1A La Prensa Panamá, miércoles 4 de marzo de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 4 de marzo de 2026 - Año 45 - Nº 15310 Hoy por hoy La salida de la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) deja al país frente a una pregunta inevitable: ¿quién explicará lo ocurrido en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen? Las denuncias sobre presuntas irregularidades y maltrato en ese albergue provocaron inspecciones, cuestionamientos públicos y la citación de autoridades ante la Asamblea Nacional. La funcionaria evitó presentarse ante el Legislativo para sustentar las memorias institucionales, alegando problemas de salud. Horas después se conoció su renuncia. El resultado es un vacío de explicaciones en uno de los episodios más sensibles para el sistema de protección infantil. Pero también resulta llamativa la ausencia de una reacción firme desde el Ejecutivo. Ante denuncias que involucran a menores bajo custodia del Estado, el país esperaba determinación, investigación inmediata y un mensaje claro desde la Presidencia. La salida de una funcionaria no puede convertirse en el cierre del caso. La responsabilidad política y la rendición de cuentas siguen pendientes. Atevo Cup: Doble jornada perfila duelos por la cima 8A Deportes Panorama Los panameños detenidos en Cuba: ¿Qué hacían? 4A Economía BlackRock y EQT compran AES por $33,400 millones 3B Ciadi desestima reclamo de Sacyr contra Panamá por tercer juego de esclusas El tribunal arbitral del Ciadi rechazó las acusaciones de Sacyr contra Panamá por presunto ocultamiento de información clave sobre la calidad del basalto y los riesgos sísmicos en la ampliación del Canal, al concluir que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no estaba obligada a advertir sobre aspectos técnicos cuya relevancia no podía conocer y que, además, el riesgo de diseño recaía contractualmente en el consorcio constructor. VEA 3A Testigo ratifica sobrecosto en obra del Casco Antiguo Eliana Morales Gil [email protected] El testigo Aristides Hernández, presentado por la Fiscalía Especial Anticorrupción en el juicio por la remodelación del Casco Antiguo, ratificó que AUDIENCIA El análisis económico presentado por un testigo de la Fiscalía sostiene que una adenda elevó en 25.2% el costo del proyecto de remodelación del Casco Antiguo. el proyecto registró un sobreprecio “sustancial” tras una adenda contractual. Durante su comparecencia ante el tribunal, expuso el análisis económico que respalda la acusación del Ministerio Público y explicó cómo las modificaciones introducidas al contrato impactaron el costo final de la obra, conocida también como proyecto de preservación del Patrimonio Histórico. De acuerdo con el peritaje económico presentado en audiencia, el monto original del contrato era de $204,001,961, pero tras las adendas el costo final ascendió a $255,498,701. La diferencia equivale a $51,496,740 adicionales, lo que representa un incremento de 25.2% sobre el presupuesto inicial. Con su testimonio, la Fiscalía buscó reforzar la tesis de que las modificaciones contractuales generaron un perjuicio económico para el Estado panameño. VEA 2A Oriente Medio Teherán bajo fuego El humo se levantaba ayer tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán. La operación militar conjunta de Israel y Estados Unidos continúa atacando múltiples lugares en Irán desde las primeras horas del 28 de febrero de 2026. En tanto, tras el anuncio de Irán de que cerrararía el estratégico estrecho de Ormuz, Donald Trump, dijo que de ser necesario, la Marina de su país escoltará a los petroleros. VEA 1B EFE Ana Fábrega @MIDESPma La directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Fábrega, renunció en medio de denuncias por presuntos abusos en albergues bajo tutela estatal. La funcionaria no asistió a la Asamblea Nacional para sustentar su memoria anual y presentó un certificado de incapacidad. Su salida ocurre sin explicaciones públicas sobre el caso del CAI de Tocumen y en medio de cuestionamientos sobre la supervisión del sistema de protección infantil. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Capuchas y protesta: el límite entre seguridad y libertad Comercios en servidumbre deberán liberar el espacio Fábrega deja el cargo en medio de escándalo de abusos en albergues Rigoberto González explica por qué el proyecto impulsado por el Ejecutivo que penaliza el uso de máscaras en protestas podría criminalizar el derecho a manifestarse y afectar la libertad de expresión garantizada por la Constitución. VEA 4A Cintas rojas marcan más de 600 puestos en Vía España ante la ampliación de carriles exclusivos de MiBus; comerciantes denuncian desalojos sin diálogo ni opciones claras de reubicación. VEA 6A OBRAS EN VÍA ESPAÑA ANÁLISIS
2A La Prensa Panamá, miércoles 4 de marzo de 2026 Fiscales y abogados previo a la entrada al salón de audiencias. Eliana Morales Análisis económico respalda la tesis del sobreprecio Eliana Morales Gil [email protected] CASO CASCO ANTIGUO El análisis económico del perito Aristides Hernández presentado por la Fiscalía sostiene que una adenda elevó el costo de la remodelación del Casco Antiguo en más de $51 millones. El sobrecosto existió. Aristides Hernández, el tercer testigo que la Fiscalía Especial Anticorrupción presentó en el segundo día de juicio por un caso derivado de la trama de Odebrecht, ratificó que sí hubo un sobreprecio “sustancial” en la remodelación del Casco Antiguo, luego de una adenda. Hernández, quien compareció ante el tribunal en horas de la tarde, ratificó el análisis económico que sustenta la acusación del Ministerio Público y detalló cómo las modificaciones contractuales impactaron el monto final del proyecto de remodelación del Casco Antiguo. Este caso también es conocido como preservación del Patrimonio Histórico. El precio final del proyecto alcanzó los $255,498,701, lo que, frente al costo inicial de $204,001,961, representa un sobrecosto de $51,496,740. Esta cifra implica que la obra terminó costando un 25.2 % más de lo presupuestado originalmente. Opacidad El juicio se desarrolla a puerta cerrada en el Palacio Gil Ponce por disposición de la juez Águeda Rentería, quien restringe el ingreso de periodistas a la sala. Tampoco se transmite en directo por redes sociales o televisión, como ocurrió con el juicio de Odebrecht. La única información oficial ha sido facilitada por el personal de prensa del Órgano Judicial, que comparte datos generales sobre lo ocurrido en audiencia. La Prensa también ha recurrido a entrevistas con las partes durante los recesos para reconstruir lo sucedido y garantizar la cobertura del proceso. Respalda la tesis del Ministerio Público La intervención de Hernández apuntaló la tesis de la Fiscalía Especial Anticorrupción sobre el presunto perjuicio económico al Estado en una obra adjudicada durante la gestión de Federico “Pepe” Suárez como ministro de Obras Públicas, en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). El contrato fue otorgado a un consorcio integrado por Odebrecht y la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). La versión de los auditores de la Contraloría Antes de la comparecencia de Hernández, la mañana del martes estuvo dedicada a los testimonios de los auditores de la Contraloría General de la República, Ángel Susto y Virgilio Chacón. De los tres especialistas que originalmente confeccionaron las auditorías, solo ellos dos pudieron presentarse ante el tribunal; el tercero falleció antes de ver el caso llegar a juicio. Ambos defendieron la metodología empleada para determinar el sobreprecio y explicar el cálculo del daño patrimonial. Los abogados defensores, entre ellos Rosendo Miranda, Ariel Núñez y Abril Arosemena, concentraron sus esfuerzos en cuestionar la base técnica de las auditorías. Sus interrogatorios giraron en torno a las técnicas de auditoría forense, la mecánica administrativa vigente al momento de la contratación y la legalidad de las adendas que elevaron el costo del proyecto. Las preguntas, en su mayoría cerradas, buscaban que los peritos confirmaran o negaran premisas específicas sobre el cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas y el rol de la comisión evaluadora, integrada por varios de los hoy procesados. La fiscal Morcillo habla de los acuerdos Pasado el mediodía, durante el receso para almorzar, la fiscal Ruth Morcillo ofreció detalles adicionales a este medio sobre el estado del proceso. Confirmó que existen dos acuerdos de colaboración y un acuerdo de pena ya alcanzados en esta causa. Precisó que los acuerdos de colaboración, suscritos con un exservidor público, exdirector de Administración de Contratos del Ministerio de Obras Públicas, y con un particular que ya había pactado dentro de la investigación de Odebrecht, deberán sostenerse en juicio oral y someterse al interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes para mantener su validez. El exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas es Jorge ‘Churro’ Ruiz, quien también está condenado por el caso Blue Apple. Además de Ruiz y Suárez, los otros procesados en este caso son María González, Gonzalo de la Rosa, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour. A todos se les atribuye la presunta comisión del delito contra la administración pública. Consultada por sobre el peso probatorio de la causa, Morcillo evitó señalar a un testigo por encima de otro. “Todos los testigos son principales”, afirmó, y recordó que la acusación comenzó con los auditores de Contraloría, quienes establecieron en qué consistió el sobreprecio y cuál fue el monto determinado en el peritaje económico. Vuelve Carlos Ho Al final de la jornada, entró otro testigo en acción. Carlos Ho, ex integrante de las comisiones evaluadora, dio su testimonio. Ho fue director de proyectos especiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En 2019 alcanzó un acuerdo de pena de 72 meses de prisión por el caso Odebrecht. Laboró en las administraciones de Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014) y parte de la de Juan Carlos Varela (2014-2019). Con la comparecencia de Hernández y Ho, la Fiscalía intentó cerrar el círculo técnico del caso: de la auditoría al análisis económico, de la cifra al sustento financiero. La defensa, por su parte, mantiene su estrategia de cuestionar la metodología y la interpretación de los contratos y adendas que hoy sostienen la acusación contra nueve personas sentadas en el banquillo. El año escolar 2026 inicia con un discurso oficial centrado en conectividad, modernización y transformación digital. Las autoridades destacan avances en herramientas digitales y en el rediseño curricular como parte de la transformación del sistema educativo. Sin embargo, más allá de los anuncios, persiste una pregunta de fondo: ¿están todas las escuelas en condiciones reales de dar ese salto tecnológico? En el marco del comienzo de clases, la organización Jóvenes Unidos por la Educación advirtió que, aunque el país ha dado pasos en materia de digitalización, la situación en numerosos centros educativos continúa marcada por deficiencias estructurales que limitan el aprendizaje. El colectivo señaló que el contraste es evidente. Mientras se habla de plataformas virtuales, dispositivos y conectividad, persisten planteles con problemas de infraestructura, deterioro en aulas, deficiencias en servicios básicos y carencias que dificultan aprovechar cualquier avance tecnológico. Para la organización, la brecha no es únicamente digital, sino también territorial y social. No todos los estudiantes parten desde las mismas condiciones, y el lugar donde estudian sigue influyendo de manera determinante en sus oportunidades académicas. “¿De qué sirve hablar de innovación educativa si no todos los estudiantes pueden acceder a ella? ¿De qué sirve la tecnología si el lugar donde estudias define tus oportunidades?”, cuestionó el grupo en su pronunciamiento. Más que un debate centrado en dispositivos, la advertencia apunta a la necesidad de una planificación integral que priorice infraestructura, equidad y sostenibilidad en las políticas públicas. De lo contrario, sostienen, la modernización podría quedarse en el discurso. El desafío en este inicio del año escolar 2026 no es solo inaugurar el calendario académico, sino garantizar condiciones dignas y equitativas que eviten que miles de estudiantes queden rezagados en medio de las promesas de cambio, señaló la organización. Expectativas del Meduca para 2026 Las expectativas del Ministerio de Educación (Meduca) para este año escolar se centran en la modernización curricular, el fortalecimiento docente, la conectividad total en las escuelas, la ampliación de la infraestructura y la construcción de una nueva Ley Orgánica Jóvenes Unidos por la Educación: tecnología en el dicurso; carencias en el aula NUEVO AÑO ESCOLAR de Educación que actualice la vigente Ley 47 de 1946. Precisamente, la discusión sobre una nueva ley educativa mantiene preocupados a padres de familia, ya que el año escolar 2025 estuvo marcado por protestas masivas de docentes que exigían la derogación de la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). Ahora, el escenario se centra en el análisis de otra reforma: la educativa, es decir, la Ley 47, que comenzó a ser revisada por las autoridades del Meduca y la Comisión de Cultura, Trabajo y Educación de la Asamblea Nacional. Su revisión fue instruida por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien anunció un debate nacional a partir de febrero de 2026 para construir una nueva Ley Orgánica de Educación, con el objetivo de modernizar el sistema vigente desde 1946. Actualmente, los detalles y el alcance de estas reformas están en etapa inicial de discusión entre autoridades, gremios y sociedad civil. Este diálogo se desarrolla en un contexto en el que diversos sectores buscan equilibrar la mejora del sistema con la estabilidad laboral docente. En medio de este escenario, el inicio del año escolar 2026 no solo marca el regreso a las aulas, sino también el comienzo de un debate más amplio sobre el rumbo de la educación panameña. Mientras avanzan las discusiones sobre reformas legales y modernización tecnológica, el reto de fondo sigue siendo garantizar condiciones reales y equitativas para todos los estudiantes. El verdadero desafío del año escolar 2026 no será solo inaugurar el calendario académico, sino garantizar que cada escuela y cada estudiante puedan aprovechar la modernización y la tecnología prometidas. Más allá de los anuncios y los proyectos en desarrollo, la transformación del sistema educativo dependerá de que la innovación llegue de manera efectiva a todas las aulas del país, sin dejar a ningún estudiante rezagado. Aleida Samaniego C. [email protected] Bienvenida al nuevo año lectivo. Cortesía Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama FE DE ERRORES En la nota titulada Inicia otro juicio por presunta corrupción en una obra de Odebrecht: el de la remodelación del Casco Antiguo, publicada el 2 de marzo de 2026, se informó que el delito investigado era el de blanqueo de capitales. Lo correcto es que este es un caso por la presunta comisión de un delito contra la administración pública.
3A La Prensa Panamá, miércoles 4 de marzo de 2026 Sacyr y sus socios han emprendido varios arbitrajes derivados de desacuerdos en la ejecución del proyecto de diseño y construcción del tercer juego de esclusas, componente del programa de ampliación del Canal de Panamá. Alexander Arosemena Tribunal arbitral concluye que Panamá no ocultó información a GUPC Mónica Palm [email protected] El tribunal desestimó íntegramente la reclamación interpuesta en 2018 por Sacyr, integrante del consorcio, contra Panamá, en la que alegaba presuntas infracciones al tratado bilateral de inversiones. Un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) rechazó las acusaciones de que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ocultó información sobre el basalto y el riesgo sísmico de las compuertas, y concluyó que la responsabilidad de desarrollar un diseño adecuado en el proyecto de ampliación de la vía correspondía exclusivamente al contratista, el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC). Con base en este argumento, el tribunal rechazó en su totalidad la demanda que la constructora española Sacyr (integrante de GUPC) presentó en 2018 contra la República de Panamá, en la que alegaba supuestas violaciones al tratado bilateral de inversiones suscrito entre ambos países. La decisión marca un límite a las obligaciones del Estado en contratos de infraestructura complejos: no se le puede exigir a la ACP revelar información o advertir sobre aspectos cuya relevancia técnica no había sido debidamente identificada, especialmente en un proyecto adjudicado bajo el esquema “design and build”, donde el riesgo de diseño recae en el contratista. El laudo, de 363 páginas, estuvo a cargo de un tribunal integrado por John Beechey (presidente), Horacio A. Grigera Naón (designado por la parte demandante) y Zachary Douglas (designado por Panamá). Aunque Grigera emitió una opinión separada de siete páginas, coincidió con la decisión final de desestimar todas las reclamaciones. Si bien el documento está fechado el 31 de octubre de 2025, fue ahora cuando La Prensa obtuvo copia, gracias a una colaboración con el sitio especializado Investment Arbitration Reporter (IAReporter), con sede en West Hollywood, California, Estados Unidos. Arbitrajes paralelos ante la CCI Panamá —que en este conflicto estuvo representado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— ha mantenido una tensa relación con GUPC a lo largo de los años. De hecho, el laudo del 31 de octubre es el último de cinco arbitrajes presentados por el consorcio, del cual Sacyr formaba parte. Desde el inicio, Panamá sostuvo que la demanda ante el Ciadi constituía un intento de replantear, en el marco de un tratado bilateral de inversión, disputas eminentemente contractuales que ya habían sido examinadas por tribunales arbitrales de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). En su análisis, los árbitros Beechey, Grigera y Douglas enfatizaron que los tratados de inversión están diseñados para proteger a los inversionistas frente al “riesgo soberano”, es decir, frente al ejercicio abusivo de poderes públicos. No están destinados —subrayaron— a reexaminar controversias comerciales ordinarias derivadas de contratos celebrados “en un plano de igualdad”. El tribunal concluyó que, aun si se hubiese probado la retención deliberada de información —lo que no ocurrió—, ello habría configurado, en todo caso, un posible incumplimiento contractual, no una violación del tratado bilateral de inversiones. En ese sentido, los árbitros rechazaron la tesis de Sacyr de que los actos de la ACP debían considerarse parte de un “acto compuesto” atribuible al Estado panameño. Agregaron que aceptar una responsabilidad basada únicamente en un nexo causal entre actos administrativos y pérdidas económicas implicaría introducir una forma de responsabilidad incompatible con el derecho internacional de las inversiones. El basalto y el riesgo sísmico Dos reclamaciones concentraron el debate. La primera sostenía que Panamá no había divulgado información que demostraba que el basalto previsto para el hormigón no cumplía los estándares necesarios. La segunda alegaba que la ACP había omitido advertir sobre la necesidad de diseñar las compuertas teniendo en cuenta riesgos sísmicos específicos. En ambos casos, el tribunal consideró que los hechos no respaldaban la narrativa de ocultación deliberada. En relación con el basalto, señaló que los contratistas podían obtener materiales de diversas fuentes y que el propio consorcio había previsto el uso de agregados externos. Además, destacó que el proyecto fue objeto de un nivel de escrutinio técnico “quizá sin precedentes en la historia de la ingeniería civil”, con amplias oportunidades para que los licitadores evaluaran y ajustaran sus propuestas. En cuanto al diseño sísmico, el tribunal recordó que se trataba de un contrato “design and build”, en el cual el riesgo de diseño recae principalmente en el contratista. Los documentos preliminares proporcionados por la ACP no ofrecían garantías absolutas, y la responsabilidad de desarrollar un diseño adecuado correspondía al consorcio. El tribunal también observó que las preocupaciones técnicas específicas sobre el diseño de compuertas frente a riesgos sísmicos surgieron en la comunidad de ingeniería después de la adjudicación del contrato, lo que debilitaba la alegación de que la ACP hubiese ocultado información relevante. Sin discriminación ni trato arbitrario Otras alegaciones de Sacyr —incluida la presunta discriminación derivada de un decreto que aumentó el salario mínimo en 2012, el supuesto trato desigual frente a otro contratista y modificaciones tardías en las condiciones de la licitación— también fueron rechazadas. El tribunal concluyó que el decreto del Ministerio de Trabajo se aplicó a todos los proyectos del Canal y no exclusivamente a GUPC. En cuanto al supuesto trato favorable a otro contratista, consideró que los proyectos no eran comparables, ya que tenían estructuras contractuales distintas. Asimismo, descartó que la negativa de la ACP a reconocer determinados sobrecostos constituyera un trato injusto o arbitrario. Por el contrario, el expediente mostraba que las partes actuaron conforme a lo dispuesto en el contrato y utilizaron los mecanismos de resolución de disputas previstos. “El tribunal ha llegado a estas conclusiones sobre la base de los asuntos particulares planteados por Sacyr y que esta desarrolló en sus argumentos y pruebas durante la audiencia. El tribunal es plenamente consciente de que aún permanecen varias reclamaciones adicionales identificadas en los escritos y peticiones de Sacyr, las cuales no fueron presentadas ni examinadas durante la audiencia y respecto de las cuales Sacyr no ha dado una confirmación clara de su retiro formal”, señala el documento. La audiencia a la que se alude se desarrolló del 17 al 24 de junio de 2024. Condena en costas En materia de costas, el tribunal adoptó una posición severa. Aunque Sacyr obtuvo un pronunciamiento favorable en una fase preliminar sobre atribución, los árbitros señalaron que, “con la perspectiva del tiempo”, el caso no debió haberse presentado. En consecuencia, Sacyr deberá asumir la totalidad de los honorarios de los árbitros y los costos administrativos del tribunal —superiores a $1.75 millones— y pagar a Panamá casi $6.4 millones por concepto de honorarios, gastos legales y costas. Todavía está pendiente de resolver otro arbitrajes, el de “perturbaciones” (un concepto utilizado para incluir cualquier reclamo que se considere que ha afectado el desarrollo de la obra), en el que GUPC reclama cerca de $4,000 millones. La Comisión de Credenciales es presidida por la diputada Dana Castañeda. Elysée Fernández Reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional: sanciones, plazos y nuevo orden de debate LEGISLATIVO Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Con 240 artículos prácticamente revisados y tras semanas de discusión marcadas por desacuerdos y negociaciones, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional se prepara para cerrar el primer debate de las reformas al reglamento interno. El diputado de la coalición Vamos, Augusto Palacios, adelantó que esta misma semana podría aprobarse el proyecto, que introduce cambios como descuentos salariales a los diputados por ausencias injustificadas, el debate en orden cronológico de los proyectos que llegan al Legislativo y plazos obligatorios para la instalación de las comisiones. “Yo calculo que este miércoles deberíamos estar concluyendo, ya que estamos en sesión permanente”, afirmó el diputado por la provincia de Chiriquí. Artículos controversiales Palacios explicó que los artículos más controversiales ya fueron discutidos, lo que abre la puerta a una eventual aprobación en los próximos días. “No dudo que la próxima semana eso pueda estar siendo objeto de debate en el pleno”, añadió. Entre los puntos que generaron mayor tensión mencionó el artículo sobre descuentos salariales a los diputados que se ausenten sin justificación, así como la discusión sobre mantener las 15 comisiones permanentes. “Hubo un debate intenso sobre si debíamos reducirlas para agilizar la discusión, pero no se logró consenso”, explicó. También recordó la propuesta presentada por su colega de Vamos, Alexandra Brenes, para eliminar privilegios, como la exoneración del impuesto de importación vehicular para los diputados. “Ese artículo no prosperó porque fue rechazado rápidamente”, señaló. Otro de los aspectos que levantó “bastante pasión”, según el diputado, fue la propuesta para que los proyectos de ley sean debatidos en orden cronológico. “Logramos el consenso para que los proyectos se atiendan en el orden en que fueron presentados”, indicó. A su juicio, este cambio obliga a que, dentro de una legislatura —que comprende dos períodos de sesiones, es decir, un año—, se debatan los proyectos presentados, ya que, si no son prohijados en ese lapso, se archivan automáticamente. Las comisiones Palacios destacó, además, un avance relacionado con los plazos para conformar e instalar las comisiones. Explicó que la reforma establece un máximo de 10 días hábiles para conformarlas y cinco días adicionales para su instalación formal. “Si en 10 días no hay consenso, tiene que llevarse sí o sí a votación”, precisó. Reconoció que inicialmente propuso un plazo menor, de tres días, pero aceptó ampliarlo tras recomendaciones de diputados con más experiencia. “Cinco días es un término razonable para instalar 15 comisiones”, dijo. Actualmente, el reglamento no fija plazos específicos, lo que —según recordó— provocó este año un retraso de alrededor de 35 días en la instalación de las comisiones. “Eso ocurrió porque no había consenso en dos de ellas, Credenciales y Gobierno, y el reglamento no decía nada”, apuntó. Para el diputado, junto con el descuento por ausencias injustificadas y el trámite cronológico de los proyectos, la fijación de plazos constituye uno de los tres avances más importantes del debate. “Si me preguntan por los principales logros, menciono esos tres”, concluyó. Varias organizaciones de la sociedad civil han planteado públicamente la necesidad de reformar el reglamento de la Asamblea Nacional como parte de una agenda de transparencia y fortalecimiento institucional. Entre ellas se encuentra la Fundación Espacio Cívico, que ha insistido en la importancia de establecer reglas claras para el trámite de proyectos, limitar privilegios y garantizar una mayor rendición de cuentas legislativa. También la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, ha señalado que los vacíos en el reglamento facilitan prácticas poco transparentes, como el retraso en la discusión de iniciativas o la falta de sanciones por ausencias injustificadas. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
4A La Prensa Panamá, miércoles 4 de marzo de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] CAMACHADA 1. El diputado Camacho presentó una propuesta para declarar la “inapelabilidad” de las sentencias absolutorias (no de aquellas condenatorias) dictadas en primera instancia y limitar la capacidad del Ministerio Público y de la parte querellante para recurrirlas. O sea que, si el sujeto procesado es bueno intimidando o acosando a un juez, está hecho. CAMACHADA 2. Por un lado, Camacho quiere eliminar las oportunidades de apelar sentencias absolutorias, pero, por el otro, su copartidario Jamis Acosta quiere modificar el Código Procesal Penal para que Martinelli pueda solicitar a la Corte que revise su condena por blanqueo de capitales en el caso New Business. ¿Por qué mejor no colocan el nombre y apellido de la persona a la que quieren beneficiar con sus disparates legislativos y así nos ahorramos la discusión de por qué en algunos casos sí es bueno recurrir a otras instancias y en otros no? FINALMENTE. Patsy Lee, diputada electa por el Partido Popular, se unirá formalmente a la bancada de Vamos. Ya era hora. TIMING. El Consejo de Gabinete autorizó al canciller Martínez Acha a que presente en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que adopta el acuerdo de servicios aéreos entre Panamá y el Reino de Arabia Saudita. Según una nota de prensa, esta iniciativa fortalecerá la interconectividad, el comercio, la atracción de inversiones y el flujo turístico con Medio Oriente, una región que actualmente está bajo el asedio de Irán. Muy mal sentido de la oportunidad… AYUDA. La jefa de la división de Relaciones Globales, Inclusión y JustiProtestas contra la ley de la reforma a la seguridad social en marzo de 2025. EFE/Archivo De vuelta con la criminalización de un derecho fundamental Rigoberto González Montenegro ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS Una propuesta para penalizar el uso de capuchas en protestas reabre el debate sobre los límites del poder punitivo del Estado frente a la libertad de expresión. Según ha trascendido en los medios de comunicación, se pretende promover, ante la Asamblea Nacional, una propuesta de reforma al Código Penal mediante la cual se buscaría tipificar como una conducta penal, durante el desarrollo de una manifestación o protesta, el uso de “capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente” el rostro de quien participe en uno de dichos actos. La propuesta en concreto consistiría en adicionar el artículo 169-A al Código Penal con el objeto de que “quien, durante una manifestación, protesta u otra concentración pública, utilice capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente su rostro, con el propósito de provocar, realizar o incitar actos de violencia, intimidación u odio, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años”. Propuestas como esa lo que terminan criminalizando, en el fondo, es el derecho a la protesta implícito en los derechos fundamentales previstos en los artículos 37 y 38 de la Constitución. Afirmamos lo anterior toda vez que, como se reconoce ante las instancias internacionales en materia de derechos humanos, resulta difícil separar el derecho que tiene todo ciudadano a manifestarse públicamente en un acto de protesta del derecho a la libertad de expresión, que son los derechos reconocidos en los citados artículos de la Constitución. En efecto, como resulta fácil constatar, en nuestro país en los últimos años muchos de los actos de protesta que se han llevado a cabo han tenido como propósito manifestar o expresar opiniones de rechazo a decisiones o medidas adoptadas por ciertas autoridades o funcionarios por razón del ejercicio de sus responsabilidades públicas. En dichas manifestaciones de protesta, los participantes de estas, con miras a expresar su descontento, su rechazo o inconformidad, han podido recurrir al uso de máscaras u otros medios, no necesariamente con la intención simplemente de cubrir su rostro, sino con el objeto de hacer más patente y manifiesto su rechazo o inconformidad. Es decir, y como lo dispone el artículo 37 de la Constitución, en la medida en que “toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa”, una persona puede optar por expresar su pensamiento, en ejercicio del derecho a la protesta en una manifestación, haciendo uso ya sea de una capucha o una máscara según la inconformidad, rechazo o reclamo que pretenda hacer saber y valer. Desde luego, no se trata, en manera alguna, de desconocer o pasar por alto lo que se dispone en el artículo 38 de la Constitución, en cuanto a que las autoridades pueden “tomar medidas de policía para prevenir o reprimir abusos en el ejercicio” del derecho a la protesta cuando, en ejercicio de una manifestación, según la forma en que se ejerza tal derecho, se “cause o pueda causar perturbación del tránsito, alteración del orden público o violación de los derechos de terceros”; pero, de ahí a criminalizar el uso de “capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios”, existe una diferencia abismal que termina afectando tanto el derecho a la manifestación al aire libre como el derecho a la libertad de expresión. Expresado de otra manera, si bien tiene sustento constitucional poder adoptar medidas de policía tendientes a prevenir posibles actos que perturben, por ejemplo, derechos de terceros, resulta a todas luces desproporcionado criminalizar el uso de “capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios” durante el desarrollo de una manifestación. No está de más recordar que ya anteriormente se había previsto una norma similar en el Código Penal, en este caso para criminalizar los cierres de calles, cuando se le adicionó el artículo 167-A, en el que se disponía que “quien, abusando de su derecho de reunión o manifestación, impida y obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país y cause daños a la propiedad pública o privada será sancionado con prisión de seis meses a dos años”, artículo que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia mediante fallo de 30 de diciembre de 2015. Señalaba la Corte Suprema de Justicia en una de las partes del citado fallo que “la restricción de derechos fundamentales más allá de lo proporcional y fuera de los parámetros de la lógica y estructura racional del modelo democrático de gobierno es ilegítima y carece de toda validez”. En fin, lo importante que debe tenerse presente en una democracia es que, como nos lo recordaba el profesor y académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Simeón González, al ciudadano en ejercicio de sus derechos se le enfrenta con la Constitución en la mano y nunca con el Código Penal, ello porque el ejercicio de los derechos fundamentales no puede convertir al ciudadano en un enemigo a reprimir o combatir. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Vista de la bahía en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa Los 10 panameños detenidos en Cuba en medio de las tensiones regionales POLÍTICA La detención de 10 ciudadanos panameños en Cuba por presuntamente realizar propaganda subversiva ha generado interrogantes tanto en el ámbito diplomático como político. El caso ocurre en un contexto especialmente sensible en la isla frente a cualquier manifestación considerada opositora. Según la información disponible, los detenidos formaban parte de la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba (CDPC). Tras conocerse los arrestos, el Gobierno panameño solicitó a las autoridades cubanas garantías procesales, acceso consular y respeto a los derechos de los connacionales, mientras el caso se encuentra en una fase inicial de investigación. La Prensa contactó a Katerine Torres, relacionista pública de la organización, quien explicó que la misión del grupo en Cuba formaba parte de una iniciativa que combinaba acciones políticas y ayuda humanitaria. Según Torres, 20 integrantes de la organización viajaron a la isla el sábado 28 de febrero. De ellos, 16 tenían la tarea de realizar grafitis con mensajes políticos, mientras otros cuatro se trasladaron a distintas provincias para entregar alimentos y medicamentos. Torres indicó que los participantes actuaron como voluntarios y que la organización no mantiene un sistema formal de reclutamiento. “Se unen voluntariamente, nos escriben. Somos una organización pública de derechos humanos”, explicó. También afirmó que el grupo llevaba varios días en Cuba cuando se produjeron las detenciones y que desde entonces perdieron comunicación con los arrestados. De acuerdo con su versión, diez de los 16 integrantes que participaron en la elaboración de grafitis fueron detenidos por las autoridades cubanas. Torres sostuvo que estas acciones implicaban riesgos debido al contexto político de la isla, pero aseguró que el objetivo de la misión era manifestar apoyo al pueblo cubano. La vocera también señaló que la organización opera desde Estados Unidos, Panamá y Costa Rica, y que desde territorio panameño cuentan con mayor libertad para expresar sus posiciones. Añadió que la iniciativa tenía un doble propósito: llevar ayuda humanitaria y transmitir un mensaje político. Incluso afirmó que el grupo buscaba respaldar posiciones favorables a una eventual intervención internacional contra el gobierno cubano. Torres pidió la intervención de las autoridades panameñas para garantizar la protección de los detenidos y anunció que el viernes realizarán una vigilia frente a la Cancillería panameña para exigir gestiones diplomáticas. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó mediante un comunicado que ha realizado gestiones formales ante el gobierno cubano para conocer la situación jurídica de los detenidos y asegurar el respeto a sus derechos. La Cancillería indicóquePanamáhasolicitado acceso consular continuo y garantías procesales, y que actuará con responsabilidad y prudencia en la defensa de sus ciudadanos, respetando al mismo tiempo la soberanía y el marco jurídico de Cuba. El Ministerio del Interior de Cuba confirmó que los panameños fueron arrestados el 28 de febrero en La Habana y que están siendo investigados por presuntamente realizar acciones de propaganda contra el orden constitucional. cia de la OCDE, Tatyana Teplova, sostuvo una reunión con la junta directiva de la CSJ y el contralor Anel Flores. La reunión se centró en profundizar la cooperación para fortalecer la independencia y eficiencia del sistema judicial. Ojalá que este sea el eslabón definitivo en la larga cadena de acciones emprendidas por Panamá para alcanzar una conformidad que parece que jamás va a llegar.
5A La Prensa Panamá, miércoles 4 de marzo de 2026
6A La Prensa Panamá, miércoles 4 de marzo de 2026 Panorama Un grupo de comerciantes afectados por el proyecto de ampliación de la Vía España, que contempla carriles exclusivos para MiBus, acudió ayer martes al Palacio Municipal de Panamá tras ser citado a una sala de cortesía con el representante de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez y el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi. Los afectados esperaban ser atendidos por el alcalde; sin embargo, aunque se encontraba en el lugar, informó que no podría recibirlos por una cita médica, lo que generó molestia. “Salió y ni nos miró”, expresó una comerciante. Indicaron que el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, les ofreció una prórroga para trasladar sus negocios, pero consideran que esa medida no resuelve el problema de Comerciantes afectados buscan respuestas en la Alcaldía GOBIERNO LOCAL fondo y reclaman mayor consulta previa. Durante su visita al Concejo Municipal, Mizrachi habló sobre otros proyectos, como un túnel peatonal bajo el Canal de Panamá, pero evitó referirse a la situación de los comerciantes. El representante Rodolfo Rodríguez señaló que no ha habido acercamientos formales con la Alcaldía ni con las empresas contratistas y pidió empatía para más de 200 comerciantes que podrían quedar sin ingresos. El diputado Ernesto Cedeño, del partido Movimiento Otro Camino, anunció que la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional de Panamá citará al ministro del MOP para que presente documentación y aclare inquietudes. Los comerciantes, ubicados en la servidumbre entre la avenida Porras y la avenida Cincuentenario, aseguran tener permisos vigentes y pagar impuestos. Piden diálogo antes de que avance la ejecución del proyecto. Comerciantes denuncian que unos 600 negocios podrían ser desalojados para dar paso al “Proyecto de Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento de la Ampliación de Carriles Exclusivos de Mi Bus en la Vía España”, que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas. Isaac Ortega Amplían la Vía España y crece la polémica por unos 600 desalojos Yaritza Mojica [email protected] Alis Fernández [email protected] ESPACIO PÚBLICO La ampliación de la Vía España desde vía Porras hasta la vía Cincuentenario ya está marcada con cintas rojas, estiman más de 600 locales que podrían desaparecer por el nuevo trazado vial. Cintas rojas marcan el destino de unos 600 locales a lo largo de la Vía España, algunos de los cuales están ocupando la servidumbre en el tramo entre la avenida Porras y la vía Cincuentenario. Locales comerciales, fondas, quioscos de artesanías y la emblemática vereda afroantillana forman parte del área señalada para su remoción, como parte del proyecto de ampliación que impulsa el Ministerio de Obras Públicas (MOP). La obra, valorada en más de 80 millones de dólares, ha generado incertidumbre entre los comerciantes, quienes denuncian falta de diálogo y alternativas de reubicación. Los locales que ocupan servidumbre pública y otros que son terrenos de propiedad privada están dentro del área de trazado del “Proyecto de Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento de la Ampliación de Carriles Exclusivos de MiBus en la Vía España”, que el MOP adjudicó al Consorcio C&T Vía España, conformado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Holdings. La obra, adjudicada bajo la modalidad llave en mano, tiene un costo de 80 millones 113 mil dólares, más el financiamiento, cuyo monto no ha sido revelado por el MOP. El proyecto contempla una extensión de 5.4 kilómetros, que se ejecutará en el tramo comprendido entre la avenida Porras y la vía Cincuentenario, específicamente desde el cruce de la avenida Cincuentenario hasta la avenida Porras, entre los corregimientos de Río Abajo y Parque Lefevre, en el distrito de Panamá. El anuncio de esta ampliación, que contempla la construcción de un carril exclusivo para el sistema de transporte público, ha encendido las alarmas entre los comerciantes. Más de 600 locales, según informaron los dueños de negocios, podrían verse afectados por un proceso de desalojo que, aseguran, se está ejecutando sin diálogo, sin estudios integrales y sin propuestas claras de reubicación o indemnización. Según los afectados, la empresa contratista ha notificado mediante una carta de “Solicitud de Liberación de Servidumbre” que el lugar debe estar totalmente despejado a más tardar el 30 de marzo de 2026, bajo el señalamiento de que los comercios están asentados en servidumbre pública. ‘Nos dan 30 días después de 15 y hasta 50 años aquí’ José Gabriel Dimas Bron, comerciante del sector, calificó la medida como “injusta y preocupante” y señaló que muchosdelosnegociostienen décadas de funcionamiento. “Las autoridades aparentemente nos han puesto un límite de 30 días a quienes tenemos aquí 15, 40 y hasta 50 años. Aquí no somos 10 o 20 comerciantes; estamos hablando de entre 600 y 800 dueños de locales, desde Cincuentenario hasta la avenida Porras. ¿Cómo van a sostenerse las personas que dependen de nosotros?”, cuestionó. Los comerciantes aseguran que no se ha realizado un estudio social ni ambiental que mida el impacto real del proyecto. También expresan preocupación por el tiempo de ejecución de la obra y por la infraestructura que implicará el traslado de cables y servicios públicos. Los afectados también argumentan que el área tiene un valor cultural por la vereda de comida afroantillana y la herencia histórica del sector. Señalan que el terreno fue cedido por un ciudadano afroantillano, lo que, a su juicio, refuerza el valor del lugar. Pequeños comerciantes tomarán acciones Precisamente ayer, 3 de marzo, un grupo de comerciantes se reunió con asesores legales para presentar una demanda por estas acciones de desalojo. Además, han señalado que buscarán el respaldo de diputados para que se cite al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y se aclaren las interrogantes existentes. José Luis Ábrego, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Productores y Expositores, señaló que durante más de 46 años se han dedicado a la venta de legumbres, frutas, artesanías y plantas. Sin embargo, no han recibido información oficial del MOP ni del Ministerio de Gobierno, pese a que han observado movimientos de demarcación, tala de árboles y actividades de campo sin comunicación previa, lo que ha generado incertidumbre sobre el impacto del proyecto en sus locales. Los comerciantes reconocen que sus puestos y actividades están dentro de la servidumbre pública de la Vía España —espacio destinado a uso vial y de servicios—; sin embargo, reclaman que no se han considerado sus derechos ni se ha discutido una reubicación o compensación económica, pese a que muchos tributan al Municipio de Panamá y operan formalmente, pagando impuestos y servicios públicos. ‘En 20 años cumplí pagandoimpuestos’ Una de las comerciantes afectadas es Leopoldina Acosta de Bedoya, quien manifestó que nunca se les informó que el permiso de ocupación del espacio fuera temporal, pese a tratarse de un área de servidumbre pública. Asegura que durante más de dos décadas ha mantenido su negocio de venta de comida en el lugar y que siempre ha cumplido con sus obligaciones, incluido el pago de impuestos municipales, así como la tarifa de agua y la tasa de recolección de basura. La incertidumbre del desalojo ha generado preocupación no solo entre los propietarios, sino también entre los trabajadores que dependen de estos negocios. En el caso de Leopoldina, dos personas laboran junto a ella, y teme que un cierre repentino los deje sin sustento. A sus 66 años, sostiene que no le resulta fácil trasladar su fonda a otro punto en Río Abajo, por lo que considera que, de concretarse el desalojo, lo justo sería recibir una indemnización. Mientras tanto, continúan a la espera de una respuesta oficial que les brinde claridad sobre el futuro de sus negocios. Consorcio ya cuenta con el aval del MOP En tanto, el MOP, informó que la empresa contratista ya cuenta con la autorización de inicio de obra, lo que ha permitido comenzar los trabajos técnicos preliminares establecidos en el pliego de cargos. En relación con los comercios y locales ubicados a lo largo de la ruta, la entidad indicó que la Vía España cuenta con una servidumbre vial de 40 metros, certificada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), lo que permite una ampliación de hasta 20 metros desde el eje central de la vía actual. Se indicó que los establecimientos que se encuentren dentro del área de intervención deberán iniciar un proceso ordenado de liberación de la vía, en coordinación con la institución. En su momento, la entidad iniciará el censo de estos comercios. El proyecto incluye carriles exclusivos de MiBus en ese tramo de la Vía España. Cortesía De máscaras y enmascarados Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal ESPERCIAL PARA LA PRENSA [email protected] “ Este país no lo vuelve a trancar nadie”. Así justificó José Raúl Mulino el proyecto de ley que sanciona con hasta seis años de cárcel a quienes utilicen “capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente su rostro” en manifestaciones. La iniciativa generó polémica inmediata. El Código Penal ya contempla sanciones para el vandalismo y los actos de violencia. Y este gobierno ha demostrado que no vacila en usar la fuerza cuando se trata de despejar calles. Criminalizar la protesta bajo el argumento de la máscara resulta, como mínimo, cuestionable. No hace falta especular sobre las intenciones tras este proyecto de ley, cuando Morgan Stanley ya adelantó la jugada: el 1 de julio, en pleno Mundial, se anunciaría la reapertura de la mina de Donoso. Gol de media cancha mientras medio país mira otros goles. También inquieta la incongruencia. El mismo que, cuando era candidato, amenazó con “prender el país por las cuatro esquinas”, ahora, como presidente, pretende castigar a quien se cubra el rostro en una protesta. ¿Hay, acaso, máscaras más aceptables que otras? Y es que hay distintos tipos de máscaras. Unas son visibles y otras invisibles. Algunas ocultan rostros y otras mecanismos de presunta corrupción. Y hoy hay uno del que casi nadie habla: las empresas que durante años tercerizaron operaciones clave en los puertos de Balboa y Cristóbal. En abril de 2025, el contralor Anel Bolo Flores denunció el “desvío de fondos” de Panama Ports Company hacia Serviestiba, S.A. y Maniobras y Estiba Portuaria, S.A. Las calificó de empresas “fantasmas” a las que la concesionaria trasladaba utilidades para evitar pagarle al Estado lo que le correspondía como socio. Además del dinero, estas sociedades concentran el grueso de la planilla: la mayoría de los trabajadores de los puertos está contratada por ellas. Cuando quien recibe la concesión termina trasladando operación, planilla y utilidades a terceros, la máscara no es de tela: es societaria. Con la salida de Panama Ports y el proceso de transición en marcha, cabría esperar que estas máscaras fueran desmontadas. No ha sido así. Ministros y el propio encargado de la transición, Alberto Alemán Zubieta, hablan de la continuidad de estas empresas como un hecho. No como algo sujeto a evaluación, sino como parte del nuevo escenario. Aquí lo que hay es una continuidad enmascarada de la transición. No se ha precisado bajo qué condiciones permanecerán ni por cuánto tiempo. Tampoco quiénes están realmente detrás, si existen vínculos con la antigua concesionaria o si el modelo resulta beneficioso para el país. El silencio oficial frente a empresas que el propio contralor señaló como piezas de un mecanismo de desvío de fondos resulta, cuando menos, sospechoso. Algunas máscaras se castigan y otras se toleran. Se sanciona al ciudadano que se cubre el rostro, pero se normalizan estructuras que durante años enmascararon las ganancias de Panama Ports. Se exige transparencia en la calle, mientras sigue sin aclararse si el esquema que redujo a la mitad lo que le correspondía al Estado fue realmente desmontado o simplemente absorbido. ¿Y qué sucede cuando un gobierno que denunció públicamente una de estas estructuras permite que se perpetúe? Pues queda desenmascarado.
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