8A La Prensa Panamá, lunes 2 de noviembre de 2026 91,500 kilovatios hora mensuales. No era consumo medido, pero sí una base para dimensionar las posibles soluciones. La electricidad también abre otras oportunidades. Las antenas de telefonía celular necesitan energía para funcionar. En Kusapín conocí el caso de una antena que no operaba por problemas de suministro eléctrico y mantenimiento. Esto muestra que instalar infraestructura no es suficiente si después no se puede mantener. Sin comunicaciones, se dificultan el acceso a internet, la educación a distancia y otras actividades. Traigo esta experiencia por el Proyecto de Ley 705, que se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional. El texto aprobado en primer debate incorpora la electrificación de áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas como obligación de las distribuidoras. La propuesta también contempla reconocer las inversiones ejecutadas por estas empresas como activos para calcular la tarifa de distribución. Esto merece atención. Si parte del costo se recuperará mediante la tarifa que pagamos los usuarios, hay que revisar bien las inversiones. No siempre extender una línea eléctrica será la opción más conveniente. En algunos lugares podrían funcionar mejor las minirredes solares con baterías o sistemas individuales. Hay que comparar costos y necesidades antes de deMenos impuestos, más conexiones: por qué Panamá debe sumarse al DEPA Economía digital Durante décadas, Panamá ha construido su prosperidad aprovechando una ventaja geográfica imbatible. Conectamos el comercio global moviendo contenedores a través de un canal de agua y enlazando pasajeros mediante un centro de conexiones aéreas. Sin embargo, el comercio que más crece en el siglo XXI no viaja en barcos ni pasa por aduanas físicas: viaja en fotones a través de cables de fibra óptica. La economía digital panameña se encuentra en una encrucijada estratégica. Por un lado, exportamos servicios modernos —desde desarrollo de software y servicios financieros fintech hasta producción audiovisual y diseño—; por el otro, enfrentamos la tentación fiscalista habitual: intentar gravar las transacciones digitales con impuestos apresurados antes de dejar que la industria madure. Ese enfoque es una equivocación. La verdadera oportunidad para Panamá no radica en fiscalizar agresivamente los pequeños intercambios en línea, sino en integrarse al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA, por sus siglas en inglés), el tratado internacional pionero diseñado exclusivamente para dinamizar el comercio del conocimiento. La urgencia de esta decisión se acentúa tras la reciente incorporación formal de Costa Rica como el quinto miembro pleno del bloque, sumándose a Singapur, Chile, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Que nuestro vecino directo haya dado este paso envía una señal ineludible. Costa Rica entendió que casi la mitad de sus exportaciones de servicios ya son digitales y que el DEPA es la arquitectura legal necesaria para escalarlas hacia los mercados más competitivos de la cuenca del Pacífico. Si Panamá aspira a consolidarse como el hub digital de las Américas, no basta con tener centros de datos y excelente conectividad. Se requiere interoperabilidad jurídica. Mientras países de la región aseguran su integración a los estándares globales, Panamá corre el riesgo de quedar aislado normativamente. El argumento económico más contundente a favor del DEPA radica en la democratización del empleo. Crear una plaza de trabajo en la economía industrial tradicional exige inversiones cuantiosas en terrenos, infraestructura y maquinaria. En cambio, en la economía digital, un joven desarrollador, una consultora en ciberseguridad o una diseñadora gráfica solo necesitan una computadora, una conexión estable y una plataforma de pago confiable. Son emprendimientos de bajísima intensidad de capital, pero con un enorme potencial de generación de valor agregado. Cuando la respuesta del Estado ante estas iniciativas es imponer trabas burocráticas, retenciones complejas o impuestos tempranos, el resultado es predecible: el talento local se desplaza hacia la informalidad o migra operativamente hacia jurisdicciones más amigables. Sumarse al DEPA cambia la lógica. En primer lugar, reduce fricciones operativas eliminando trabas al comercio digital de exportación mediante reglas claras sobre pagos en línea y aduanas digitales. En segundo lugar, amplía el mercado direccionable para que un profesional independiente en Panamá compita sin desventaja legal en mercados de altos ingresos. Por último, facilita la cooperación para que las pequeñas empresas se integren con mayor facilidad en cadenas de valor globales. Proteger la recaudación fiscal es una tarea válida, pero ahogar la semilla antes de que se convierta en árbol es una pésima estrategia económica. La masa crítica imponible del futuro no vendrá de aplicarles impuestos a los incipientes emprendimientos tecnológicos locales, sino de dinamizar el volumen total de exportaciones de servicios. Panamá tiene la estabilidad monetaria, la infraestructura de telecomunicaciones y la ubicación estratégica. Es momento de añadir el ingrediente regulatorio global. Seguir el paso de Costa Rica y solicitar la adhesión al DEPA enviaría un mensaje claro al mundo: Panamá no solo mueve mercancías; es un nodo abierto, seguro y transparente para las ideas, el talento y los servicios del futuro. La frontera Panamá-Colombia y nuestra identidad nacional Memoria colectiva Colombia. Era una frontera de carácter doméstico, utilizada con propósitos internos por la otrora República de Nueva Granada (1831-1858), y nunca pensada para dividir países. Panamá, por su parte, se acogió al principio internacional uti possidetis iuris (del latín “como poseéis de acuerdo con el derecho, así poseeréis”) y exigió el reconocimiento de la antigua frontera establecida en el período colonial. Esta extendía su territorio hasta la ribera occidental del río Atrato y del golfo de Urabá. Desafortunadamente, Estados Unidos intervino, y Panamá se vio obligada a desistir de sus reclamos históricos. A cambio, Panamá recibió reconocimiento como nación independiente y soberana por parte de Colombia, que hasta entonces la consideraba, jurídicamente, como una “provincia rebelde”. Las pérdidas de Panamá fueron enormes. Por un lado, perdió el acceso a la cuenca del río Atrato y a sus vastos recursos naturales, especialmente hidrocarburos. Por otro, quedó al margen de la eventual construcción de un canal interoceánico por esos parajes. Las pérdidas no materiales fueron igualmente importantes. Se perdió la soberanía sobre parte del hábitat de los pueblos guna y chocó, que quedaron divididos administrativamente entre Panamá y Colombia, lo que complicó su gestión y comprensión. Igual ocurrió con el “Tapón del Darién”. Pero es quizás la pérdida de nuestra soberanía sobre el sitio histórico de Santa María la Antigua del Darién la más significativa de todas. Para Colombia se trata de un sitio de gran valor arqueológico y turístico; pero, para Panamá, es un símbolo de nuestra nacionalidad e identidad. Revertir esta situación parece más José Manuel Donado Comunidades de difícil acceso: un reto para la nueva ley eléctrica Proyecto de ley 705 En 2022 visité, junto con mi equipo, varias comunidades de difícil acceso en Panamá, entre ellas Boca de Remedio, Wala, Ticantiquí, Playón Chico y Capandí. El trabajo era evaluar alternativas de electrificación mediante sistemas solares. Fue una experiencia que me permitió conocer otra realidad del país. Llegar a algunos lugares requiere horas de viaje, embarcaciones y transportar equipos en condiciones muy distintas a las de la ciudad. Algo que me llamó la atención fueron las ganas de sus habitantes de tener electricidad. Para muchas familias significa iluminación, refrigeración de alimentos, cargar un celular y mejorar su vida diaria. El estudio incluyó cinco comunidades y siete sitios solares, con una capacidad propuesta de aproximadamente 1.1 megavatios pico. Tomando como referencia 915 viviendas y un consumo supuesto de 100 kilovatios hora por vivienda al mes, estimamos una demanda doméstica de cidir. Y no basta con calcular cuánto cuesta construir. También hay que saber quién operará cada sistema, cuánto costará mantenerlo y qué pasará cuando una batería o un inversor falle. En comunidades donde el traslado de un técnico puede tomar varias horas, el mantenimiento no es un detalle menor. También debemos hablar claro con las familias. No se debe prometer electricidad gratis sin explicar cómo se pagará. Puede existir un subsidio, pero producir energía, operar los equipos y reemplazarlos siempre tiene un costo. Me gustaría que estos proyectos incluyeran la formación de técnicos e ingenieros de las mismas comunidades: jóvenes que puedan estudiar energía y regresar para aportar lo aprendido. Eso ayudaría a resolver fallas, crear empleo y reducir la dependencia de personal que debe viajar desde lejos. El Proyecto 705 abre una discusión necesaria sobre las responsabilidades de la electrificación rural y su financiamiento. Si esas inversiones se incorporan al cálculo de la tarifa, debemos exigir información sobre cuánto cuestan, a cuántas familias benefician y cómo se medirá la continuidad del servicio. Después de aquellos recorridos, considero que llevar electricidad no debe significar solamente entregar una obra. Debe significar que la gente reciba un servicio confiable, a un costo razonable y con oportunidades para el desarrollo. EL AUTOR es director de la Fundación Libertad. EL AUTOR es profesional del sector eléctrico y del desarrollo de proyectos de energía. EL AUTOR es arquitecto y docente de historia de la arquitectura en la USMA. Carlos Ernesto González Ramírez un trabajo de Hércules que de hombres mortales. Pero, de darse el caso hipotético, es posible aportar una perspectiva “geoembriológica” a partir de la formación de estas dos regiones, cuando aún se encontraban en estado “fetal”. Esto podría asegurar la paternidad del recién nacido, casi como el ADN. En tiempos remotos, Panamá y el Chocó formaban parte de una misma masa insular volcánica. Con el paso del tiempo se fue llenando el espacio entre ellas, con excepción de una franja que mantenía separados ambos países y ambos continentes. Finalmente, se cierra la brecha cuando emerge la región del Chocó, lo que consolida el istmo de Panamá y une el continente americano. La intuición de los cartógrafos coloniales fue la correcta. La frontera Panamá-Colombia es artificial, antihistórica y “antigeológica”. Su imposición corroboró la amarga tesis del doctor Justo Arosemena: Panamá fue gobernada como una provincia olvidada. Tras independizarse de España en 1821, se unió a Colombia por instinto de sobrevivencia. Panamá se encontraba en un lamentable estado de pobreza. Una vez disuelta la Gran Colombia, ambos países siguieron unidos, formando parte de la nueva república granadina, ya mencionada. En estas circunstancias, resultó sencillo para Colombia constreñir la frontera de los advenedizos (Panamá) y despejar la región del Atrato para la población autóctona colombiana. ¿Más fácil? Ni quitarle el caramelo a un crío. Ahora, solo cabe esperar el milagro que reviva las conversaciones bipartitas, dormidas —no muertas— desde hace más de cien años, pero esta vez sin la presencia norteña. Ya es tiempo de enseñar nuestra historia patria de una manera integral y diáfana. Aspiramos a que todos los arquetipos de nuestra identidad nacional se reúnan en un solo territorio y bajo una sola bandera. No es lo mismo contar la historia de la ciudad de Santa María la Antigua del Darién desde Colombia que desde Panamá. Cualquier profesor colombiano de historia que intente enseñar la historia de esta localidad terminará, inevitablemente, enseñando historia de Panamá. Un profesor panameño, en cambio, se sonrojará, pues los vestigios de aquel rústico recinto yacen allende nuestro territorio nacional. Fundada por Vasco Núñez de Balboa, aunque modesta, fue la primera ciudad española establecida en Tierra Firme. Mereció el título de capital de Castilla de Oro, fue sede del primer obispado de Tierra Firme y punto de partida de la expedición que avistó el mar del Sur, así como del sucesivo desencadenamiento histórico y épico de la conquista y colonización del istmo panameño. A pesar de una corta y precaria existencia (1510-1524), su sitio, como su situación, la ubican en el ombligo de nuestra identidad nacional. El Tratado Victoria-Vélez, firmado en Bogotá el 20 de agosto de 1924, que estableció la frontera entre Panamá y Colombia, fue el origen de la debacle. No solo trastocó nuestros intereses históricos, sino también los políticos y económicos. En la negociación, o lo que fuera, el gobierno colombiano propuso utilizar como base legal la ley granadina de 1855, que establecía los límites entre dos provincias, Panamá y Luis Cuevas Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. 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