4A La Prensa Panamá, domingo 16 de agosto de 2026 Panorama El diputado Roberto Zúñiga asegura que las reformas al RORI son un ‘retroceso’. Carlos Moore Diputado Zúñiga pide a Mulino vetar reforma al reglamento legislativo José González Pinilla [email protected] ENTREVISTA En conversación con La Prensa, el diputado independiente insistió en que el rol del diputado no es gestionar obras en sus circuitos. El diputado independiente Roberto Zúñiga calificó como un “retroceso” la aprobación, en tercer debate, de las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional y pidió al presidente José Raúl Mulino vetar el proyecto. En entrevista con La Prensa, Zúñiga sostuvo que el Órgano Legislativo perdió “una oportunidad de oro” para transformar de manera profunda e integral las reglas que rigen el funcionamiento del Palacio Justo Arosemena. “Estamos retrocediendo, no estamos avanzando”, aseguró el diputado de la coalición Vamos, quien cuestionó que durante la discusión no se hayan eliminado privilegios de los diputados ni incorporado cambios suficientes en materia de transparencia y rendición de cuentas. Las reformas aprobadas en tercer debate, el pasado martes 11 de agosto, introducen cambios relacionados, entre otros temas, con la asistencia de los diputados y la gestión de obras en sus circuitos, temas que han generado duras críticas dentro y fuera del Legislativo. Para Zúñiga, el debate sobre el reglamento puso en evidencia la resistencia de los partidos políticos a modificar prácticas que, a su juicio, mantienen privilegios y permiten a los diputados intervenir en asuntos que corresponden a otras autoridades. “Hay un sistema político tradicional enquistado dentro de la administración pública y es evidente que es muy difícil combatirlo si no existe una mayoría”, dijo. Gestión de obras, la polémica Uno de los puntos que Zúñiga cuestionó es la participación de los diputados en la gestión de obras para sus comunidades. En el proyecto aprobado se incluyó la propuesta del oficialista Luis Eduardo Camacho para que un diputado pueda “gestionar” y “fiscalizar” obras. Además, la iniciativa establece que se “garantizará una inversión mínima” en el presupuesto del Estado para la ejecución de los proyectos que gestionarán los diputados. Zúñiga aclaró que una cosa es fiscalizar al Ejecutivo para exigir que cumpla con proyectos anunciados y otra distinta es que los diputados tengan capacidad de incidir directamente en la asignación de recursos para obras específicas. Puso como ejemplo el caso de los puentes Mabey en la ciudad de Panamá, entre ellos el puente de Balboa, que conecta los corregimientos de Parque Lefevre y Río Abajo. Según explicó, durante sus intervenciones en la Comisión de Presupuesto ha cuestionado al Ejecutivo sobre la reparación de estas estructuras a partir de las solicitudes que recibe de los ciudadanos. “Es muy diferente exigir fiscalización en algo que se comprometió el Ejecutivo en realizar, a que tú incidas dentro del presupuesto para poder tener una obra”, dijo. Zúñiga insistió en que el papel de los diputados debe centrarse en legislar y fiscalizar la utilización de los recursos públicos, y no en administrar obras. Aseguró que en la actualidad existen numerosos proyectos que han terminado costando mucho más de lo inicialmente previsto y mencionó, entre otros, la terminal de cruceros de Amador y proyectos de infraestructura en Herrera, Azuero, Colón y Panamá Oeste. También señaló el caso de un CAIPI en Concepción, para el cual se asignaron más de $571 mil, pero no se ha levantado la obra. “Ahí está la labor de fiscalización: ¿dónde quedaron esos más de 571 mil dólares que se iban a invertir en esa casa para el cuidado de los niños dentro de la comunidad?”, cuestionó. Pide a Mulino vetar el proyecto Ante la aprobación del proyecto, Zúñiga dijo que le toca ahora al presidente Mulino decidir si sanciona o veta las reformas. “Nosotros abiertamente hemos solicitado al presidente que sea un hombre de leyes. Es importante que comprenda la Constitución yveteesteproyectodeleyque salió de la Asamblea”, indicó. A su juicio, las modificaciones aprobadas contribuyen a desdibujar las funciones constitucionales de los diputados y favorecen un desorden institucional. Zúñiga también dijo que esto tiene un tinte político porque el país se aproxima a un periodo preelectoral y que la entrega de proyectos puede representar réditos políticos para quienes buscan reelegirse. ¿Por qué era importante traer a discusión al reforma del RORI? Para Zúñiga, la discusión sobre el reglamento interno debía servir para recuperar la confianza ciudadana en la Asamblea, una institución cuya imagen, según reconoció, permanece deteriorada. “La eliminación de privilegios (...) era una oportunidad de oro de poder cambiar esa realidad”, añadió. El proyecto de ley avanzó a tercer debate sin tomar en cuenta aquellas propuestas que aportaban mayor transparencia en la conducción del Legislativo y las que reducían privilegios a los diputados. En el proyecto el RORI, por ejemplo, quedaron por fuera las propuestas —muchas de ellas presentadas por Vamos— para descontar salario a los diputados que injustificadamente se ausenten (y no habiliten al suplente, dejando la curul en acefalía), eliminar la exoneración en la importación de vehículos y prohibir la designación de sus familiares en la planilla del LegislativEn cambio, introdujeron artículos para considerar como asistencia la participación de los diputados en actividades dentro de sus circuitos electorales, ampliar el periodo de incidencias y permitirles “gestionar” y “fiscalizar” obras. Diputados como Ernesto Cedeño, de la bancada Vamos, ha manifestado que de ser sancionada esa ley, presentará una demanda de inconstitucionalidad. José González Pinilla [email protected] Canciller panameño, Javier Martínez Acha. Archivo Panamá propone mesa de diálogo para reformar el Sica en medio de divisiones INTEGRACIÓN Panamá propuso ayer una mesa de diálogo “franco” con los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para reformar ese organismo regional, que opera desde hace 33 años y que actualmente atraviesa una de sus peores crisis. A través de un comunicado, la Cancillería aseguró que “ha llegado el momento de abrir un proceso político e institucional de revisión profunda del SICA”, mediante un debate respetuoso y constructivo con los países que lo conforman y la Secretaría General. “Nuestro propósito no es debilitar la integración centroamericana, sino hacerla más fuerte, más equilibrada, más eficiente y más representativa”, indicó. Panamá, añadió la Cancillería, está dispuesto a contribuir activamente a esa conversación, con “una visión constructiva y de futuro”. “Los datos disponibles evidencian la necesidad de avanzar hacia un sistema que garantice una representatividad más equilibrada entre los Estados miembros, una administración financiera sostenible y una distribución de los recursos humanos acorde con las responsabilidades y prioridades de la organización”, señaló. Por ello, la Cancillería considera necesario revisar los criterios actuales de representación, participación y distribución del personal dentro de la institucionalidad del SICA. “De igual manera, la situación financiera del Sistema merece una atención especial. La sostenibilidad del SICA requiere mecanismos que aseguren el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras de sus miembros y permitan contar con los recursos necesarios para cumplir adecuadamente sus objetivos institucionales”, sostuvo. El SICA está conformado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Cada Estado miembro aporta $1.6 millones anuales. Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega, se ha distanciado del organismo regional. El pasado 11 de agosto, cuando la nueva secretaria general del SICA, Lina Ajoy Rojas, asumió el cargo para un periodo de un año, Nicaragua no envió ningún representante, lo que fue calificado como un “agravio diplomático”. También se suma el retiro de Honduras del Tratado de la Corte Centroamericana de Justicia. La Cancillería panameña indicó que su posición y propuesta “no debe interpretarse como una crítica a ningún Estado miembro” ni a la labor de los funcionarios del Sistema. Por el contrario, sostuvo que constituye una apuesta de Panamá por fortalecer el SICA y preservar su relevancia como instrumento de integración regional.
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