqueda de Ali Zaki Jalil en la que lo presentó como una persona que podría tener información sobre este atentado. “Era un paracaidista entusiasta que viajaba a muchos países. Jalil era propietario de varios bares en la isla Margarita, Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama El paraíso que estalló en pedazos Sabrina Bacal [email protected] Casi 32 años después del atentado terrorista contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas —que dejó 20 víctimas—, el principal sospechoso llegó extraditado desde Venezuela para enfrentar, por fin, a la justicia. En una coincidencia providencial, la llegada de Ali Hage Zaki Jalil ocurre la misma semana del estreno de Paraíso Tropical en los cines. La película, además de documentar este ataque terrorista, expone el trauma individual y colectivo que dejaron el ataque y los años sin respuestas por parte de las autoridades. Como sobrino de una de las víctimas, su director Abner Benaim convierte fragmentos de su terapia en una exhibición pública de una herida emocional que aún no cierra. Pero esa herida no es solo suya: es la de un país donde, una y otra vez, la impunidad termina imponiéndose sobre la justicia. Es la de una sociedad donde el camino de “pasar la página” es mucho más transitado que el de buscar la verdad. “En mi vida he hecho como 10 mil autopsias, pero esta es la única que he hecho a un terrorista que se suicida. No ha habido ningún otro caso en Panamá”. El dictamen del ex jefe de Medicatura Forense, el Dr. José Vicente Pachar, no dejó lugar a dudas: quien detonó la bomba en el vuelo 901 fue un terrorista suicida, que subió al avión como un pasajero más: el muerto número 21. Esa contundencia contrasta con el abrumador silencio que envolvió el caso durante casi 25 años. ¿Fue la falta de recursos o la falta de voluntad? ¿Fue el temor a las represalias lo que hizo que muchos miraran para otro lado o hubo algún tipo de complicidad o encubrimiento? Ali Hage Zaki fue detenido en Panamá por un caso de armas incautadas meses después del atentado, pero fue liberado. ¿No tenían evidencia en ese momento de su participación en la explosión del avión? ¿Qué papel jugó en el atentado? ¿Quiénes más ayudaron al terrorista suicida a preparar y subir una bomba que mató a 20 inocentes en un vuelo comercial? ¿Cómo explicar la inacción de las autoridades panameñas por tantos años? Hay conexiones internacionales que también forman parte del rompecabezas que aún no termina de armarse. La explosión ocurrió un día después del ataque contra la AMIA (centro de la comunidad judía) en Buenos Aires, donde murieron 85 personas. Existe un vínculo entre ambos atentados, atribuidos después a la organización terrorista Hezbolá. En octubre de 2024 el FBI ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a los responsables y ahora un investigador revela en la película que han identificado a un tercer sospechoso. La extradición de Ali Hage Zaki Jalil ocurre en un contexto político inédito: uno en el que Venezuela colabora junto a Estados Unidos y Panamá en la investigación. Benaim bautizó su cinta Paraíso Tropical porque la explosión en la que murió su tío hizo estallar por los aires su utopía infantil de que en Panamá “no pasaban esas cosas”. Es la pérdida de inocencia que el cineasta comparte con la audiencia. Ese proceso también debería tener una dimensión institucional. La llegada del principal sospechoso no es el fin de la pesadilla que han vivido los familiares. Puede ser el comienzo del fin. Porque hacer justicia en este caso no solo será procesar a Ali Hage Zaki Jalil. Será también sacar a la luz pública todo lo que durante años se prefirió callar. Fuerzas especiales custodian al sospechoso Un día después de su llegada al país, el principal sospechoso fue puesto bajo un esquema de seguridad reforzado. Su custodia quedó a cargo de fuerzas especiales, mientras se coordinan las diligencias judiciales correspondientes. Las autoridades confirmaron que permanece bajo vigilancia en instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), a la espera de ser llevado ante la fiscalía -a cargo de Geomara Guerra- para rendir declaración indagatoria por su presunta vinculación con el atentado. El operativo forma parte de las medidas adoptadas para garantizar el desarrollo del proceso, en un caso que se reabre tras más de tres décadas. VIGILANCIA Juan Manuel Díaz [email protected] Venezuela, y es posible que haya vivido ahí”, se lee en el aviso. En octubre de 2024, el Programa de Recompensas por la Justicia (Rewards for Justice, RFJ) del Departamento de Estado de Estados Unidos, ofreció $5 millones a cambio de información de cualquier persona vinculada al atentado terrorista, incluyendo a Ali Zaki. En noviembre de 2025, autoridades venezolanas lo detuvieron en isla Margarita. No se escondía. Tenía una tienda de artículos deportivos, una discoteca, manejaba un todoterreno marca Hummer. El lunes 20 de abril de 2026 llegó a Panamá en un vuelo directo de Copa Airlines desde Caracas, en una operación coordinada con agencias internacionales. La sombra de Hezbolá En 2024 la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos concluyó que Hezbolá fue responsable del atentado en Panamá. Hezbulá, organización chií libanesa con brazo político y militar, es señalada como grupo terrorista por varios países por su participación en ataques internacionales.
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4A La Prensa Panamá, miércoles 22 de abril de 2026 Panorama COCOTAZO 1. Los residentes del PH Belvedere, que por décadas acapararon aquel relleno de fondo de mar ahora denominado Coco Park, alegan que la junta comunal de San Francisco demolió la garita y el portón del edificio “sin previa notificación, en lugar de venir y conversar”. Ahora supuestamente quieren dialogar, pero el año pasado, cuando la representante Serena Vamvas acudió al área y quiso realizar una inspección (acompañada de agentes policiales), los empleados del edificio se lo impidieron y hasta la grabaron, como si ella fuera la intrusa. COCOTAZO 2. Vamvas también advirtió que el área que ocupa una parte de los estacionamientos del PH Belvedere también pertenece a la Nación. Reconoció que por ahora, no se han emprendido acciones para su recuperación. Tendrían que haberles quitado ya ese espacio y hasta cobrarles por todo el tiempo que lo han ocupado ilegalmente. PH FANTASMA. Algunos vecinos de Coco del Mar y Viña del Mar recuerdan que, hace 30 años, el relleno ilegal fue convertido en el depósito de los materiales y equipos utilizados por ICA para la construcción del tramo marino del Corredor Sur. En aquella época, el Belvedere (que entonces se llamaba PH Vista Bahía) era una obra abandonada por su promotor, en medio de un litigio entre sus socios, proceso en el que incluso fue baleada una juez. ¿Cuánto habrá pagado ICA por utilizar ese relleno como patio trasero? Todavía no hemos escuchado a nadie aclarar eso. CANDELA. La “asesora II” de la Asamblea, Jessica Canto, está en BogoLa bancada independiente Vamos, que lidera el diputado Roberto Zúñiga, hizo la denuncia en conferencia de prensa. Cortesía La bancada Vamos denuncia represalias de la Contraloría José González Pinilla [email protected] TENSIÓN Los diputados independientes denuncian que 39 colaboradores fueron colocados en licencia sin sueldo sin haberlo solicitado. El choque entre la bancada Vamos y la Contraloría General de la República escaló ayer martes en la Asamblea Nacional, luego de que diputados denunciaran que un grupo de funcionarios legislativos fue colocado en la categoría de “licencia sin sueldo” y se les suspendió el pago de salarios. Los diputados independientes atribuyen esta acción a presuntas represalias del contralor Anel Flores en medio del inicio del segundo debate del proyecto de ley 443, que dispone que toda la gasolina que se comercialice en el país deberá contener un10% de bioetanol. La tensión se evidenció desde tempranas horas y se intensificó tras una conferencia de prensa ofrecida por Vamos alrededor de las 2:00 p.m., en la que acusaron directamente al contralor Flores de utilizar su cargo como mecanismo de presión política. Horas más tarde, durante el periodo de incidencia en el pleno legislativo, el diputado Roberto Zúñiga subió el tono del enfrentamiento al asegurar que la Contraloría “dejó de ser un ente de fiscalización y se convirtió en un ente de extorsión”. Según Zúñiga, la entidad “se ha convertido en el DENI y en el G2 de la actualidad”, utilizando sus recursos y poder para presionar a diputados mediante la imposición de licencias sin sueldo a personal legislativo. Afirmó que lo más grave es que esto ocurre en plena discusión de un tema “álgido e importante” como el bioetanol, por lo que se preguntó si la medida era justa y concluyó que se trata de una persecución. A la vez hizo un llamado al contralor para que revoque la decisión que, según dijo, afecta a casi 40 funcionarios. Tras su intervención, el diputado Carlos “Tito” Afú, de Cambio Democrático (CD), leyó un pronunciamiento en el que cuestionó la narrativa presentada por Vamos y calificó como “confusa” la conferencia de prensa, señalando que no quedó claro si se trataba de ocho o de veinte diputados afectados. Afú sostuvo que la situación no debe interpretarse como una conspiración ni como un intento de presionar a nadie, sino como una realidad administrativa que impacta a distintos despachos de todas las bancadas. A su juicio, vincular el tema del bioetanol con trámites internos “es como mezclar peras con manzanas”, ya que el personal eventual o transitorio está sujeto a fiscalización y limitaciones presupuestarias. “Le bajen dos rayitas a su discurso de persecución”, pidió Afú, al señalar que si el personal cumple con sus horarios y no se trata de “botellas”, eventualmente recibirá su pago cuando el presupuesto lo permita. Más adelante, cerca de las 6:00 p.m., el diputado Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), también intervino en el pleno para referirse a la polémica. Robinson ironizó sobre las denuncias al afirmar que pensaba que Vamos no tenía funcionarios en la Asamblea, debido a que —según dijo— constantemente critican las planillas de otros partidos. “Yo pensaba que ellos no tenían funcionarios aquí, porque siempre han hablado de los funcionarios del PRD y los otros, pero bueno, parece que sí tienen funcionarios pues”, expresó. Añadió que ahora se ha aprovechado el tema para “pegarle al señor contralor porque está haciendo su trabajo”, y reclamó respeto tras escuchar las intervenciones previas. Contraloría admite retención de salario En respuesta a las denuncias de Vamos, la Contraloría emitió un comunicado en el que rechazó los señalamientos, aunque admitió que se aplicó la suspensión de pagos a determinados funcionarios de la Asamblea. La entidad aseguró que estas acciones no obedecen a decisiones arbitrarias ni a motivaciones políticas, sino a su obligación de verificar que los pagos correspondan al cumplimiento efectivo de funciones y a los mecanismos de control establecidos, particularmente en materia de asistencia y puntualidad. Además, informó que elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración sobre la excepción del marcaje en la Asamblea Nacional. Según la Contraloría, la procuradora Grettel Villalaz respondió que el artículo 161 del Reglamento de Administración de Recursos Humanos de la Asamblea establece que únicamente el presidente en ejercicio y el secretario general, de manera separada, pueden exonerar del registro obligatorio de asistencia a funcionarios. Sin embargo, la entidad afirmó haber verificado que esa disposición no se ha cumplido en determinados casos. Denuncian presión Más temprano, el diputado de Vamos, Luis Duke, dijo que 39 colaboradores fueron colocados en licencia sin sueldo sin haberlo solicitado. “No están cobrando sus salarios y eso para nosotros es grave, porque no solo se está violando un derecho de un colaborador, se está violando la institucionalidad de la Asamblea Nacional”, advirtió. El diputado, acompañado por otros colegas de su bancada, señaló que han observado que varios de los funcionarios colocados en esta categoría habían adoptado posturas críticas frente a decisiones del contralor, incluyendo la firma de una demanda de inconstitucionalidad y pronunciamientos públicos sobre sus recientes actuaciones. Flores fue duramente cuestionado por su reciente actuación: llegó -sin avisar y sin invitación- a las oficinas de la Fiscalía Superior Anticorrupción, ubicadas en el edificio Central Park, en la vía Transístmica, acompañado del subcontralor Omar Castillo y otros funcionarios. Esa visita fue considera como “una irrupción”. Sin embargo, según un comunicado de la Contraloría, fue a ese lugar para “conocer la situación de auditores de la institución que se encontraban siendo entrevistados”. La entrevista con las auditoras era parte de la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción contra el exvicepresidente José Gabriel ‘Gaby’ Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado. Henry Cárdenas P. [email protected] Gobierno acuerda indemnizar con $14.9 millones a consorcio por proyecto del ION GABINETE El Gobierno anunció que llegó a un acuerdo transaccional con el consorcio Nuevo ION Panamá, para pagar $14.9 millones en concepto de compensación por daños y perjuicios, informó ayer martes la Presidencia de la República. El acuerdo entre el Ministerio de Salud (Minsa) y el consorcio, fue aprobado por el Consejo de Gabinete y se da como resultado de la terminación unilateral por parte de Panamá del proyecto: “Estudios, diseño, desarrollo de planos, construcción y financiamiento para la construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional”. La Presidencia panameña detalló que el consorcio está conformado por las empresas Acciona Construcción, S.A. (anteriormente Acciona Infraestructuras, S.A.) y Panamá Consulting Health, S.A. (PCH), y que el acuerdo es por un monto total de $14.9 millones. El 50% de esta cantidad será pagado este 2026 y el 50% restante en 2027. En un comunicado, la Presidencia informó que el caso se remonta a 2013, cuando se licitó la obra, la cual el Minsa adjudicó en abril de 2014, pero que en diciembre de 2014 se solicitó al Consejo de Gabinete la terminación del contrato. Se informó que, ante este escenario, el consorcio presentó una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, en junio de 2025, por un monto superior a los $70 millones. tá... otra vez. Ahora la excusa es la presentación de su libro titulado Forjada por el fuego. Ya perdimos la cuenta de todas las veces que se ha desplazado a Colombia para hacer compañía al loco. No queda claro en qué momento atiende las importantes funciones por las que cobra $5,000 al mes de la planilla de la Asamblea. ¿Eso también lo ha “verificado” la Contraloría? ¿O ese procedimiento es selectivo? Tal Cual Mónica Palm [email protected]
5A La Prensa Panamá, miércoles 22 de abril de 2026 Contenido presentado por: ALTAPLAZA MALL
6A La Prensa Panamá, miércoles 22 de abril de 2026 Panorama Los intentos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para lograr que el Parlamento Centroamericano (Parlacen) juramentara al expresidente Laurentino Cortizo y al exvicepresidente José Gabriel Carrizo (2019-2024) no prosperaron. La maniobra se intentó durante la sesión ordinaria celebrada ayer martes en la sede del Parlacen, en Guatemala, pero no tuvo éxito. Aunque el tema no figuraba en la agenda oficial, representantes del PRD presentaron una moción de alteración para incorporar la juramentación de ambos exmandatarios. La tarea recayó en la diputada Ernestina Morales, suplente de Benicio Robinson -presidente del PRD-, quien viajó por primera vez a ese foro regional con una misión clara: abrir la puerta para que Cortizo y Carrizo fueran juramentados como diputados del Parlacen. Morales —quien usualmente participa en las sesiones de manera virtual desde la comarca Ngäbe Buglé— tomó la palabra en el pleno y preguntó directamente a la presidenta del Parlacen, Karla Gutiérrez Herrera, diputada de Guatemala, por qué aún no se había procedido con la juramentación y cuál era el motivo del retraso. Sin embargo, la presidenta la interrumpió y respondió que en su despacho no existía una nota formal solicitando el trámite. La diputada panameña insistió en que ambos políticos tienen derecho a ser juramentados, amparados — según argumentó— en el artículo 2 del Tratado Constitutivo del Parlacen y el artículo 3 del reglamento interno. En su intervención, Morales alegó que no corresponde al Parlacen actuar como juez ni evaluar procesos judiciales en Panamá. “Que sea la justicia panameña quien defina eso, no nosotros”, reclamó ante el pleno. Morales incluso aseguró que sí existe documentación formal presentada por Cortizo y Carrizo, con constancia de recibido, y cuestionó en qué norma se sustenta la negativa a juramentarlos. Pero el debate tomó otro giro cuando intervino el diputado guatemalteco Salomón Herrera, quien pidió al pleno actuar con responsabilidad y no alterar la agenda para una juramentación “atemporal”. Un viaje a Guatemala y un ‘no’ en el Parlacen: Cortizo y Carrizo siguen sin juramentarse ORGANISMO REGIONAL Herrera recordó que Cortizo y Carrizo fueron convocados para juramentarse en agosto de 2024, pero no atendieron ese llamado. “No podemos permitir que ahora, cuando tienen un problema encima, busquen esto como refugio”, expresó, al tiempo que advirtió que el Parlacen debe romper con la imagen de ser un espacio para eludir responsabilidades. La postura fue respaldada por el diputado panameño Rubén Darío Campos, del partido Realizando Metas, quien rechazó la solicitud y sostuvo que ambos tuvieron su oportunidad de juramentarse junto con el resto de la delegación panameña en 2024. Según Campos, tras enfrentar denuncias y cuestionamientos, “corrieron a buscar la mal llamada cueva de ladrones”. En un discurso cargado de tono político, el diputado vinculó el tema con el dolor social dejado por la pandemia y cuestionó si el interés real de Cortizo y Carrizo era trabajar en el organismo o beneficiarse del supuesto blindaje político que ofrece el Parlacen. “Que sea legal es cierto, pero dígame usted si es moral”, afirmó Campos, al pedir que primero respondan ante la justicia. El intento terminó sin éxito y la juramentación no se realizó. Carrizo enfrenta proceso judicial Carrizo enfrenta actualmente un proceso por presunto enriquecimiento injustificado. El pasado 28 de enero, una jueza de garantías le imputó cargos y le ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario. Durante esa audiencia, la defensa alegó que el despacho judicial no tenía competencia, argumentando que Carrizo ostenta la condición de miembro del Parlacen. Sin embargo, la jueza mantuvo el proceso y remitió el recurso a la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, el máximo tribunal determinó que no le asistía la razón a la defensa, al no reconocerle la condición de diputado del Parlacen. En consecuencia, la Corte no admitió la demanda de inconstitucionalidad que buscaba trasladar el caso a esa instancia. Una búsqueda reiterada Este nuevo revés se suma a varios intentos fallidos por parte de Carrizo para lograr su juramentación. Uno ocurrió en octubre de 2024. Otro en junio de 2025, cuando una sesión ordinaria en El Salvador fue suspendida por fallas técnicas en el hotel donde se realizaba el encuentro. El más reciente antecedente ocurrió en enero de 2026, cuando Carrizo viajó a Guatemala con la intención de presentarse personalmente, pero tuvo que regresar a Panamá luego de que se informara que la fiscal superior anticorrupción, Adela Cedeño, había girado una orden de aprehensión en su contra. Una mirada a la ciudad desde Coco Parque. Anel Asprilla El espacio frente al mar que San Francisco esperó por décadas Yaritza Mojica [email protected] José González Pinilla [email protected] COCO PARQUE Tras 20 años de cierre, Coco Parque reabre al público luego de la demolición de una garita privada; el proyecto contempla una inversión de $700 mil y dos años. Después de 20 años de permanecer cerrado y fuera del alcance de la comunidad, un terreno estatal de más de una hectárea frente al mar, que fue bloqueado por un edificio privado en el corregimiento de San Francisco, ya puede ser utilizado por los vecinos. Se trata de Coco Parque, un proyecto que busca devolver a los residentes un espacio público largamente reclamado. El pasado 20 de abril, luego de que la Junta Comunal de San Francisco lograra la recuperación del acceso al parque mediante la demolición de la garita del edificio Belvedere Park, que bloqueaba la entrada al lugar, los residentes empezaron a hacer uso de este espacio público. Entre paseos con sus mascotas, caminatas, juegos de niños y hasta desayunos frente al mar, así fue disfrutada esta área verde. Tanto residentes de San Francisco como algunos visitantes de sectores cercanos se acercaron poco a poco para conocer Coco Parque, un lugar que en 1973 era utilizado como astillero y que posteriormente fue dado en concesión para el desarrollo de una marina turística en 1986. Sin embargo, en 2011 la Autoridad Marítima de Panamá de 2011, mediante resolución, resolvió negar la solicitud de renovación del contrato con la marina. Ahora este espacio contempla una inversión aproximada de 700 mil dólares, recursos que serán aportados por la Junta Comunal de San Francisco y la Alcaldía de Panamá. El proyecto de Coco Parque podría estar listo en unos dos años. Serena Vamvas, representante de San Francisco, explicó que la demolición de las estructuras que impedían el acceso al área se realizó “con todas las de la ley”, mediante un proveído firmado por el ingeniero municipal y el alcalde capitalino. Vamvas aseguró que el terreno nunca dejó de ser propiedad estatal y que actualmente se encuentra en proceso de traspaso para uso y administración municipal como parque público. Pero más allá de cifras y trámites, lo que ha despertado entusiasmo entre los vecinos es la recuperación de un sitio que muchos aseguran nunca pudieron disfrutar. Un parque pensado por los residentes El proyecto Coco Parque pasó por consulta ciudadana el año pasado y fue aprobado un diseño con la participación vecinal. Entre las amenidades previstas figuran áreas infantiles, zona para mascotas, senderos para caminar o correr y vigilancia permanente mediante un guardaparque. Desde este martes 20 de abril, los primeros movimientos de trabajo de parte de colaboradores la Junta Comunal empezaron. Se hizo el corte de tres estructuras de acero en forma de gramófono que impedia el crecimiento de tres grandes árboles. Según los trabajadores estos hierros, representan un peligro para los niños y cualquier visitante del parque, además se inició la instalación de cestos de basura. Una de las primeras en visitar el parque y entrar sin temor a ser detenida por la administración del edificio Belvedere Park fue Zoe, una joven residente del sector de San Francisco, quien calificó la apertura como “una acción increíble” y aseguró que desconocía la existencia del lugar hasta que fue habilitado. “Ahora me imagino a los niños jugando aquí o venir con mis amigas a pasar un buen rato. Tenemos naturaleza cerca, sin tener que ir a la Cinta Costera o al Parque Omar”, comentó. Otros residentes, como Alejandra y su esposo Andrés Concepción —quienes decidieron desayunar al aire libre en el parque—, destacaron el potencial del área y la necesidad de más espacios comunitarios en San Francisco. “Es un espacio público que se necesitaba. Tiene mucho potencial y la representante del corregimiento cuenta con nuestro apoyo para limpieza o lo que se requiera”, indicaron. Según Andrés, este terreno era utilizado de forma privada. “Los que tenían ocupado este espacio lo mantenían cerrado, ni siquiera le daban mantenimiento; lo tenían descuidado, desaprovechando esta área pública que puede servir para la comunidad, para esparcimiento o diversión”. Por su parte, Rodolfo Vargas, otro residente del corregimiento, afirmó que la recuperación del área representa una mejora para la calidad de vida de los vecinos. “Panamá necesita más parques. Esto hacía mucha falta para pasear mascotas, hacer ejercicios y que las personas mayores podamos caminar cerca de casa”, expresó. Entre los residentes más antiguos consultados estuvo Manuel Alberto Moreno, un vecino histórico de San Francisco, de 73 años. Su testimonio refleja el peso simbólico de la recuperación. “Nunca tuve acceso para pasar dentro de esta área. Nunca. Primera vez hoy”, afirmó. Moreno recordó que en su juventud funcionaba un astillero y relató historias de cuando debía ir por otro acceso para bañarse con otro vecinos conocidos de la época. Ahora espera que el nuevo parque sea restaurado de manera integral y abierto para todos. “Que venga todo el mundo con sus niños, los padres, los vecinos. Todo el que venga a San Francisco, sea bienvenido”, señaló Moreno. Los vecinos coincidieron en que, además de la construcción del parque, será clave el compromiso ciudadano para mantener limpio y en buen estado el nuevo espacio público, llamado a convertirse en un punto de encuentro y recreación para San Francisco. El área tiene 1.3 hectáreas. Anel Asprilla
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8A La Prensa Panamá, miércoles 22 de abril de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy Por un lado, el Canal opera cerca de su capacidad máxima, absorbiendo mayor tráfico de gas natural licuado redirigido hacia el istmo. Ese mismo contexto internacional está elevando los costos internos: el transporte de carga ya reporta un aumento del 34% en la factura de combustible, con efectos sobre cadenas de suministro, precios y confianza económica. Es decir, el mismo choque externo que hoy vuelve a Panamá más relevante también expone, de manera más aguda, fragilidades internas que el país aún no resuelve. El gobierno ha respondido con medidas de contención: una comisión de alto nivel sobre combustibles, el congelamiento de tarifas de transporte y energía, y la suspensión del mandato de bioetanol previsto para abril. Son decisiones entendibles frente a la presión del momento. Pero también reflejan que Panamá sigue gestionando algunos de sus desafíos más sensibles de forma reactiva. Y eso importa, porque los socios internacionales no solo observan si el país puede resistir un golpe externo; observan si puede producir señales consistentes y una visión de mediano y largo plazo frente a los desafíos del momento. Ese es, en el fondo, el verdadero tema a Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Más de lo mismo y carencia de creatividad Competitividad ramente los estadounidenses están interviniendo en la redacción para favorecer a sus compañías. Amanecerá y veremos. Actualmente se tienen en planificación grandes proyectos multimillonarios como el tren Panamá-David y el oleoducto, que requieren enfocarse desde otra perspectiva. A diferencia de estos, los embalses del río Indio, al igual que los zarzos en las comarcas, requieren atención inmediata. Los embalses del río Indio son urgentes y necesarios para proteger la rentabilidad del activo productivo más grande que tiene Panamá. Actualmente, la ACP está recibiendo ingresos extraordinarios por la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz, situación que debería estar produciendo el flujo de efectivo para financiar este proyecto sin necesidad de recurrir a financiamiento. En cuanto al oleoducto, posiblemente debería ser repensado por la crisis mundial del petróleo y gas licuado, que está evolucionando, lo cual podría afectar su viabilidad económica a largo plazo. Además, no sería una gran fuente de empleo una vez terminado, por lo que tampoco es urgente, y el futuro dirá si es necesario. El tren, por otro lado, requiere considerable financiamiento para su construcción, además de subsidios permanentes para sus operaciones y a las tarifas de carga y pasajeros para fomentar un volumen de usuarios. La fragilidad de las finanzas estatales se vería recargada con estos subsidios, por lo que probablemente se necesitaría recurrir a endeudamiento para sufragarlos, tal como sucede actualmente con los gastos operativos del Estado. Tampoco sería una gran fuente de trabajo. No es urgente ni parece necesario. Jorge G. Obediente Panamá no puede darse el lujo de desperdiciar este momento geopolítico Estrategia Mientras la atención del mundo está puesta en Medio Oriente, mucho menos visible es otro efecto de la guerra: la manera en que está reordenando el mapa de riesgo, costo y oportunidad para economías alejadas del conflicto. En Panamá, ese impacto no es abstracto. El alza del petróleo vinculada al conflicto en Irán podría añadir hasta $100 millones de dólares al costo de los subsidios a los combustibles, según el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Según sus advertencias, este aumento podría alterar las proyecciones de crecimiento que algunos bancos de inversión sitúan en torno al 5%. Para enfrentar esta coyuntura, Panamá necesita una respuesta proactiva y con visión de país a largo plazo. Como dicen, la geografía por sí sola no es estrategia. El Canal le da a Panamá una relevancia inmovible, pero no le garantiza influencia duradera. En un mundo marcado por más de una guerra, cadenas de suministro más frágiles y una competencia geopolítica cada vez más intensa, la ubicación sigue importando, pero no basta. La paradoja del momento es evidente. destrabar. En un entorno global donde los activos estratégicos han adquirido un peso aún mayor, Panamá necesita demostrar que puede administrarlos con previsibilidad regulatoria y legitimidad política. No se trata solo de responder a la coyuntura, sino de proyectar confianza. Porque, en momentos como este, los países son evaluados por sus decisiones, no solo por su posición geográfica. La economía panameña sigue creciendo, pero enfrenta vientos en contra derivados de la fragilidad de la confianza empresarial. A eso se suma una realidad social que no debería quedar fuera del debate: Panamá no puede aspirar a una mayor relevancia estratégica si no logra traducirla también en mayor empleo. Por eso, este debate es más grande que unos contratos y decisiones de la Corte o incluso del Canal. La guerra con Irán ha recordado al mundo que los cuellos de botella siguen moldeando poder, relevancia y, al final del día, prosperidad. En el fondo, ese es el verdadero desafío: no solo aprovechar una coyuntura internacional, sino demostrar que Panamá puede actuar con visión estratégica y ambición de país a largo plazo. Este momento ofrece a Panamá una oportunidad poco común para consolidar su credibilidad, fortalecer su perfil estratégico y proyectarse con mayor confianza hacia el futuro. Opinión LA AUTORA es directora de impacto y operaciones y responsable para Centroamérica del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council. EL AUTOR es ciudadano. Fue un gran acierto mantener la operación de Chiquita en Panamá, generadora de muchos empleos en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí. La apertura de la mina de cobre sería otro generador de empleos que revitalizaría las economías en las provincias centrales y contribuiría a generar ingresos para las arcas del Estado. Estos dos casos no son novedades, sino simplemente la renovación de actividades anteriores que se perdieron por la falta de una participación coherente del estamento gubernamental para resolverlos. Visto de otra forma, son heridas autoinfligidas. Panamá cuenta con una posición geográfica privilegiada y una conectividad aérea superior a la de muchos países, pero no se ha sabido potenciar, y los países vecinos nos ganan el mandado. El Salvador, por ejemplo, pasó de ser un país peligroso a uno seguro y potenció su caudal turístico, contra todas las predicciones, pero con liderazgo audaz. El presidente Bukele acaba de inaugurar el mayor centro de mantenimiento aeronáutico del mundo en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, manifestando que el proyecto tiene la capacidad de transformar la economía local, atraer inversiones y fomentar la generación de empleos gracias a la seguridad jurídica y estabilidad política reinante. En Panamá existen instalaciones aeroportuarias subutilizadas que serían ideales, como Río Hato y Howard, para instalar un centro de mantenimiento aeronáutico capaz de atender todo tipo de aviones, pero somos ciegos a estas oportunidades. ¿Tenemos una oficina fantasma de promoción de inversiones? ¿Los seres pensantes del gobierno no son capaces de atraer proyectos que aprovechen los recursos instalados y que pudieran generar miles de empleos? ¿Será que el INADEH, la Universidad Tecnológica y centros educativos podrían importar talentos para ser incorporados en los programas de formación técnica y generar egresados capaces de insertarse en el desarrollo tecnológico? El estamento gubernamental tiene abundancia de ineptos, pero carencia de talento, falta de visión y de liderazgo, y avanza sin rumbo claro. Se enfrascan en proyectos con riesgos financieros altos, pobre rentabilidad y baja generación de empleos, mientras se dejan de atraer oportunidades que realmente ayudarían a mejorar el entorno socioeconómico del país. La frágil o semidemocracia en nuestro país se sigue consolidando de manera negativa, impidiendo que progresemos para salir de la categoría tercermundista en la que estamos. Un ejemplo claro de esto es el reciente nombramiento de dos personajes seleccionados a dedo para ocupar puestos de suma importancia en la estructura gubernamental. La inexistencia de separación de poderes y la influencia de un personaje en el exilio en asuntos de Estado continúan presentes. Las fuerzas del mal en la Cámara Legislativa persisten con sus viciadas técnicas, legislando en detrimento de la patria y aplicando su lema de “¿Qué hay pa’mí?”. La oposición, que era la esperanza en las últimas elecciones, parece estar desmoronándose, pues cada uno tira para su lado. ¿Será que estos opositores han sucumbido a los “disparos de $$$$ y los beneficios ofrecidos”? Seguimos pensando mal, pero no nos equivocamos, ya que una verdadera oposición no se ha logrado en esta cueva de ladrones. El país está enfrentando considerables demandas por decisiones relacionadas con los puertos, que podrían haberse resuelto de otra manera, pero no fue posible debido a la influencia estadounidense en las decisiones soberanas, que se escudan bajo el cacareo de una China con influencia maligna. El arbitraje multimillonario que enfrentamos tomará tiempo en resolverse y, mientras tanto, la seguridad jurídica ofrecida a potenciales inversionistas extranjeros queda en duda. Vamos a estar licitando otros puertos en el Atlántico y Pacífico y preparando los pliegos del concurso, pero seguEl contexto geopolítico abre oportunidades para Panamá, pero exige decisiones estratégicas que fortalezcan su credibilidad, reduzcan vulnerabilidades internas y traduzcan su posición en desarrollo sostenible. María Fernanda Bozmosky Críticas a decisiones públicas, proyectos sin rentabilidad clara y oportunidades desaprovechadas reflejan una falta de visión que limita el desarrollo económico y la generación de empleo. La corrupción de los valores Hogar En nuestra sociedad se ha normalizado que existan personas sin descaro ni sensibilidad humana. Este tipo de personas, que luego de ocupar un cargo importante, consideran que el cargo se lo merecen y que el cargo son ellas, y ellas son el cargo. En este punto, ¿cómo podemos definir a una persona que hace de su posición lo que bien le parece porque, al parecer, las normas las escribe con su actuación y no es su actuación la que está sometida a las normas? ¿Pero qué es corrupción? La definición número 2 que brinda el diccionario de la RAE señala que es el “deterioro de valores, usos o costumbres”. Entonces es lógico pensar que una persona corrupta es aquella que no posee valores porque se ha deteriorado moralmente. En este sentido, ¿cómo puede alguien administrar correctamente lo ajeno si ni siquiera en su propia vida lo hace? Nuevamente me cuestiono: ¿cómo es posible que podamos confiar en personas que han dañado su condición de vida en las prácticas de valores? Entendiendo que los valores no solo son una medida de la conducta humana, sino que sostienen y dan sentido a la sana convivencia en nuestra sociedad panameña. Ahora bien, para que algo o alguien se deteriore, primero debió haber tenido un estado saludable. Entonces, ¿dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo la falla por la cual aquello haya cambiado tanto, al punto de dañarse? Los valores se practican en la sociedad, se refuerzan en la escuela, pero se enseñan en el hogar. Cuando se observa una conducta que riñe con los valores, no necesariamente la culpa la tuvo la sociedad o la escuela, sino que en el hogar faltó que se ejerciera su función social. Alguno discrepará y argumentará que el hogar también es un producto social, haciendo que esto sea un ciclo interminable. Lo anterior es cierto, pero no del todo. Además, ya fueron suficientes preguntas, por lo que estoy convencido de que es el hogar panameño el que siempre debe ser el punto de partida en la construcción de ciudadanos que serán productivos y comprometidos con su propio bienestar y con el de todos. EL AUTOR es educador y estudiante de derecho. Danny Vega Méndez Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Gerente General Sudy S. de Chassin ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
9A La Prensa Panamá, miércoles 22 de abril de 2026 primer lugar, seguido de la solución al problema de la basura. Para lograrlo, es necesario dotar al Idaan del presupuesto adecuado y del personal técnico suficiente para enfrentar integralmente los retos que arrastra: fugas constantes, potabilizadoras insuficientes, aguas residuales mal manejadas, conexiones ilegales, ríos contaminados, entre otros. El agua es esencial para la vida humana. ¿Cuánto tiempo más deben seguir miles de panameños sin acceso a ella? Sobre la basura, urge atender la crisis de Cerro Patacón, una verdadera bomba de tiempo. Si no se resuelve, pronto viviremos sus consecuencias. A esto se suman los “pataconcitos” que brotan en todo el país: la ciudadanía, desesperada por la falta de recolección, recurre a botar la basura en calles, veredas y carreteras. Así, Panamá da al mundo la imagen de un país “de cochinos”. Solucionar este problema no se limita a más camiones y tanques; también requiere una campaña educativa nacional que promueva el compromiso individual con la limpieza. No es solo un tema de estética: es salud pública. Adicionalmente, convendría explorar alianzas con empresas que transforman la basura en energía, como se hace en muchos países. Incluso las cenizas pueden aprovecharse en la producción de cemento para reparar calles. Países asiáticos como Singapur demuestran que sí es posible gestionar los residuos con eficiencia y mantener ciudades El trato discriminatorio hacia los jubilados Bonos En el año 2024 se promulgó una ley que otorga el pago de un bono de 140 balboas a los jubilados en Panamá, repartidos en tres desembolsos: abril, agosto y diciembre. Sin embargo, dicho beneficio no es para todos los jubilados, ya que solo gozarán del mismo quienes estuvieron en la planilla de la Caja de Seguro Social hasta junio de 2024, fecha de aprobación de la ley. El resto de las personas que se jubilaron posterior a la fecha antes descrita no tendrán derecho a la ayuda, lo cual, a mi juicio, constituye un acto discriminatorio, tomando en cuenta que el fondo para dichos pagos proviene de un impuesto aplicado a las bebidas alcohólicas que genera un caudal monetario bastante significativo. Todavía me extraña que ningún gremio de jubilados o algún diputado en la Asamblea se haya pronunciado sobre este acto excluyente hacia miles de panameños que también dieron su cuota de sacrificio para este país durante casi toda una vida. Panamá es uno de los países, de acuerdo con lo que he investigado, donde peor se trata al adulto mayor, ya que los supuestos beneficios que se les otorgan muchas veces son ignorados. De acuerdo con la Ley 6 de 1987, el adulto mayor debe disfrutar de varios descuentos en diferentes rubros de servicios; no obstante, en la práctica esto se pasa por alto sin que exista una inspección rutinaria por parte de las autoridades que deben velar por su cumplimiento. La ley establece, por ejemplo, que los hoteles cobrarán un 50% del hospedaje de lunes a jueves y un 30% los viernes, sábado y domingos, pero existen muchos hoteles que solo aplican el 30% todos los días. Lo digo porque me ha tocado investigar en muchos de estos establecimientos donde no se cumple a cabalidad con la norma de descuento. En cuanto a los medicamentos, la ley establece un descuento del 15%, cifra que me parece irrisoria, tomando en cuenta que hay adultos mayores que padecen enfermedades crónicas y necesitan medicamentos que el seguro social no tiene. La mayoría de los jubilados prácticamente se ven obligados a comprar en farmacias particulares, ya que, para variar, la Caja de Seguro Social enfrenta constantes desabastecimientos de medicamentos para la presión o la diabetes, entre otros. Por otra parte, existen algunas farmacias que aumentan el costo de los medicamentos para que el descuento al adulto mayor no les afecte, como si la vida de un jubilado fuera un tema de “libre oferta y demanda”. Algunos restaurantes de comida rápida no aplican el descuento del 25%, con el argumento de sus ofertas y combos familiares, donde alegan que el descuento ya está implícito. En un restaurante regular, al adulto mayor se le descuenta solo una comida; si pide otra para llevar, no aplica el beneficio. Hasta la comida se les regatea. Se busca la mínima excusa para no brindar el beneficio al adulto mayor, ni siquiera por humanidad o solidaridad, como si se tratara de seres de tercera categoría. Casi dos meses antes de mi jubilación, ya había varios bancos llamándome para ofrecerme sus tentadores préstamos, pagaderos en más de una década: los conocidos “préstamos de la muerte”, en los que muchos sucumben. Hasta la fecha no sé de dónde provino la fuga de información sobre mi dirección y teléfono, pero es casi seguro que se originó en algún departamento de la Caja de Seguro Social relacionado con montos y planillas. Este tema lleva años sin poder resolverse y no ha existido gobierno ni director de la entidad mencionada que haya podido ponerle el “cascabel al gato”. Lo que todos saben sobre las concesiones, pero pretenden ignorar Facturación vs utilidades ser transparente. Incluso, por la naturaleza pública de esas grandes empresas, la mayoría debe publicar en sus estados financieros la facturación de sus subsidiarias, sobre todo si se trata de una multinacional. Es más, eso se puede exigir al otorgar la concesión, para asegurar que así se haga. Claro que los concesionarios dirán que es injusto que paguen un porcentaje sobre la facturación y no sobre las ganancias, supuestamente repartiendo las ganancias con el Estado panameño, pero el tema es que no tenemos control sobre esas ganancias; de que eso sea así se encargarán los propios concesionarios. Prácticamente todos los concesionarios, para no decir todos, tienen empresas que les facturan a altas tarifas y que muchas veces son subsidiarias del concesionario o de una tenedora que es dueña de ambos. Esto es aparte de acuerdos con terceros que se presten para hacer negocios con los concesionarios a tarifas mayores de lo acostumbrado. Alguien podría decir que igual hay que controlar las ganancias para el teRamón Varela Morales Agua + basura vs. ferrocarril Carta abierta Ante todo, quiero felicitar al señor presidente José Raúl Mulino por haber superado importantes desafíos que se le han presentado. No hay duda de que ha demostrado firmeza y determinación en momentos clave para el país. • Se desligó de Martinelli. • Superó el problema presupuestario. • Eliminó el bono solidario. • Enfrentó con firmeza a los docentes e implementó el plan “el que no trabaja no cobra”. • Aprobó la ley de la Caja de Seguro Social. • Disolvió al Suntracs y al sindicato bananero. • Reorganizó la banca estatal, cerrando entidades mal gestionadas e incorporándolas al Banco Nacional y la Caja de Ahorros. • Tuvo un pulseo con Trump, quien seguramente volverá a crear ruido. Veremos cómo lo enfrenta. Ahora, enfoquémonos en el tema que da título a este escrito: Si le preguntamos al panameño promedio qué desea, sin duda respondería: agua potable las 24 horas y recolección eficiente de basura. En contraste, el proyecto del tren es poco conocido y de escasa prioridad para la mayoría, especialmente considerando que muchos ni siquiera podrían costear su uso. Entonces, ¿cuál debería ser la verdadera agenda? Considero sensato replantear las prioridades: el acceso al agua debe estar en limpias. Cambiando de tema: el ferrocarril, aunque es una idea valiosa, no considero que sea su momento. Las prioridades deben ser otras, al menos mientras no se resuelvan las urgencias básicas. Además, dudo que este tren esté operativo antes de 2030. Entiendo que cruzará el Canal, lo cual tiene sentido, ya que los principales usuarios serían ciudadanos y turistas que viajan entre el interior y la ciudad. Sin embargo, ¿serán suficientes para justificar el gasto en un nuevo puente o túnel? Muchos seguirán prefiriendo el avión, más rápido y directo. El tren, con más de diez paradas, será un viaje lento. Estimo que el costo superará los ocho mil millones de dólares. ¿Se financiará con otro subsidio, como en las líneas I y II del metro? Sobre la idea de que el tren facilitaría la exportación, me pregunto cómo. El país exporta poco. El banano y el cacao salen de Bocas del Toro, los camarones de Vacamonte, el pescado y su aceite desde Puerto Caimito y Chepo, y la chatarra y madera desde Panamá y Colón. ¿Realmente el tren es la solución para esto? Insisto: llegará el momento del ferrocarril. Hoy, sería más útil extender la línea III del metro hasta La Chorrera, con estacionamientos que faciliten dejar los autos. Eso brindaría transporte seguro y ayudaría a descongestionar la ciudad. Señor presidente, ojalá este llamado lo motive a reconsiderar prioridades. Sería memorable que su legado fuera haber dado a los panameños agua constante y un país limpio, motivo de orgullo para todos. Su atento servidor, Alfredo de la Guardia Díaz EL AUTOR es sociólogo y jubilado. EL AUTOR es empresario. EL AUTOR es ingeniero, informático y escritor. Jaime Cheng Peñalba ma de impuestos, pero para los impuestos los subcontratistas y proveedores deben presentar, a su vez, declaraciones de impuestos, si son locales, o bien hay retenciones sobre las remesas si son del exterior. En todo negocio hay costos fijos y costos variables, como el costo de los productos o servicios que se venden a terceros. Por tanto, el porcentaje de las ventas que deban pagar al Estado por la concesión es, en esencia, un costo variable que deben considerar para sus tarifas a terceros. Algo que es el ABC de todas las empresas, las cuales tienen que considerarlo para hacer negocios. De paso, lo que se plantea es una práctica común en muchos países. Así que “no hay nada nuevo bajo el sol”. El cobro de un porcentaje sobre la facturación del concesionario hace que todas las partes tengan muy claro el costo correspondiente, el cual es el ingreso que el Estado debe recibir según la facturación, mes a mes o trimestralmente, y no una vez al año. Ojalá se establezca como una práctica regular, y no como una excepción a la regla. Todas las concesiones se vencen y deben ser renovadas, así que ese sería el momento de ir cambiando a una metodología más sana para todos, especialmente para la República de Panamá. Las concesiones se pusieron de moda en Panamá desde los tiempos del presidente Balladares. No obstante, hay un elemento que resulta clave y que todos pretenden ignorar: el pago al Estado según las ganancias del concesionario. Prácticamente en todas las concesiones otorgadas en Panamá, el concesionario debe pagar al Estado un porcentaje de sus ganancias. A simple vista, parece lo justo. Pero el tema es cómo se calculan esas ganancias y, sobre todo, cuáles son las empresas que facturan servicios al concesionario que son deducibles de esas ganancias. En la mayoría de los casos aparecen empresas proveedoras, especialmente de servicios de consultoría o informáticos, que abierta o subrepticiamente tienen una relación, a veces de control absoluto, con los concesionarios. En vez de estar auditando lo que las empresas gastan o no gastan (eso se les deja a los auditores de impuestos), el Estado debe cobrar un porcentaje de la facturación bruta, la cual debe El llamado a priorizar agua potable y manejo de residuos cuestiona proyectos de alto costo como el tren frente a necesidades básicas aún no resueltas en Panamá. Alfredo de la Guardia Díaz El modelo de concesiones basado en utilidades abre espacios de opacidad; se propone migrar a un esquema sobre facturación para garantizar ingresos transparentes y previsibles. Opinión
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