4A La Prensa Panamá, martes 11 de agosto de 2026 Panorama PLATAL. La bancada oficialista no solo pretende “gestionar” proyectos y programas comunitarios. También busca que el Estado aporte los fondos para eso. Por eso, en el proyecto de reformas al reglamento de la Asamblea, agregaron un párrafo que les “garantiza una inversión mínima” en el presupuesto general del Estado. ¿Alguien dudaba de que detrás de estas intenciones había plata? La gestión de proyectos es la excusa perfecta para aumentar presupuestos y planillas. REGLAS. El acuerdo del 17 de junio de 2025 que creó la Policía Municipal debía ser reglamentado por el alcalde Mayer Mizrachi. Ese documento, ¿fue redactado? ¿Alguien lo ha visto? ¿O la Policía Municipal ha funcionado durante un año sin su correspondiente reglamentación? Solo eso faltaba… BILLETE. Este martes, el ministro Felipe Chapman acude a la Comisión de Presupuesto para sustentar el proyecto de presupuesto de 2027. Una semana después, el 17 de agosto, iniciarán las vistas presupuestarias. Con lo que planean aprobar en el reglamento interno, pronto estará la fila de diputados pedigüeños con sus cartas del “qué hay pa’ mí”. BREAK. El pleno legislativo aparcó la discusión del proyecto de reformas al reglamento de la Asamblea para ratificar las designaciones de los directivos de entidades y empresas estatales. Para el despojo que iban a aprobar, mejor que le dediquen Ante la falta de pago, la CSS mantiene abiertos 48 procesos coactivos para recuperar los recursos adeudados. Cortesía Municipios y juntas comunales acumulan $23 millones de deuda con la CSS Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FONDOS PÚBLICOS Ante la falta de pago, la CSS mantiene abiertos 48 procesos coactivos para recuperar los recursos adeudados. Los gobiernos locales arrastran una creciente morosidad con la Caja de Seguro Social (CSS). Entre municipios y juntas comunales, la deuda acumulada con la entidad asciende a $23 millones, una cifra que evidencia la magnitud de los compromisos pendientes y las dificultades de estas administraciones para cumplir con sus obligaciones patronales. Ante la falta de pago, la CSS mantiene abiertos 48 procesos coactivos para recuperar los recursos adeudados. Según el listado de empleadores morosos de la CSS, correspondiente a junio de 2026, unas 170 juntas comunales, de un universo aproximado de 700, figuran con obligaciones pendientes ante la institución. La morosidad también alcanza a cerca de 30 de los 82 municipios del país. Caso representativo Uno de los casos más significativos corresponde al Municipio de Colón. La comuna, cuya representación legal está a cargo de Lorenzo Diógenes Galván, registra un saldo principal pendiente de $8.1 millones. Se trata de un monto que se viene acumulando desde administraciones anteriores, entre ellas la de Alex Lee (2019-2024), quien actualmente se encuentra detenido en medio de una investigación por presunto mal manejo de fondos durante su gestión al frente del gobierno local. La deuda del municipio colonense representa la mayor parte de la morosidad identificada entre los gobiernos locales incluidos en los registros y evidencia la dimensión del problema que enfrentan las administraciones municipales para mantener al día sus obligaciones con la seguridad social. Otros municipios La morosidad también aparece en otros municipios del país. El Municipio de Santa Isabel, en Colón, registra una deuda de $463,822, mientras que el Municipio de David, en Chiriquí, acumula $397,782 y el Municipio de Almirante, en Bocas del Toro, $358,037. En Portobelo, también en Colón, la deuda asciende a $289,159.99. Los montos muestran que el problema no está concentrado exclusivamente en una provincia y que las dificultades para cumplir con las obligaciones patronales se extienden a distintas regiones del país. Las juntas comunales Las juntas comunales tampoco escapan de esta situación. Entre los casos registrados aparece Burunga, en Arraiján, con una deuda de $120,168, mientras que Pedregal, en el distrito de Panamá,acumula$112,109. San Francisco, uno de los corregimientos con mayor actividad económica de la capital, también figura entre los morosos, con $42,070. La presencia de juntas comunales de distintos tamaños en el listado refleja que las dificultades administrativas y financieras alcanzan al nivel más cercano de la estructura del Estado. Según el listado de la CSS, la dimensión nacional del problema se observa en los registros de juntas comunales y municipios de provincias como Darién, Coclé y Chiriquí. Localidades pequeñas aparecen junto a distritos con mayor capacidad administrativa y de recaudación. Uno de los principales problemas derivados de esta situación es que los funcionarios no pueden acceder al servicio de atención médica de la CSS, pese a que se les estaría descontando la cuota correspondiente. César Herrera, director ejecutivo nacional de Finanzas de la CSS, informó que la institución mantiene varios procesos de cobro coactivo contra gobiernos locales morosos, con el objetivo de que municipios y juntas comunales cumplan con sus obligaciones y se pongan al día con los pagos pendientes. Otras entidades A la morosidad de los gobiernos locales se suma la de otras entidades públicas que también mantienen millonarias obligaciones pendientes con la CSS. Uno de los casos más significativos es el de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). Pedro González, rector encargado de la Unachi, señaló en abril pasado, durante una comparecencia ante la Asamblea Nacional, que la institución enfrenta un “déficit” presupuestario que ha contribuido a generar una deuda de $12 millones en concepto de cuotas obrero-patronales con la CSS. En esa ocasión, González agregó que la institución también mantiene un compromiso de $265 mil con el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP). Según explicó, estos recursos no fueron transferidos oportunamente. Cartera morosa Al cierre de diciembre de 2025, la cartera morosa general de la CSS ascendía a $279.4 millones. Para junio de 2026, la cifra había aumentado a $301.9 millones. El director ejecutivo de Finanzas explicó que “aunque figuraban como morosas al momento de cerrar el informe de morosidad publicado en junio de 2026, algunas entidades ya pagaron sus deudas o iniciaron el proceso para ponerse al día, y eso se reflejará en el informe de cierre de año”. Los casos que todavía mantienen atrasos fueron remitidos a la jurisdicción coactiva para continuar con las acciones de cobro establecidas por la ley, agregó el funcionario. La CSS publica dos veces al año el listado de empleadores que mantienen tres meses o más de morosidad, conforme al artículo 17 de la Ley 462. Representantes de corregimiento y alcaldes han planteado que la morosidad responde a varios factores, entre ellos la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19, que redujo las recaudaciones en algunos distritos, y los retrasos del Gobierno Central en las transferencias destinadas a los municipios subsidiados. Juan Manuel Díaz [email protected] Ali Zaki Hage Jalil , presunto terrorista vinculado a Hizbulá, cuando llegó extraditado de Venezuela. EFE Ali Zaki Hage Jalil, el único detenido por el atentado de Alas, recibe doble revés judicial JUSTICIA Ali Zaki Hage Jalil, el único detenido por el atentado de un avión de la línea aérea Alas Chiricanas en 1994, en el que fallecieron 21 personas, sufrió una doble derrota judicial, luego que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó dos recursos para que se cerrara dicha investigación. A través de los edictos Nº 81 y N.º 82, divulgados el pasado viernes en el tablero de la Sala Penal, se informó a las partes de la decisión adoptada por las magistradas Ariadne García, María Eugenia López Arias y Maribel Cornejo, quienes rechazaron las apelaciones presentadas por los abogados de Ali Zaki Hage Jalil para cerrar el expediente que instruye la Fiscalía Superior de Descarga. Las magistradas invocaron la Ley 121 de 2013, que adoptó medidas contra las actividades relacionadas con los delitos de delincuencia organizada. Otras de las consideraciones legales alegadas por las magistradas son los artículos 2139, 2424 y 2426 del Código Judicial, que se refieren a los requisitos para admitir los recursos de apelación. El imputado fue extraditado desde Venezuela el pasado 20 de abril, luego de que las autoridades de ese país autorizaran su entrega a Panamá para que enfrente el proceso judicial relacionado con la explosión de la aeronave. Ali Zaki fue localizado en Isla Margarita, donde residía hace años. Tras labores de investigación y cooperación internacional, en las que participó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, se logró su ubicación y posterior extradición a Panamá. El investigado permanece detenido bajo estrictas medidas de seguridad en una celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), a la espera que su situación judicial se resuelva ante los tribunales de justicia. La defensa del imputado también sostiene que este caso debe tramitarse bajo las reglas del Sistema Penal Acusatorio (SPA) a raíz de una resolución de la Corte del 5 de junio de 2017, en la que se establece que todos los procesos posteriores a enero de 2018 deben tramitarse bajo este sistema. La aeronave de Alas explotó el 19 de julio de 1994, tras despegar del aeropuerto Enrique Jiménez, en Colón. Según la investigación, un pasajero identificado como Ali Hawa Jamal transportó el artefacto explosivo oculto en un radio troncal y lo detonó en pleno vuelo, causando la muerte de las 21 personas que iban a bordo. Nadie reclamó el cuerpo de Jamal. La investigación inicialmente fue archivada de manera provisional, pero luego fue reabierta cuando las autoridades obtuvieron nueva información sobre la presunta vinculación de Ali Zaki Hage Jalil, como parte de una acción impulsada por el grupo terrorista Hizbulla. el tiempo a otra cosa. JOJOJO... El ministro Juan Carlos Navarro ha autorizado —con cuatro meses de anticipación— los trámites para el pago de un bono navideño de $300 para cada funcionario de Miambiente. El único requisito es haber ingresado a la planilla antes del 31 de julio de este año, sin importar la productividad o el desempeño. Tal Cual Mónica Palm [email protected]
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