10A La Prensa Panamá, jueves 16 de abril de 2026 PPC o el de Cobre Panamá, S.A. Al analizar la etiología de estos contratos, salta a la vista, sin mucho esfuerzo, un componente de orden ético y moral que marca su origen, pues la inconstitucionalidad no se encuentra enquistada de manera imperceptible, sino que se trata de violaciones perceptibles, múltiples y groseras. Estos contratos fueron elaborados con la evidente intención de violentar la Constitución. Estas violaciones no han sido producto de errores o de ignorancia al redactarse y aprobarse, sino actos conscientes y premeditados, con la intención de afectar los intereses y bienes del pueblo panameño, con el concurso de diferentes estamentos estatales. Se configura así una cadena de decisiones orientadas a un fin específico. Veamos: estos contratos son elaborados o negociados por abogados de las partes, tanto del concesionario como del Estado. Su contenido es revisado por el equipo legal del ministerio correspondiente, por lo que, dada la evidencia de elementos inconstitucionales en esta primera instancia, debieron ser rechazados. No obstante, pasan al Consejo de Gabinete, que a su vez cuenta con una serie de asesores jurídicos que debieron advertir los vicios, pero el contrato continúa su curso hacia la El desafío de proteger a los más vulnerables Política social En Panamá, el desarrollo no puede medirse únicamente en cifras o en crecimiento económico. Yo lo veo todos los días en territorio. El verdadero progreso se refleja en la vida de la gente: en ese niño que espera una oportunidad, en ese adulto mayor que no debería sentirse solo, en esa familia que lucha por salir adelante. Ahí es donde realmente se pone a prueba el Estado. Hace poco, en una de nuestras giras, conocí a una abuela que cuida sola a tres nietos. No me habló de estadísticas ni de indicadores; me habló de comida, de escuela, de futuro. Y en esa conversación sencilla está resumido el mayor desafío que tenemos, que es que la política social deje de ser abstracta y se convierta en respuestas concretas que lleguen a tiempo y bien. En el Ministerio de Desarrollo Social asumimos ese compromiso. No estamos aquí solo para administrar programas; estamos para ordenar, articular y transformar. Somos rectores de la política social, sí, pero sobre todo seguimos trabajando para que las cosas pasen. Y decir eso también implica reconocer lo que no ha funcionado. Durante años, la respuesta social en Panamá estuvo fragmentada. Varias instituciones atendiendo a las mismas personas sin coordinarse, mientras otras quedaban fuera del sistema. Eso no solo es ineficiente, es injusto. Por eso hemos insistido en algo que parece obvio, pero que no siempre se hace: trabajar como un solo Estado. Integrar información, alinear acciones y asegurar que cada intervención tenga sentido dentro de un esfuerzo común. Otro punto en el que hemos trabajado desde que llegamos al cargo es lograr que los recursos del Estado lleguen a quienes en verdad lo necesitan. Hemos ordenado y seguimos cruzando datos para depurar, porque proteger los fondos públicos también es proteger a quienes verdaderamente los necesitan. Pero hay algo aún más importante. No podemos conformarnos con asistir. La ayuda es necesaria, pero no suficiente. Nuestro objetivo tiene que ser que las personas puedan salir de la vulnerabilidad, no quedarse en ella. Eso implica formación, oportunidades, acceso a servicios de calidad y, sobre todo, dignidad. Es pasar de la dependencia a la autonomía. En el caso de la niñez, no hay margen para la indiferencia. Cada niño que crece sin protección es una oportunidad que el país pierde. Y eso no lo podemos normalizar. Fortalecer los sistemas de cuidado, mejorar la calidad de la atención y garantizar entornos seguros no es un tema administrativo; es una decisión de país. Ahora bien, también hay que decirlo con claridad. La protección de los más vulnerables no es una tarea exclusiva del gobierno. Necesitamos al sector privado, a las organizaciones sociales, a las comunidades y a las familias. Necesitamos que esto deje de ser “un tema social” y se convierta en una causa nacional. Yo creo en una política social que tenga dirección, que mida resultados y que sea la guía en la toma de decisiones difíciles. Y creo, sobre todo, en un Panamá que no le dé la espalda a su gente. Proteger a los más vulnerables no es un discurso. Es una forma de gobernar. Es una forma de entender el país. Y es, sin duda, la base de todo lo que queremos construir. Austeridad y poder: tres estilos, una lección Liderazgo Médico oncólogo que murió de cáncer de pulmón en diciembre de 2020, a los 80 años. Es recordado como un político que mejoró los servicios sociales del país, y sus gestiones presidenciales fueron percibidas sin escándalos de corrupción. Su gobierno impulsó una política de centroizquierda, que aumentó el salario mínimo y redujo el porcentaje de pobreza de 30,9% al 12,7%, llegando a contar con un índice de aprobación del 62%. Logró la instalación de los megaproyectos UPM y UPM 2, plantas de celulosa de la empresa finlandesa UPM, fundamentales para la economía del país. UPM Fray Bentos (operativa desde 2007) y UPM 2 (inaugurada en 2023 en Pueblo Centenario) posicionan al país como un exportador líder mundial de celulosa, representando la mayor inversión privada en la historia del país. Creó un Plan Nacional de Agroecología, que considera de interés general la promoción de sistemas de producción, distribución y consumo de productos agroecológicos, aplicando una visión ecológica al diseño, desarrollo y gestión de ecosistemas agrícolas sostenibles. Mediante ley estableció y reconoció el derecho a la asistencia médica de emergencia y urgencia para todo residente de Uruguay, la cual debe ser proporcionada por cualquier proveedor de atención médica del país, garantizando así la atención médica fuera del lugar de residencia del paciente. Creó el Plan Ibirapitá, que entregó 400,000 tabletas a jubilados con pensiones bajas, con el fin de abordar la deCarlos A. García Molino Ética, moral y constitucionalidad Seguridad jurídica La Corte Suprema de Justicia, ante la interposición de dos demandas de inconstitucionalidad, decidió mediante fallo del 29 de enero de 2026 declarar inconstitucional el contrato de concesión que amparaba la explotación de los puertos de Cristóbal y Balboa por Panamá Ports Company (PPC). No voy a entrar a revisar los argumentos de la Corte en los que fundamentó su decisión, la cual es irreversible y final. Ahora bien, a raíz de esta situación, se han alzado muchas voces que advierten que estos fallos constituyen un mal antecedente, en vista de que la imagen de la seguridad jurídica en Panamá se ve afectada. Se sostiene que esto podría incidir en la inversión extranjera, ya que los inversionistas podrían percibir la existencia de un “riesgo país”, al entender que el Estado panameño puede dejar en el aire inversiones bajo la tesis de que violan la Constitución. Pareciera tener sentido tal planteamiento; no obstante, es una posición finalista, que deja por fuera las causas de estas decisiones jurisdiccionales. Creo que, si queremos ser honestos, debemos revisar las causas que provocan que se declaren inconstitucionales contratos como el de comisión legislativa correspondiente, donde también existe un equipo de abogados que debió detectar estos elementos. Sin embargo, el contrato sigue adelante hasta el pleno de la Asamblea, donde los diputados, de manera independiente, cuentan con asesores que igualmente ignoraron la notoria inconstitucionalidad. Una vez aprobado, pasa a la Presidencia, donde el mandatario dispone de asesores, en especial en materia constitucional. Es derecho y deber del Presidente objetar el proyecto por inexequible, es decir, advertir sus defectos constitucionales y devolverlo a la Asamblea. Pero ello no ocurrió, y la ley fue sancionada, convirtiéndose en ley de la República. Esto demuestra que no existe tal inseguridad jurídica. Lo que existe es un comportamiento inmoral y antiético por parte de quienes debieron corregir los defectos constitucionales de estos contratos. Se trata, en última instancia, de una estructura de decisiones que permite otorgar beneficios con una complicidad institucional evidente. Lo que se requiere son gobiernos honestos, transparentes y responsables, no organismos que operen como redes de intereses para beneficiarse o favorecer a terceros mediante el ejercicio del poder público. No es solo una cuestión de constitucionalidad; es, sobre todo, una cuestión de ética y moral. LA AUTORA es ministra de Desarrollo Social. EL AUTOR es exprofesor de Ciencia Política y Teoría del Estado/Miembro de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional (Apadec). EL AUTOR es exviceministro de la Presidencia Beatriz Carles de Arango nominada brecha digital en este sector de la población. Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala desde enero de 2024, tras pasar a la segunda vuelta contra todo pronóstico. Los principales temas de su campaña presidencial se enfocaron en el combate a la corrupción e inseguridad, la generación de empleos y la promoción de políticas para combatir el cambio climático. Doctor en filosofía y antropología social, diplomático, exdiputado del Congreso entre 2020 y 2024, e hijo del expresidente Juan José Arévalo, quien gobernó el país entre 1945 y 1951. Al cumplir seis meses en el cargo, en julio de 2024, hizo pública su declaración patrimonial, reportando activos, cuentas bancarias, prendas, libros y equipo de oficina por aproximadamente noventa y cuatro mil dólares y deudas en bancos por poco más de nueve mil dólares, evidenciando una gestión transparente de sus finanzas personales. Es el primer presidente de Guatemala en hacer pública su declaración de bienes, cumpliendo con las promesas de transparencia y lucha contra la corrupción que planteó durante su campaña electoral, además de recortarse su salario en 25%. En una polémica con relación a declaraciones de la vicepresidenta Karin Herrera, quien ocultó durante nueve meses que no se había reducido su salario como se había anunciado públicamente, salario que era superior al del presidente en más de dos mil quinientos dólares, el presidente Arévalo declaró que desconocía los detalles del salario de la vicepresidenta, que no veía planillas. El presidente tomó la decisión de rebajarle el salario a partir de que tuvo conocimiento de la situación. En América Latina, donde la política suele confundirse con privilegio, la austeridad emerge como un acto de ruptura. Mujica la convirtió en evidencia visible; Tabaré, en disciplina institucional; y Arévalo, en expectativa bajo presión. Tres estilos, tres contextos, una misma tensión: el poder frente a la tentación. La historia no absolverá discursos, sino conductas sostenidas. Porque, en el fondo, la verdadera ética pública no se proclama: se practica, se verifica y, con el tiempo, se expone sin defensa posible. Gobernar no es enriquecerse; es administrar la confianza de quienes no tienen margen para equivocarse. José Mujica, vida austera; Tabaré Vázquez, patrimonio estable; Bernardo Arévalo, agenda anticorrupción. Los tres han sido reconocidos por no utilizar el poder para el beneficio personal. Mujica y Vázquez consolidaron una cultura política transparente en Uruguay, mientras que Arévalo busca liberar la democracia en Guatemala de las élites político-criminales. “Pepe” Mujica gobernó Uruguay entre 2010 y 2015. Declaró ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, al dejar el cargo, un patrimonio neto de aproximadamente trescientos mil dólares: tres inmuebles, su residencia principal en Rincón del Cerro, y dos junto a su esposa, con un valor de ciento sesenta y cuatro mil dólares; cuentas bancarias con saldo de ciento diecinueve mil dólares; dos autos Volkswagen de 1987 y tractores para trabajar la agricultura. Durante su mandato, donó más de doscientos mil dólares de su salario al Plan Juntos, dedicado a construir viviendas para personas de bajos recursos. Tabaré Vázquez ejerció la presidencia de la República Oriental del Uruguay en dos mandatos no consecutivos: el primero entre 2005-2010 y el segundo entre 2015-2020. La Constitución no permite la reelección inmediata; miembros de la coalición gobernante le propusieron modificar la norma constitucional para permitirle la reelección en 2009; sin embargo, el Dr. Vázquez rechazó postularse. El fallo sobre contratos portuarios reabre el debate sobre seguridad jurídica, pero también obliga a examinar responsabilidades éticas y decisiones que permitieron su aprobación. Ramón A. Mendoza Tres líderes latinoamericanos muestran que el ejercicio del poder puede desligarse del beneficio personal y sostenerse en la ética, la transparencia y la rendición de cuentas.
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