2A La Prensa Panamá, sábado 31 de octubre de 2026 Espionaje policial contra sindicatos y ambientalistas, la reapertura de una cárcel en Coiba y comunidades instadas a cerrar sus cementerios para construir un embalse. Esas fueron algunas denuncias que organizaciones panameñas llevaron ante la CIDH. Magaly Castillo, del Centro de Estudios y Acción Social Panameño, y Osvaldo Jordán intervinieron ante los comisionados en la última sesión e hicieron las denuncias. Alertan ante la CIDH sobre espionaje Diputados oficialistas, encabezados por la presidenta Shirley Castañedas, tras el cierre de sesiones ordinarias. Tomado de asamblea.gob.pa/ En medio de críticas, la Asamblea Nacional cierra sesiones ordinarias Eliana Morales Gil [email protected] LEGISLATIVO El Órgano Legislativo aprobó en tercer debate el presupuesto general del Estado 2027, cifra que alcanza los $35,111.7 millones, en una sesión marcada por defensas y críticas al proyecto. El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, con [49] votos a favor, [18] en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley 644, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2027, cifra que alcanza los $35,111 millones. La propuesta pasará ahora a manos del Ejecutivo para su sanción. La sesión comenzó pasadas las 12 mediodía de ayer viernes 30 de octubre y un grupo de diputados sustentó su posición a favor y en contra. La primera en tomar la palabra fue Grace Hernández, de la bancada Seguimos. Dijo que el proyecto de presupuesto es inconveniente “porque exige y somete al pueblo a una austeridad inescrupulosa, mientras algunos ministros disfrutan de su planificado despilfarro escandaloso”. También habló su colega y compañero de bancada Ernesto Cedeño, quien, entre otras cosas manifestó que era inconstitucional porque no le otorgaba los fondos que por ley tienen que recibir el Órgano Judicial y el Ministerio Público. Walkiria Chandler, de Vamos, dijo que era inconveniente, y mencionó las áreas a las que les corresponde menos recursos: agua, salud y protección social. Alaín Cedeño, del oficialista Realizando Metas (RM) defendió la cifra. Gertrudis Rodríguez, de Cambio Democrático, lo catalogó como un avance en materia de infraestructura vial. Osman Gómez, del partido Alianza, fue otro que le dio un espaldarazo al proyecto. Quiere que el país sepa que este presupuesto es beneficioso. Listó las obras que se harán el próximo año en su circuito 4-2, Chiriquí. El oficialista Luis Eduardo Camacho pidió el voto para el proyecto y atacó a la bancada Vamos, quienes se oponen al documento. Después hablaron Javier Sucre y Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). “Un presupuesto no puede cubrir el 100% de las necesidades de un pueblo. Tiene sus limitaciones”, dijo Robinson. Listó los presupuestos que ha tenido Panamá desde 2019 a la fecha. Las diputadas Janine Prado, Alexandra Brenes y Yamireliz Chong, de Vamos, pronunciaron duras críticas al proyecto y principalmente a la modificación al proyecto de ley 370 para ampliar la lista de las entidades que pueden contratar al margen de la ley de contrataciones públicas. En este aspecto, la diputada Prado alertó sobre las contrataciones directas. Señaló a los diputados de las bancadas RM, PRD, CD, que presentaron la polémica modificación que según dijo, se hizo con el silencio cómplice del gobierno. Acusó a los diputados que criticaron a la bancada Vamos por oponerse a la reforma de no argumentar de manera técnica la propuesta. Habló de una hora de matraqueo para aprobar la propuesta. El proyecto de ley 644, que sustentó el ministro de Economía, Felipe Chapman, se aprobó un día antes del 31 de octubre, día en que concluyen las sesiones ordinarias. Las cifras El presupuesto de 2027 asciende a $35,111.7 millones: $22,272 millones para funcionamiento (63.4%) y $12,839.7 millones para inversión (36.6%). Es un monto similar al presupuesto con el que arrancó 2026, de $34,900.8 millones, según los informes de ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pero esa cifra inicial rara vez se mantiene, la prueba está en que al 30 de septiembre de este año, los traslados de partida y créditos adicionales ya habían elevado el presupuesto de 2026 a $38,915.4 millones, $4,014.6 millones más que lo aprobado. Compras sin ley de contrataciones El cambio más polémico se aprobó en segundo debate. Los diputados Robinson, Manuel Cohen, de CD y Camacho propusieron reformar el artículo 370 del proyecto para ampliar la lista de entidades que pueden contratar hasta $1 millón sin aplicar la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas. La lista incluye a instituciones públicas “tales como” los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno. De esta manera podrán adquirir servicios técnicos, repuestos y equipos por situaciones fortuitas o de urgencia, o por razones de interés público que requieran atención prioritaria. Robinson y su copartidario Raúl Pineda defendieron el artículo en el pleno. La diputada Janine Prado, de Vamos, calificó el cambio de “gravísimo” y advirtió que “pareciera que pudiera existir un negociado detrás de esto”. Las dificultades para acceder a la justicia, las denuncias de discriminación racial, las restricciones a la libertad sindical y los riesgos que enfrentan los defensores ambientales fueron algunas de las preocupaciones expuestas por organizaciones de la sociedad civil organizada durante el último día del período 197 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado ayer en Panamá. La reunión se realizó en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), donde el organismo internacional celebró durante la semana 29 audiencias sobre los principales desafíos de la región en materia de derechos humanos. Activistas, familiares de víctimas y representantes de organizaciones sociales expusieron situaciones que consideran vulneraciones de sus derechos y solicitaron a la Comisión dar seguimiento a sus denuncias. Coiba entre los temas tratados Durante la primera intervención se denunció la situación de las personas privadas de libertad en la isla de Coiba. Una representante de los reclusos advirtió sobre las dificultades para acceder a servicios médicos especializados, alimentación adecuada, agua potable y contacto presencial con familiares y abogados. También manifestó preocupación por la seguridad de los internos durante el terremoto del pasado 9 de octubre, debido a que las instalaciones se encuentran cerca del mar. Según su denuncia, los privados de libertad permanecieron encerrados en sus celdas durante el movimiento sísmico, sin que se realizara una evacuación preventiva. Justicia y reparación Representantes de familiares de personas asesinadas y desaparecidas durante la dictadura militar denunciaron que han transcurrido siete años desde que se alcanzó un acuerdo con el Estado panameño, en junio de 2019, sin que se cumplan integralmente los compromisos relacionados con la memoria histórica y las reparaciones morales y económicas. También participaron representantes de víctimas de la invasión estadounidense de 1989, quienes solicitaron avances en los mecanismos de reparación y el cumplimiento de las recomendaciones del sistema interamericano. Por otra parte, organizaciones ambientales denunciaron obstáculos para desarrollar sus actividades, entre ellos los procesos judiciales que enfrentan el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque, que, según señalaron, han afectado sus recursos económicos. Durante el encuentro también se plantearon preocupaciones sobre discriminación racial en centros educativos, restricciones a la libertad sindical, violencia contra las mujeres y dificultades de participación CIDH realizó en Panamá 29 audiencias durante los cinco días de reuniones SISTEMA INTERAMERICANO de comunidades indígenas ante proyectos de desarrollo. Las denuncias de la sociedad civil se sumaron a los temas examinados durante las 29 audiencias celebradas del 26 al 30 de octubre. Entre los asuntos abordados estuvieron las condiciones de las personas privadas de libertad en El Salvador bajo el estado de excepción, las denuncias sobre restricciones a la libertad de expresión en Estados Unidos, los discursos de odio contra la población LGBTIQ+ y las dificultades de acceso a anticonceptivos de emergencia en Honduras. En las audiencias también participaron líderes indígenas y activistas que denunciaron riesgos para sus comunidades derivados de la explotación de minerales críticos en América Latina y cuestionaron que los acuerdos se adopten sin transparencia. El presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, explicó a la agencia EFE que, una vez concluidas las audiencias, corresponde a los comisionados dar seguimiento a los asuntos examinados mediante las relatorías de país. Ralón Orellana destacó la organización de Panamá y afirmó que la cercanía con la sociedad civil y los Estados permite a la Comisión obtener información de primera mano y precisar su labor. Las sesiones finalizaron con el análisis de casos relacionados con Colombia y Paraguay, sobre el asesinato del alcalde colombiano Eudaldo León Díaz Salgado, en 2003, y la destitución del expresidente paraguayo Fernando Lugo mediante un juicio político en 2012. Las preocupaciones expuestas durante el encuentro con la sociedad civil quedaron planteadas ante el organismo internacional para su consideración. Alis Fernández Aguilar [email protected] Edgar Stuardo Ralón Orellana durante las sesiones en Panamá. EFE Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Datos del presupuesto $35,111.7 millones. Es el monto del presupuesto general del Estado para 2027 aprobado por la Asamblea Nacional. $23 millones. Es el aumento previsto para la Asamblea en los ajustes presupuestarios presentados por el Ejecutivo. $120 millones. Es la asignación contemplada para la Asamblea tras elevar su presupuesto inicial de $97 millones. $ 450.8 millones. Es el monto de los ajustes presupuestarios aprobados por el Consejo de Gabinete.
RkJQdWJsaXNoZXIy OTc0MjQ5