1A La Prensa Panamá, jueves 16 de abril de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Jueves 16 de abril de 2026 - Año 45 - Nº 15353 PANDILLAS OPERAN EN PANAMÁ 180 HOMICIDIOS SE HAN REGISTRADO ENTRE ENERO Y EL 14 DE ABRIL DE 2026 158 900AGENTES SERÁN DESPLEGADOS POR LA POLICÍA 166PERSONAS HAN SIDO APREHENDIDAS POR PANDILLERISMO EN LO QUE VA DEL AÑO Hoy por hoy Endurecer las penas contra quienes cobran sin trabajar envía una señal necesaria en un país donde el clientelismo ha erosionado la confianza pública. Sin embargo, el primer debate del proyecto denominado “anti botellas” dejó una omisión difícil de justificar: se eliminó la responsabilidad de quienes crean, permiten y se benefician de estas prácticas. Castigar al funcionario que acepta un pago por un trabajo que no realizó es apenas una parte del problema. El fenómeno no nace en el eslabón más débil, sino en las decisiones políticas que inflan planillas, reparten favores y consolidan lealtades. Quien nombra sabe perfectamente que está creando una “botella”. No es la primera vez que una iniciativa destinada a combatir la corrupción se queda a mitad de camino. Como hemos advertido en más de una ocasión, todo proyecto en esta dirección termina chocando con la misma piedra: el presidente de la Comisión de Gobierno. Así las cosas, la decisión impulsada por el diputado oficialista de retirar las sanciones para quienes hacen estos nombramientos abona —una vez más— a la impunidad. Sin sanciones para quienes nombran, financian y capitalizan políticamente estas prácticas, la ley corre el riesgo de quedarse corta. La Asamblea aún puede corregir el rumbo. Ellas.pa ‘Mujeres calificadas sí hay; lo que falta es buscarlas’ 6B Thomas Christiansen dejaría fuera a Fidel Escobar 5B Deportes Panorama Al pleno, lista de los aspirantes a magistrado del TE 2A Economía ¿Comprar casa con un ingreso mensual de $800? 2B Los números del miedo Venezuela: sin garantías, pero con alto potencial La Prensa reunió a especialistas en el foro ‘ Venezuela: retos, oportunidades y perspectivas de inversión’, donde analizaron riesgos y oportunidades de inversión en un mercado incierto, pero con alto potencial impulsado por capital privado. Participaron empresarios del sector financiero y de inversión, quienes abordaron el panorama político, regulatorio y económico en sectores estratégicos. Advirtieron que entrar temprano implica asumir riesgos, pero también ganar ventaja competitiva regional. Se identificaron sectores clave como petróleo, banca, logística, infraestructura, consumo, bienes raíces y turismo, considerados pilares de la recuperación económica y principales oportunidades de inversión en Venezuela. VEA 1B Janine Prado, diputada de Vamos. Elysée Fernández Eliana Morales Gil [email protected] El proyecto de ley ‘antibotellas’ avanzó al pasar a segundo debate con penas más severas para quienes cobran sin trabajar, incluyendo sanciones de hasta diez años en casos de alto perjuicio económico. Sin embargo, el proyecto -impulsado por la diputada independiente, Janine Prado- excluyó las sanciones para quienes realizan los nombramientos, tras una modificación en Comisión impulsada por el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho. La iniciativa será analizada ahora por los 71 diputados en el pleno, en la recta final de este periodo legislativo que concluye el próximo 30 de abril. VEA 4A ASAMBLEA NACIONAL Avanza la ‘ley antibotellas’, pero no contra quienes las patrocinan y se benefician La periodista Reyna Katiuska Hernández, moderadora del foro, junto a los panelistas Antonino Ciulla, managing director y socio en AV Securities Inc); Oswaldo Felizzola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA; y Eduardo Fortuny, director de Fortuny y Asociados. Alexander Arosemena El director y cofundador del Laboratorio de Investigación e Innovación para América Latina y el Caribe, Javier González, advirtió que la inversión en laptops no garantiza mejoras en el aprendizaje si no se transforman las prácticas pedagógicas en el aula. Mientras tanto, el Meduca defiende el desembolso de $273 millones como parte de una estrategia integral para cerrar la brecha digital y modernizar el sistema educativo, aunque persisten dudas sobre su impacto real y sostenido en los estudiantes. VEA 8A EDUCACIÓN $273 millones en ‘laptops’ y las dudas sobre su impacto VEA 2A
2A La Prensa Panamá, jueves 16 de abril de 2026 La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional concluyó ayer 15 de abril el proceso de entrevistas a aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral (TE) , en una jornada marcada por coincidencias en torno a la modernización institucional y el fortalecimiento del recurso humano. Aunque con matices, los candidatos coincidieron en que la entidad requiere ajustes técnicos para responder a un entorno democrático cada vez más complejo. El abogado Juan Carlos Pérez abrió la ronda destacando la necesidad de profesionalizar al personal, al considerar que el funcionamiento del Tribunal depende de capacidades técnicas especializadas. En esa misma línea, BoComisión remite al pleno de la Asamblea los 24 aspirantes a magistrado del TE LEGISLATIVO ris Alexis Corcho enfatizó la transparencia tecnológica, proponiendo un sistema abierto de consulta de jurisprudencia y la incorporación de inteligencia artificial, acompañada de capacitación continua. Por su parte, Ceila Peñalba centró su propuesta en la profesionalización de las mesas de votación y en el manejo riguroso de los fondos públicos. Insistió en la importancia de la fiscalización y la publicación de los recursos estatales como mecanismo de control. Alberto Guerra planteó la creación de una carrera administrativa basada en concursos y criterios técnicos, mientras que Yazmín Elena Domingo subrayó la capacitación como garantía de confianza institucional. Otros aspirantes, como Boris Núñez y Luis Carlos Zapata, coincidieron en reforzar espacios de consenso y avanzar en la incorporación de tecnología. Al cierre, la Comisión acordó remitir al pleno la lista de aspirantes que cumplen los requisitos junto con 24 expedientes. El diputado Augusto Palacios calificó el proceso como interesante, pero advirtió que las decisiones estarán marcadas por posturas políticas, reiterando la necesidad de preservar la independencia del Tribunal Electoral. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Las pandillas ponen en jaque a los estamentos de seguridad Juan Manuel Díaz [email protected] CRIMINALIDAD El asesinato de un policía expone la violencia cotidiana en El Chorrillo y revela su conexión con pandillas, narcotráfico y disputas territoriales que trascienden el barrio. La ráfaga de balas que el pasado domingo acabaron con la vida del sargento de la policía Alvis Espinosa en El Chorrillo revelan el miedo y la zozobra que viven sus residentes a diario. Con una extensión de 48.8 hectáreas El Chorrillo se ha convertido en una de las áreas más peligrosas e inseguras de todo el país. Ese domingo Espinosa se encontraba de turno en El Chorrillo junto a su compañero Gerardo Sánchez, cuando recibieron la alerta de una residente que vio a cinco jóvenes corriendo con armas de fuego en las inmediaciones de la cancha de fútbol conocida como PRD. Ambos se dirigieron hacia el lugar para revisar la alerta y conocer los detalles de lo que sucedía en el lugar. Sin embargo, cuando se acercaron una lluvia de balas lo recibió. Espinosa y Sánchez se refugiaron en un caserón de madera cercano a la cancha, pero una de las balas impactó en el pecho a Sánchez que se desplomó en el lugar. El informe de necropsia reveló que la víctima recibió un impacto de bala en la tetilla izquierda que le provocó un sangrado masivo que le provocó la muerte a pesar de los primeros auxilios recibidos. Balas y más balas Residentes de El Chorrillo, quienes pidieron reserva de sus identidad, revelaron que las balaceras en el barrio son algo cotidiano a pesar de la constante presencia policial. Durante las noches, el sonido de pasos apresurados y detonaciones recorre las veredas, acompañado de gritos y amenazas que rompen el silencio. Al amanecer, los patios quedan marcados por la violencia: niños pequeños encuentran y recogen casquillos de bala dispersos en el suelo. Aquí hay pandillas que las divide una calle y se la pasan tirándose bala de una vereda a la otra, explicó un hombre que tiene 30 años de vivir en El Chorrillo y que recuerda la época en que podía salir de noche sin temor. Tal es el caso de la pandilla Vietnam que mantiene presencia en calle 25 y mantiene diferencias que opera en una barraca ubicada a pocos metros de la cancha PRD. Según las autoridades los dos detenidos por el homicidio del sargento Espinosa están ligados a esta organización criminal que se dedica al microtráfico y están tras la pista de otros tres de sus miembros. En El Chorrillo conviven varias de las pandillas más peligrosas que operan en todo el país, algunas de las cuales ya son consideradas por los estamentos de seguridad como grupos asociados a redes del narcotráfico internacional. Este fenómeno no es aislado: en Panamá operan al menos 180 pandillas y grupos delictivos, cuya principal actividad gira en torno al microtráfico, los homicidios y la disputa territorial por la droga. De acuerdo con los informes de los estamentos de seguridad la más poderosa y conocida sería Bagdad, pandilla que fuera liderada por Rubén Camargo Clarke. Camargo Clarke fue detenido en Costa Rica y luego extraditado a los Estados Unidos en donde un jurado federal lo declaró culpable por el delito de conspiración para traficar drogas. Gran parte de su organización enfrenta también un juicio por delitos de narcotráfico. Este grupo, en el que se encuentran varios de sus familiares, fue detenido en la denominada operación Neptuno. Bagdad mantiene presencia en las calles 21, 22, 23, 24 y 25 de El Chorrillo, este grupo en ocasiones alcanza acuerdos temporales con otras bandas para realizar golpes y ajustes de cuentas. En el área también mantiene operación la pandilla Calor Calor, también considerada como una de las pandillas más poderosas del país y que mantiene células en Panamá Oeste y San Miguelito. A miembros de Calor Calor se les atribuye una masacre registrada el 1 de diciembre de 2019 en la cárcel La Joya que dejó un saldo de 15 muertos y 13 heridos. A estos grupos se suma la presencia de pandillas como la 15 Pisos que opera en el Multifamiliar 24 de Diciembre En 2024 nueve de sus integrantes fueron condenados por el delito de pandillerismo. Otra de los grupos criminales que opera en El Chorrillo es la pandilla conocida como Patio Sucio, cuyo centro de operación son seis multifamiliares que llevan el mismo nombre. Mientras que la pandilla de El Pentágono mantiene sus actividades en las calles 15,16, 17 y 18 del corregimiento de Santa Ana, que colinda con El Chorrillo, área en la que este grupo realiza incursiones ocasionales por disputas territoriales. Sin embargo, áreas como Calidonia, San Miguel, Juan Díaz, San Pedro, Tocumen, Pacora, San Miguelito y la provincia de Colón no escapan al creciente avance de las pandillas. En la capital, al menos 51 pandillas están activas en sectores como San Miguelito, el centro y el este de la ciudad, mientras que en Colón comunidades como Altos de Los Lagos, Río Alejandro y Sabanitas concentran una fuerte presencia criminal. La evolución Un informe de InSight Crime revela que pandillas locales como Calor Calor y Bagdad han evolucionado hasta convertirse en grupos operativos para el tráfico de drogas, que se especializan en la introducción cargamentos dentro de contenedores que paran en los puestos del Atlántico y del Pacífico. Precisa que ahora su prioridad es controlar los corredores del tráfico de cocaína que conectan a Panamá con los mercados internacionales. Buscan dominar áreas estratégicas a lo largo de las principales rutas de contrabando y en los puertos marítimos, especialmente en las zonas costeras cercanas a Ciudad de Panamá y Colón. Estos grupos han construido amplias redes de colaboradores para acceder a rutas transatlánticas. Estas redes suelen comenzar en comunidades costeras, donde habitantes y pescadores recogen y almacenan cargamentos de cocaína que llegan desde Suramérica. Luego, los grupos dependen de contactos dentro de navieras para identificar contenedores susceptibles de contaminación. Operativos policiales El 10 de octubre de 2024 el presidente José Raúl Mulino puso en marcha la operación Panamá 3.0, una estrategia policial encaminada a devolverle la seguridad a los panameños y erradicar las pandillas delincuenciales. En aquella ocasión el mandatario aseguró en un acto en la sede de la Policía Nacional que “este plan tiene la finalidad de liberar a Panamá de las pandillas. A partir de hoy iremos casa por casa, finca por finca o por donde se escondan los pandilleros a meterlos donde deben estar: la cárcel”. Las autoridades atribuyen el repunte reciente de la violencia a la presión ejercida mediante operativos y decomisos, lo que ha debilitado las finanzas de estos grupos y provocado divisiones internas que derivan en enfrentamientos por el control territorial. El pasado martes se anunció el despliegue de 900 agentes de la policía, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) contra la escalada de violencia. Este despliegue aseguraron busca reforzar la seguridad ciudadana, con un enfoque en el patrullaje activo y la prevención del delito en zonas críticas en todo el país. El ministro de seguridad Frank Ábrego puntualizó que de los 158 homicidios registrados en 2026 el 76% de esos casos guarda relación con el narcotráfico. Detalló que se han aprehendido 166 personas por pandillerismo, 117 por homicidio y 18,733 por diversos delitos, además de mantenerse activa la búsqueda de 136 personas requeridas por homicidio. UN TOTAL DE 180 PANDILLAS OPERAN EN DIVERSOS PUNTOS DEL PAÍS. ESTÁN LIGADAS A ACTIVIDADES ILÍCITAS COMO TRÁFICO DE DROGAS, SECUESTROS, HOMICIDIOS Y EXTORSIÓN. UBICACIÓN DE PANDILLAS EN LAS CIUDADES DEPANAMÁ Y COLÓN EL CHORRILLO El Pentágono Calor Calor Bagdad Patio sucio 15 pisos Los Arrugados Cash Money Los Niños Sufridos Los Lisos SAN FELIPE Los Chuquis Los Hijos pródigos CURUNDÚ Toca y Muere Niños del Sereno Porque Miedo JUAN DÍAZ Niños del Bajo Mundo Los Yeyos Los Galácticos FELIPILLO Calor Calor Los Niños del Crimen DON BOSCO Los Cofos Los Niños del Crimen Hot Boys PEDREGAL Ciclón Los Mata Perro SAN JOAQUÍN Los Perros de San Joaquín, Vatos Locos CHEPO Los HP Los Bichos Ciudad de Dios TOCUMEN Los Menores 23 Los Five Love Bad Boy PANAMÁ COLÓN COLÓN Los Dayman ALTOS DE LOS LAGOS RÍO ALEJANDRO Los Niños del silencio SANTA ISABEL Los Beili PORTOBELO Diamond Black, No Hay Dolor SABANITAS
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4A La Prensa Panamá, jueves 16 de abril de 2026 Panorama FAVORITO. El fiscal de Cuentas, Jaime Barroso, calculó que ya tiene los votos para ser designado magistrado del Tribunal Electoral (TE). “No he conocido un candidato a algo que sienta que no tiene los votos. Yo siento que los tengo. Si yo sintiera que no los tengo, créame que retiro mi postulación”, dijo Barroso en la Comisión de Credenciales, cuando la diputada Yamirelis Chong le preguntó si él era el ungido del oficialismo. Y después dicen que no. TIERRA 1. Realizando Metas (RM) no esconde su animosidad hacia el procurador Gómez Rudy, a quien acusa de mantener intacta la “estructura corrupta” que, según ese colectivo, operaba en el Ministerio Público durante los gobiernos anteriores. Después de todo, que a RM no le guste el procurador es hasta una buena señal. TIERRA 2. Por cierto, RM comunicó que, aunque todavía no ha tirado la línea, ya sabe a quién no quiere en el TE: a Ian Bailey, a quien identifica como “ficha” del exmagistrado Eduardo Valdés y de Rómulo Roux. Pero sucede que entre los candidatos, no hay nadie con ese nombre. O querían desquitarse con Bailey o están tan despistados que no se han dado cuenta de que no está en la lista. LENTOS. Las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional fueron aprobadas hace una semana, en la Comisión de Credenciales, pero todavía el proyecto no ha sido incluido en la agenda del pleno legislativo. Ojalá no estén esperando a que termine el periodo de sesiones ordinarias. Tanto Jorge Herrera como Dana Castañeda se habían comprometido públicamente a reformar el reglamento. Ojalá este no sea otro ejemplo de la palabra empeñada que queda en nada. José González Pinilla [email protected] Diputados archivan proyecto que recortaba servicio de escolta vitalicio ASAMBLEA NACIONAL La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazó este miércoles 15 de abril el proyecto de ley que buscaba limitar el servicio de escolta oficial asignado a los expresidentes de la República, un beneficio vitalicio financiado con fondos públicos. La iniciativa, presentada por el diputado Jonathan Vega, de la bancada Vamos, fue sometida a discusión en primer debate, pero no logró los votos necesarios para avanzar. La votación finalizó con cuatro diputados a favor y cinco en contra, por lo que el proyecto quedó rechazado, según anunció el diputado Luis Eduardo Camacho. Votaron a favor los diputados de Vamos, Herminia E. Thompson, suplente de Roberto Zúñiga, Janine Prado, Luis Duke y José Pérez Barboni, este último del Movimiento Otro Camino. En contra votaron los diputados Camacho, Shirley Castañeda, de Realizando Metas; Didiano Pinilla, de Cambio Democrático, Raphael Buchanan y Sara Magallón, suplente de Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático. Durante la sustentación de la propuesta, Vega argumentó que el objetivo principal era reducir el gasto estatal destinado a escoltas personales y redirigir esos recursos hacia la seguridad ciudadana, en momentos en que se reportan hechos delictivos y reclamos por mayor presencia policial en zonas turísticas y comerciales del país. “Este proyecto de ley busca ahorrar recursos económicos al Estado, en este caso busca eliminar el gasto de privilegios para redirigir a los agentes de seguridad ciudadana, en este caso SPI, que son los que ven el servicio de escolta”, expresó el diputado, señalando que la norma vigente tiene más de 28 años sin ser actualizada. Vega sostuvo que, mientras se mantienen agentes asignados a la protección de expresidentes, se registran situaciones que evidencian la falta de agentes policiales en las calles. Mencionó, por ejemplo, la muerte de un policía en el corregimiento de El Chorrillo, así como denuncias de comerciantes del Casco Antiguo por hurtos y robos en la zona. El diputado propuso que el servicio de escoltas para quienes hayan ejercido la Presidencia sea limitado a un periodo máximo de 10 años, en lugar de mantenerse de manera vitalicia, como ocurre actualmente. Además, presentó estimaciones sobre el costo anual de estas asignaciones. Según indicó, cada escolta representa un gasto aproximado de 48 mil dólares al año. Bajo ese cálculo, si seis expresidentes cuentan con dos escoltas cada uno —lo que equivaldría a 72 funcionarios en total— el Estado estaría destinando unos 3.4 millones de dólares anuales para este servicio. “Esto es una inversión social versus privilegio”, afirmó Vega, señalando que esos fondos podrían utilizarse para becas universitarias, equipamiento de centros de salud o reforzar la seguridad en áreas de alta circulación turística. Como referencia, mencionó casos internacionales de exmandatarios que han renunciado a su protección oficial o cuyos gobiernos han reducido esos esquemas de seguridad, citando ejemplos como el expresidente mexicano Vicente Fox, el caso de Sri Lanka y el expresidente estadounidense Richard Nixon. Sin embargo, el diputado Camacho manifestó su rechazo al proyecto y reiteró que considera negativa la propuesta. Aunque reconoció que el Servicio de Protección Institucional (SPI) requiere una revisión sobre la cantidad de agentes asignados y sus funciones, advirtió que eso no debe traducirse en disminuir la seguridad de expresidentes. SEÑALAMIENTO. La Sala Cuarta de la Corte Suprema certificó que Jaime Alberto Castillo Martínez no está registrado como idóneo para ejercer la abogacía en la República de Panamá. Castillo se presenta como “asesor” del Meduca, aunque en la planilla aparece con el cargo de “secretaria 1”, con un salario mensual de $5,000. Ojalá esto se aclare pronto. El ejercicio ilegal de una profesión es un delito. Tal Cual Mónica Palm [email protected] La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional que preside el diputado Luis Eduardo Camacho. Elysée Fernández Comisión de Gobierno aprueba proyecto de ley contra ‘botellas’ Eliana Morales Gil [email protected] BUROCRACIA Con el respaldo de seis diputados de distintas bancadas —entre ellos el presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, de RM—, la diputada Janine Prado, de Vamos, presentó la iniciativa. La llamada “ley antibotella” pasó el primer debate. Este miércoles, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional le dio luz verde al proyecto de ley 408, que incrementa las penas a los funcionarios públicos que cobran sin trabajar. La iniciativa, presentada por la diputada Janine Prado, de Vamos, contó con el respaldo de seis diputados de distintas fracciones políticas, incluido el presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas (RM). El proyecto establece penas de entre seis y ocho años de cárcel para la persona que acepte un nombramiento en un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio para el cual ha sido designada. La pena se agravará de ocho a diez años de prisión si la lesión patrimonial supera los $50 mil. Inicialmente, la propuesta incluía sanciones para quienes realizaran estos nombramientos; sin embargo, ese artículo fue retirado durante el primer debate. Camacho impulsó el retiro de este artículo tras un amplio discurso. La diputada Prado, por su parte, recordó que la propuesta no solo abarca la Asamblea, sino también a las distintas instituciones y ministerios del aparato estatal. “Necesitamos fortalecer la legislación en esta materia”, añadió. El objetivo del proyecto, recordó, es fortalecer la lucha contra la corrupción y optimizar la eficiencia del aparato gubernamental. Otro de los diputados que tomó la palabra fue Osman Gómez, miembro de la bancada mixta, quien llegó al Legislativo postulado por el partido Alianza. Mencionó que, cuando se menciona la palabra “botella”, automáticamente se apunta a la Asamblea. “No todas las veces es cierto que existen botellas en este órgano del Estado”, planteó. Advirtió que es importante definir qué se considera una “botella” y, como ejemplo, contó que hay diputados que cuentan con funcionarios que trabajan sábado y domingo en el interior del país. “Y trabajan más de ocho horas”, agregó. El visto bueno del Ministerio Público En el debate también participó la fiscal Tania Saavedra, del Ministerio Público. Saavedra recordó que, en octubre de 2025, la entidad emitió concepto favorable sobre la propuesta. En cuanto a las modificaciones introducidas, indicó que no hay cambios sustanciales respecto al texto original, por lo que no tienen objeciones. Además, valoró la intención de actualizar la legislación panameña a estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción. Lo próximo: el segundo debate en el pleno legislativo, donde interactúan los 71 diputados. Llegará al hemiciclo legislativo en la recta final de las sesiones ordinarias de la Asamblea. Vieja práctica El fenómeno de las “botellas” se mantiene como una de las prácticas más persistentes dentro de la administración pública. La Asamblea Nacional figura de forma recurrente entre las instituciones señaladas por inflar planillas millonarias, en las que una parte del personal percibe salario sin cumplir funciones efectivas. De hecho, en la exposición de motivos del proyecto, la diputada Prado recordó que las “botellas” constituyen una de las expresiones más evidentes del clientelismo político y la corrupción estructural. Anotó que el país tiene una de las tasas más altas de empleados públicos en la región: 15.6 % de su fuerza laboral, por encima del promedio latinoamericano, que es del 10%. “El Estado no puede seguir financiando una planilla inflada que no se traduce en mejores servicios para los ciudadanos”, advirtió. Renuncia el subadministrador de la Autoridad Marítima La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó que Alexander De Gracia ya no ocupa el cargo de subadministrador de la entidad. No se precisó la razón de su renuncia, pero La Prensa sospechó de la salida del funcionario ayer miércoles 15 de abril, cuando en la Gaceta Oficial se divulgaron dos resoluciones en las que se designa a Nadia Madrid, directora administrativa de la entidad, como directora encargada, dado que el titular, Luis Roquebert, se ausentará durante dos semanas. Roquebert estará atendiendo una misión oficial en el extranjero del 17 al 26 de abril. Acto seguido, estará de vacaciones del 27 de abril al 3 de mayo. El Ejecutivo debe designar al reemplazo formal de De Gracia. La última vez que se tuvo noticias del hasta ahora subadministrador -que es ingeniero náutico- fue cuando acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar el traslado de unas partidas presupuestarias. Con él estaba el secretario general de la AMP, Volney Guinard. MARÍTIMA Mónica Palm [email protected] Alexander De Gracia. Archivo
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8A La Prensa Panamá, jueves 16 de abril de 2026 El Ministerio de Educación (Meduca) defiende la inversión de $273 millones en computadoras portátiles como parte de una estrategia integral orientada a cerrar la brecha digital y modernizar el sistema educativo. La entidad sostiene que la iniciativa no se limita a la compra de equipos, sino que busca integrar la tecnología como herramienta de apoyo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en articulación con programas de rediseño curricular y formación docente continua. Este posicionamiento surge en respuesta a cuestionamientos planteados por el estudio El espejismo tecnológico, que pone en duda la efectividad de este tipo de inversiones cuando no están acompañadas de cambios pedagógicos profundos. Ante ello, el Meduca ha insistido en que el nuevo programa incorpora lecciones del pasado, particularmente para evitar problemas de almacenamiento, subutilización o falta de seguimiento que marcaron iniciativas anteriores. En ese sentido, la institución ha detallado que la distribución de los equipos estará directamente vinculada a las regiones educativas, con una logística definida en los pliegos de contratación, bajo la coordinación de la Dirección Meduca defiende inversión de $273 millones en tecnología educativa Nacional de Informática Educativa y el Vicedespacho Administrativo. El objetivo, según la entidad, es garantizar que las computadoras lleguen a los estudiantes y se utilicen activamente en el aula, evitando su acumulación en depósitos. Otro componente central de la estrategia es la capacitación. El Meduca ha puesto énfasis en el fortalecimiento de las competencias digitales de docentes y estudiantes, mediante programas de formación en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y herramientas digitales, con el apoyo de plataformas tecnológicas y el modelo de formación entre pares. La reactivación del programa Cuerpo de Solidaridad Informática y la creación de redes de docentes formadores buscan asegurar la sostenibilidad del proceso. Asimismo, la institución plantea que los resultados de la inversión se reflejarán en mejoras progresivas del aprendizaje, medibles a través de metas por grado y evidencias concretas en el desempeño estudiantil. Sin embargo, este punto constituye uno de los principales desafíos, dado que experiencias previas en el país no han contado con evaluaciones públicas que permitan verificar su impacto. Javier González, director de SUMMA y presidente de la Agencia de Calidad de la Educación de Chile. Alexander Arosemena ‘La tecnología no mejora el aprendizaje sin cambios en el aula’ Aleida Samaniego C. [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] ENTREVISTA Javier González, especialista en políticas educativas, sostiene que la inversión millonaria en tecnología educativa no garantiza mejoras en el aprendizaje si no se transforma lo esencial: lo que ocurre dentro del salón de clases. En momentos en que el Ministerio de Educación (Meduca) se dispone a invertir $273 millones en equipos tecnológicos para su sistema educativo, se reabre un debate de fondo que incomoda a las soluciones rápidas: ¿qué es lo que realmente mejora la educación? ¿La tecnología o lo que ocurre dentro del aula? La discusión vuelve a poner sobre la mesa una tensión recurrente en las políticas públicas de la región: la apuesta por la digitalización como atajo para resolver problemas estructurales que, según expertos, están mucho más arraigados. Para Javier González, director y cofundador del Laboratorio de Investigación e Innovación para América Latina y el Caribe, Summa, y presidente de la Agencia de Calidad de la Educación de Chile, la respuesta no está en la compra de equipos ni en la expansión tecnológica acelerada, sino en un factor menos visible, pero decisivo: las prácticas pedagógicas dentro del aula. Así lo planteó en una entrevista concebida por La Prensa, en la que analizó el alcance de la inversión tecnológica, las debilidades del sistema educativo panameño y la evidencia internacional sobre qué funciona realmente para mejorar el aprendizaje. Más allá del gasto: qué se logra en educación La pregunta que atraviesa el debate es directa: ¿puede una inversión de esta magnitud en tecnología educativa mejorar la calidad del sistema educativo? González responde desde una perspectiva de prudencia en el uso de los recursos públicos y basada en la evidencia disponible. Señala que el dinero destinado a la educación es limitado, por lo que su impacto no depende tanto de la cantidad que se invierte, sino de cómo se utiliza y en qué se prioriza. En el caso de Panamá, recuerda que los datos internacionales muestran que el país aún no cumple con metas clave de inversión educativa, tanto en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) como con la proporción del gasto público destinado al sector. Esa brecha, sostiene, obliga a elevar el estándar de evaluación antes de comprometer inversiones de gran escala. La evidencia: tecnología con impacto limitado El siguiente punto del análisis se centra en la evidencia internacional. Según González, la literatura académica —incluidos estudios comparados y revisiones sistemáticas— no respalda la idea de que la tecnología educativa, por sí sola, tenga un impacto consistente en los aprendizajes. En ese contexto, cita el Global Education Monitoring Report de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), uno de los documentos más influyentes en política educativa global, que ha advertido sobre los resultados limitados de la digitalización cuando no está acompañada de cambios pedagógicos profundos. “La relación entre tecnología y aprendizaje es, en el mejor de los casos, débil”, resume el investigador. Y en algunos contextos, añade, es directamente inexistente. Más allá del impacto, González advierte sobre un problema menos visible: la sostenibilidad financiera. La tecnología —explica— suele presentarse como una inversión única, cuando en realidad implica costos permanentes. Mantenimiento, licencias, actualización de software, reposición de equipos y soporte técnico forman parte de un gasto continuo. En países con restricciones fiscales como Panamá, advierte, este factor puede convertirse en una carga estructural si no se planifica con realismo. Experiencias en la región: resultados dispares El análisis se apoya también en experiencias regionales. En algunos países, como Perú, inversiones masivas en tecnología educativa no lograron mejoras significativas en matemáticas o lenguaje. En contraste, menciona el caso del programa Ceibal en Uruguay, que permitió avances importantes en acceso y conectividad, aunque con resultados más limitados en el impacto directo sobre los aprendizajes. El punto, insiste, no es que la tecnología sea negativa, sino que no puede convertirse en el eje central de la política educativa. “Lo que explica las mejoras sostenidas no es la tecnología, sino lo que ocurre dentro del aula”, afirma. El núcleo del problema: la enseñanza Ese es el eje central de su análisis. Según la evidencia que maneja Summa, los sistemas educativos que logran mejoras sostenidas lo hacen a partir del fortalecimiento del llamado núcleo pedagógico: la relación entre docente, estudiante y contenido. Dentro de ese espacio identifica cuatro prácticas con impacto comprobado: retroalimentación formativa, metacognición (aprender a aprender), aprendizaje colaborativo y desarrollo socioemocional. Estas prácticas, señala, muestran resultados consistentes en distintos países y contextos. En cambio, la tecnología, cuando se implementa sin cambios pedagógicos profundos, tiende a generar efectos marginales. El diagnóstico para Panamá apunta a una desconexión estructural. Estudios realizados junto a actores locales indican que el acompañamiento pedagógico en las aulas es limitado, poco frecuente y poco articulado con la formación docente continua. En muchos casos, las escuelas reciben supervisión apenas unas pocas veces al año, una frecuencia insuficiente para transformar prácticas de enseñanza consolidadas. Para ilustrarlo, González cita modelos como el de Sobral en Brasil, donde la mejora educativa se ha basado en un acompañamiento intensivo y semanal dentro del aula. Allí, la supervisión permite observar, corregir y ajustar la enseñanza de forma constante. Esa frecuencia, sostiene, es una de las claves del progreso sostenido. Inteligencia artificial: promesa y riesgo La entrevista incorpora además uno de los debates emergentes en educación: la inteligencia artificial. González reconoce su potencial, pero advierte sobre riesgos que aún no están suficientemente incorporados en la discusión pública. Uno de ellos es el “cognitive offloading”: la tendencia de los estudiantes a delegar procesos cognitivos en sistemas de inteligencia artificial en lugar de desarrollarlos por sí mismos. A ello se suman preocupaciones socioemocionales: menor capacidad de atención sostenida, aumento de la ansiedad y reducción de la tolerancia a la frustración. Incluso, menciona estudios que alertan sobre posibles efectos en la formación ética de los estudiantes cuando los sistemas refuerzan decisiones sin suficiente cuestionamiento crítico. Para González, el desafío no es rechazar la tecnología, sino definir su lugar dentro del sistema educativo. Debe estar —insiste— subordinada a un modelo pedagógico claro, con docentes preparados y objetivos de aprendizaje definidos. El problema de fondo, sin embargo, es más amplio. Brechas territoriales, desigualdad de acceso, limitaciones en zonas rurales e indígenas y problemas de alimentación escolar siguen afectando directamente el aprendizaje. “Un niño que no está bien alimentado o que no asiste con regularidad a clases difícilmente puede aprovechar cualquier herramienta educativa”, advierte. Evaluar para decidir El último componente del análisis apunta a la evaluación. González insiste en la necesidad de sistemas robustos y sostenidos de medición del aprendizaje. Menciona pruebas internacionales como PISA de la OECD, junto con evaluaciones regionales y pruebas formativas que permitan tomar decisiones basadas en evidencia. Sin esos instrumentos, advierte, la política educativa opera a ciegas. Hacia el final de la entrevista, González sintetiza su visión en una idea central: los sistemas educativos no mejoran por acumulación de tecnología, sino por la transformación sostenida de lo que ocurre dentro del aula. Esa transformación requiere tiempo, acompañamiento, evaluación y continuidad. En ese marco, la inversión de $273 millones no es descartada, pero sí relativizada. Puede ser un componente, afirma, pero no el eje del sistema. La advertencia final no apunta contra la tecnología, sino contra la ilusión de que pueda sustituir reformas estructurales pendientes. El desafío, concluye, no es digitalizar la educación, sino lograr que enseñar y aprender cambien —de forma real, medible y sostenida— dentro del aula. Lucy Molinar. Archivo
9A La Prensa Panamá, jueves 16 de abril de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Miguelito, admitió haber llamado a la alcaldesa Irma Hernández para “facilitarle un contacto” con un representante de Revisalud, empresa con intereses contractuales altamente cuestionada por su paupérrimo desempeño en el servicio de recolección de basura en este distrito durante el pasado gobierno. Además, resulta de ingrata recordación su entusiasta participación dentro de la comitiva del presidente Mulino en el viaje a Brasil, así como sus ulteriores declaraciones a los medios acerca de la conveniencia de que nuestro país se embarque en el negocio del etanol, lo cual evidentemente contrasta o deja ver claras señales de un conflicto de intereses, toda vez que el contralor Flores es propietario de un ingenio azucarero en Chiriquí. De igual forma, y al mejor estilo del condenado expresidente prófugo y actual turista en Colombia, Flores, al sentirse molesto por algunos cuestionamientos recibidos por sus actuaciones, ha mencionado en tono amenazante que él también tiene “dossiers”. Desafortunada alusión que nos trae a la memoria la sombra de la intromisión y los excesos en el ejercicio del poder en épocas de un pasado reciente. Regresando al tema más grave y de actual vigencia, como lo es la presencia intempestiva del contralor Flores en el momento en que dos auditoras de la Contraloría rendían declaración ante la fiscal anticorrupción Adela Cedeño del Ministerio Público, sobre las auditorías que sustentan la investigación contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, procesado por presunto enriquecimiento injustificado, impidiendo de paso el contralor que estas funcionarias Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. El Nimitz: lisonja y sumisión Neutralidad a Estados Unidos contra Irán. Peor aún cuando funcionarios panameños, como el alcalde capitalino, diputados, ministros, entre otros, hacen un alarde público de alegría, emoción, júbilo o regocijo, al punto de aplaudir la llegada del Nimitz y de transmitir autobombo, encomio y adulación por haber estado presentes, nada más y nada menos, que dentro de este enorme buque de guerra. No olvidemos tampoco la acusación de Washington a Pekín de retener barcos bajo bandera panameña en sus puertos, y la respuesta china de que se trata de una invención de Estados Unidos para reclamar hegemonía sobre el Canal de Panamá. Punto este, por cierto, que muestra el contraste entre el apoyo a Panamá por un bloque de países bajo el escudo americano ante la presión de China sobre el comercio global contra naves que usan bandera panameña; mientras que, frente a la amenaza del otro de tomarse el Canal por la mentira sostenida de haberlo comprado por un dólar, el escudo de las Américas reía como si se tratara de un chiste. Entonces me pregunto: ¿Cuál es la visión estratégica de Panamá ante la llegada del Nimitz y la inadmisible algarabía de sus autoridades? En Panamá se nos vendió la idea de que esta estadía en puerto se relacionaba con la cooperación hemisférica destinada a enfrentar el crimen organizado. Lo que implicaría una mayor coordinación regional en inteligencia, vigilancia marítima y acciones conjuntas contra redes criminales ante una preocupación legítima de seguridad hemisférica. Pero la estadística panameña, por lo Julio Ernesto Linares Franco Meter la pata (Errare humanum est) La actuación del contralor Es una expresión popular costumbrista que utilizamos cuando nos equivocamos o cometemos un desacierto de manera burda. Dicho de otra manera: cuando cometemos una chambonada. Tal parece ser el caso de la reciente actuación del contralor general de la República, Anel Flores, cuando en días pasados irrumpió en una diligencia del Ministerio Público, sin que hasta la fecha el funcionario haya querido dar alguna explicación que justifique lo que, a primera vista, es una conducta más propia de un vaquero del lejano oeste que del ganado bravo chiricano (por si acaso). Si bien, por fortuna para los panameños, en términos generales y hasta la fecha, el accionar del contralor Flores dista mucho de parecerse a la aberrante conducta gánsteril que exhibió su antecesor Gerardo Solís; no obstante, resulta muy preocupante el hecho de que, durante su incipiente gestión, continúe acumulando puntos como cliente frecuente de graves desaciertos. Recordemos, a manera de ejemplo, la inexplicable presencia del contralor Flores en la Asamblea Nacional, en medio de las elecciones de este órgano del Estado, haciendo lobby a favor de Shirley Castañeda. Más recientemente, ante el conflicto de la basura en San firmaran sus respectivas declaraciones. Este insólito hecho debió producir una explicación inmediata por parte del contralor, la cual, en caso de producirse ahora, ya resulta tardía y hasta suspicaz. Pese a ello, si llegamos a enterarnos finalmente de que el desafortunado incidente se reduce a una simple y humana “metida de pata”, esto resultará más alentador que tener que aceptar que se trató de una abierta y consciente interferencia por parte del contralor Flores en un caso emblemático de corrupción que intenta esclarecer la justicia panameña y que, por añadidura, involucra a un miembro de su propio partido (PRD). De ser este el caso —ojalá que no—, al menos podríamos ahora entender el porqué de la abierta oposición del contralor Flores cuando, en su momento, el procurador Luis Carlos Gómez intentó introducir un proyecto de ley que suministra más herramientas para la lucha anticorrupción. Como recordaremos, dicho proyecto de ley fue planchado por la Asamblea Nacional, con el abierto beneplácito del contralor Flores. Definitivamente, en este episodio puntual al que hacemos referencia, lo que está en juego es la aparente intención de normalizar los excesos por parte de un funcionario llamado, en efecto, a fiscalizar dentro del marco de referencia legal e institucional que le permite ciertamente operar en armónica colaboración con los demás órganos e instituciones del Estado, como lo contempla la Constitución y la ley, pero sin intromisiones, abusos ni interferencias de ningún tipo. Opinión EL AUTOR es escritor y pintor. EL AUTOR es abogado. menos en el tema de los homicidios, no acompaña esta suposición. En 2025, por ejemplo, y con el actual gobierno plenamente instalado, hubo un registro de 593 asesinatos, lo que representa más del 2% que en 2024 y un índice de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes, el más alto desde 2015 a la fecha. Las propias autoridades reconocen que el 70% de esas muertes se relacionan con el crimen organizado, pandillas y tráfico de drogas. Y aunque tampoco es excusa lo que dejan entrever, en el sentido de que no es tan malo que los pandilleros se maten entre ellos, resulta que también estarían creciendo los heridos y muertos inocentes, ya que a los sicarios no les importa siempre que cumplan su cometido. Entonces, no solo no existe, o no parece existir, ninguna relación entre la parada de estas enormes naves de guerra en puertos panameños y la intensificación de la lucha contra el narcotráfico, el combate a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales o contra las redes que combinan tráfico de drogas y lavado de dinero. Peor aún cuando acompañó al Nimitz en aguas panameñas el destructor Gridley, que tiene radares y misiles de alta tecnología. Y si a esto le sumas el emotivo bullicio de funcionarios panameños dentro de estas naves, jugando a los soldaditos de plomo y vestidos de Capitán América, en medio del conflicto militar en el golfo Pérsico, no hay peor cuadro para debilitar la neutralidad del Canal de Panamá. No se trata de criticar simplemente la parada momentánea del portaaviones en puerto panameño, sino el contexto que lo rodea: el jolgorio, la adulación y el enardecimiento excesivo. Y que, además, su propulsión nuclear no mejora, o no ha mejorado un ápice —o así parece—, la lucha contra el narcotráfico utilizada como excusa en Panamá para justificarlo todo. Recientemente estuvo en aguas panameñas, del lado Pacífico, un buque de la armada de Estados Unidos. Se trató del portaaviones Nimitz, con capacidad para alojar 90 aeronaves, entre aviones y helicópteros, y capaz de soportar unas 100 mil toneladas. Funcionarios panameños minimizaron su presencia, al explicar que se trató de una travesía normal, como cualquier otro buque de guerra que pasa por nuestro país. Tratándose, además, de un recorrido hacia el sur, donde tendría varias paradas en América del Sur, tanto en el lado Pacífico como Atlántico, hasta llegar a la costa este de Estados Unidos, por lo que no debía haber ningún tipo de preocupación. Al no ser Panamá un Estado jurídicamente neutral y como la supernave no cruzó el Canal de Panamá por su excesivo tamaño, entonces no ha pasado nada ni se ha violentado nada legalmente. De hecho, tampoco nada impide que hubiese podido pasar por el Canal, si hubiese cabido en la ampliación realizada. Pero, dada la coyuntura de una vía navegable tan importante y amparada por un tratado de neutralidad permanente, y la circunstancia geopolítica que hoy juega un papel peligroso desde el punto de vista militar y que enfrenta bandos, Panamá debe tomar en cuenta otras variables. En primer lugar, está la posibilidad de que se pueda pensar que, con esta situación, nuestra república pudiese estar tomando partido frente a un conflicto en el Medio Oriente que enfrenta a Israel y Joaquín González J. La visita del portaaviones Nimitz reabre el debate sobre neutralidad, soberanía y el rol de Panamá ante tensiones geopolíticas y la respuesta de sus autoridades. La paz social requiere algo más que operativos Criminalidad La seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los panameños. En distintos barrios y comunidades se percibe una creciente inquietud frente a la violencia, el crimen organizado y la sensación de que la tranquilidad que durante décadas caracterizó al país se encuentra bajo presión. Frente a este panorama, el debate sobre las políticas públicas de seguridad se vuelve cada vez más urgente. El llamado Plan Firmeza, impulsado desde el Ministerio de Seguridad Pública, surge como una respuesta institucional para enfrentar la criminalidad mediante el fortalecimiento del control territorial, la coordinación entre los estamentos de seguridad y el uso de inteligencia estratégica. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que ningún plan puede limitarse exclusivamente al despliegue policial. La seguridad sostenible requiere un enfoque integral basado en tres pilares: control del delito, prevención social y un sistema de justicia efectivo. En este sentido, la prevención juega un papel determinante. En muchas comunidades, la delincuencia está asociada a factores estructurales como la exclusión social, la falta de oportunidades y la debilidad del tejido comunitario. Por ello, es indispensable impulsar programas dirigidos a la juventud, fortalecer el acceso a la educación, promover actividades deportivas y culturales, y generar oportunidades de formación laboral. Cuando los jóvenes cuentan con alternativas reales, disminuye el riesgo de que sean captados por redes delictivas. A la par, es necesario recuperar los espacios comunitarios como parte de la estrategia de seguridad. Parques, áreas públicas iluminadas, centros culturales y programas comunitarios permanentes contribuyen a generar entornos más seguros y cohesionados. La presencia del Estado no debe limitarse a la reacción ante el delito, sino también a la construcción de condiciones que favorezcan la convivencia. El sistema de justicia constituye otro elemento fundamental. La ciudadanía demanda consecuencias claras para quienes cometen delitos, ya que la impunidad erosiona la confianza institucional. Fortalecer la investigación, mejorar la coordinación entre autoridades y garantizar procesos eficaces resulta esencial. No obstante, una visión moderna también incorpora la resocialización como parte de la solución. Sin programas de rehabilitación, la reincidencia se convierte en un ciclo difícil de romper. La educación en centros penitenciarios, la capacitación laboral y los programas de reinserción permiten reducir la repetición del delito y ofrecer segundas oportunidades. La seguridad, por tanto, debe equilibrar firmeza con visión social, abordando tanto las consecuencias como las causas del crimen. Panamá enfrenta el desafío de consolidar una política integral que combine autoridad, prevención y justicia, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana y preservar la paz social. Solo así será posible avanzar hacia un país donde la seguridad no sea una preocupación constante, sino una condición natural para la convivencia y el desarrollo. EL AUTOR es educador y promotor social. Jonathan Padilla Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Gerente General
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