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5A La Prensa Panamá, miércoles 19 de agosto de 2026 Panorama En agosto, el Meduca inició la entrega de 54 mil computadoras portátiles con inteligencia artificial a docentes del sector oficial. Cortesía Perú, Uruguay y Colombia: cuando la tecnología no mejora el aprendizaje Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN Un análisis de 156 investigaciones internacionales elaborado por JUxlaE y Fudespa muestra que el impacto de la tecnología depende de cómo se integra a la enseñanza. Durante las últimas dos décadas, gobiernos de distintos países han invertido millones de dólares en llevar computadoras a las aulas. Pero tener un dispositivo disponible no necesariamente significa aprender más. Esa es una de las principales conclusiones de “El Espejismo Tecnológico”, un análisis elaborado por Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE) y la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa), que revisó 156 investigaciones internacionales sobre tecnología y educación. La evidencia muestra que los programas de entrega de computadoras pueden ampliar el acceso a la tecnología y desarrollar habilidades digitales, pero no necesariamente se traducen en mejores resultados académicos. Su impacto depende de factores como el uso de los equipos, los contenidos, la metodología de enseñanza y la preparación de los docentes. Perú: computadoras sin resultados Uno de los casos analizados es el programa One Laptop per Child (OLPC) en Perú, que distribuyó alrededor de 850,000 computadoras, con una inversión de $180 millones. El programa alcanzó cerca del 95% de las escuelas primarias públicas del país e incluyó capacitación para los docentes. La evaluación, realizada de forma aleatoria en 319 escuelas rurales y con un seguimiento de ocho años, encontró que los estudiantes aumentaron su acceso a los equipos y mejoraron sus habilidades para utilizarlos. Sin embargo, no se observaron mejoras estadísticamente significativas en matemáticas, comprensión lectora ni en los años de escolaridad completados. El único efecto positivo identificado fue una mejora modesta en las habilidades de razonamiento abstracto, pero esta no se tradujo en mejores resultados académicos ni se mantuvo en el largo plazo. La investigación también encontró que una parte importante del uso de las computadoras no estaba orientada a actividades académicas. Uruguay: el desafío después de la entrega Uruguay apostó por una distribución masiva de computadoras y conectividad a través del Plan Ceibal (Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea), uno de los programas de digitalización educativa más conocidos de América Latina. La iniciativa llegó a distribuir alrededor de 700,000 computadoras entre estudiantes y docentes. Pese a su amplia cobertura, las investigaciones analizadas encontraron efectos nulos o pequeños en distintas áreas del aprendizaje. El programa también dejó en evidencia un problema que suele quedar fuera de la discusión sobre la compra de equipos: qué ocurre con las computadoras después de ser entregadas. Según el análisis de Fudespa y JUxlaE, alrededor del 27% de los equipos requería reparaciones de manera constante, mientras que el tiempo promedio de reparación era de 45 días. La experiencia uruguaya muestra que una política de digitalización educativa no termina con la entrega del dispositivo: también requiere recursos para mantenerlo operativo y disponible para los estudiantes. Colombia: el dispositivo puede distraer En Colombia, una investigación experimental comparó escuelas que habían recibido computadoras con otras que no contaban con estos equipos. Los resultados mostraron efectos negativos en matemáticas y comprensión lectora en algunos grupos. El análisis planteó que la incorporación de los dispositivos podía generar distracciones y desplazar tiempo y recursos de otras actividades educativas. El caso colombiano pone el foco en un elemento clave: la tecnología no determina por sí sola cómo se utiliza ni qué efecto tendrá sobre el aprendizaje. India: cuando la tecnología sí produjo mejoras Un resultado diferente aparece en India con Mindspark, una plataforma de aprendizaje adaptativo que utiliza algoritmos para identificar las necesidades de cada estudiante y ajustar los ejercicios a su nivel. Después de aproximadamente cuatro meses y medio, los estudiantes que utilizaron la plataforma obtuvieron mejoras significativas, particularmente en matemáticas. La diferencia está en el propósito de la herramienta. En este caso, la tecnología no era el objetivo del programa, sino un recurso diseñado para intervenir directamente en el proceso de aprendizaje. El resultado sugiere que los efectos pueden ser distintos cuando los recursos tecnológicos forman parte de una estrategia pedagógica específica y adaptada a las necesidades del estudiante. Suecia: revisar el lugar de las pantallas La discusión sobre la digitalización también ha alcanzado a países con altos niveles de acceso tecnológico. Suecia, que durante años avanzó en la incorporación de herramientas digitales en sus escuelas, comenzó a revisar el uso de dispositivos, especialmente entre los estudiantes más pequeños, y a recuperar los libros de texto impresos. El cambio abrió un debate sobre en qué edades, materias y actividades el uso de pantallas aporta realmente un beneficio frente a otras herramientas educativas. La experiencia sueca muestra que incluso los sistemas educativos que avanzaron con rapidez en la digitalización están revisando cómo y cuándo utilizar la tecnología en las aulas. ¿Qué dicen, en conjunto, las investigaciones? Los casos analizados corresponden a países y programas diferentes, pero permiten identificar una constante: la entrega de computadoras no garantiza por sí sola mejores aprendizajes. Perú, Uruguay y Colombia muestran resultados limitados o negativos cuando los dispositivos no están acompañados de una estrategia pedagógica que oriente su uso. India ofrece un contraste: allí, la tecnología estaba diseñada para responder a una necesidad concreta del aprendizaje. La evidencia, por tanto, no plantea que las computadoras deban desaparecer de las aulas. Lo que cuestiona es que la simple entrega de dispositivos pueda considerarse una estrategia educativa. En Panamá, esta discusión ocurre mientras el Estado avanza con la compra de 54,000 laptops destinadas a docentes, una contratación que es objeto de investigación por parte del Ministerio Público y de una auditoría de la Contraloría General de la República. El proyecto para dotar de computadoras a los estudiantes, en tanto, quedó desierto. El ministro de Economía, Felipe Chapman, reveló que servicios de alojamiento como Airbnb y las compras en línea que ingresen al país pagarán 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS). Este es el plan, si se aprueba el proyecto de ley 30-26, que adiciona y modifica disposiciones del Código Fiscal relativas a la tributación de determinadas operaciones de la economía digital y dicta otras disposiciones, el cual fue aprobado ayer en Consejo de Gabinete. Aunque Chapman no mencionó por nombre a Amazon, Temu o Shein, e incluso Netflix, se entiende que la medida alcanzaría a este tipo de plataformas, al referirse a productos comprados a través de internet fuera de Panamá e importados al país. El ministro explicó que no se trata de crear un nuevo impuesto, sino de “corregir un vacío” que permite que algunas operaciones realizadas desde el exterior no reciban el mismo tratamiento tributario que las compras efectuadas dentro de Panamá. Los nuevos ingresos servirían como renta sustituta por los recursos que el Estado dejaría de percibir con los cambios al Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI), que contempla eliminar el cobro del 2% de este impuesto para quienes compren por primera vez una vivienda nueva de hasta $120,000. Lo anterior, de acuerdo con Chapman, busca cumplir con el artículo 276 de la Constitución Política. El ministro puso como ejemplo las compras en línea: un producto adquirido en un comercio en Panamá paga ITBMS, pero el mismo producto comprado en una plataforma del exterior y recibido en Panamá puede no pagar el impuesto. El proyecto también contempla a los alojamientos ofrecidos a través de plataformas como Airbnb. El ministro explicó que se busca aplicarles una tasa que ya Airbnb y las compras en línea (Amazon y Temu) tendrán que pagar 7% de ITBMS IMPUESTO AL CONSUMO existe y que actualmente pagan los hoteles. Camilo A. Valdés, director de Ingresos, se refirió al principio de igualdad tributaria, es decir, que si dos contribuyentes brindan el mismo servicio, ya sea físico o digital, deben cumplir con las mismas obligaciones tributarias. El proyecto amplia la aplicación del ITBMS frente a determinadas operaciones propias de la economía digital. La Presidencia de las República agregó que se incorporan criterios que permiten identificar cuándo los bienes o servicios digitales son utilizados, consumidos o aprovechados en el territorio nacional, considerando elementos tales como la ubicación de la cuenta bancaria o instrumento de pago utilizado, la dirección de facturación, la dirección de protocolo de internet, el código de país de la tarjeta SIM y demás indicadores razonablemente vinculados con la localización del usuario. Yolanda Sandoval [email protected] Chapman llevó el proyecto al Gabinete de ayer. Cortesía Tercer reclutador queda en detención provisional GUERRA EN UCRANIA Juan Manuel Díaz [email protected] El Ministerio Público informó que se imputaron cargos y se ordenó la detención provisional de Ronaldo Roberto Ryfkogel quien presuntamente reclutaba a jóvenes panameños para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania. El presunto reclutador, el tercero en ser procesado, fue aprehendido el domingo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. La investigación revela que Ryfkogel usaba la red social TikTok para contactar a jóvenes panameños a quienes supuestamente ofrecía dinero para participar en el conflicto bélico, y que es pariente de otro de los imputados por la fiscalía en este caso. La fiscal Elizabeth Carrión alegó que el imputado logró captar al menos a siete panameños para combatir en la guerra. Carrión explicó que logró obtener testimonios de varios familiares de jóvenes que fueron reclutados con la promesa del pago de hasta $5 mil para viajar a Ucrania, pero que luego esa promesa de dinero no fue cumplida. Durante la investigación, se estableció que el imputado acompañaba a los jóvenes a sacar sus pasaportes e incluso los acompañaba al aeropuerto a tomar el avión, pero que una vez llegaban a la zona de conflicto los documentos les eran retirados. En las entrevistas con los familiares de los jóvenes, la fiscalía conoció que varios de ellos están desaparecidos y otros han expresado su intención de retornar al país. El Ministerio de Relaciones Exteriores estima en 30 el número de ciudadanos panameños vinculados con este conflicto. El registro oficial incluye casos de panameños desaparecidos desde octubre de 2025, otros cuyo paradero sigue siendo desconocido y el fallecimiento de una persona.

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