2A La Prensa Panamá, miércoles 4 de marzo de 2026 Fiscales y abogados previo a la entrada al salón de audiencias. Eliana Morales Análisis económico respalda la tesis del sobreprecio Eliana Morales Gil [email protected] CASO CASCO ANTIGUO El análisis económico del perito Aristides Hernández presentado por la Fiscalía sostiene que una adenda elevó el costo de la remodelación del Casco Antiguo en más de $51 millones. El sobrecosto existió. Aristides Hernández, el tercer testigo que la Fiscalía Especial Anticorrupción presentó en el segundo día de juicio por un caso derivado de la trama de Odebrecht, ratificó que sí hubo un sobreprecio “sustancial” en la remodelación del Casco Antiguo, luego de una adenda. Hernández, quien compareció ante el tribunal en horas de la tarde, ratificó el análisis económico que sustenta la acusación del Ministerio Público y detalló cómo las modificaciones contractuales impactaron el monto final del proyecto de remodelación del Casco Antiguo. Este caso también es conocido como preservación del Patrimonio Histórico. El precio final del proyecto alcanzó los $255,498,701, lo que, frente al costo inicial de $204,001,961, representa un sobrecosto de $51,496,740. Esta cifra implica que la obra terminó costando un 25.2 % más de lo presupuestado originalmente. Opacidad El juicio se desarrolla a puerta cerrada en el Palacio Gil Ponce por disposición de la juez Águeda Rentería, quien restringe el ingreso de periodistas a la sala. Tampoco se transmite en directo por redes sociales o televisión, como ocurrió con el juicio de Odebrecht. La única información oficial ha sido facilitada por el personal de prensa del Órgano Judicial, que comparte datos generales sobre lo ocurrido en audiencia. La Prensa también ha recurrido a entrevistas con las partes durante los recesos para reconstruir lo sucedido y garantizar la cobertura del proceso. Respalda la tesis del Ministerio Público La intervención de Hernández apuntaló la tesis de la Fiscalía Especial Anticorrupción sobre el presunto perjuicio económico al Estado en una obra adjudicada durante la gestión de Federico “Pepe” Suárez como ministro de Obras Públicas, en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). El contrato fue otorgado a un consorcio integrado por Odebrecht y la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). La versión de los auditores de la Contraloría Antes de la comparecencia de Hernández, la mañana del martes estuvo dedicada a los testimonios de los auditores de la Contraloría General de la República, Ángel Susto y Virgilio Chacón. De los tres especialistas que originalmente confeccionaron las auditorías, solo ellos dos pudieron presentarse ante el tribunal; el tercero falleció antes de ver el caso llegar a juicio. Ambos defendieron la metodología empleada para determinar el sobreprecio y explicar el cálculo del daño patrimonial. Los abogados defensores, entre ellos Rosendo Miranda, Ariel Núñez y Abril Arosemena, concentraron sus esfuerzos en cuestionar la base técnica de las auditorías. Sus interrogatorios giraron en torno a las técnicas de auditoría forense, la mecánica administrativa vigente al momento de la contratación y la legalidad de las adendas que elevaron el costo del proyecto. Las preguntas, en su mayoría cerradas, buscaban que los peritos confirmaran o negaran premisas específicas sobre el cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas y el rol de la comisión evaluadora, integrada por varios de los hoy procesados. La fiscal Morcillo habla de los acuerdos Pasado el mediodía, durante el receso para almorzar, la fiscal Ruth Morcillo ofreció detalles adicionales a este medio sobre el estado del proceso. Confirmó que existen dos acuerdos de colaboración y un acuerdo de pena ya alcanzados en esta causa. Precisó que los acuerdos de colaboración, suscritos con un exservidor público, exdirector de Administración de Contratos del Ministerio de Obras Públicas, y con un particular que ya había pactado dentro de la investigación de Odebrecht, deberán sostenerse en juicio oral y someterse al interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes para mantener su validez. El exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas es Jorge ‘Churro’ Ruiz, quien también está condenado por el caso Blue Apple. Además de Ruiz y Suárez, los otros procesados en este caso son María González, Gonzalo de la Rosa, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour. A todos se les atribuye la presunta comisión del delito contra la administración pública. Consultada por sobre el peso probatorio de la causa, Morcillo evitó señalar a un testigo por encima de otro. “Todos los testigos son principales”, afirmó, y recordó que la acusación comenzó con los auditores de Contraloría, quienes establecieron en qué consistió el sobreprecio y cuál fue el monto determinado en el peritaje económico. Vuelve Carlos Ho Al final de la jornada, entró otro testigo en acción. Carlos Ho, ex integrante de las comisiones evaluadora, dio su testimonio. Ho fue director de proyectos especiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En 2019 alcanzó un acuerdo de pena de 72 meses de prisión por el caso Odebrecht. Laboró en las administraciones de Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014) y parte de la de Juan Carlos Varela (2014-2019). Con la comparecencia de Hernández y Ho, la Fiscalía intentó cerrar el círculo técnico del caso: de la auditoría al análisis económico, de la cifra al sustento financiero. La defensa, por su parte, mantiene su estrategia de cuestionar la metodología y la interpretación de los contratos y adendas que hoy sostienen la acusación contra nueve personas sentadas en el banquillo. El año escolar 2026 inicia con un discurso oficial centrado en conectividad, modernización y transformación digital. Las autoridades destacan avances en herramientas digitales y en el rediseño curricular como parte de la transformación del sistema educativo. Sin embargo, más allá de los anuncios, persiste una pregunta de fondo: ¿están todas las escuelas en condiciones reales de dar ese salto tecnológico? En el marco del comienzo de clases, la organización Jóvenes Unidos por la Educación advirtió que, aunque el país ha dado pasos en materia de digitalización, la situación en numerosos centros educativos continúa marcada por deficiencias estructurales que limitan el aprendizaje. El colectivo señaló que el contraste es evidente. Mientras se habla de plataformas virtuales, dispositivos y conectividad, persisten planteles con problemas de infraestructura, deterioro en aulas, deficiencias en servicios básicos y carencias que dificultan aprovechar cualquier avance tecnológico. Para la organización, la brecha no es únicamente digital, sino también territorial y social. No todos los estudiantes parten desde las mismas condiciones, y el lugar donde estudian sigue influyendo de manera determinante en sus oportunidades académicas. “¿De qué sirve hablar de innovación educativa si no todos los estudiantes pueden acceder a ella? ¿De qué sirve la tecnología si el lugar donde estudias define tus oportunidades?”, cuestionó el grupo en su pronunciamiento. Más que un debate centrado en dispositivos, la advertencia apunta a la necesidad de una planificación integral que priorice infraestructura, equidad y sostenibilidad en las políticas públicas. De lo contrario, sostienen, la modernización podría quedarse en el discurso. El desafío en este inicio del año escolar 2026 no es solo inaugurar el calendario académico, sino garantizar condiciones dignas y equitativas que eviten que miles de estudiantes queden rezagados en medio de las promesas de cambio, señaló la organización. Expectativas del Meduca para 2026 Las expectativas del Ministerio de Educación (Meduca) para este año escolar se centran en la modernización curricular, el fortalecimiento docente, la conectividad total en las escuelas, la ampliación de la infraestructura y la construcción de una nueva Ley Orgánica Jóvenes Unidos por la Educación: tecnología en el dicurso; carencias en el aula NUEVO AÑO ESCOLAR de Educación que actualice la vigente Ley 47 de 1946. Precisamente, la discusión sobre una nueva ley educativa mantiene preocupados a padres de familia, ya que el año escolar 2025 estuvo marcado por protestas masivas de docentes que exigían la derogación de la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). Ahora, el escenario se centra en el análisis de otra reforma: la educativa, es decir, la Ley 47, que comenzó a ser revisada por las autoridades del Meduca y la Comisión de Cultura, Trabajo y Educación de la Asamblea Nacional. Su revisión fue instruida por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien anunció un debate nacional a partir de febrero de 2026 para construir una nueva Ley Orgánica de Educación, con el objetivo de modernizar el sistema vigente desde 1946. Actualmente, los detalles y el alcance de estas reformas están en etapa inicial de discusión entre autoridades, gremios y sociedad civil. Este diálogo se desarrolla en un contexto en el que diversos sectores buscan equilibrar la mejora del sistema con la estabilidad laboral docente. En medio de este escenario, el inicio del año escolar 2026 no solo marca el regreso a las aulas, sino también el comienzo de un debate más amplio sobre el rumbo de la educación panameña. Mientras avanzan las discusiones sobre reformas legales y modernización tecnológica, el reto de fondo sigue siendo garantizar condiciones reales y equitativas para todos los estudiantes. El verdadero desafío del año escolar 2026 no será solo inaugurar el calendario académico, sino garantizar que cada escuela y cada estudiante puedan aprovechar la modernización y la tecnología prometidas. Más allá de los anuncios y los proyectos en desarrollo, la transformación del sistema educativo dependerá de que la innovación llegue de manera efectiva a todas las aulas del país, sin dejar a ningún estudiante rezagado. Aleida Samaniego C. [email protected] Bienvenida al nuevo año lectivo. Cortesía Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama FE DE ERRORES En la nota titulada Inicia otro juicio por presunta corrupción en una obra de Odebrecht: el de la remodelación del Casco Antiguo, publicada el 2 de marzo de 2026, se informó que el delito investigado era el de blanqueo de capitales. Lo correcto es que este es un caso por la presunta comisión de un delito contra la administración pública.
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