6A La Prensa Panamá, miércoles 4 de marzo de 2026 Panorama Un grupo de comerciantes afectados por el proyecto de ampliación de la Vía España, que contempla carriles exclusivos para MiBus, acudió ayer martes al Palacio Municipal de Panamá tras ser citado a una sala de cortesía con el representante de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez y el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi. Los afectados esperaban ser atendidos por el alcalde; sin embargo, aunque se encontraba en el lugar, informó que no podría recibirlos por una cita médica, lo que generó molestia. “Salió y ni nos miró”, expresó una comerciante. Indicaron que el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, les ofreció una prórroga para trasladar sus negocios, pero consideran que esa medida no resuelve el problema de Comerciantes afectados buscan respuestas en la Alcaldía GOBIERNO LOCAL fondo y reclaman mayor consulta previa. Durante su visita al Concejo Municipal, Mizrachi habló sobre otros proyectos, como un túnel peatonal bajo el Canal de Panamá, pero evitó referirse a la situación de los comerciantes. El representante Rodolfo Rodríguez señaló que no ha habido acercamientos formales con la Alcaldía ni con las empresas contratistas y pidió empatía para más de 200 comerciantes que podrían quedar sin ingresos. El diputado Ernesto Cedeño, del partido Movimiento Otro Camino, anunció que la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional de Panamá citará al ministro del MOP para que presente documentación y aclare inquietudes. Los comerciantes, ubicados en la servidumbre entre la avenida Porras y la avenida Cincuentenario, aseguran tener permisos vigentes y pagar impuestos. Piden diálogo antes de que avance la ejecución del proyecto. Comerciantes denuncian que unos 600 negocios podrían ser desalojados para dar paso al “Proyecto de Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento de la Ampliación de Carriles Exclusivos de Mi Bus en la Vía España”, que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas. Isaac Ortega Amplían la Vía España y crece la polémica por unos 600 desalojos Yaritza Mojica [email protected] Alis Fernández [email protected] ESPACIO PÚBLICO La ampliación de la Vía España desde vía Porras hasta la vía Cincuentenario ya está marcada con cintas rojas, estiman más de 600 locales que podrían desaparecer por el nuevo trazado vial. Cintas rojas marcan el destino de unos 600 locales a lo largo de la Vía España, algunos de los cuales están ocupando la servidumbre en el tramo entre la avenida Porras y la vía Cincuentenario. Locales comerciales, fondas, quioscos de artesanías y la emblemática vereda afroantillana forman parte del área señalada para su remoción, como parte del proyecto de ampliación que impulsa el Ministerio de Obras Públicas (MOP). La obra, valorada en más de 80 millones de dólares, ha generado incertidumbre entre los comerciantes, quienes denuncian falta de diálogo y alternativas de reubicación. Los locales que ocupan servidumbre pública y otros que son terrenos de propiedad privada están dentro del área de trazado del “Proyecto de Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento de la Ampliación de Carriles Exclusivos de MiBus en la Vía España”, que el MOP adjudicó al Consorcio C&T Vía España, conformado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Holdings. La obra, adjudicada bajo la modalidad llave en mano, tiene un costo de 80 millones 113 mil dólares, más el financiamiento, cuyo monto no ha sido revelado por el MOP. El proyecto contempla una extensión de 5.4 kilómetros, que se ejecutará en el tramo comprendido entre la avenida Porras y la vía Cincuentenario, específicamente desde el cruce de la avenida Cincuentenario hasta la avenida Porras, entre los corregimientos de Río Abajo y Parque Lefevre, en el distrito de Panamá. El anuncio de esta ampliación, que contempla la construcción de un carril exclusivo para el sistema de transporte público, ha encendido las alarmas entre los comerciantes. Más de 600 locales, según informaron los dueños de negocios, podrían verse afectados por un proceso de desalojo que, aseguran, se está ejecutando sin diálogo, sin estudios integrales y sin propuestas claras de reubicación o indemnización. Según los afectados, la empresa contratista ha notificado mediante una carta de “Solicitud de Liberación de Servidumbre” que el lugar debe estar totalmente despejado a más tardar el 30 de marzo de 2026, bajo el señalamiento de que los comercios están asentados en servidumbre pública. ‘Nos dan 30 días después de 15 y hasta 50 años aquí’ José Gabriel Dimas Bron, comerciante del sector, calificó la medida como “injusta y preocupante” y señaló que muchosdelosnegociostienen décadas de funcionamiento. “Las autoridades aparentemente nos han puesto un límite de 30 días a quienes tenemos aquí 15, 40 y hasta 50 años. Aquí no somos 10 o 20 comerciantes; estamos hablando de entre 600 y 800 dueños de locales, desde Cincuentenario hasta la avenida Porras. ¿Cómo van a sostenerse las personas que dependen de nosotros?”, cuestionó. Los comerciantes aseguran que no se ha realizado un estudio social ni ambiental que mida el impacto real del proyecto. También expresan preocupación por el tiempo de ejecución de la obra y por la infraestructura que implicará el traslado de cables y servicios públicos. Los afectados también argumentan que el área tiene un valor cultural por la vereda de comida afroantillana y la herencia histórica del sector. Señalan que el terreno fue cedido por un ciudadano afroantillano, lo que, a su juicio, refuerza el valor del lugar. Pequeños comerciantes tomarán acciones Precisamente ayer, 3 de marzo, un grupo de comerciantes se reunió con asesores legales para presentar una demanda por estas acciones de desalojo. Además, han señalado que buscarán el respaldo de diputados para que se cite al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y se aclaren las interrogantes existentes. José Luis Ábrego, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Productores y Expositores, señaló que durante más de 46 años se han dedicado a la venta de legumbres, frutas, artesanías y plantas. Sin embargo, no han recibido información oficial del MOP ni del Ministerio de Gobierno, pese a que han observado movimientos de demarcación, tala de árboles y actividades de campo sin comunicación previa, lo que ha generado incertidumbre sobre el impacto del proyecto en sus locales. Los comerciantes reconocen que sus puestos y actividades están dentro de la servidumbre pública de la Vía España —espacio destinado a uso vial y de servicios—; sin embargo, reclaman que no se han considerado sus derechos ni se ha discutido una reubicación o compensación económica, pese a que muchos tributan al Municipio de Panamá y operan formalmente, pagando impuestos y servicios públicos. ‘En 20 años cumplí pagandoimpuestos’ Una de las comerciantes afectadas es Leopoldina Acosta de Bedoya, quien manifestó que nunca se les informó que el permiso de ocupación del espacio fuera temporal, pese a tratarse de un área de servidumbre pública. Asegura que durante más de dos décadas ha mantenido su negocio de venta de comida en el lugar y que siempre ha cumplido con sus obligaciones, incluido el pago de impuestos municipales, así como la tarifa de agua y la tasa de recolección de basura. La incertidumbre del desalojo ha generado preocupación no solo entre los propietarios, sino también entre los trabajadores que dependen de estos negocios. En el caso de Leopoldina, dos personas laboran junto a ella, y teme que un cierre repentino los deje sin sustento. A sus 66 años, sostiene que no le resulta fácil trasladar su fonda a otro punto en Río Abajo, por lo que considera que, de concretarse el desalojo, lo justo sería recibir una indemnización. Mientras tanto, continúan a la espera de una respuesta oficial que les brinde claridad sobre el futuro de sus negocios. Consorcio ya cuenta con el aval del MOP En tanto, el MOP, informó que la empresa contratista ya cuenta con la autorización de inicio de obra, lo que ha permitido comenzar los trabajos técnicos preliminares establecidos en el pliego de cargos. En relación con los comercios y locales ubicados a lo largo de la ruta, la entidad indicó que la Vía España cuenta con una servidumbre vial de 40 metros, certificada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), lo que permite una ampliación de hasta 20 metros desde el eje central de la vía actual. Se indicó que los establecimientos que se encuentren dentro del área de intervención deberán iniciar un proceso ordenado de liberación de la vía, en coordinación con la institución. En su momento, la entidad iniciará el censo de estos comercios. El proyecto incluye carriles exclusivos de MiBus en ese tramo de la Vía España. Cortesía De máscaras y enmascarados Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal ESPERCIAL PARA LA PRENSA [email protected] “ Este país no lo vuelve a trancar nadie”. Así justificó José Raúl Mulino el proyecto de ley que sanciona con hasta seis años de cárcel a quienes utilicen “capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente su rostro” en manifestaciones. La iniciativa generó polémica inmediata. El Código Penal ya contempla sanciones para el vandalismo y los actos de violencia. Y este gobierno ha demostrado que no vacila en usar la fuerza cuando se trata de despejar calles. Criminalizar la protesta bajo el argumento de la máscara resulta, como mínimo, cuestionable. No hace falta especular sobre las intenciones tras este proyecto de ley, cuando Morgan Stanley ya adelantó la jugada: el 1 de julio, en pleno Mundial, se anunciaría la reapertura de la mina de Donoso. Gol de media cancha mientras medio país mira otros goles. También inquieta la incongruencia. El mismo que, cuando era candidato, amenazó con “prender el país por las cuatro esquinas”, ahora, como presidente, pretende castigar a quien se cubra el rostro en una protesta. ¿Hay, acaso, máscaras más aceptables que otras? Y es que hay distintos tipos de máscaras. Unas son visibles y otras invisibles. Algunas ocultan rostros y otras mecanismos de presunta corrupción. Y hoy hay uno del que casi nadie habla: las empresas que durante años tercerizaron operaciones clave en los puertos de Balboa y Cristóbal. En abril de 2025, el contralor Anel Bolo Flores denunció el “desvío de fondos” de Panama Ports Company hacia Serviestiba, S.A. y Maniobras y Estiba Portuaria, S.A. Las calificó de empresas “fantasmas” a las que la concesionaria trasladaba utilidades para evitar pagarle al Estado lo que le correspondía como socio. Además del dinero, estas sociedades concentran el grueso de la planilla: la mayoría de los trabajadores de los puertos está contratada por ellas. Cuando quien recibe la concesión termina trasladando operación, planilla y utilidades a terceros, la máscara no es de tela: es societaria. Con la salida de Panama Ports y el proceso de transición en marcha, cabría esperar que estas máscaras fueran desmontadas. No ha sido así. Ministros y el propio encargado de la transición, Alberto Alemán Zubieta, hablan de la continuidad de estas empresas como un hecho. No como algo sujeto a evaluación, sino como parte del nuevo escenario. Aquí lo que hay es una continuidad enmascarada de la transición. No se ha precisado bajo qué condiciones permanecerán ni por cuánto tiempo. Tampoco quiénes están realmente detrás, si existen vínculos con la antigua concesionaria o si el modelo resulta beneficioso para el país. El silencio oficial frente a empresas que el propio contralor señaló como piezas de un mecanismo de desvío de fondos resulta, cuando menos, sospechoso. Algunas máscaras se castigan y otras se toleran. Se sanciona al ciudadano que se cubre el rostro, pero se normalizan estructuras que durante años enmascararon las ganancias de Panama Ports. Se exige transparencia en la calle, mientras sigue sin aclararse si el esquema que redujo a la mitad lo que le correspondía al Estado fue realmente desmontado o simplemente absorbido. ¿Y qué sucede cuando un gobierno que denunció públicamente una de estas estructuras permite que se perpetúe? Pues queda desenmascarado.
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