2A La Prensa Panamá, miércoles 9 de septiembre de 2026 Juan Manuel Díaz [email protected] José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de la República. Alexander Arosemena La audiencia de acusación a Gaby será el 13 de octubre INVESTIGACIÓN El próximo 13 de octubre, fecha en la que se celebrará la audiencia para la presentación de la acusación al exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo, se conocerán cuáles son las pruebas que sustentan los cargos en su contra por presunto enriquecimiento injustificado. La audiencia debía realizarse el lunes 7 de septiembre, pero fue pospuesta hasta definir la situación jurídica de un apartamento ubicado en el PH Marea 1, en Costa del Este, que se encuentra cautelado por una orden de la fiscalía. La fiscal anticorrupción Patricia Herrera ordenó la aprehensión de ese apartamento, el 30 de junio pasado, apelando al artículo 351 del Código Penal que establece que “se entenderá que hay enriquecimiento injustificado, no solo cuando el patrimonio se hubiera aumentado con dinero, cosas o bienes, respecto a sus ingresos legítimos, sino también cuando se hubieran cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban”. Posteriormente, un juez de garantías suspendió la medida cautelar que pesaba contra dicha propiedad, decisión que fue apelada por la fiscalía. La audiencia de apelación será el 23 de septiembre. El apartamento fue adquirido el 24 de mayo de 2019, tres semanas después de que Carrizo se convirtiera en vicepresidente electo -tomó posesión el 1 de julio de ese año-. El inmueble está a nombre de Nano Properties, Corp., cuya representante legal es Julieta Spiegel de Carrizo; el vicepresidente es el beneficiario del 100% de las acciones de dicha sociedad. La fiscalía alega que Carrizo utilizó dinero (cuyo origen no ha podido justificar) para realizar pagos relacionados con la adquisición del apartamento, hecho que es refutado por sus abogados. De acuerdo con el Código Penal, Carrizo, si es hallado culpable, enfrentaría una pena de seis a 12 años de prisión si lo injustificadamente obtenido supera la suma de $100,000. El precio de compraventa del apartamento fue de $1.44 millones. Una auditoría forense realizada por la Contraloría encontré que Carrizo, en el ejercicio del cargo, obtuvo “recursos” por poco más de $1.9 millones que no ha podido justificar. Anel Flores y Gerardo Solís. LP ‘No tengo ningún indicio de que él haya cometido algún error’ Eliana Morales Gil [email protected] FISCALIZACIÓN La postura de Anel Flores sobre la gestión de su antecesor sorprende por los cuestionamientos que él mismo hizo a decisiones de Gerardo Solís y por las investigaciones abiertas contra figuras de su entorno. El contralor Anel Flores dijo que no encontró “indicios” de que su antecesor Gerardo Solís “haya cometido algún error” en el ejercicio del cargo. “No tengo ningún indicio, dentro de los números y papeles que nosotros manejamos, de que él haya cometido algún error”, respondió Flores el pasado lunes, cuando el diputado Jhonathan Vega, de la bancada Vamos, le preguntó por Solís en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a donde acudió a sustentar los fondos con los que trabajará la Contraloría en el año 2027. Estas declaraciones han sorprendido, no solo por la ampliamente conocida y cuestionada trayectoria de Solís, sino también porque el propio Flores, en anteriores ocasiones, había expresado su descontento. El legado de Solís Desde que salió del puesto, en diciembre de 2024, Solís hizo del silencio una norma. Casi nunca da declaraciones, ni siquiera para defenderse o justificarse ante la opinión pública. Tampoco participa en eventos ni actos públicos. En cambio, cuando era contralor, estaba en todas partes y era muy locuaz. En sus cinco años como contralor justificó el aumento de la planilla estatal del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024); justificó los equilibrios contractuales; minimizó los escándalos del Ejecutivo (hospital modular, la compra de ventiladores, el Gordito de la Lotería, la descentralización paralela); desatendió solicitudes de auditorías clave para investigar casos de corrupción, y pregonaba que su labor “era corregir, no investigar”. Solís tampoco tuvo problema en refrendar un nuevo contrato de concesión con Minera Panamá, apenas tres días después de que el Consejo de Gabinete lo aprobara. También refrendó la prórroga automática del contrato con Panama Ports Company (PPC). Ambos fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Sobre la prórroga a favor de PPC, el mismo Flores la tildó de “leonina” y “abusiva” y ordenó una nueva auditoría. También mostró públicamente su afecto por personajes controvertidos. Del diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson, dijo que “ojalá tuviera más peso del que tiene ahora”. Y a su exasesora Odila Castillo la llamó la mejor abogada en derecho administrativo del país y quien mejor conoce las contrataciones públicas. ‘Cero investigaciones y tanto escándalos’ Cuando el diputado Vega escuchó la respuesta del contralor Flores, no tardó en replicar. “Yo sí discrepo. Este señor [Solís] era el que firmaba y refrendaba. Era el que ponía su firma allí. Al final del día existieron una serie de situaciones con relación al equilibrio contractual y otras medidas también. Hoy por hoy, simplemente está en su casa. Nadie lo investiga y no pasa nada. Me sorprende. Siendo esta persona la que firmaba está tranquilo en su casa, relajado. Cero investigaciones y tantos escándalos alrededor de esta persona”, dijo Vega. Probablemente el episodio que más ruido produjo en la gestión de Solís fue su rol en la concesión de PP. El excontralor y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) interpretaron erróneamente que la concesión debía prorrogarse automáticamente hasta el año 2047. Lo dice el fallo de la CSJ que declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, norma que le tralor Solís, simplemente le está dando un carpetazo a la opinión pública y está negando el derecho que tiene la población panameña de saber, de conocer y de que se investigue hasta el fondo lo que sucedió durante esa terrible gestión de la Contraloría General de la República”. Leah de Brosner, activista anticorrupción y consultora de gobierno abierto, dijo que Flores “se ha limitado a una revisión superficial de formalidades en el papel”. Recordó la falta de fiscalización y escándalos como el de la descentralización paralela y los auxilios económicos, que Solís ignoró, y recalcó que gente de su círculo de confianza está hoy bajo investigación por enriquecimiento injustificado. En esa misma comparecencia, Flores presumió otra cifra: la Contraloría acumula cerca de $50 millones en bienes cautelados a exfuncionarios de Cortizo por presunto enriquecimiento injustificado, con 601 auditorías entregadas al Ministerio Público hasta el 31 de julio. En la lista están Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos; Enrique Lau Cortés, exdirector de la Caja de Seguro Social; Noriel Araúz, el mismo que dirigía la AMP cuando esta avaló la prórroga a PPC; Nadia Del Río Fernández, exfuncionaria del Ministerio de la Presidencia, y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo. A esa lista se suma Zenia Vásquez de Palacios, la mujer que fue secretaria general de la Contraloría y mano derecha de Solís, hoy bajo arresto domiciliario, también por presunto enriquecimiento. Flores encontró indicios contra prácticamente todo el círculo de Cortizo. Pero, contra su antecesor directo, el que firmaba y refrendaba, dice que no tiene ninguno. dio vida a la concesión que permitió a PPC operar dos puertos de contenedores en las riberas del Canal durante 30 años. De hecho, Solís formó parte de la junta directiva de la AMP que debatió el tema y que luego instruyó al administrador de la AMP, Noriel Arauz, a prorrogar la concesión de PPC, sin siquiera revisar o actualizar las tarifas. La prórroga se hizo sobre la base de una supuesta auditoría forense de la Contraloría que determinó que la portuaria había cumplido con sus compromisos contractuales. El contrato ley había sido demandado por inconstitucional en dos ocasiones. La primera la presentaron los abogados Norman Castro y JulioFidelMacías.Lasegunda, el abogado Antonio Moreno Correa, por instrucciones del propio Flores, quien reemplazó a Solís en el cargo en enero de 2025. ‘Muestra de complicidad’ ¿Por qué Flores no habla de Solís? “Creo que la decisión del contralor Flores es una muestra de complicidad. Simplemente hay demasiados intereses políticos, económicos, empresariales y de otra naturaleza que producen esta especie de pacto de impunidad”, manifestó el abogado Rodrigo Noriega. El jurista añadió que “al decir que no hay nada que investigar en la gestión del conPanorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom
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