2A La Prensa Panamá, lunes 14 de septiembre de 2026 Eliana Morales Gil [email protected] Los jueces los declararon culpables del delito de peculado. Archivo Exrepresentante y extesorera condenados a 8 años de prisión MIGUEL DE LA BORDA Un Tribunal de Juicio condenó a ocho años de prisión a Felícito Teherán Núñez y Milena Esther Polo Martínez, exrepresentante y extesorera de la junta comunal de Miguel de la Borda, en Colón, respectivamente. Los jueces los declararon responsables del delito de peculado, por hechos ocurridos entre 2009 y 2014, cuando ambos estaban al frente de esa junta comunal, según una nota de prensa de la Procuraduría General de la Nación. En esa época Ricardo Martinelli gobernaba Panamá. El tribunal les impuso, además, cinco años de inhabilitación para ejercer funciones públicas una vez cumplida la pena de prisión. La causa estableció una lesión patrimonial de $29,505.35 en perjuicio de la junta comunal, monto que la fiscalía atribuyó al manejo de ambos exfuncionarios durante su periodo en el cargo. Un caso de vieja data El periodo de los hechos, 2009-2014, coincide con el que investiga desde hace más de una década la Fiscalía Anticorrupción en uno de los mayores casos por anomalías en la gestión de juntas comunales del país: el desvío de más de $247 millones en partidas circuitales que 70 diputados distribuyeron entre 187 juntas comunales y municipios en esos cinco años, según auditorías de la Contraloría General de la República. En febrero de 2018, la Contraloría, entonces a cargo de Federico Humbert, entregó a la fiscalía 223 cajas con los resultados de las auditorías. En 2020, las pesquisas estuvieron paralizadas casi 11 meses a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, determinante para el curso de las investigaciones. En diciembre de 2022, la Corte concedió un año adicional para completar las investigaciones, en medio de recursos de amparo presentados por las defensas de los imputados. La nota de prensa de la Procuraduría no precisó si el caso de Miguel de la Borda es parte de esa causa. No obstante, recientemente en Coclé dos exfuncionarios de la junta comunal de Río Indio, recibieron unacondenade60mesespor una lesión de $301,959.52, también del periodo 20092014. Panamá tiene una Asamblea mayor y más costosa que sus vecinos Eliana Morales Gil [email protected] LEGISLATIVA Panamá tiene menos habitantes que Costa Rica y El Salvador, pero sostiene 71 diputados y un presupuesto legislativo que podría alcanzar los $214 millones en 2026. La Asamblea Nacional (AN) cerrará 2026 con un presupuesto que podría llegar a $214 millones. Esa cifra sostiene a 71 diputados (con sus suplentes) que representan a 4.2 millones de panameños. Costa Rica, con casi 5.2 millones de habitantes, tiene 57 legisladores desde 1961 y un presupuesto de apenas $110 millones que no creció un solo colón respecto a 2025. El Salvador, con 6 millones de habitantes, redujo su Asamblea Legislativa de 84 a 60 miembros mediante un decreto que reformó el Código Electoral, aprobado en 2023 con dispensa de trámite y aplicado desde las elecciones de 2024. El presupuesto de la asamblea salvadoreña, para 2026, es de $46.9 millones. Eso indica que El Salvador, que tiene 43% más habitantes que Panamá, tiene un Legislativo que funciona con el 21.9% del presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá. La realidad de Panamá difícilmente se puede cambiar si no hay una reforma a la Constitución. Precisamente la reducción de la Asamblea es una de las propuestas que empieza a gravitar en medio del prometido proyecto de Constituyente originaria del gobierno de José Raúl Mulino. El origen de la cifra Los $214 millones con los que cerraría la Asamblea este año, tienen una historia que se repite año tras año. Para 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó $98.7 millones al Legislativo. Pero, hasta julio pasado, el presupuesto modificado de este año ya sumaba $146.42 millones. Y por estos días la diputada presidenta Shirley Castañedas solicitó otros $68 millones, pues afirma que no tiene dinero para pagar planillas y otras deudas. Mientras que para 2027, el MEF le recomendó $97 millones, pero ella sustentó un presupuesto de $176.6 millones. Elcontrasteconlosdospaíses de Centroamérica también incluye otras variables. Costa Rica cambió el número de diputados mediante una reforma a su Constitución en 1961. Se trata de la Ley 2741 que no se ha reformado desde entonces, pese a que su población casi se triplicó en ese periodo. De acuerdo con el informe de presupuesto del Ministerio de Hacienda de ese país, el monto asignado para 2026 fue de 49,542.6 millones de colones, es decir, unos $110 millones. A diferencia de Panamá, no refleja crecimiento. Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom El Salvador lo hizo de una manera más dramática. En junio de 2023, la Asamblea Legislativa, con mayoría de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó en una sola sesión, con dispensa de trámite, un decreto que reformó el Código Electoral, una ley ordinaria, y Bukele lo firmó al día siguiente (en medio de cuestionamientos dado que se considera que esas reformas consolidan su poder). Diputados de oposición argumentaron entonces que la reforma buscaba “concentrar más poder” y que era inconstitucional. ¿Menos diputados? ¿Se puede reducir el número de diputados de la AN? ¿Qué tan probable es que esa reducción quede en manos de la Constituyente que impulsa el gobierno de Mulino? Miguel Antonio Bernal, coordinador de la Secretaría de la Presidencia para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), lleva ya más de 20 meses al frente de ese proceso, según contó a este diario. Lo describe como un trabajo de fondo, no una campaña electoral. “Sin prisa pero sin pausa vamos logrando que amplios sectores de la población entren a conocer, además de sus derechos y deberes reconocidos hasta la fecha, también a interesarse en el papel que le correspondería una nueva Constitución”, contó. No todos están de acuerdo. Bernal reconoce resistencia “por parte de determinados sectores que van desde aquellos que no quieren que le toquen nada de la Constitución impuesta y que la defienden con el puñal entre los dientes, hasta aquellos que muestran una indiferencia que siempre sucede en todas las sociedades”. Rechaza, además, que el proceso sea un vehículo personal del presidente: “Aquí se ha querido vender la idea de que queremos imponer una Constitución para Mulino, cuando Mulino no es la Constitución ni la Constitución es de Mulino”. Para Bernal, la Carta Magna vigente es la que carece de legitimidad de origen: “El documento más inconstitucional que existe en este país es la propia Constitución, porque fue impuesta y derrocó a un gobierno democrático”. La demanda de reducir el número de diputados, según Bernal, aparece de forma reiterada en las consultas ciudadanas que Sepresac ha hecho en el país. Citó un ejercicio reciente en Albrook Mall, donde colocaron un cuaderno para que los asistentes escribieran lo que querían en la nueva Constitución. “La gente hacía cola (...) para escribir y ponía sobre todo no a la reelección, no a la coComparación de las asambleas en Panamá, Costa Rica y El Salvador rrupción, disminución del número de diputados. Pero eso a nivel nacional, es lo que está predominando”, remarcó. De hecho, comparte esta posición. “Tengo 50 años de estar diciendo que este país no puede seguir, ni con el método que se utiliza para elegir diputados, con estos circuitos binominales y plurinominales que desnaturalizan el principio de un hombre un voto, ni podemos seguir con una Asamblea integrada por esta cantidad exorbitante de diputados”, afirmó. Ni Sepresac ni el proyecto de reforma constitucional han fijado todavía un número definitivo de diputados. Lo único cierto, por ahora, es el mecanismo: cualquier cambio al tamaño del Legislativo panameño pasa, necesariamente,porunareformaconstitucional.
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