3A La Prensa Panamá, miércoles 16 de septiembre de 2026 Panorama El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto para modificar la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, que crea el Régimen de Asociación Público-Privada (APP). Según el Gabinete, la propuesta tiene como objetivo ampliar el desarrollo de obras como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social y a la creación de empleos. A través de un comunicado, Presidencia recordó que desde su aprobación en 2019, el país dispuso de un marco regulatorio propio para desarrollar proyectos mediante esta modalidad de amplia aplicación internacional. Sin embargo, transcurridos más de seis años y, con un “balance claramente positivo”, se ha recomendado revisar su funcionamiento, evaluar los resultados e identificar los ajustes necesarios para que el sistema opere con mayor eficiencia. Se detalla que ese estudio muestra que la aplicación práctica del régimen “ha permitido observar que determinadas etapas resultan más extensas de lo necesario, que ciertos trámites pueden simplificarse sin menoscabo de las garantías y controles previstos, y que el marco vigente admite perfeccionamientos que faciliten una mayor y mejor participación del sector privado”. Según la propuesta, no se trata de sustituir el modelo adoptado en 2019, sino adaptarlo a la realidad y a aquellos aspectos en que la experiencia nacional e internacional ha demostrado que puede mejorar, entre ellos ampliar y agilizar la provisión de infraestructuras y servicios de calidad. También busca fortalecer los roles asignados dentro de la arquitectura institucional del sistema, dotando de mayor agilidad a los ciclos de origen, estructuración y licitación de proyectos. “Además, promover una participación más activa y eficiente del sector privado; movilizar inversión privada y reducir el costo total de los proyectos para el Estado y los usuarios, mediante un diseño regulatorio que incentive dicha inversión y Gobierno impulsa una reforma a la Ley de las APP para el desarrollo de obras CONSEJO DE GABINETE promueva la competencia; y elevar los estándares de rigor técnico, disciplina fiscal, transparencia y control, para asegurar que cada proyecto responda a una necesidad real y entregue valor por el dinero público comprometido”, señala. Esta reforma, indica el documento, permitirá estructurar y ejecutar un mayor número de proyectos, en menos tiempo y con un financiamiento más eficiente. ENA podrá adquirir deuda por $196 millones También el Gabinete autorizó a la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y a ENA Norte a buscar un financiamiento de hasta $196 millones con el Inter-American Investment Corporation (IDB Invest). El dinero se dividirá en dos préstamos: uno de $96 millones y otro de $100 millones. Una parte del financiamiento se utilizará para pagar lo que todavía se debe de los bonos que ENA Norte emitió para financiar la adquisición de la concesión. Es decir, se trata de refinanciar esa deuda existente. La operación también busca darle a ENA una mayor capacidad para invertir en la rehabilitación, extensión y ampliación del Corredor Norte, así como afrontar futuros proyectos de infraestructura. También los ministros aprobaron la contratación excepcional de una póliza colectiva de vida, salud y salud internacional para el personal del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), por un monto de $3,107,138.08. La contratación será con Assa Compañía de Seguros, S.A., a solicitud del Ministerio de Gobierno, entidad que regenta al Cuerpo de Bomberos. Sheyla Castillo, directora de Antai. Cortesía La Antai, de manos atadas para sancionar casos de alto perfil José González Pinilla [email protected] José González Pinilla Getzalette Reyes [email protected] TRANSPARENCIA Más de 19 mil declaraciones de intereses reposan en Antai, que interpreta que no son de acceso público y reconoce restricciones para investigar determinados casos. Sheyla Castillo, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), admitió que tiene las manos atadas en casos de alto perfil. Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, recordó que la Antai tiene entre sus funciones recibir y verificar las declaraciones juradas de intereses de los funcionarios. Pero su capacidad para investigar y sancionar casos de nepotismo y conflicto de interés tiene límites cuando se trata de diputados y otras altas autoridades del Estado. Castillo acudió a la Asamblea para sustentar el presupuesto de la entidad para 2027 ante la comisión. El presupuesto solicitado asciende a $3,015,544. Durante la comparecencia, el diputado Luis Duke, de la bancada Vamos, preguntó a Castillo qué ocurre con las declaraciones de intereses que recibe la institución y cómo se cruza esa información para detectar posibles conflictos de interés. La directora respondió que, mientras no se modifique la legislación vigente, la Antai tiene limitaciones para verificar y gestionar determinados casos. “No está funcionando mientras ustedes no hagan la modificación que corresponde. No puedo llegar, no puedo verificar, no puedo gestionar. No es porque no quiera, es porque no puedo”, respondió Castillo. La funcionaria señaló que se requiere modificar la Ley 316, que regula las situaciones de conflicto de intereses en la función pública. La Ley 316 establece las funciones de la Antai en esta materia. Entre ellas están recibir las declaraciones juradas de intereses, verificar la información cuando se trate de servidores públicos respecto de los cuales tenga competencia, determinar posibles conflictos de interés y conocer procesos por infracciones relacionadas con estas declaraciones. 15 sanciones Pese a las limitaciones que admitió, Castillo informó en medio de la comparecencia que la Antai ha impuesto 15 sanciones por conflicto de interés desde que asumió la dirección de la institución, en 2024. Gabriel Santamaría, jefe de Asesoría Legal de la Antai, explicó que entre los casos identificados hay situaciones de familiares que, por el grado de parentesco, no encajan jurídicamente como nepotismo, pero que pueden ser analizadas como conflictos de interés. Mencionó como ejemplo casos de alcaldes cuyos primos fueron vinculados a la administración pública. Al superar el grado de consanguinidad contemplado para el nepotismo, dijo, estos casos son abordados desde la figura del conflicto de interés. También señaló situaciones relacionadas con jefes de recursos humanos en las que pueden coexistir ambos supuestos. Los funcionarios, incluyendo el presidente de la República, ministros, diputados, contralor, directores, entre otros, deben presentar cada año su declaración jurada de intereses particulares. La Antai reporta que el 100% de los ministros, diputados y autoridades han presentado el documento. En tanto, el 97% de los alcaldes y el 82% de los vicealcaldes lo han hecho. Competencias limitadas Duke también preguntó si la Antai puede actuar ante los casos de nepotismo que se denuncian dentro de la Asamblea Nacional. Castillo respondió que la competencia de la Antai no alcanza al Legislativo. Citó el artículo 32 de la Constitución y explicó que la institución tampoco tiene competencia para investigar faltas o delitos que le son atribuidos al presidente de la República. Según su explicación, la competencia para conocer estos casos está distribuida entre distintos órganos dependiendo del cargo. En el caso de los miembros de la Asamblea Nacional, ministros de Estado, procuradores, el Contralor General, magistrados del Tribunal Electoral y otras autoridades, Castillo señaló que corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia; para viceministros, directores y gerentes de instituciones autónomas, entre otros cargos, indicó que corresponde a la Sala Segunda de la Corte. Castillo le entregó al diputado el fallo de la Corte Suprema relacionado con los límites de competencia de Antai frente a la Asamblea. Se trata de un fallo del 27 de agosto de 2021 relativo a un intento de la Antai de sancionar a la entonces presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego. A través de resolución No DS-3937-18 del 10 de agosto de 2018, la Antai sancionó a Ábrego con el pago del 50% de su salario mensual, por entregar información inexacta e incompleta sobre la planilla 080 de los diputados. Pero según la Corte, bajo la ponencia del entonces magistrado José Ayú Prado, la Antai no es competente para aplicar dicha sanción a un diputado. Por otra parte, la propia Antai ha señalado públicamente que, en el caso de los ministros de Estado, los procedimientos para investigar posibles faltas o delitos corresponden a la Corte Suprema de Justicia, debido al régimen especial establecido en el Código Judicial. Pide más facultades Durante el intercambio en la comisión legislativa, Castillo planteó la posibilidad de que “le den más dientes” a la entidad. Esto implicaría, dijo, modificar el marco legal que regula las competencias de la Antai. La directora no solo se refiere a la Ley 316 sobre el conflicto de interés en la función pública, sino también de introducir cambios a las leyes 33 y 6, que regulan, respectivamente, la creación de la Antai y aspectos relacionados con la transparencia y el acceso a la información pública. Castillo pidió a los diputados avanzar con esas modificaciones —en comisiones reposan propuestas de reforma— y sostuvo que algunos cambios requieren una consulta amplia con la ciudadanía. En la actualidad, la Antai recibe miles de declaraciones juradas de intereses. Para 2026, la entidad reportó la recepción de 19,082 declaraciones durante la jornada anual de renovación realizada en enero. Esas declaraciones, según la Ley 316 de 2022 deben ser notariadas. Pero en la actualidad no son de acceso público debido a que así lo ha interpretado históricamente la Antai. Sanciones La directora también informó que a la fecha han sancionado a 240 funcionarios por faltas administrativas y violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos. Detalló que la entidad ha recomendado 64 destituciones de funcionarios de distintas instituciones, de las cuales 40 se han concretado. Además, 142 servidores públicos han recibido multas económicas equivalentes a entre el 10% y el 50% de un mes de salario. En lo que va de la gestión de Castillo, las sanciones económicas depositadas al Tesoro Nacional ascienden a $63,609, de un total de $93,648. Reunión de ministros del 15 de septiembre de 2026. Cortesía de la Presidencia
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