1A La Prensa Panamá, miércoles 9 de septiembre de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 9 de septiembre de 2026 - Año 46 - Nº 15682 El expresidente de Copa Holdings analiza las oportunidades de Panamá y plantea prioridades en empleo, inversión, educación y productividad. VEA 1B Stanley Motta y las tareas de Panamá Hoy por hoy Como los bomberos, los contralores parecen no pisarse las mangueras. Quien hoy dirige la fiscalización asegura no haber encontrado razones para reprochar la actuación de su antecesor, pese a cuestionar decisiones adoptadas durante aquella gestión. Con esta afirmación incurre quizá en la más palpable inconsistencia de lo que va de su período. La Contraloría ha remitido cientos de auditorías al Ministerio Público, mantiene millones de dólares en bienes cautelados a exfuncionarios y ha puesto bajo la lupa actuaciones del gobierno pasado. Incluso impugnó una prórroga portuaria, refrendada durante la administración anterior y posteriormente declarada inconstitucional. Sin embargo, la responsabilidad parece detenerse antes de alcanzar a quien encabezaba la institución encargada de fiscalizar y refrendar. No se trata de presumir culpabilidades ni de fabricar delitos. Se trata de exigir explicaciones a quien tenía la obligación de fiscalizar. Porque si todos pueden ser responsables menos quien estaba al mando, el mensaje es perverso: el contralor nunca tiene la culpa. Vivir + El talento artístico también necesita salud mental 6B Andrade debuta en Champions League y se une a la élite 5B Deportes Flores impugnó PPC; ahora libra de reparos a Solís Eliana Morales Gil [email protected] FISCALIZACIÓN La valoración del contralor contrasta con sus críticas a decisiones de la administración anterior y las investigaciones contra figuras del gobierno de Cortizo. El principal responsable de fiscalizar, controlar y refrendar el uso de los fondos públicos durante la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) no parece tener motivos para preocuparse. Gerardo Solís, contralor durante aquel quinquenio marcado por cuestionamientos sobre el manejo de recursos estatales, recibió una inesperada valoración de su sucesor: Anel Flores asegura que, después de revisar los números y papeles de la institución, no tiene reparos que formularle. La conclusión resulta llamativa porque la propia Contraloría de Flores ha revisado actuaciones de aquel período, ha remitido cientos de auditorías al Ministerio Público y ha puesto bajo la lupa a antiguos altos fun113 mil jóvenes buscan una oportunidad para trabajar En Panamá, 113 mil 347 jóvenes menores de 29 años están desempleados, cifra que refleja las dificultades para ingresar al mercado laboral. Una de las principales barreras es conocida: las empresas piden experiencia, pero conseguirla requiere una primera oportunidad. Frente a ese escenario, el gobierno de José Raúl Mulino y el sector privado pusieron en marcha el Programa de Pasantía, creado mediante la Ley 513. La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años y permite pasantías de hasta 40 horas semanales, con una retribución mensual de $450 y seguro privado. La experiencia será certificada para fines laborales, aunque la pasantía no constituye una relación laboral ni obliga a la empresa a contratar. VEA 1B Alis Fernández [email protected] La mayoría de los diputados estrecha vínculos con Taiwán GEOPOLÍTICA Eliana Morales Gil [email protected] La Asamblea Nacional instaló un Grupo de Amistad Parlamentaria Panamá-Taiwán, integrado por 43 de los 71 diputados. La iniciativa formaliza los acercamientos iniciados con tres viajes de diputados a Taipéi desde noviembre de 2025 y abre la posibilidad de promover una oficina comercial taiwanesa en Panamá. ElpresidentedelaRepública, José Raúl Mulino, tomó distancia de estas gestiones y recordó que la conducción de la política exterior corresponde al Ejecutivo. Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en junio de 2017 para reconocer a la República Popular China bajo la política de una sola China. China considera a Taiwán una parte inalienable de su territorio y rechaza cualquier intento de independencia de la isla. VEA 9A cionarios. Más aún: Flores cuestionó como “leonina” y “abusiva” la prórroga de la concesión a Panama Ports Company, una decisión en la que intervino Solís y que posteriormente fue declarada inconstitucional. “No tengo ningún indicio, dentro de los números y papeles que nosotros manejamos, de que él haya cometido algún error”, dijo Flores cuando el diputado Jhonathan Vega le preguntó directamente por la actuación de Solís. VEA 2A Se fue el Tigre Ismael Laguna; queda la leyenda El ícono del pugilismo panameño de las décadas de 1960 y 1970 falleció ayer a los 83 años. El Tigre de Colón fue dos veces campeón mundial del peso ligero y jamás fue derribado durante su brillante carrera. VEA 5B No tengo ningún indicio, dentro de los números y papeles que nosotros manejamos, de que él haya cometido algún error”. “ Gerardo Solís y Anel Flores Archivo Panamá-Taiwán Un nuevo canal parlamentario Thomas Christiansen sella su continuidad hasta 2030 La Federación Panameña de Fútbol formalizó la continuidad de Thomas Christiansen al frente de la selección de Panamá hasta 2030. El técnico, que asumió el cargo en 2020 y clasificó al equipo al Mundial de 2026, encabezará un nuevo ciclo mundialista.
2A La Prensa Panamá, miércoles 9 de septiembre de 2026 Juan Manuel Díaz [email protected] José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de la República. Alexander Arosemena La audiencia de acusación a Gaby será el 13 de octubre INVESTIGACIÓN El próximo 13 de octubre, fecha en la que se celebrará la audiencia para la presentación de la acusación al exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo, se conocerán cuáles son las pruebas que sustentan los cargos en su contra por presunto enriquecimiento injustificado. La audiencia debía realizarse el lunes 7 de septiembre, pero fue pospuesta hasta definir la situación jurídica de un apartamento ubicado en el PH Marea 1, en Costa del Este, que se encuentra cautelado por una orden de la fiscalía. La fiscal anticorrupción Patricia Herrera ordenó la aprehensión de ese apartamento, el 30 de junio pasado, apelando al artículo 351 del Código Penal que establece que “se entenderá que hay enriquecimiento injustificado, no solo cuando el patrimonio se hubiera aumentado con dinero, cosas o bienes, respecto a sus ingresos legítimos, sino también cuando se hubieran cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban”. Posteriormente, un juez de garantías suspendió la medida cautelar que pesaba contra dicha propiedad, decisión que fue apelada por la fiscalía. La audiencia de apelación será el 23 de septiembre. El apartamento fue adquirido el 24 de mayo de 2019, tres semanas después de que Carrizo se convirtiera en vicepresidente electo -tomó posesión el 1 de julio de ese año-. El inmueble está a nombre de Nano Properties, Corp., cuya representante legal es Julieta Spiegel de Carrizo; el vicepresidente es el beneficiario del 100% de las acciones de dicha sociedad. La fiscalía alega que Carrizo utilizó dinero (cuyo origen no ha podido justificar) para realizar pagos relacionados con la adquisición del apartamento, hecho que es refutado por sus abogados. De acuerdo con el Código Penal, Carrizo, si es hallado culpable, enfrentaría una pena de seis a 12 años de prisión si lo injustificadamente obtenido supera la suma de $100,000. El precio de compraventa del apartamento fue de $1.44 millones. Una auditoría forense realizada por la Contraloría encontré que Carrizo, en el ejercicio del cargo, obtuvo “recursos” por poco más de $1.9 millones que no ha podido justificar. Anel Flores y Gerardo Solís. LP ‘No tengo ningún indicio de que él haya cometido algún error’ Eliana Morales Gil [email protected] FISCALIZACIÓN La postura de Anel Flores sobre la gestión de su antecesor sorprende por los cuestionamientos que él mismo hizo a decisiones de Gerardo Solís y por las investigaciones abiertas contra figuras de su entorno. El contralor Anel Flores dijo que no encontró “indicios” de que su antecesor Gerardo Solís “haya cometido algún error” en el ejercicio del cargo. “No tengo ningún indicio, dentro de los números y papeles que nosotros manejamos, de que él haya cometido algún error”, respondió Flores el pasado lunes, cuando el diputado Jhonathan Vega, de la bancada Vamos, le preguntó por Solís en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a donde acudió a sustentar los fondos con los que trabajará la Contraloría en el año 2027. Estas declaraciones han sorprendido, no solo por la ampliamente conocida y cuestionada trayectoria de Solís, sino también porque el propio Flores, en anteriores ocasiones, había expresado su descontento. El legado de Solís Desde que salió del puesto, en diciembre de 2024, Solís hizo del silencio una norma. Casi nunca da declaraciones, ni siquiera para defenderse o justificarse ante la opinión pública. Tampoco participa en eventos ni actos públicos. En cambio, cuando era contralor, estaba en todas partes y era muy locuaz. En sus cinco años como contralor justificó el aumento de la planilla estatal del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024); justificó los equilibrios contractuales; minimizó los escándalos del Ejecutivo (hospital modular, la compra de ventiladores, el Gordito de la Lotería, la descentralización paralela); desatendió solicitudes de auditorías clave para investigar casos de corrupción, y pregonaba que su labor “era corregir, no investigar”. Solís tampoco tuvo problema en refrendar un nuevo contrato de concesión con Minera Panamá, apenas tres días después de que el Consejo de Gabinete lo aprobara. También refrendó la prórroga automática del contrato con Panama Ports Company (PPC). Ambos fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Sobre la prórroga a favor de PPC, el mismo Flores la tildó de “leonina” y “abusiva” y ordenó una nueva auditoría. También mostró públicamente su afecto por personajes controvertidos. Del diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson, dijo que “ojalá tuviera más peso del que tiene ahora”. Y a su exasesora Odila Castillo la llamó la mejor abogada en derecho administrativo del país y quien mejor conoce las contrataciones públicas. ‘Cero investigaciones y tanto escándalos’ Cuando el diputado Vega escuchó la respuesta del contralor Flores, no tardó en replicar. “Yo sí discrepo. Este señor [Solís] era el que firmaba y refrendaba. Era el que ponía su firma allí. Al final del día existieron una serie de situaciones con relación al equilibrio contractual y otras medidas también. Hoy por hoy, simplemente está en su casa. Nadie lo investiga y no pasa nada. Me sorprende. Siendo esta persona la que firmaba está tranquilo en su casa, relajado. Cero investigaciones y tantos escándalos alrededor de esta persona”, dijo Vega. Probablemente el episodio que más ruido produjo en la gestión de Solís fue su rol en la concesión de PP. El excontralor y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) interpretaron erróneamente que la concesión debía prorrogarse automáticamente hasta el año 2047. Lo dice el fallo de la CSJ que declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, norma que le tralor Solís, simplemente le está dando un carpetazo a la opinión pública y está negando el derecho que tiene la población panameña de saber, de conocer y de que se investigue hasta el fondo lo que sucedió durante esa terrible gestión de la Contraloría General de la República”. Leah de Brosner, activista anticorrupción y consultora de gobierno abierto, dijo que Flores “se ha limitado a una revisión superficial de formalidades en el papel”. Recordó la falta de fiscalización y escándalos como el de la descentralización paralela y los auxilios económicos, que Solís ignoró, y recalcó que gente de su círculo de confianza está hoy bajo investigación por enriquecimiento injustificado. En esa misma comparecencia, Flores presumió otra cifra: la Contraloría acumula cerca de $50 millones en bienes cautelados a exfuncionarios de Cortizo por presunto enriquecimiento injustificado, con 601 auditorías entregadas al Ministerio Público hasta el 31 de julio. En la lista están Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos; Enrique Lau Cortés, exdirector de la Caja de Seguro Social; Noriel Araúz, el mismo que dirigía la AMP cuando esta avaló la prórroga a PPC; Nadia Del Río Fernández, exfuncionaria del Ministerio de la Presidencia, y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo. A esa lista se suma Zenia Vásquez de Palacios, la mujer que fue secretaria general de la Contraloría y mano derecha de Solís, hoy bajo arresto domiciliario, también por presunto enriquecimiento. Flores encontró indicios contra prácticamente todo el círculo de Cortizo. Pero, contra su antecesor directo, el que firmaba y refrendaba, dice que no tiene ninguno. dio vida a la concesión que permitió a PPC operar dos puertos de contenedores en las riberas del Canal durante 30 años. De hecho, Solís formó parte de la junta directiva de la AMP que debatió el tema y que luego instruyó al administrador de la AMP, Noriel Arauz, a prorrogar la concesión de PPC, sin siquiera revisar o actualizar las tarifas. La prórroga se hizo sobre la base de una supuesta auditoría forense de la Contraloría que determinó que la portuaria había cumplido con sus compromisos contractuales. El contrato ley había sido demandado por inconstitucional en dos ocasiones. La primera la presentaron los abogados Norman Castro y JulioFidelMacías.Lasegunda, el abogado Antonio Moreno Correa, por instrucciones del propio Flores, quien reemplazó a Solís en el cargo en enero de 2025. ‘Muestra de complicidad’ ¿Por qué Flores no habla de Solís? “Creo que la decisión del contralor Flores es una muestra de complicidad. Simplemente hay demasiados intereses políticos, económicos, empresariales y de otra naturaleza que producen esta especie de pacto de impunidad”, manifestó el abogado Rodrigo Noriega. El jurista añadió que “al decir que no hay nada que investigar en la gestión del conPanorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom
3A La Prensa Panamá, miércoles 9 de septiembre de 2026
4A La Prensa Panamá, miércoles 9 de septiembre de 2026 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] APLAUSO. Más de la resaca de la toma de posesión de Ilya de Marotta. Ni diputados ni ministros ni otros manzanillos estaban invitados a la ceremonia de investidura, celebrada en las escalinatas de la ACP. Eso fue una muestra del Panamá que es posible, en donde los actos públicos importantes no se distinguen por la cantidad de manzanillos. Ese y otros muchos ejemplos debería estar tomando de la ACP cualquier gobierno, el que sea, que tenga un interés genuino por llevar a Panamá al siguiente nivel. Después de todo, el Canal somos todos. TUPÉ. El diputado Eduardo Vásquez, presidente de la Comisión de Presupuesto, pretende limitar el escrutinio a los funcionarios que acuden a sustentar, so pretexto de llevar “la fiesta en paz”. Ayer se molestó porque Luis Duke estaba interrogando al nuevo rector de Unachi, Absel Navarro. Si a Vásquez no le interesa el uso de cada centavo que desembolsa el Estado, es mejor que se vaya para su casa y permita que los demás pregunten y hagan su trabajo en paz. RAYOS. Por cierto, gracias a las preguntas de Duke, el país se enteró de que la Autoridad de Aduanas destina casi $3 millones anuales al mantenimiento de tres escáneres con tecnología de rayos X, del proveedor Rapiscan. Y si no les dan mantenimiento, se pierde la garantía, se dañan los equipos o se van al patio de chatarras. Negocio redondo. TARJETA. Hoy sustentan sus respectivos presupuestos el Metro de Panamá, S.A. y MiBus. Buena oportunidad para que resRector de la Unachi, Absel Navarro. Cortesía de la Asamblea Nacional Rector Navarro ante diputados: ‘Todo está paralizado’ en la Unachi José González Pinilla [email protected] COMISIÓN DE PRESUPUESTO El nuevo rector acudió a la Asamblea Nacional para la sustentación del presupuesto de la universidad para 2027, que asciende a $80.7 millones. Una semana después de asumir formalmente la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Absel Navarro aseguró que todavía no ha podido ejercer plenamente las funciones del cargo. El nuevo rector, quien sucedió a Etelvina de Bonagas, dijo ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que no ha podido nombrar a sus vicerrectores ni a los nuevos directivos de la institución. “Como rector ni siquiera he tenido la oportunidad en estos seis días de nombrar a los vicerrectores, a nombrar los nuevos directivos. No podemos realizar ninguna acción de personal”, aseguró Navarro, quien asumió el cargo el 31 de agosto. El nuevo rector acudió a la Comisión para la sustentación del presupuesto de la universidad para 2027, que asciende a $80.7 millones. La universidad, que durante la administración de Bonagas estuvo implicada en escándalos por nepotismo, había solicitado el Ministerio de Economía y Finanzas $118.8 millones. Navarro aseguró que, salvo él, los demás funcionarios de la nueva administración que ha designado tampoco han podido tomar posesión. El rector calificó la situación como un “limbo administrativo” y aseguró ante los diputados que la universidad está prácticamente paralizada. “No se ha podido realizar nada en materia de toma de decisiones”, dijo, al explicar que las cuentas de la institución están en cero y que la falta de recursos también ha impedido hacer movimientos en la planilla. Solo para cubrir la planilla hasta el cierre de 2026, Unachi requiere aproximadamente $30 millones. La administración de Unachi espera una reunión con funcionarios del MEF y de la Contraloría General de la República, prevista para este miércoles 9 de septiembre, en la que discutirán la situación financiera de esa casa de estudios superiores. El tema de la crisis surgió cuando el diputado Jonathan Vega, de la bancada Vamos, le preguntó por qué no había comenzado a realizar los cambios y ajustes que, según el propio rector, necesita la universidad. Navarro le respondió que no puede designar al personal de confianza ni hacer otras acciones de personalporlasituaciónpresupuestaria que enfrentan. Xiaomi Wong, director de Planificación designado de la Unachi, explicó que la estructura presupuestaria de la universidad “está en cero” y que cualquier movimiento de personal requiere de una partida presupuestaria que actualmente no existe. “Él no puede ni siquiera reducir, ni aumentar, ni descontar absolutamente nada porque no existe la partida presupuestaria”, sostuvo. Roberto Lugo, asesor técnico de la Dirección de Presupuesto de la Nación (DIPRENA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respaldó en parte esa explicación. Además, dijo que las universidades estatales cuentan con leyes especiales a favor de los funcionarios. Por ello advirtió que una destitución de cualquier servidor público puede ser impugnada y que no basta con una decisión “unilateral del rector” para realizar cambio de personal. Recorte de $38.1 millones Durante la sustentación, Navarro informó que el presupuesto solicitado por la Unachi para 2027 era de $118.8 millones, pero finalmente le recomendaron $80.7 millones, una diferencia de $38.1 millones. Según el rector, solo se podrían cubrir los gastos de funcionamiento hasta junio de 2027. Por eso pidió al Ejecutivo recursos adicionales para culminar el año. Juan Manuel Díaz [email protected] Una incapacidad de cinco días que acabó en los tribunales JUSTICIA Una funcionaria del Órgano Judicial y una doctora fueron llamadas a juicio por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, relacionada con la emisión de certificados de incapacidad utilizados para justificar una ausencia laboral y ocultar un viaje. La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en la provincia de Chiriquí, Elvia Pittí, llamó a juicio a ambas imputadas, luego de que el Ministerio Público presentara una serie de evidencias que las vinculan con los hechos investigados. La investigación se inició luego de que una doctora de servicio en la Policlínica Gustavo A. Ross, en la provincia de Chiriquí, emitiera un certificado de incapacidad por cinco días a favor de una funcionaria del Órgano Judicial. El período coincidía con un viaje que la funcionaria había realizado a Colombia. Durante la investigación, se solicitaron a la autoridad migratoria los registros de entrada y salida del país de la funcionaria judicial y se corroboró que los días de incapacidad coincidían con el viaje. La doctora enfrenta cargos por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, mientras que la funcionaria judicial está imputada por los delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso. El caso surgió a raíz de la verificación de los documentos aportados por la funcionaria para justificar su ausencia del puesto de trabajo, lo que dio lugar a la apertura de una investigación. El pasado 20 de agosto, el Ministerio de Salud (Minsa) modificó el procedimiento para verificar la autenticidad de los certificados médicos de incapacidad y estableció que las posibles conductas delictivas detectadas durante estas revisiones deberán ser denunciadas ante el Ministerio Público. El cambio establece que, cuando una autoridad regional de salud advierta una conducta presuntamente delictiva durante la verificación de un certificado, deberá poner el hecho en conocimiento del Ministerio Público mediante la denuncia correspondiente. El Minsa recalcó que un certificado médico de incapacidad debe ser un reflejo fiel de la atención brindada al paciente y debe ser emitido personalmente por el profesional de la salud que realizó la evaluación. Los cambios están contenidos en el Decreto Ejecutivo No. 29, publicado el 19 de agosto en la Gaceta Oficial, mediante el cual se modificó el Decreto Ejecutivo No. 17 del 11 de agosto de 2025, que estableció el procedimiento para solicitar la verificación de autenticidad de estos documentos. Las procesadas pueden enfrentar penas de cuatro a ocho años de prisión por el delito de falsedad ideológica, que consiste en introducir información falsa en un documento público. La sanción también puede conllevar la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. pondan por el desastre — aparentemente innecesario— con el cambio en el sistema de pago de pasajes del Metro. REFRENDO. Rubén Blades ha exteriorizado sus preferencias electorales (por si quedaba alguna duda…) y, en la próxima vuelta, estará con Vamos y no con Martín Torrijos y su partido en formación. Vamos caminando… Pa’lante y con fe… Presupuesto $80.7 Es el monto en millones de dólares del presupuesto recomendado por el MEF para la Unachi en 2027. $38.1 Diferencia en millones de dólares entre los $118.8 millones solicitados por la universidad y lo recomendado. Presidente Mulino sanciona ley del Olvido Oncológico El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 547, que establece en Panamá el derecho al olvido oncológico y busca evitar que las personas que han superado el cáncer sean discriminadas al acceder a servicios bancarios, créditos y seguros. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, las personas que hayan finalizado su tratamiento contra el cáncer y se hayan mantenido libres de recurrencia o reincidencia durante al menos cinco años no estarán obligadas a declarar que padecieron la enfermedad al momento de contratar estos servicios. La ley establece además que las empresas financieras y aseguradoras no podrán imponer, por ese antecedente médico, cláusulas, estipulaciones, exclusiones, restricciones, aumentos de primas o cualquier otra forma de discriminación cuando hayan transcurrido cinco años desde la finalización del tratamiento sin una recaída posterior. El concepto de olvido oncológico busca que una persona que haya superado una enfermedad oncológica no continúe siendo condicionada por ese antecedente médico una vez cumplido el periodo establecido sin una nueva manifestación de la enfermedad. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien también suscribió la nueva ley, destacó que Panamá se incorpora a una tendencia orientada a evitar que quienes han superado el cáncer enfrenten obstáculos financieros derivados de su historial médico. REFORMAS Getzalette Reyes [email protected]
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6A La Prensa Panamá, miércoles 9 de septiembre de 2026 La factura de agua de la mina Como si la mina de Donoso no hubiese dejado suficientes facturas para Panamá, hay una de la que hemos hablado poco y que podría seguir creciendo si se reabre: la del agua. La mina nos ha costado en polarización social y en daño ambiental; ha envenenado el debate público con cuentas pagadas para desacreditar sistemáticamente a sus críticos y hasta ha erosionado la poca institucionalidad, al generar un dañino doble estándar para la aplicación de los fallos de la Corte. Mientras Panama Ports recogió maletas y se fue, Cobre Panamá volvió a exportar concentrado de cobre sin contrato, amparada en un decreto del MICI que ya fue demandado. De esta última exportación de 33 mil toneladas nos enteramos por la empresa. El Gobierno ni ha dicho cuánto le toca a Panamá. Curioso, después de que el propio presidente asegurara que “ese cobre es de los panameños”. Pues bien, a esa larga lista hay que agregarle un recurso sorprendentemente ausente del debate, pese a ser prioridad nacional: el agua. ¿Cuánta agua necesita una mina? Demasiada. La minería de cobre es muy intensiva en agua. Un estudio internacional calcula un promedio de 70,400 litros por tonelada producida, equivalente al consumo diario de unos 176 panameños. La propia Cobre Panamá reportó 153.5 millones de metros cúbicos de lluvia como entrada de agua a la mina en 2022, año en el que produjo 350,438 toneladas de cobre. Que provenga del cielo no significa que sea agua que sobra. Esa misma agua alimenta suelos, ríos, acuíferos y ecosistemas. Los datos adquieren otra dimensión cuando Panamá declara un estado de emergencia nacional ante la llegada de un “súper Niño”. Este fenómeno tiene dos caras y ninguna le sienta bien a la mina. 1. Cuando el agua falta El Canal aprendió la lección de El Niño de 2023 y ya administra la escasez de agua reduciendo los tránsitos diarios. Pero desde 2024 hay un elemento adicional. Por decisión de la Corte, los límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal volvieron a ser los establecidos en 1999, dejando un traslape con el área que fue concesionada a Cobre Panamá. Rodrigo Noriega calcula que son unas 4,500 hectáreas y las llamó las hectáreas “de la vergüenza”. La propia administradora, Ilya Espino de Marotta, ha reconocido que existe un área impactada y que la ACP estudia el plan de manejo ambiental y las medidas de mitigación necesarias. Incluso analiza si un eventual drenaje ácido proveniente de los relaves podría desplazarse subterráneamente hacia el lago Gatún, una posibilidad que la ACP considera poco factible, pero suficientemente relevante para estudiarla. Aquí no debería haber espacio para ambigüedades. Los lagos del Canal abastecen de agua a más de dos millones de personas y sostienen el principal activo estratégico del país. Río Indio busca precisamente garantizar esa seguridad hídrica a largo plazo. Las prioridades son claras: primero, el agua para la gente; después, el Canal. La mina no. En tiempos de escasez, es un contrasentido avanzar —¿o más bien retroceder?— hacia la reapertura de una mina que necesita tanta agua. 2. Cuando el agua sobra La otra cara de “El Niño” son las lluvias extremas. Y esa tampoco le sienta bien a la mina. Una mina de las dimensiones de Cobre Panamá debe manejar enormes volúmenes de precipitaciones, escorrentías y agua contaminada, especialmente en sus gigantescas tinas de relaves. En el mundo se han documentado más de 400 accidentes en estas instalaciones. ONU Medio Ambiente advierte que las lluvias intensas han sido un factor en uno de caLa CSS busca 77 médicos para llenar plazas. La demanda siempre es alta. Archivo ¿Por qué el déficit de especialistas en la CSS? Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA Demoras en contrataciones, burocracia, falta de equipos, insumos y medicamentos, y limitaciones para ejercer hacen poco atractivas las plazas para especialistas en la CSS. El problema de las 77 plazas para médicos especialistas que siguen vacantes en la Caja de Seguro Social (CSS) no se reduce, a juicio del Colegio Médico de Panamá, al salario ni a la disposición de los profesionales para trabajar en el sistema público. Marcos Young, director nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, sostuvo ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que se trata de un problema “sistémico”, que involucra la distribución de los especialistas, la formación, los procesos de contratación y las dificultades para que permanezcan en determinadas regiones. A partir de ese planteamiento, La Prensa consultó a Raquel Gutiérrez de Mock, presidenta del Colegio Médico de Panamá, sobre qué otros factores pueden explicar por qué algunas plazas siguen sin cubrirse y qué condiciones influyen en la decisión de un especialista de aceptar o permanecer en el sistema público. Más que una diferencia salarial Para el Colegio Médico, comparar únicamente los ingresos del sector público con los del privado deja fuera otros factores que inciden directamente en el ejercicio profesional. El gremio señala problemas de gestión y organización, retrasos en los nombramientos y contrataciones, burocracia y dificultades para disponer de equipos, insumos, medicamentos y tecnología. También menciona la falta de personal de apoyo y las limitaciones de tiempo para la atención clínica y quirúrgica. Estas deficiencias, advierte el Colegio Médico, no solo dificultan el ejercicio profesional, sino que pueden afectar la oportunidad y seguridad de la atención y hacer menos atractivas determinadas plazas. A esto se suma la incertidumbre generada por los trámites administrativos y los tiempos de contratación. Para un profesional que termina una residencia, la decisión no depende únicamente del salario, sino también de dónde trabajará, con qué recursos contará y qué respaldo tendrá para ejercer su especialidad. El problema también puede comenzar en la residencia El Colegio Médico pone la mirada incluso antes de que el especialista ocupe una plaza. Durante la formación, señala, los médicos enfrentan jornadas exigentes y pueden encontrarse con limitaciones operativas, escasez de recursos y falta de apoyo institucional. También pueden surgir incertidumbres relacionadas con los nombramientos, los trámites administrativos y las condiciones en las que podrán incorporarse posteriormente al sistema. Por eso, formar más especialistas no necesariamente resuelve por sí solo el déficit. Aumentar los cupos de formación puede incrementar el número de profesionales disponibles, pero si el sistema no cuenta con mecanismos ágiles para incorporarlos y condiciones adecuadas para ejercer, persistirán las dificultades para cubrir determinadas plazas. Cuando una plaza existe, pero no resulta atractiva La existencia de una vacante no significa necesariamente que el puesto resulte atractivo para quien podría ocuparlo. Según el Colegio Médico, factores como la carga laboral, la disponibilidad de recursos, el respaldo institucional, las posibilidades de desarrollo profesional y la organización del servicio pueden pesar en la decisión de un especialista. También influye el entorno en el que desarrolla su práctica. El gremio plantea la necesidad de contar con espacios de trabajo seguros y respetuosos, equipos adecuados y una relación de colaboración entre médicos, personal de salud y administración. Para el gremio, esas condiciones pueden determinar no solo si un especialista acepta una plaza, sino también cuánto tiempo está dispuesto a permanecer en ella. Una política que mire más allá de la vacante Para el Colegio Médico, Panamá necesita una política nacional de recursos humanos en salud que parta de las necesidades reales de cada región, hospital y servicio. Eso supone determinar qué especialistas hacen falta y dónde, pero también garantizar procesos de contratación oportunos, presupuesto, infraestructura, equipos, medicamentos, personal de apoyo y tiempo clínico y quirúrgico. La planificación debería vincular la formación de especialistas con las necesidades futuras de cada región y servicio. Pero, según el gremio, esa planificación debe ir acompañada de mecanismos de incorporación claros y oportunos. También plantea establecer estrategias para atraer profesionales a las regiones con mayores dificultades y crear condiciones que hagan posible su permanencia. El planteamiento del Colegio Médico lleva la discusión a una pregunta que va más allá de la cantidad de plazas disponibles: ¿qué encuentra un especialista cuando llega alsistemapúblico? Porque formar especialistas es solo una parte de la solución. La otra es construir un sistema público en el que puedan ejercer con recursos, respaldo y condiciones dignas. El desafío no es únicamente ocupar una plaza: es lograr que el especialista quiera llegar, pueda hacer bien su trabajo y tenga razones para quedarse. ¿Por qué quedan vacantes las plazas de especialistas? Contratación Recursos Condiciones de trabajo Formación Retención Regiones Demoras en nombramientos y contrataciones, además de trámites burocráticos. Falta o insuficiencia de equipos, insumos, medicamentos y tecnología. Limitaciones de tiempo clínico y quirúrgico, personal insuficiente y poco apoyo administrativo. Jornadas exigentes, limitaciones operativas y, en ocasiones, falta de acompañamiento institucional. Las condiciones laborales y administrativas pueden llevar a los especialistas a buscar otras instituciones, otros sectores o emigrar. Las plazas en zonas con mayores dificultades geográficas, operativas o sociales pueden ser más difíciles de cubrir. EL PROBLEMA ¿QUÉ SEÑALA EL COLEGIO MÉDICO? Fuente: xxxxxxx da cuatro de estos desastres. No es poca cosa para Panamá, uno de los países más lluviosos del mundo. La pregunta no es solo cuánta agua necesita la mina cuando falta, sino qué riesgos genera cuando sobra. Más aún cuando nuestras instituciones han demostrado ser incapaces de fiscalizar y castigar a quienes contaminan las fuentes de agua. La crisis de Azuero se ha prolongado por 15 meses, pese a que hablamos de porquerizas y otros focos de contaminación mucho menores que una mina. Si el Estado no ha podido garantizar agua potable ni poner orden allí, ¿cómo pretende fiscalizar una mina del tamaño de San Miguelito? Ilya Espino de Marotta lo resumió bien: “Sin agua, lo demás pierde relevancia”. Tenemos comunidades entodoelpaíssinagua,ríos contaminados y un Canal que necesita cada gota que podamos asegurar. Antes de seguir hablando de reapertura, quizás convenga preguntarnos algo más elemental: ¿de verdad necesitamos una mina que también nos pase factura en agua? Panorama
7A La Prensa Panamá, miércoles 9 de septiembre de 2026
8A La Prensa Panamá, miércoles 9 de septiembre de 2026 El 13 de julio de 2023, la Embajada de Estados Unidos donó a la Autoridad Nacional de Aduanas cuatro escáneres de contenedores Rapiscan Eagle M60, valorados en $15 millones, para fortalecer el control portuario y aduanero del país. Cortesía Aduanas sumará 400 nuevos funcionarios con un costo salarial anual de $8.6 millones José González Pinilla [email protected] PLANILLA ESTATAL La entidad cuenta con una nómina de unos 1,700 funcionarios, 287 de los cuales están en edad de jubilación. Además, cerca del 20% de la planilla presenta alguna limitación para desempeñar funciones operativas. La Autoridad Nacional de Aduanas tiene previsto aumentar su planilla durante el periodo 2026-2029. Soraya Valdivieso, directora de la institución, justificó el incremento de funcionarios al señalar que necesitan más personal para “garantizar la operación 24/7”. Explicó que el plan contempla incorporar 400 funcionarios de manera escalonada entre 2026 y 2029. De ese total, 60 ya fueron incluidos este año. Para 2027 está prevista la contratación de otros 100 funcionarios, cuyo costo salarial será de $2.1 millones. Para 2028 se incorporarían 120 funcionarios adicionales y, en 2029, otros 120, con lo que se completaría la incorporación de los 400 funcionarios. Una vez completado el plan, el costo salarial anual de estos 400 funcionarios ascendería a $8.6 millones. Valdivieso acudió el lunes a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar el presupuesto de la entidad para 2027, que asciende a $53.7 millones. Durante su comparecencia, recordó que cuando ingresó a la institución, en julio de 2024, la planilla general de Aduanas era de 1,701 funcionarios. Posteriormente, cerca de 300 servidores públicos fueron destituidos por diversas razones.Esas posiciones, según Valdivieso, fueron ocupadas luego por “personas idóneas, técnicos o de carrera”. La directora señaló que actualmente la institución continúa enfrentando dificultades debido a que cuenta con funcionarios que no cumplen con los requerimientos necesarios para determinadas posiciones. Según Valdivieso, el 60% de la planilla cuenta con bachillerato o un nivel educativo inferior, lo que limita la posibilidad de disponer de personal especializado para las áreas técnicas que requiere la institución. Además, indicó que 353 funcionarios presentan algún tipo de limitación para la disponibilidad operativa y que muchos están amparados por leyes especiales. A esto se suman 287 funcionarios que se encuentran en edad de jubilación. “Lo que evidencia la necesidad de un relevo generacional planificado”, dijo la directora. Flota deteriorada La funcionaria también anunció la adquisición de nuevos vehículos para la entidad. Aduanas prevé comprar cinco vehículos tipo pick-up, que serán utilizados por el Departamento de Fiscalización Aduanera. El costo estimado es de $240 mil. “No se pueden rentar”, dijo Valdivieso, al explicar que los vehículos deben contar con sirenas y el logo de la institución. Serán utilizados en puntos fronterizos, puertos y zonas aduaneras. Actualmente, Aduanas cuenta con una flota de 155 vehículos, la mayoría de los cuales ha superado su vida útil operativa. Escáneres requieren mantenimiento Sobre los escáneres, Valdivieso recordó que Estados Unidos donó estos equipos, valorados en hasta $20 millones, que están instalados en Divisa, Guabalá y el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Sin embargo, señaló que los equipos requieren mantenimiento. El costo es de aproximadamente $30 mil mensuales por cada escáner, por lo que el mantenimiento anual de los tres equipos supera los $3 millones. Nuevos funcionarios en Aduanas Año Cantidad Salario 2026 60 648,000 2027 100 2,148,906 2028 120 2,833,514 2029 120 2,833,514 Flota de vehículos en Aduanas Antigüedad Autos % de Flota 15 años o más 63 41% 10 a 14 años 60 39% 5 a 9 años 21 13% Menos de 5 años 11 7% Panorama
9A La Prensa Panamá, miércoles 9 de septiembre de 2026 Panorama Grupo de Amistad Parlamentaria Panamá-Taiwán. Foto: Cortesía Diputados estrechan vínculos con Taiwán; Mulino marca distancia Eliana Morales Gil [email protected] RELACIONES EXTERIORES El acercamiento de 43 diputados a Taiwán abre un nuevo frente en la política exterior panameña, mientras el Ejecutivo toma distancia y recalca que las relaciones internacionales son competencia del Gobierno. La Asamblea Nacional abrió un nuevo canal de acercamiento con Taiwán: instaló el denominado Grupo de Amistad Parlamentaria Panamá-Taiwán, integrado por 43 diputados dedistintasagrupacionespolíticas. La iniciativa institucionaliza los contactos que varios diputados han mantenido con Taipéi desde finales de 2025, pese a que Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en junio de 2017 y estableció vínculos con la República Popular China bajo la política de una sola China. El acto se realizó a puertas cerradas en el Salón Chanchoré, el cual está junto al pleno legislativo. Durante la reunión hubo intervenciones virtuales de autoridades de Taiwán y un mensaje grabado del congresista republicano estadounidense Mario Díaz-Balart. “Quiero felicitar y agradecer a la Asamblea de Panamá por este gesto tan importante, este comité parlamentario que reconoce la solidaridad con Taiwán. Panamá y Taiwán tienen tanto en común: prosperidad, libertad y democracia”, dijo Díaz-Balart en un video. El congresista de Florida añadió que en el Congreso de Estados Unidos existe un mecanismo similar y destacó la importancia del gesto de la Asamblea panameña. ‘Aliado democrático’ Consultado sobre el tema, el diputado José Pérez Barboni, uno de los integrantes del grupo, calificó la iniciativa como un paso para retomar el diálogo con un “aliado democrático”. Por su parte, el panameñista Medín Jiménez, presidente del grupo, manifestó que el objetivo es fortalecer los vínculos parlamentarios con Taiwán y explorar oportunidades de cooperación. “Queremos fortalecer esos vínculos, que vienen de hace muchos años. No es algo de este periodo ni del anterior”, manifestó. Jiménez aseguró que el grupo está integrado por 43 diputados y añadió que todos buscan que los acercamientos produzcan beneficios para Panamá. ¿Una oficina comercial? Sobre la posibilidad de promover la apertura de una oficina comercial taiwanesa en Panamá, Jiménez adelantó que se ha estado tocando el tema, aunque sin profundizar. “Sí le daría seguridad jurídica a nuestros comerciantes”, afirmó. El diputado también destacó la relación comercial entre ambos mercados y mencionó las exportaciones panameñas de productos pesqueros a Taiwán. El nacimiento del grupo ocurredespuésdequetresdelegaciones de diputados panameños viajaran a Taiwán porinvitacióndeesegobierno. El primer grupo (de ocho personas) partió en noviembre de 2025. El segundo viajó entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2026 y fue encabezada por Pérez Barboni junto a otros cinco diputados. El tercer periplo se dio entre el 6 y el 10 de julio. Participaron Roberto Zúñiga, Luis Duke, Lenín Ulate y Yarelis Rodríguez, de Vamos; Medín Jiménez, del Panameñista, y Orlando Carrasquilla, de CambioDemocrático. Durante esas visitas, las delegaciones se reunieron con autoridades taiwanesas, entre ellas la vicepresidenta Bi-khim Hsiao, el canciller Lin Chialung y el presidente del Yuan Legislativo, Han Kuo-yu. Los acercamientos han generado reacción en el Ejecutivo. En noviembre de 2025, la Cancillería recordó que la conducción de la política exterior corresponde al Órgano Ejecutivo. El presidente José Raúl Mulino respaldó este mensaje. Mulino marca distancia Mientras la Asamblea instalaba el grupo, Mulino volvió a deslindar al Ejecutivo de los contactos de los diputados con Taiwán. “Reitero: los acercamientos, viajes e intercambios de miembros de la Asamblea con Taiwán no significa que el Ejecutivo lo avale. Las relaciones exteriores las dirige el Ejecutivo”, escribió el mandatario en X. Relaciones con China Panamá mantiene relaciones diplomáticas con la República Popular China desde el 13 de junio de 2017, cuando el gobierno de Juan Carlos Varela rompió los vínculos oficiales con Taipéi. Las relaciones de Panamá y China se enfriaron a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato con Panamá Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison, con el que se administraban los puertos de Balboa y Cristóbal. El fallo surgió luego de que el presidente estadounidense Donald Trump reclamara a Panamá por lo que consideró injerencia de China en el Canal de Panamá, asunto que el país negó reiteradamente, La empresa reclama ahora $1,500 millones en un arbitraje internacional, mientras Pekín respondió con detenciones a buques de bandera panameñas en sus puertos. Los integrantes El grupo parlamentario de amigos de Taiwán quedó integrado por los diputados: Medín Jiménez, Julio De La Guardia, Betserai Richards, Manuel Cheng, José Pérez Barboni, Rogelio Revello, Grace Hernández, Ernesto Cedeño, Jhonathan Vega, Ronald De Gracia, Orlando Carrasquilla, Roberto Zúñiga, Jorge Bloise, Carmen Vergara, Francisco Brea, Marcos Castillero, Miguel Campos, Osman Gómez, Neftalí Zamora, Janine Prado, Alexandra Brenes, Manuel Samaniego, Jamis Acosta, Yuzaida Marín, Shirley Castañedas, Jorge González, Alaín Cedeño, Dana Castañeda, Manuel Cohen, Yesica Romero, Carlos Rodríguez, Néstor Guardia, Yamirelis Chong, Jaime Vargas, Eduardo Vásquez, Luis Duke, Carlos Saldaña, Eliécer Castrellón, Lilia Batista, Tomás Benavides y Raphael Buchanan, entre otros.
10A La Prensa Panamá, miércoles 9 de septiembre de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Quienes aún creemos en el Estado de derecho no podemos obviar que es el propio Órgano Ejecutivo el que propone el rompimiento del orden constitucional, sin ningún tipo de sustento legal, dejando más preguntas que respuestas tanto en su concepción como en su ejecución. El propio coordinador ejecutivo de la Sepresac, el Dr. Miguel Antonio Bernal, ha señalado al Tribunal Electoral como uno de los “principales obstáculos” en este proceso constituyente. ¿Se atribuirá entonces el Ejecutivo funciones electorales? ¿Quién reglamentará y organizará la elección? ¿Cómo será el proceso de impugnación de candidatos y de resultados de esa elección, y ante qué entidad se tramitarán? ¿Quiénes contarán los votos y proclamarán a los electos? Otra línea de cuestionamientos se abre al leer los requisitos para ser constituyente que publicó el Dr. Bernal en su cuenta de X. La imagen lleva el logo de la Sepresac y fue descrita como “Propuestas de la ciudadanía”. ¿Qué “ciudadanía” lo propuso, dónde y de qué forma? ¿Existió representación demográfica y paritaria de esta “ciudadanía” proponente? La exclusión de funcionarios con mando y jurisdicción, así como de autoridades electas, de los últimos 15 años tampoco parece responder a un criterio técnico. ¿Por qué no se excluye a quienes hayan ocupado esos cargos en los últimos 5 o 35 años, o se les permite participar a todos? Si debe ser Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Alegría cartográfica Mapas La cartografía como disciplina científica, dedicada al tema de los mapas y las representaciones gráficas de la superficie terráquea, no ha sido últimamente el ámbito usual para gratas nuevas (cambios unilaterales de nombre para el golfo de México o para el lago Ontario). Sin embargo, esto tuvo una disrupción el pasado viernes 4 de septiembre, cuando la 79.ª Asamblea General de la ONU aprobó la resolución favorable a la iniciativa de Togo, con apoyo de la Unión Africana (UA), de adoptar mapas que representen de un modo más justo la proporción de cada continente en el conjunto global del planeta. Que los países africanos hayan sido los portadores de la moción (que provino de la campaña #CorrectTheMap, auspiciada por las organizaciones Africa No Filter y Speak Up Africa) no es ninguna casualidad, ya que es una de las regiones del mundo peor representadas en el modelo de mapamundi que normalmente se utiliza en los centros educativos, el mapa de Mercator, creado en 1569 con el fin de facilitar la navegación, pero que distorsiona tanto las proporciones terrestres que Groenlandia se ve de un tamaño similar a África, cuando es 14 veces más pequeña. ¿Por qué este cambio cartográfico resulta tan importante? ¿Cambia alguna frontera? No. Lo que cambia es mucho más esencial que un límite geográfico. Transforma la propia imagen, o sea, afecta al imaginario humano, con lo cual todo se trastorna. Figúrese la sorpresa de una niña o un niño africano al ver el cambio del mapa al que estaba acostumbrado y la nueva representación, donde su continente tiene tres veces el tamaño de Europa o el de Estados Unidos. La conciencia de autoestima y autovaloración queda imaginativamente aumentada; así, la percepción de su peso geográfico y las carencias variadas que viven actualmente supondrán una toma de acción proactiva para salvar esa distancia. Como lo afirmó Robert Dussey, ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación, Integración Africana y Togoleses en el Extranjero: “Y cuando nuestra perspectiva se vuelve más justa, sienta las bases para un mayor entendimiento, mayor respeto y paz entre las naciones”. De este modo, estamos ante un hecho de “justicia cognitiva y reparación de la memoria”, como reza la propia resolución. Las reacciones más contrastantes fueron encabezadas por Francia y Estados Unidos. Así, el segundo país fue el único que votó en contra de la resolución, tachándola de tener una connotación ideológica; en cambio, Francia, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció que su país planea abandonar la proyección de Mercator para sus mapas del mundo, alineándose con el esfuerzo africano. Si, como lo afirmaba el gran pensador francés de la teoría del imaginario Gilbert Durand, es en el campo de la imaginación donde reside la verdadera libertad y dignidad de las personas, es alegre y alentador pensar en el gran cambio mental que una significativa transformación cartográfica podrá eclosionar. Kankintú: las aulas que el Estado abandonó Educación la única puerta hacia una educación confiable y de calidad. Un exalumno del colegio lo resume así: “Estudiar bajo la administración agustina era apostar por la filosofía de San Agustín. Aquí todos tienen algo que aportar, aunque no tengan ni un centavo que ofrecer. No importa el lugar donde naces. Tú construyes tu propio camino y llegas a ver una luz que antes te resultaba imposible”, relata. “El norte de su administración siempre fue la innovación, junto con la formación de líderes que dejan huella”. Es lo que distingue a una institución que educa con propósito. El Colegio San Agustín de Kankintú ofrecía una escuela digna, comprometida con la niñez y la juventud de la región. Esta realidad contrasta con los reportes de medios de comunicación que informan que, en Bocas del Toro, más de 1,800 estudiantes del distrito asisten a clases en “escuelas rancho”: con pisos de tierra, sin electricidad, con letrinas en lugar de baños y sin agua potable. Los maestros envían año tras año evidencias y cartas al Meduca denunciando esas condiciones. Son ignorados. Lo perverso es que la indiferencia no puede achacarse a la falta de presupuesto. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la partida del Meduca para edificaciones pasó de 35 millones de dólares en 2023 a 300 millones en 2024 y a más de 1,335 millones este año. El dinero creNivia Rossana Castrellón La Constituyente Originaria: una contradicción ineludible Instituciones Respeto la convicción patriótica de quienes, desde hace décadas, abogan por una constituyente como solución a los problemas que enfrenta el Panamá del siglo XXI. Pero la propuesta de una nueva Constitución que adelanta el Órgano Ejecutivo a través de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac) encierra una paradoja de origen. El 1 de julio de 2024, José Raúl Mulino, al tomar posesión como presidente de la República, juró cumplir fielmente la Constitución y las leyes. No hace falta ser constitucionalista para comprender, tras una lectura simple de nuestra Carta Magna, que esta no contempla un mecanismo para redactar una nueva Constitución, sino únicamente para reformarla. El presidente, al impulsar su proyecto constituyente, no solamente falta a su juramento, sino que nos vende una contradicción insalvable: intentar legitimar un nuevo texto constitucional que nacería de violar la Constitución actual. El argumento de que la Constitución vigente no es legítima porque fue impuesta por un gobierno militar se cae por su propio peso, ya que conllevaría admitir que el proceso electoral que llevó al hoy presidente Mulino, sin vicepresidente, al poder es inválido y que, por tanto, tan ilegítimas serían la creación de la propia Sepresac como los nombramientos del equipo que la integra. un proceso verdaderamente representativo, ¿se debe exigir un mínimo de estudios o preparación académica? ¿Bajo qué criterios serán mejor o peor evaluadas las exposiciones de motivos de los postulantes? ¿Habrá un comité de preselección? ¿De cuántas personas? ¿Con qué perfiles y cómo serán elegidas? El espaldarazo público que ha dado el presidente Mulino al proceso constituyente obliga a preguntarse cuáles son las motivaciones del Ejecutivo para impulsar una nueva Constitución. ¿Pretenderá, con su sola firma, convocar y determinar el marco operativo para la redacción de un nuevo texto constitucional? La fecha planteada para que sesionen los constituyentes es de mayo a junio de 2027, precisamente durante el receso legislativo. Si el tiempo resulta insuficiente, ¿quién estará facultado para extenderlo y con qué prerrogativas? A este escenario se suma el anuncio de dos nuevos partidos en formación y la facultad legal que tiene el Tribunal Electoral para suspender la inscripción de adherentes antes y durante “elecciones generales o consultas populares”. Por eso, definir la naturaleza exacta de esta convocatoria no es un mero trámite; tiene un impacto directo en la composición del panorama político de 2029. Las preguntas aquí planteadas deben ser abordadas con precisión y fundamentadas en derecho por el proponente: el Órgano Ejecutivo. Nosotros, como ciudadanía, tenemos que preguntarnos cuál es el verdadero peligro del sistema panameño: ¿el texto constitucional vigente o la discrecionalidad de un funcionario que, con su sola firma, busca invalidar la Constitución que juró cumplir? Opinión EL AUTOR es docente universitario. LA AUTORA es abogada. LA AUTORA es educadora y expresidenta de la Junta Nacional de Escrutinio. José Manuel Fajardo ció de forma exponencial; la respuesta a las comunidades indígenas, no. Esa brecha evidencia que el problema no es de recursos, sino de voluntad y capacidad de ejecución. El propio colegio, ya bajo administración exclusiva del Meduca, siguió siendo escenario de esa desidia. En 2023, mientras el ministerio prometía mejorar la infraestructura, la escuela pasó semanas sin que docentes ni alumnos retornaran a clases. Las autoridades reconocieron que el terreno pertenecía a la Prelatura de Bocas del Toro. Incluso la titularidad del suelo llevaba años sin resolverse. ¿Qué perdió Kankintú? Lo que rara vez se cuantifica en un presupuesto: una institución con memoria, educación con sentido y compromiso, maestros que conocían a las familias y una infraestructura pensada para durar. Perdió uno de los pocos lugares de la comarca donde “recibir clases” no era sinónimo de sobrevivir a la intemperie o de arriesgar la vida para ir a la escuela. Este episodio importa más allá de Bocas del Toro porque retrata la arquitectura de la desigualdad educativa panameña. Nuestros pueblos indígenas siguen enfrentando escuelas rancho, ausencia de atención médica y hasta muertes de estudiantes al cruzar ríos para llegar a clases, como lo constató el informe Educación Mortal: crisis de ahogamientos infantiles en la comarca Ngäbe Buglé, de Jóvenes Unidos por la Educación y Fudespa. Cuando el único actor dispuesto a comprometerse con la calidad educativa en una zona así se retira porque el Estado no cumple sus obligaciones más elementales, el mensaje es inequívoco: las comunidades indígenas siguen siendo territorio de segunda categoría en la política pública panameña. Cuatro años después de la partida de los agustinos, se confirma que en Panamá el derecho a una buena educación todavía depende del lugar en que se nace. Hace cuatro años, los Agustinos Recoletos se retiraron de la administración del Colegio San Agustín de Kankintú. Con su partida, se apagó un compromiso que llevó educación a la región y mantuvo una presencia durante décadas en uno de los rincones más aislados de Panamá, accesible por río o helicóptero. La orden se marchó porque el Ministerio de Educación (Meduca) incumplía, año tras año, obligaciones básicas como el pago de las planillas docentes. Sostener una escuela sin que el Estado cumpliera su parte dejó de ser viable. Fue en 1967 cuando inició la presencia agustina en la región. El decreto que creó el Centro Vocacional Indigenista San Agustín describió a la población guaymí de Cricamola en “condiciones generales infrahumanas”: catorce mil indígenas dispersos en una extensa área, un 93 % de analfabetismo entre las mujeres y apenas un 19% de los hombres con dominio del español, frente a un 12 % de las mujeres. El propio decreto reconocía que el Estado, “por razones de índole económica”, no podía atender por sí solo esa necesidad. Por ello, confió la dirección del centro a la Prelatura de Bocas del Toro. Durante décadas, unos pocos religiosos sostuvieron una misión que llegó a atender a cerca de cuarenta comunidades indígenas y a más de mil estudiantes. Era, para buena parte del río Cricamola, Impulsar una Constituyente Originaria abre interrogantes sobre su sustento jurídico, las reglas electorales y los límites del poder del Ejecutivo panameño. Ana Carolina Rodríguez La salida de los agustinos de Kankintú expone una deuda persistente: garantizar educación digna a comunidades donde el Estado sigue fallando. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Gerente General Sudy S. de Chassin Gerente de Ventas Casilda P. de Somoza [email protected] Gerente de Mercadeo y Club La Prensa Karol Samán [email protected] Teléfono: 323-6400 ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com EDITORIAL COMERCIAL Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular.
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