2A La Prensa Panamá, sábado 12 de septiembre de 2026 La Corte Suprema de Justicia abrió el periodo de alegatos dentro de la demanda de inconstitucionalidad contra la creación de la Policía Municipal. Archivo Demandas contra Policía Municipal apuntan a un solo expediente Juan Manuel Díaz C. [email protected] INSTITUCIONES El procurador Luis Carlos Gómez Rudy pidió a la Corte Suprema acumular las dos demandas de inconstitucionalidad contra la Policía Municipal, cuyas facultades ya cuestionó por considerar que podrían crear un cuerpo policial paralelo. El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, solicitó a la Corte Suprema de Justicia acumular en un solo expediente las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el Acuerdo No. 162 del 17 de junio de 2025, que creó la Policía Municipal del distrito de Panamá. Se trata de las demandas presentadas por el abogado y diputado Ernesto Cedeño y por René Isaac Barberena. En ambas funge como ponente el magistrado Carlos Villalobos. La petición del procurador se fundamenta en que ambas demandas deben ser resueltas en un solo proceso, ya que tienen un contenido similar, impugnan el mismo acuerdo municipal y contienen argumentos coincidentes. El Acuerdo No. 162, aprobado por el Concejo Municipal de Panamá a solicitud del alcalde Mayer Mizrachi, transformó el antiguo cuerpo de vigilantes municipales —creado para custodiar parques, mercados y bienes del municipio— en una estructura con rangos como cabos, sargentos, tenientes, capitanes y mayor. También le otorgó nuevas facultades, entre ellas realizar requisas corporales, registrar vehículos, efectuar aprehensiones y portar armas de fuego. La creación de ese cuerpo ha sido cuestionada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien en agosto pasado calificó de inconstitucional el nuevo concepto de Policía Municipal y sostuvo que ese cuerpo nació para cuidar parques y monumentos y “no se puede transformar en otra policía”. “Ojalásetumbeeso”,expresó entonces el mandatario. Gómez Rudy también se ha pronunciado sobre el fondo de las demandas. El procurador opinó que algunas de las facultades atribuidas a la Policía Municipal, como el reclutamiento, la requisa corporal, el registro de vehículos, el uso de la fuerza no letal y letal, la aprehensión y la detención preventiva, entre otras, “contemplan reglas que pueden significar la puesta en funcionamiento de un cuerpo policial paralelo al servicio de policía nacido por ley”. El procurador estimó que la Constitución establece que Panamá no tendrá ejército y que el presidente de la República es el jefe de todos los servicios de policía, los cuales estarán subordinados al poder civil. La Corte Suprema abrió el pasado miércoles el período para la presentación de alegatos en ambas demandas, a fin de que los interesados expresen sus argumentos sobre la constitucionalidad o no del citado acuerdo. Este período se extenderá por 10 días hábiles. Posteriormente, el magistrado ponente deberá elaborar un proyecto de fallo, que circulará por los despachos de los otros ocho magistrados que integran el Pleno de la Corte para que emitan su opinión. La controversia también se tramita por otra vía en la Corte. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo admitió una demanda de nulidad presentada por el Ministerio de Seguridad Pública contra el mismo Acuerdo No. 162. El recurso tiene como objetivo anular el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal a solicitud de Mizrachi. El Ministerio de Seguridad sostiene que la norma transformó el entonces Departamento de Vigilancia de la Alcaldía en una Policía Municipal con nuevas funciones y una estructura más profesional y jerarquizada, invadiendo competencias que corresponden a los estamentos de seguridad del Estado. Antes de esta acción, la Policía Nacional había presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo No. 162, pero el recurso no fue admitido por la Corte por razones formales. Posteriormente, el Ministerio de Seguridad optó por la vía contencioso-administrativa y presentó la demanda de nulidad que actualmente tramita la Sala Tercera. En ese proceso deberá abrirse también un período para la presentación de pruebas y argumentos de las partes. Mizrachi ha defendido la creación de la Policía Municipal y ha sostenido que este cuerpo busca complementar las tareas de seguridad que desarrolla la Policía Nacional en el distrito capital. La controversia tuvo recientemente otro episodio. El Ministerio de Gobierno exploró la posibilidad de incorporar a 75 agentes municipales a labores de apoyo del Sistema Penitenciario. Sin embargo, posteriormente informó que el acuerdo no llegó a formalizarse porque, tras su evaluación, se determinó que no era jurídicamente viable. Gabriel Martínez se convirtió en el imputado número 22 por ser parte de una red criminal que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) y que manipuló el sistema electrónico e-Tax 2.0. para apropiarse de créditos fiscales. Martínez está ligado a tres sociedades que presuntamente fueron utilizadas por la red como intermediarias para movilizar los fondos y colocar los créditos fiscales: Multiservicios Instant Express, Buzz Marketing 2.0. y Berajah Tikva & Company S.EP. En una audiencia celebrada el pasado jueves 10 de septiembre -un día después de su aprehensión por agentes policiales. la juez Clara Montenegro acogió la imputación de cargos presentada por el Ministerio Público y ordenó la detención provisional de Martínez, mientras se le investiga por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos y corrupción de funcionarios. La fiscal Elizabeth Carrión alegó ante la juez que Martínez era parte de la estructura criminal que operaba a lo interno de la DGI, que se dedicaba a manipulaciín y alteración de créditos fiscales que luego eran vendidos a empresas que los consideraban legítimos. A Martínez se le atribuye haber utilizado sociedades canasta para captar hasta $21 millones en créditos fiscales en asocio con funcionarios de la DGI. Martínez figura como tesorero de Multiservicios Instant Express, cuyo presidente actual es Juan Omar Palacio Batista. Hasta el año pasado, el presidente era Héctor Luna. Palacio y Luna fueron aprehendidos como parte de la operación Pandora, en junio pasado. De Palacio, otro fiscal -llamado Dagoberto Alvarado- lo ha descrito como “uno de los principales puntos de conexión dentro de la estructura financiera investigada, al mantener relación con diversas personas vinculadas al caso”. Luna y Palacio, a su vez, están vinculados a Berajah Tikva, la cual tiene como presidente y representante legal a Martínez. En cuanto a Buzz Marketing 2.0., Luna aparece como tesorero. Caso Pandora: ya son 22 los imputados por el fraude de los créditos fiscales de la DGI INVESTIGACIÓN Según las investigaciones que adelanta la fiscalía, estas tres sociedades eran utilizadas como canasta para la compraventa de los créditos fiscales. Martínez habría realizado pagados a funcionarios de la DGI. Se calcula que la red ocasionó una lesión patrimonial al Estado de por lo menos $40 millones. Entre los documentos que maneja la fiscalía, están las transcripciones de las comunicaciones interceptadas a los integrantes de la red, con detalles de cómo se realizaba la operación. La fiscalía también tiene declaraciones de Eduardo Silvestre y Rina Arza, quienes colaboran con la investigación, y dieron detalles de la participación de Martínez en el esquema que operaba dentro de la DGI. Silvestre era el jefe de Cuentas Corrientes de la DGI. Arza también fue funcionaria de la DGI. En la investigación, que ya alcanza 91 tomos, la fiscalía ha logrado establecer que la red tenía varios niveles operativos: estaban los funcionarios que alteraban el sistema e-Tax 2.0. para apropiarse de los créditos fiscales; otro grupo, conformado por abogados y operadores, creaba sociedades para colocar los créditos de manera temporal, y otro más se encargaba de su venta y la posterior distribución del botín. La juez Montenegro consideró que, en el caso de Martínez, la detención provisional era la medida cautelar más idónea, ya que existe riesgo de fuga y de alterar pruebas. La investigación se originó a partir de una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público el 2 de mayo de 2025, en la que se advertía sobre las actividades de los funcionarios de la DGI. Juan Manuel Díaz C. [email protected] La red que manipuló el sistema e-Tax 2.0 ocasionó una lesión patrimonial por un monto aproximado de $40 millones. 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