2A La Prensa Panamá, domingo 6 de septiembre de 2026 La figura del cobrador en motocicleta se ha convertido en la imagen más visible del modelo gota a gota. Ilustración generada con inteligencia artificial Gota a gota: préstamos, violencia y la sombra del crimen organizado Eliana Morales Gil [email protected] NEGOCIO EN LAS SOMBRAS Un ciudadano colombiano fue capturado el viernes en Chitré, Herrera, durante el Operativo Perseus, informó el Servicio Nacional de Migración. El 25 de agosto, hombres armados dispararon contra una pareja dentro de un vehículo estacionado en una plaza comercial de Villa Lucre, San Miguelito. El ataque ocurrió alrededor de las 5:00 p.m., a pocos metros de una estación del Metro. Se llamaban Luis Enrique Bonilla Santo, de 32 años, y Julissa Esther Guerra Lorenzo, de 37 años y embarazada. Bonilla murió en el lugar. Guerra falleció horas después en un hospital. El ataque dejó tres víctimas: la pareja y el feto que la mujer esperaba. El pasado martes 1 de septiembre, periodistas consultaron al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, qué se sabía del caso. Fernández respondió: “Estamos recabando con la Dirección de Investigación Policial, y con las cámaras de los alrededores, tenemos bastante evidencia. La línea de investigación apunta al crimen organizado o al gota a gota”. La Prensa consultó a Fernández sobre los tentáculos del gota a gota en Panamá. El director confirmó que “aquí se han presentado ya varios casos” y han hecho varias operaciones contra los gota a gota, modalidad que calificó como “estructuras que le lavan la plata a organizaciones criminales y pandillas”, por lo que así como al microtráfico de droga, los están “atacando duro”. Una captura en Chitré El Servicio Nacional de Migración (SNM) reportó el viernes la captura de un ciudadano colombiano en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, durante el Operativo Perseus. Según un comunicado de la institución, “los cobros bajo la modalidad de financiamiento diario conocida como ‘gota a gota’” motivaron la captura. La entidad recordó que esta actividad “resulta incompatible con el permiso de permanencia otorgado para su estancia en el país”. El Enlace Migratorio de Acción de Campo de la Regional de Herrera ejecutó la captura y trasladó al detenido al Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino, donde continúan los trámites conforme a la normativa vigente, según el SNM. El SNM no vinculó ese caso con el homicidio de Villa Lucre. La coincidencia de fechas, sin embargo, puso en la agenda pública un negocio que crece hace años en Panamá, casi siempre en la sombra y lejos de los titulares. Un negocio con casi treinta años de historia Una investigación de la alianza periodística Connectas, dedicada al seguimiento de esta red en América Latina, establece su origen a finales de la década de 1990, en Medellín, Colombia, como mecanismo para lavar el excedente de efectivo del narcotráfico que no podía entrar al sistema financiero por la vía legal. Un estudio de la Universidad Central de Bogotá calcula que el sistema mueve unos 2,800 millones de pesos colombianos al día, cerca de un millón de dólares. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) confirmó ese origen en un estudio regional que publicó en septiembre de 2025, a través de su oficina en Costa Rica. El documento describe el gota a gota como un mercado ilegal descentralizado, con cuatro roles definidos: los dueños del capital, los colocadores, la red logística y los cobradores. Según ese estudio, la mayoría de estas redes opera con estructuras pequeñas, de un promedio de ocho personas, aunque también documenta organizaciones más grandes y jerarquizadas, ligadas a estructuras criminales mayores. Sin aval, sin contrato, con motocicleta El modelo ofrece dinero rápido, sin garantías ni revisión de historial crediticio. Basta una cédula. Los cobradores recorren en motocicleta las casas y los negocios de los deudores para cobrar la cuota diaria. Las tasas varían según el país y la organización: el estudio de la UNODC documentó tasas de entre 20% semanal y 20% mensual en Costa Rica, muy por encima del límite legal permitido en ese país. Cuando el deudor no paga, el estudio de la UNODC documentó tres respuestas típicas de estas estructuras: el refinanciamiento con más intereses, la reventa de la deuda a organizaciones criminales o la intimidación directa, con amenazas, hurto de bienes y violencia física. En Panamá, el SNM expulsó en agosto pasado, por el aeropuerto de Tocumen, a un ciudadano colombiano señalado como tercer cabecilla de “La Inmaculada”, una organización dedicada a extorsiones y préstamos “gota a gota”. El diario El Tiempo informó que se trata de alias Carlos, quien llevaba 17 años vinculado a actividades criminales. Mediante extorsiones, llegó a reclamar al menos mil millones de pesos colombianos, el equivalente a $320,000, pero cuando las víctimas no podían pagarle, ordenaba ataques y homicidios. ¿Cuál es el delito? En Panamá, la usura no es delito. El Código Penal vigente, la Ley 14 de 2007, no contempla ese tipo penal: cualquier persona puede prestar dinero a la tasa de interés que pacte con el deudor, sin que el Estado fije un límite. No siempre fue así. El Código Penal de 1982 castigaba, en su artículo 192, a quien prestara dinero “a un interés mensual mayor del que establezca la Comisión Bancaria Nacional”, con 50 a 360 días-multa. Pero, el Decreto Ley 9 del 26 de febrero de 1998, que creó la Superintendencia de Bancos y liberalizó el mercado financiero, eliminó ese tope regulatorio. Eso deja al gota a gota fuera del radar penal, salvo cuando el cobro se vuelve violento. Es decir, la ley no persigue el préstamo en sí, sino lo que ocurre cuando el deudor no paga: la extorsión, tipificada en el artículo 151 del Código Penal con una pena de 5 a 10 años de prisión, o el lavado de activos que Fernández mencionó al vincular estas redes con estructuras criminales y pandillas. A los prestamistas extranjeros, como el capturado en Chitré, el Estado puede además retirarles el permiso de permanencia y hasta deportarlo, aunque no exista una acusación penal de por medio. La red que operó en Brisas del Golf En mayo de 2019, la Policía Nacional desarticuló un centro de préstamos gota a gota en una vivienda de Brisas del Golf, San Miguelito, y detuvo a 10 hombres colombianos. Los agentes decomisaron 18 motocicletas, dinero en efectivo, computadoras y libretas con los nombres, las direcciones y los montos de los clientes, además de tarjetas de presentación de los prestamistas. La entonces comisionada de la Policía Nacional, Cinthia Meneses, explicó que el allanamiento obedeció a una denuncia ciudadana por movimientos inusuales en la vivienda. Los agentes buscaban armas y drogas. En su lugar, encontraron la sede de una red de préstamos ilegales. Siete años separan aquel operativo del triple homicidio de Villa Lucre. En ese lapso, ninguna autoridad panameña difundió cifras oficiales sobre el número de estructuras de gota a gota activas en el país, según una revisión de registros públicos y notas de prensa. De Medellín a 16 países La investigación de Connectas documentó cómo el gota a gota salió de Colombia: el primero en importarlo fue Ecuador, alrededor de 2010; después llegó a Perú y luego se replicó en al menos 16 países, entre ellos México, Brasil, Argentina, Honduras y Bolivia. En Panamá, el negocio ya no depende solo de operadores colombianos. El excomisionado Carlos Icaza aseguró a TVN que “hay gota a gota panameños también que están incursionando en el mercado” y advirtió que ese dinero procedería “de actividades ilícitas” y que sus operadores buscan lavarlo mediante el sistema de cobros. El excomisionado no identificó públicamente a ningún operador local. En La Chorrera, Panamá Oeste, por ejemplo, personas consultadas por este medio afirman que las redes operan en el centro del distrito. Los cobradores recorren la zona en motocicleta y buscan a billeteros, buhoneros y pequeños comerciantes en general. La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, rechazó el proyecto de presupuesto de $97 millones que le recomendó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y, en cambio, el pasado jueves sustentó ante la Comisión de Presupuesto uno propio por $176.6 millones. Castañeda justificó buena parte de ese monto con necesidades que calificó de urgentes: las deudas de la Caja de Seguro Social, que suman $14 millones, la cuantiosa cuenta de energía eléctrica, los millones que exigen las planillas y los fondos para reparar las estructuras del Palacio Legislativo. Ninguna de esas urgencias incluía publicidad. Aun así, defendió con la misma vehemencia la contratación de pauta digital, con el argumento de que es “necesario” contrarrestar la cobertura periodística negativa. Dinero para cuentas de redes sociales La diputada de la bancada Vamos, Yamireliz Chong, cuestionó la utilidad de pautar con fondos públicos en cuentas de redes sociales y medios digitales. Mencionó específicamente la contratación del ciudadano Osías Álvarez Rodríguez para publicar contenidos de la Asamblea en sitios como Noticias Panamá y El Pueblo, entre otras. Chong calificó estas prácticas como una “pérdida de dinero” y recordó que la Asamblea cuenta con cobertura mediática orgánica las 24 horas del día, además de canales de comunicación propios, como su canal de televisión y su cuenta de YouTube, que la propia institución podría aprovechar para divulgar el contenido legislativo sin costo adicional. La respuesta de Castañeda fue categórica: “Yo discrepo con usted por completo porque sí la Asamblea necesita publicidad porque lo que sacan de la Asamblea es totalmente negativo y nosotros tenemos que sacar la verdad de lo que pasa en la Asamblea... y a mí me tocará pagar publicidad pagarán vamos a pagar la publicidad porque sí se necesita de verdad”. La Asamblea pagará publicidad para enfrentar la cobertura negativa LEGISLATIVO ¿Ataques políticos con dinero público? Para Chong, resulta contradictorio que el Legislativo impulse leyes para sancionar la difamación y los ataques cibernéticos, como la propuesta reciente de la diputada Dana Castañeda para castigar la difamación con inteligencia artificial, mientras la propia Asamblea financia de forma indirecta cuentas de redes sociales que a menudo sirven para campañas de desprestigio, ataques y desinformación. La diputada pidió garantías de que esa publicidad sea realmente positiva, para evitar que el dinero público termine en plataformas de ataque político. Poco antes de la intervención de Chong, el diputado Luis Duke había preguntado por la asignación de $45,800 para el rubro de “consultorías” dentro del presupuesto proyectado para 2027. La jefa de presupuesto de la Asamblea, Zuli López, no pudo explicar con precisión de qué se trataba: “Es como un sistema de monitoreo de redes de lo que es publicidad”. Duke insistió: “Me hace ruido algo porque están pidiendo consultorías por $45,800 y sin embargo, para promoción y publicidad hay una partida de $97,000”. “Sí, correcto”, respondió López. —¿Peroquépublicidadcubren las consultorías? —volvió a preguntar el diputado. “Es como un sistema de monitoreo, honorable. Una empresa que ofrece el servicio de darle... como le explico... darle seguimiento a las contrataciones de publicidad”, respondió López. Después admitió que no estaba muy segura de eso y prometió hacerle llegar la información a Duke. Eliana Morales Gil [email protected] Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea.. Cortesía Panorama
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