4A La Prensa Panamá, miércoles 9 de septiembre de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] APLAUSO. Más de la resaca de la toma de posesión de Ilya de Marotta. Ni diputados ni ministros ni otros manzanillos estaban invitados a la ceremonia de investidura, celebrada en las escalinatas de la ACP. Eso fue una muestra del Panamá que es posible, en donde los actos públicos importantes no se distinguen por la cantidad de manzanillos. Ese y otros muchos ejemplos debería estar tomando de la ACP cualquier gobierno, el que sea, que tenga un interés genuino por llevar a Panamá al siguiente nivel. Después de todo, el Canal somos todos. TUPÉ. El diputado Eduardo Vásquez, presidente de la Comisión de Presupuesto, pretende limitar el escrutinio a los funcionarios que acuden a sustentar, so pretexto de llevar “la fiesta en paz”. Ayer se molestó porque Luis Duke estaba interrogando al nuevo rector de Unachi, Absel Navarro. Si a Vásquez no le interesa el uso de cada centavo que desembolsa el Estado, es mejor que se vaya para su casa y permita que los demás pregunten y hagan su trabajo en paz. RAYOS. Por cierto, gracias a las preguntas de Duke, el país se enteró de que la Autoridad de Aduanas destina casi $3 millones anuales al mantenimiento de tres escáneres con tecnología de rayos X, del proveedor Rapiscan. Y si no les dan mantenimiento, se pierde la garantía, se dañan los equipos o se van al patio de chatarras. Negocio redondo. TARJETA. Hoy sustentan sus respectivos presupuestos el Metro de Panamá, S.A. y MiBus. Buena oportunidad para que resRector de la Unachi, Absel Navarro. Cortesía de la Asamblea Nacional Rector Navarro ante diputados: ‘Todo está paralizado’ en la Unachi José González Pinilla [email protected] COMISIÓN DE PRESUPUESTO El nuevo rector acudió a la Asamblea Nacional para la sustentación del presupuesto de la universidad para 2027, que asciende a $80.7 millones. Una semana después de asumir formalmente la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Absel Navarro aseguró que todavía no ha podido ejercer plenamente las funciones del cargo. El nuevo rector, quien sucedió a Etelvina de Bonagas, dijo ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que no ha podido nombrar a sus vicerrectores ni a los nuevos directivos de la institución. “Como rector ni siquiera he tenido la oportunidad en estos seis días de nombrar a los vicerrectores, a nombrar los nuevos directivos. No podemos realizar ninguna acción de personal”, aseguró Navarro, quien asumió el cargo el 31 de agosto. El nuevo rector acudió a la Comisión para la sustentación del presupuesto de la universidad para 2027, que asciende a $80.7 millones. La universidad, que durante la administración de Bonagas estuvo implicada en escándalos por nepotismo, había solicitado el Ministerio de Economía y Finanzas $118.8 millones. Navarro aseguró que, salvo él, los demás funcionarios de la nueva administración que ha designado tampoco han podido tomar posesión. El rector calificó la situación como un “limbo administrativo” y aseguró ante los diputados que la universidad está prácticamente paralizada. “No se ha podido realizar nada en materia de toma de decisiones”, dijo, al explicar que las cuentas de la institución están en cero y que la falta de recursos también ha impedido hacer movimientos en la planilla. Solo para cubrir la planilla hasta el cierre de 2026, Unachi requiere aproximadamente $30 millones. La administración de Unachi espera una reunión con funcionarios del MEF y de la Contraloría General de la República, prevista para este miércoles 9 de septiembre, en la que discutirán la situación financiera de esa casa de estudios superiores. El tema de la crisis surgió cuando el diputado Jonathan Vega, de la bancada Vamos, le preguntó por qué no había comenzado a realizar los cambios y ajustes que, según el propio rector, necesita la universidad. Navarro le respondió que no puede designar al personal de confianza ni hacer otras acciones de personalporlasituaciónpresupuestaria que enfrentan. Xiaomi Wong, director de Planificación designado de la Unachi, explicó que la estructura presupuestaria de la universidad “está en cero” y que cualquier movimiento de personal requiere de una partida presupuestaria que actualmente no existe. “Él no puede ni siquiera reducir, ni aumentar, ni descontar absolutamente nada porque no existe la partida presupuestaria”, sostuvo. Roberto Lugo, asesor técnico de la Dirección de Presupuesto de la Nación (DIPRENA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respaldó en parte esa explicación. Además, dijo que las universidades estatales cuentan con leyes especiales a favor de los funcionarios. Por ello advirtió que una destitución de cualquier servidor público puede ser impugnada y que no basta con una decisión “unilateral del rector” para realizar cambio de personal. Recorte de $38.1 millones Durante la sustentación, Navarro informó que el presupuesto solicitado por la Unachi para 2027 era de $118.8 millones, pero finalmente le recomendaron $80.7 millones, una diferencia de $38.1 millones. Según el rector, solo se podrían cubrir los gastos de funcionamiento hasta junio de 2027. Por eso pidió al Ejecutivo recursos adicionales para culminar el año. Juan Manuel Díaz [email protected] Una incapacidad de cinco días que acabó en los tribunales JUSTICIA Una funcionaria del Órgano Judicial y una doctora fueron llamadas a juicio por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, relacionada con la emisión de certificados de incapacidad utilizados para justificar una ausencia laboral y ocultar un viaje. La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en la provincia de Chiriquí, Elvia Pittí, llamó a juicio a ambas imputadas, luego de que el Ministerio Público presentara una serie de evidencias que las vinculan con los hechos investigados. La investigación se inició luego de que una doctora de servicio en la Policlínica Gustavo A. Ross, en la provincia de Chiriquí, emitiera un certificado de incapacidad por cinco días a favor de una funcionaria del Órgano Judicial. El período coincidía con un viaje que la funcionaria había realizado a Colombia. Durante la investigación, se solicitaron a la autoridad migratoria los registros de entrada y salida del país de la funcionaria judicial y se corroboró que los días de incapacidad coincidían con el viaje. La doctora enfrenta cargos por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, mientras que la funcionaria judicial está imputada por los delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso. El caso surgió a raíz de la verificación de los documentos aportados por la funcionaria para justificar su ausencia del puesto de trabajo, lo que dio lugar a la apertura de una investigación. El pasado 20 de agosto, el Ministerio de Salud (Minsa) modificó el procedimiento para verificar la autenticidad de los certificados médicos de incapacidad y estableció que las posibles conductas delictivas detectadas durante estas revisiones deberán ser denunciadas ante el Ministerio Público. El cambio establece que, cuando una autoridad regional de salud advierta una conducta presuntamente delictiva durante la verificación de un certificado, deberá poner el hecho en conocimiento del Ministerio Público mediante la denuncia correspondiente. El Minsa recalcó que un certificado médico de incapacidad debe ser un reflejo fiel de la atención brindada al paciente y debe ser emitido personalmente por el profesional de la salud que realizó la evaluación. Los cambios están contenidos en el Decreto Ejecutivo No. 29, publicado el 19 de agosto en la Gaceta Oficial, mediante el cual se modificó el Decreto Ejecutivo No. 17 del 11 de agosto de 2025, que estableció el procedimiento para solicitar la verificación de autenticidad de estos documentos. Las procesadas pueden enfrentar penas de cuatro a ocho años de prisión por el delito de falsedad ideológica, que consiste en introducir información falsa en un documento público. La sanción también puede conllevar la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. pondan por el desastre — aparentemente innecesario— con el cambio en el sistema de pago de pasajes del Metro. REFRENDO. Rubén Blades ha exteriorizado sus preferencias electorales (por si quedaba alguna duda…) y, en la próxima vuelta, estará con Vamos y no con Martín Torrijos y su partido en formación. Vamos caminando… Pa’lante y con fe… Presupuesto $80.7 Es el monto en millones de dólares del presupuesto recomendado por el MEF para la Unachi en 2027. $38.1 Diferencia en millones de dólares entre los $118.8 millones solicitados por la universidad y lo recomendado. Presidente Mulino sanciona ley del Olvido Oncológico El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 547, que establece en Panamá el derecho al olvido oncológico y busca evitar que las personas que han superado el cáncer sean discriminadas al acceder a servicios bancarios, créditos y seguros. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, las personas que hayan finalizado su tratamiento contra el cáncer y se hayan mantenido libres de recurrencia o reincidencia durante al menos cinco años no estarán obligadas a declarar que padecieron la enfermedad al momento de contratar estos servicios. La ley establece además que las empresas financieras y aseguradoras no podrán imponer, por ese antecedente médico, cláusulas, estipulaciones, exclusiones, restricciones, aumentos de primas o cualquier otra forma de discriminación cuando hayan transcurrido cinco años desde la finalización del tratamiento sin una recaída posterior. El concepto de olvido oncológico busca que una persona que haya superado una enfermedad oncológica no continúe siendo condicionada por ese antecedente médico una vez cumplido el periodo establecido sin una nueva manifestación de la enfermedad. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien también suscribió la nueva ley, destacó que Panamá se incorpora a una tendencia orientada a evitar que quienes han superado el cáncer enfrenten obstáculos financieros derivados de su historial médico. REFORMAS Getzalette Reyes [email protected]
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