2A La Prensa Panamá, domingo 16 de agosto de 2026 La Alcaldía de Panamá, junto con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud, puso en marcha un plan de limpieza y recuperación de los ríos Matías Hernández y Río Abajo, así como de costas, manglares y la bahía de Panamá, entre la Calzada de Amador y Costa del Este. La iniciativa busca retirar residuos y recuperar estos ecosistemas, en medio de un problema de grandes dimensiones. Cada año, 102,229 toneladas de basura generada en tierra firme llegan al mar en Panamá, según una estimación elaborada para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Esto equivale a unas 280 toneladas diarias. La provincia de Panamá aporta unas 20,287 toneladas anuales, cerca de una quinta parte del total nacional. Los residuos llegan al litoral transportados por ríos, quebradas, drenajes y sistemas de alcantarillado. Entre las cuencas que desembocan en la bahía figuran Tocumen, Cabuya, Tapia, Juan Díaz, Matías Hernández, Matasnillo y Río Abajo. El estudio estima que el sistema de Saneamiento de la Bahía y la Ciudad de Panamá reduce en 24% los residuos que llegarían al agua desde la provincia. Aplicando ese factor, quedarían aproximadamente 15,418 toneladas anuales, unas 42 toneladas diarias. Sin embargo, esta cifra es una aproximación para toda la provincia y no representa exclusivamente la basura que termina en la bahía Los residuos tampoco son únicamente plásticos. Una caracterización realizada en la red colectora encontró que la celulosa representaba 56.53% del material por peso, seguida por materia orgánica, con 15.22%, y textiles, con 9.55%. El informe advierte que estos resultados corresponden a un sistema específico. Frente al problema, la Alcaldía desarrolla un plan con una inversión de $4.8 millones y 425 días de ejecución. Los trabajos incluyen extracción de basura, limpieza de puntos contaminados y recuperación de manglares. Participan equipos municipales, los ministerios de Ambiente y Salud, la Autoridad de Aseo, el Consorcio Río Verde, ambientalistas y voluntarios. TamMás de 100 mil toneladas de basura llegan al mar cada año en Panamá AMBIENTE bién se utilizan drones y otras tecnologías para localizar acumulaciones de residuos y dar seguimiento a las intervenciones. ElalcaldeMayerMizrachi señaló que, además de recuperar ríos, playas y manglares, la iniciativa pretende “sembrar conciencia”. El desafío, sin embargo, no consiste únicamente en retirar los desechos existentes, sino en evitar que nuevos residuos continúen llegando al mar. El esfuerzo municipal se suma a otras iniciativas. Marea Verde retiró durante 2025 más de 254 toneladas de basura de los ríos Juan Díaz y Río Abajo. Su proyecto Siete Cuencas pretende ampliar la intervención y evitar que más de 800 toneladas de residuos lleguen al mar anualmente. Por otro lado, el Programa Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá fue concebido principalmente para interceptar y tratar aguas residuales, no como un programa de limpieza de basura marina. Sin embargo, sus instalaciones también permiten dimensionar el problema de los residuos sólidos. En 2018, las trampas instaladas en la red colectora del sistema retenían en promedio 11.3 toneladas de residuos sólidos mensuales, equivalentes a unas 135.5 toneladas al año. Aunque representa apenas una fracción de los desechos que se desplazan hacia la costa, el dato evidencia cómo la basura generada en la ciudad puede viajar a través de drenajes, alcantarillas y ríos hasta alcanzar el litoral. Las distintas iniciativas apuntan así a dos frentes complementarios: retirar la basura que ya contamina ríos, manglares y costas e impedir que continúe el flujo de residuos desde la ciudad hacia la bahía y el mar. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Jornada de limpieza en la bahía de Panamá. Cortesía Los 81 alcaldes del país están agrupados en la Amupa. Cortesía Fallo de la Corte mantiene el flujo de fondos hacia la Amupa, pese a críticas José González Pinilla [email protected] DINERO PÚBLICO Entre 2021 y 2025, la asociación recibió alrededor de $7.8 millones, canalizados a través de la Autoridad Nacional de Descentralización. La Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) seguirá recibiendo fondos públicos. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no inconstitucional la norma que establece que esta asociación recibirá el 1% de los recursos que destina anualmente el Gobierno central a las juntas comunales y alcaldías del país. Fue el vicealcalde de la capital, actualmente en licencia, Roberto Ruiz Díaz, quien demandó ante la Corte el artículo 112-I de la Ley 37 de junio de 2009, posteriormente modificado por la Ley 66 de 2015. En su demanda, Ruiz Díaz alegó que se están transfiriendo fondos públicos a una “asociación de carácter privado” que no está regida por las normas que regulan la administración pública. Además, sostuvo que la Amupa “no es un ente público del gobierno central, autónomo o semiautónomo ni empresa mixta”. También expuso que, en muchas ocasiones, ese 1% que recibe la asociación es incluso “más de la cantidad” que reciben algunos municipios subsidiados del país. Por ello, consideró “ilógico” que la organización reciba tales recursos. Ese porcentaje proviene del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPS), recursos que son transferidos a través de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). “Con este fallo se ha blindado a la Amupa para que reciba fondos de descentralización, sin ser un ente público”, dijo Ruiz Díaz. El vicealcalde en licencia agregó que la decisión abre la puerta para que cualquier asociación alegue que coopera con alguna entidad estatal y, con base en ello, solicite fondos públicos. La posición de la Procuraduría Como parte del proceso, la Corte solicitó la opinión del procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, quien consideró que la disposición que permite a la Amupa recibir fondos públicos no riñe con la Constitución. Gómez Rudy argumentó que la eficiencia de la descentralización “no se agota en la asignación aislada de competencias a cada municipio”, sino que exige mecanismos de cooperación intermunicipal que permitan coordinar esfuerzos, optimizar la recaudación de tributos y garantizar un uso equitativo y sostenible de los recursos públicos. El procurador señaló que entre los objetivos de la Amupa están “fortalecer la autonomía” municipal y velar por el cumplimiento efectivo del proceso de descentralización. Según su argumento, la conformación de una entidad de carácter privado integrada “exclusivamente por municipios” no representa una “cesión ilegítima de competencias ni una renuncia a la gestión de recursos”. La defensa de la Amupa Narciso Machuca, asesor legal de la Amupa, también presentó sus alegatos ante la Corte. Machuca sostuvo que el artículo demandado no vulnera la Constitución y, por el contrario, “fortalece los principios de autonomía municipal”. Adujo que la norma no invade competencias del Estado ni del Órgano Ejecutivo, sino que reconoce la función técnica y asociativa de la Amupa como entidad que agrupa a los municipios, “promoviendo la coordinación y el fortalecimiento institucional”. En el fallo, el magistrado ponente, Olmedo Arrocha, señala que la Amupa fue creada como una entidad civil, representativa de carácter nacional, con fines no lucrativos y no partidistas. Además, advierte que la asociación está conformada por municipios de todo el país, “lo que significa que se trata de un organismo de asociación integrado por alcaldías”. La Corte sostiene que los recursos que recibe la Amupa no persiguen beneficiar intereses privados o particulares de sus miembros. Por el contrario, tienen como finalidad “facilitar actividades de coordinación, representación, asistencia técnica y fortalecimiento institucional a favor de la totalidad de los municipios”. Se trata, añade el fallo, de un mecanismo de apoyo institucional orientado al fortalecimiento integral de los gobiernos locales. $7.8 millones en cinco años Entre 2021 y 2025, la Amupa recibió alrededor de $7.8 millones, canalizados a través de la Autoridad Nacional de Descentralización. De ese monto, los recursos corresponden al 1% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que le asigna la ley y a otro 1% proveniente del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPS). El flujo de recursos no fue uniforme durante esos años. En 2021, por ejemplo, se transfirieron $1,863,867, concentrados principalmente en los programas IBI y PIOPS. En agosto de ese año se registró una transferencia de $585,200 correspondiente al PIOPS. En 2022, el total anual descendió a $1,454,464. Ese año también se registra la primera transferencia bajo el Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), por $20,000. 2023 fue el año de mayor actividad financiera, con $1,898,071 en transferencias. El incremento estuvo relacionado con una mayor frecuencia de desembolsos y con la inclusión de un fondo especial denominado “Funcionamiento - Congreso”, por $245,000. Para 2024, el monto total descendió a $1,515,096.13. En 2025, hasta septiembre, se habían registrado transferencias por $1,129,714.68, manteniéndose el flujo de recursos correspondientes a IBI Inversión y PIOPS. Sin informes Sin embargo, pese a administrar recursos provenientes de distintas fuentes de financiamiento público, la Amupa no ha presentado informes de rendición de cuentas al Ministerio de Economía y Finanzas desde que se implementó la normativa, según información de la Autoridad de Descentralización. “A la fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha recibido informes mensuales, trimestrales o anuales”, indicó la AND en una nota. La decisión de la Corte permite así que la Amupa continúe recibiendo recursos públicos, pese a que el cuestionamiento central de la demanda de Ruiz Díaz giraba precisamente en torno a la transferencia de fondos estatales a una organización constituida bajo el régimen privado. Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom
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