6A La Prensa Panamá, sábado 3 de octubre de 2026 Panorama Opositores nicaragüenses en el exilio celebraron ayer la resolución aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una reunión extraordinaria de cancilleres celebrada en Washington, en la que exige a Nicaragua la celebración de elecciones libres. “Hoy ha sido un día sumamente importante para la democracia en Nicaragua, para la oposición, porque se pone de manifiesto que la comunidad internacional y sus países miembros no tolerarán expresiones como las expuestas por Ortega de que no van a haber ya más elecciones y que esa expresión acarrea consecuencias políticas”, comentó el excarcelado político nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro -en un audio enviado a los medios-. Para el dirigente opositor nicaragüense, la resolución de la OEA “se trata de una advertencia más que le hacen a los dictadores, que aún les queda algo de tiempo para poder emprender acciones que, de lo contrario, estas medidas que se están planteando, que les va a plantear el grupo, empezarán a tomar efecto”. El texto de la OEA, aprobado por unanimidad, exige a Nicaragua la liberación incondicional de los presos políticos e insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas para el Gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. La resolución, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para “la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas”. El texto también ordena la creación de un grupo ministerial de seOposición: ‘Hoy ha sido un día sumamente importante para la democracia’ guimiento sobre Nicaragua, que debe establecer un diálogo con las autoridades nicaragüenses y la oposición, y presentar una serie de recomendaciones dentro de noventa días. Para Chamorro, es poco probable que el régimen de Ortega y Murillo adopte las recomendaciones de esa resolución, pero al no hacerlo “pondrá a la comunidad internacional y al régimen en una nueva etapa de acciones concretas y directas contra ellos”, principalmente en el ámbito económico. La reunión no contó con representantes de Nicaragua, dado que el país abandonó el organismo panamericano en 2023 por orden de Ortega. Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua junto a su esposa Rosario Murillo, regresó al poder el 10 de enero de 2007 tras ganar las elecciones de 2006 con el 38% de los votos, gracias a un pacto que bajó el umbral para ganar en primera vuelta. Fue “reelecto” en 2011, 2016 y 2021, comicios señalados por denuncias de fraude y de impedir la participación de opositores. EFE EUA sobre Nicaragua: ‘todas las opciones están sobre la mesa’ EFE, WASHINGTON EFE. SAN JOSÉ, COSTA RICA CRISIS La reacción de los funcionarios del gobierno de Donald Trump se da después que la OEA aprobara una resolución que exige al régimen de Daniel Ortega garantizar elecciones libres y liberar a los presos políticos. Estados Unidos dejó “todas las opciones sobre la mesa” para responder al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución que exige a Nicaragua celebrar elecciones y liberar a los presos políticos. En una conferencia de prensa posterior a la reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, explicó que la resolución propone volver a reunirse en noventa días, después del trabajo de la delegación encargada de dar seguimiento a la situación, y que su país mantiene “todas las opciones sobre la mesa” para exigir cuentas a Managua. Segura dijo que es evidente que Ortega “no tiene voluntad de negociar” al poner como ejemplo la decisión de rechazar a la embajadora estadounidense Natasha Franceschi, una diplomática de carrera que había sido nominada por el presidente Donald Trump. A juicio de Segura, esa decisión demuestra que Managua “no quiere tener un diálogo serio” y contrasta con el esfuerzo de Washington por “mantener un canal diplomático profesional con el país”. El texto, aprobado por unanimidad en la OEA, también insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas para el Gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. La OEA había convocado a una reunión extraordinaria de cancilleres, pero solo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus ministros de Exteriores: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití. Los demás enviaron delegados de menor rango. La resolución, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú, insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para “la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas”. Nicaragüenses en riesgo de deportación Segura fue cuestionado sobre si la Administración Trump podría evitar la deportación de ocho nicaragüenses detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero remitió la cuestión a esa agencia y al Departamento de Seguridad Nacional, al señalar que el caso no le corresponde al Departamento de Estado. De acuerdo con la organización Human Rights Watch (HRW), siete de los ocho detenidos forman parte de los 222 presos políticos que el Gobierno de Ortega y Murillo expulsó a Estados Unidos en febrero de 2023, tras declararlos “traidores” y despojarlos de su nacionalidad. El Gobierno de Panamá rechazó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la idea de una posible intervención militar en Nicaragua, sumida desde 2018 en una grave crisis sociopolítica, e instó al país centroamericano a tener una democracia libre con elecciones. “Panamá no propone una intervención militar, no propone imponer un Gobierno y no propone una oposición, propone decidir quién debe gobernar en Nicaragua. Panamá respeta plenamente la soberanía” de ese país, dijo la representante de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, durante una reunión extraordinaria del organismo sobre Nicaragua. “Defender los derechos democráticos de los nicaragüenses no significa intervenir militarmente en Nicaragua. Entre el silencio y los fusiles existe un inmenso territorio de acción diplomática”, continuó. La CIDH y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas insistieron ayer en que “las condiciones actuales en Nicaragua no cumplen con los estándares internacionales requeridos”. Pidieron el fin de la creciente represión transacional que ejerce el régimen de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Recordaron que desde el comienzo de la crisis en 2018 han documentado un patrón sistemático de graves violaciones de derechos humanos. “Panamá conoce demasiado bien la historia de las intervenciones en América Latina como para tomar esta pregunta a la ligera. Nuestra historia nos ha enseñado el valor de la soberanía, nos ha enseñado el valor de la autodeterminación, pero también nos ha enseñado el precio que pueden pagar pueblos cuando otros deciden intervenir en su nombre”, dijo. El actual Gobierno de Panamá, el pasado julio, retiró a su embajador en Managua y el presidente José Raúl Mulino ha denunciado públicamente el deterioro democrático del país. El Parlamento nicaragüense aprobó en primera legislatura, de dos necesarias, una reforma constitucional para excluir de cargos públicos a opositores tildados de “traidores” y extiende el mandato presidencial a siete años. Panamá rechaza una eventual intervención militar EFE, CIUDAD DE PANAMÁ El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin. EFE El subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. EFE La relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Payá. EFE El caso se produce en un contexto de aumento de las deportaciones de nicaragüenses desde Estados Unidos. Según un análisis de HRW de datos de ICE, más de 6,300 ciudadanos nicaragüenses fueron deportados a su país entre enero y julio de este año, casi el doble que en el mismo periodo de 2025, mientras que más de 1,100 han sido enviados a terceros países desde enero de 2025.
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