1A La Prensa Panamá, martes 11 de agosto de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 11 de agosto de 2026 - Año 46 - Nº 15354 Hoy por hoy El Consejo Municipal necesitó menos de cinco minutos para tramitar, bajo la figura de “urgencia notoria”, un acuerdo de 104 artículos que transformó a los vigilantes municipales en una estructura con rangos, armas de fuego y facultades para requisar, registrar vehículos y aprehender ciudadanos. Semejantes atribuciones exigían estudio, debate y prudencia. Dos representantes pidieron enviar el documento a comisión y uno cuestionó las disposiciones sobre el uso de la fuerza. La mayoría siguió adelante: 19 representantes aprobaron el Acuerdo Municipal 162 de 2025 y tres se abstuvieron. La responsabilidad política también alcanza al alcalde capitalino, impulsor de la iniciativa. Ante las objeciones, criticó que los representantes expresaran sus reparos en el pleno y sugirió que buscaban “hacer taquilla”. Tras el violento episodio de Hatillo y los cuestionamientos constitucionales ante la Corte, aquellas advertencias adquieren otra dimensión. La justicia determinará la constitucionalidad del acuerdo, pero no hace falta una sentencia para evaluar la responsabilidad política de quienes promovieron y aprobaron, prácticamente sin discusión, semejantes facultades. Portar armas, emplear la fuerza y aprehender ciudadanos son potestades demasiado delicadas para concederlas a la carrera. Ciento cuatro artículos merecían mucho más que cinco minutos. CSS: ediles y alcaldes adeudan $23 millones Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] MOROSIDAD La morosidad en el pago de cuotas obrero-patronales por parte de los gobiernos locales ha llevado a la CSS a abrir 48 procesos coactivos de cobro. Los gobiernos locales acumulan una deuda de $23 millones con la Caja de Seguro Social (CSS), que mantiene 48 procesos coactivos para recuperar los recursos. Unas 170 juntas comunales y cerca de 30 municipios figuran como morosos. El Municipio de Colón concentra el mayor saldo, con $8.1 millones. La situación afecta a funcionarios que no pueden acceder a atención médica, pese a que se les estaría descontando la cuota correspondiente. A estas obligaciones se suman las de otras entidades públicas, como la Unachi, que adeuda $12 millones. La cartera morosa general de la CSS pasó de $279.4 millones en diciembre de 2025 a $301.9 millones en junio de 2026. Alcaldes y representantes atribuyen parte de los atrasos a problemas económicos y demoras en transferencias gubernamentales. VEA 4A Aprehenden a Publio De Gracia y cautelan seis vehículos de alta gama El exdirector de la DGI, Publio De Gracia, fue aprehendido en una investigación por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, originada en una auditoría de la Contraloría que calculó una lesión patrimonial de $724,682. Las autoridades también han aprehendido tres inmuebles, cuatro cuentas bancarias y seis vehículos de alta gama vinculados a la investigación en curso. VEA 6A Así se aprobó la Policía de Mizrachi: 104 artículos en cinco minutos El 17 de junio de 2025, el alcalde Mayer Mizrachi defendió la creación de la Policía Municipal y cuestionó a quienes pedían mayor análisis. La entonces presidenta del Consejo Municipal, Saidy Quintero, sometió a votación el acuerdo, bajo ‘urgencia notoria’. VEA 2A El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia ayer deja hasta ahora al menos 132 muertos y más de 570 heridos, según balances parciales. El epicentro se localizó en San José del Palmar, en el Chocó, departamento fronterizo con Panamá, a una profundidad de 103 kilómetros. Pereira concentra el mayor número de víctimas, mientras Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja. Al menos 86 edificios colapsaron y seis aeropuertos suspendieron operaciones. El movimiento también se sintió en Panamá, donde edificios de la capital fueron evacuados preventivamente ante la intensidad y duración del sismo. VEA 5A Colombia, sacudida por la tragedia Cientos de personas buscaban a los desaparecidos tras el colapso de un edifico en Cali. EFE Pacientes fueron evacuados de una clínica en Cali. EFE Parte de la estructura de la Catedral basílica de Nuestra Señora del Rosario (Manizales). EFE
2A La Prensa Panamá, martes 11 de agosto de 2026 Redacción de La Prensa [email protected] Basilio Fernández comenzó a trabajar en La Prensa desde su fundación, el 4 de agosto de 1980. Archivo Basilio Fernández entra a la junta directiva de Corprensa EMPRESAS El licenciado Basilio Fernández, uno de los asociados fundadores del diario La Prensa, se ha incorporado como miembro de la junta directiva de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa). Fernández ingresó a La Prensa el 4 de agosto de 1980, fecha de fundación del periódico. Aquí laboró por 46 años. Ocupó diversos cargos en el área administrativa e incluso fue “canillita”. El año pasado ejerció interinamente como gerente general. Al momento de acogerse a su jubilación, el pasado mes, se desempeñaba como gerente de Operaciones. Además, es columnista de opinión en Mi Diario, también editado por Corprensa. Fernández es licenciado en Administración de Empresas y tiene una maestría con énfasis en Recursos Humanos de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), que es parte de la red de universidades privadas Laureate International. El nuevo director, que fue designado el pasado 17 de julio, ocupa la vacante dejada por Annette Planells, quien renunció hace un año. La junta directiva de Corprensa la completan Jorge Molina Mendoza (presidente), Aurelio Barría (tesorero), Rita Vásquez (secretaria) y Jorge Luis Quijano (director). Hoy martes 11 de agosto, Corprensa celebra su asamblea general anual de accionistas. Pleno del Consejo Municipal de Panamá. Cortesía Policía Municipal se aprobó en 5 minutos con ‘urgencia notoria’ José González Pinilla [email protected] ACUERDO 162 DE 2025 Representantes de Vamos y Moca pidieron, sin éxito, remitir el acuerdo a una comisión para su análisis jurídico. Ahora, el acuerdo está demandado ante la Corte Suprema. La creación de la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá, hoy blanco de demandas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), recibió el año pasado el aval del Consejo Municipal sin mayor discusión y bajo la figura de “urgencia notoria”. En la sesión del martes 17 de junio de 2025, la entonces presidenta del Consejo Municipal, Zaidy Quintero, del Partido Panameñista, sometió a votación el Acuerdo N.° 162, que establece la organización y el funcionamiento de la Dirección de Policía Municipal. Antes de la votación, César Kiamco, representante de Bella Vista por la coalición Vamos, pidió que se reconsiderara enviar el documento, de 104 artículos, a la comisión respectiva del Consejo Municipal para su análisis jurídico, en lugar de discutirlo bajo la figura de “urgencia notoria”. “Estoy seguro de que esto requiere una revisión adecuada dentro de la comisión, así que solicito a la mesa no tratar este tema como un caso de urgencia notoria”, dijo. Quintero replicó que sería el pleno el que decidiría si el documento se enviaba o no a la comisión. Acto seguido, pidió la palabra el edil David Bernal, de Vamos, quien respaldó la solicitud de Kiamco. “Solo analizando los artículos que hablan sobre el uso de la fuerza se requiere más claridad para poder explicarlos a los vecinos”, dijo Bernal. El alcalde Mayer Mizrachi, quien impulsó la creación de la Policía Municipal, intervino en esa sesión para cuestionar a los representantes que mostraron oposición a la iniciativa. “A mí me causa bastante curiosidad cómo es que se reservan las palabras únicamente para el pleno, porque desde el viernes nos hemos hasta visto allá atrás, donde estábamos desayunando todos. Nadie hace ninguna pregunta ni el ‘¿cómo estás?’, y ahora entonces quieren venir a hacer taquilla en el pleno”, dijo. El alcalde comunicó a los ediles presentes que, si querían información sobre la nueva Policía Municipal, podían acudir a la Alcaldía, donde serían atendidos por él y por el director de ese cuerpo. Tras la intervención de Mizrachi, el acuerdo fue aprobado con 19 votos de los 26 representantes que conforman el Consejo Municipal. Tres ediles se abstuvieron. Cuatro ediles que estuvieron presentes no votaron. Rody Rodríguez, representante de Parque Lefevre por el Movimiento Otro Camino (Moca), recordó este lunes 10 de agosto que, en aquella sesión, fue uno de los que se abstuvo de votar. Explicó que, entre otras razones, se opuso a la creación de la Policía Municipal por el uso de armas por parte de sus agentes. “A mí me parece que se llevan (los acuerdos) de manera muy apresurada ante el Consejo Municipal. Hay comisiones municipales que no se activan muchas veces. Y allí hay asesoría legal. Es en esas comisiones donde se invita a otros expertos en el tema para poder debatir con mayor claridad”, dijo Rodríguez. El proceso para someter a aprobación el decreto, incluida la intervención de algunos concejales, duró menos de cinco minutos. paración de los poderes del Estado, mientras que el 310 y 312 se refieren al establecimiento de la policía de carácter civil y que es el Ejecutivo el que reglamenta el uso de armas. Cedeño cuestiona en su demanda las facultades que ahora tiene este cuerpo municipal de realizar requisas, registro de vehículos, uso de la fuerza letal y no letal, así como la aprehensión de personas. Antes, la Policía Nacional había presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el mismo acuerdo, que no fue admitida. Posteriormente, el Ministerio de Seguridad Pública presentó otro recurso, que aún está en manos de los magistrados. Cedeño sostuvo que la creación de este cuerpo de seguridad, que depende de la Alcaldía de Panamá, “excede las competencias” de un consejo municipal y que debió establecerse mediante una ley aprobada por la Asamblea Nacional. “He analizado el acuerdo del Consejo Municipal de Panamá que organiza o estructura lo que es la Policía Municipal de Panamá y, a mi juicio, tiene visos de inconstitucionalidad”, aseguró. Otra demanda Ayer, una nueva demanda de inconstitucionalidad fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el acuerdo que creó la Policía Municipal. La acción legal fue presentada por el diputado y abogado Ernesto Cedeño, quien sostuvo que el siguiente paso debe ser el reparto de la demanda. “Espero que la Corte Suprema de Justicia juegue su papel y fortalezca la democracia del país, declarando la inconstitucionalidad”, dijo. El Acuerdo N.° 162 transformó el antiguo cuerpo de vigilantes municipales, creado para custodiar parques, mercados y bienes del municipio, en una estructura con rangos de tradición policial y militar: cabos, sargentos, tenientes, capitanes y un mayor. La norma también autoriza a sus agentes a portar “armas de fuego cortas y largas, que no sean de guerra”, realizar requisas corporales, registrar vehículos y aprehender ciudadanos, facultades que, según el Ministerio de Seguridad Pública, invaden competencias que la Constitución reserva a los estamentos de seguridad del Estado. En su demanda, Cedeño alega que el acuerdo estaría violando los artículos 2, 310 y 312 de la Constitución. El artículo 2 habla sobre la sePanorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom FE DE ERRORES En la edición impresa de ayer, 10 de agosto de 2026, con excepción de la portada (1A), se presentó un error en los encabezados del resto de las páginas. La fecha numérica fue colocada correctamente, pero el día de la semana que la acompañaba fue consignado de manera equivocada. Donde se indicó “domingo 10 de agosto” debió decir “lunes 10 de agosto”.
3A La Prensa Panamá, martes 11 de agosto de 2026 1. 2.
4A La Prensa Panamá, martes 11 de agosto de 2026 Panorama PLATAL. La bancada oficialista no solo pretende “gestionar” proyectos y programas comunitarios. También busca que el Estado aporte los fondos para eso. Por eso, en el proyecto de reformas al reglamento de la Asamblea, agregaron un párrafo que les “garantiza una inversión mínima” en el presupuesto general del Estado. ¿Alguien dudaba de que detrás de estas intenciones había plata? La gestión de proyectos es la excusa perfecta para aumentar presupuestos y planillas. REGLAS. El acuerdo del 17 de junio de 2025 que creó la Policía Municipal debía ser reglamentado por el alcalde Mayer Mizrachi. Ese documento, ¿fue redactado? ¿Alguien lo ha visto? ¿O la Policía Municipal ha funcionado durante un año sin su correspondiente reglamentación? Solo eso faltaba… BILLETE. Este martes, el ministro Felipe Chapman acude a la Comisión de Presupuesto para sustentar el proyecto de presupuesto de 2027. Una semana después, el 17 de agosto, iniciarán las vistas presupuestarias. Con lo que planean aprobar en el reglamento interno, pronto estará la fila de diputados pedigüeños con sus cartas del “qué hay pa’ mí”. BREAK. El pleno legislativo aparcó la discusión del proyecto de reformas al reglamento de la Asamblea para ratificar las designaciones de los directivos de entidades y empresas estatales. Para el despojo que iban a aprobar, mejor que le dediquen Ante la falta de pago, la CSS mantiene abiertos 48 procesos coactivos para recuperar los recursos adeudados. Cortesía Municipios y juntas comunales acumulan $23 millones de deuda con la CSS Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FONDOS PÚBLICOS Ante la falta de pago, la CSS mantiene abiertos 48 procesos coactivos para recuperar los recursos adeudados. Los gobiernos locales arrastran una creciente morosidad con la Caja de Seguro Social (CSS). Entre municipios y juntas comunales, la deuda acumulada con la entidad asciende a $23 millones, una cifra que evidencia la magnitud de los compromisos pendientes y las dificultades de estas administraciones para cumplir con sus obligaciones patronales. Ante la falta de pago, la CSS mantiene abiertos 48 procesos coactivos para recuperar los recursos adeudados. Según el listado de empleadores morosos de la CSS, correspondiente a junio de 2026, unas 170 juntas comunales, de un universo aproximado de 700, figuran con obligaciones pendientes ante la institución. La morosidad también alcanza a cerca de 30 de los 82 municipios del país. Caso representativo Uno de los casos más significativos corresponde al Municipio de Colón. La comuna, cuya representación legal está a cargo de Lorenzo Diógenes Galván, registra un saldo principal pendiente de $8.1 millones. Se trata de un monto que se viene acumulando desde administraciones anteriores, entre ellas la de Alex Lee (2019-2024), quien actualmente se encuentra detenido en medio de una investigación por presunto mal manejo de fondos durante su gestión al frente del gobierno local. La deuda del municipio colonense representa la mayor parte de la morosidad identificada entre los gobiernos locales incluidos en los registros y evidencia la dimensión del problema que enfrentan las administraciones municipales para mantener al día sus obligaciones con la seguridad social. Otros municipios La morosidad también aparece en otros municipios del país. El Municipio de Santa Isabel, en Colón, registra una deuda de $463,822, mientras que el Municipio de David, en Chiriquí, acumula $397,782 y el Municipio de Almirante, en Bocas del Toro, $358,037. En Portobelo, también en Colón, la deuda asciende a $289,159.99. Los montos muestran que el problema no está concentrado exclusivamente en una provincia y que las dificultades para cumplir con las obligaciones patronales se extienden a distintas regiones del país. Las juntas comunales Las juntas comunales tampoco escapan de esta situación. Entre los casos registrados aparece Burunga, en Arraiján, con una deuda de $120,168, mientras que Pedregal, en el distrito de Panamá,acumula$112,109. San Francisco, uno de los corregimientos con mayor actividad económica de la capital, también figura entre los morosos, con $42,070. La presencia de juntas comunales de distintos tamaños en el listado refleja que las dificultades administrativas y financieras alcanzan al nivel más cercano de la estructura del Estado. Según el listado de la CSS, la dimensión nacional del problema se observa en los registros de juntas comunales y municipios de provincias como Darién, Coclé y Chiriquí. Localidades pequeñas aparecen junto a distritos con mayor capacidad administrativa y de recaudación. Uno de los principales problemas derivados de esta situación es que los funcionarios no pueden acceder al servicio de atención médica de la CSS, pese a que se les estaría descontando la cuota correspondiente. César Herrera, director ejecutivo nacional de Finanzas de la CSS, informó que la institución mantiene varios procesos de cobro coactivo contra gobiernos locales morosos, con el objetivo de que municipios y juntas comunales cumplan con sus obligaciones y se pongan al día con los pagos pendientes. Otras entidades A la morosidad de los gobiernos locales se suma la de otras entidades públicas que también mantienen millonarias obligaciones pendientes con la CSS. Uno de los casos más significativos es el de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). Pedro González, rector encargado de la Unachi, señaló en abril pasado, durante una comparecencia ante la Asamblea Nacional, que la institución enfrenta un “déficit” presupuestario que ha contribuido a generar una deuda de $12 millones en concepto de cuotas obrero-patronales con la CSS. En esa ocasión, González agregó que la institución también mantiene un compromiso de $265 mil con el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP). Según explicó, estos recursos no fueron transferidos oportunamente. Cartera morosa Al cierre de diciembre de 2025, la cartera morosa general de la CSS ascendía a $279.4 millones. Para junio de 2026, la cifra había aumentado a $301.9 millones. El director ejecutivo de Finanzas explicó que “aunque figuraban como morosas al momento de cerrar el informe de morosidad publicado en junio de 2026, algunas entidades ya pagaron sus deudas o iniciaron el proceso para ponerse al día, y eso se reflejará en el informe de cierre de año”. Los casos que todavía mantienen atrasos fueron remitidos a la jurisdicción coactiva para continuar con las acciones de cobro establecidas por la ley, agregó el funcionario. La CSS publica dos veces al año el listado de empleadores que mantienen tres meses o más de morosidad, conforme al artículo 17 de la Ley 462. Representantes de corregimiento y alcaldes han planteado que la morosidad responde a varios factores, entre ellos la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19, que redujo las recaudaciones en algunos distritos, y los retrasos del Gobierno Central en las transferencias destinadas a los municipios subsidiados. Juan Manuel Díaz [email protected] Ali Zaki Hage Jalil , presunto terrorista vinculado a Hizbulá, cuando llegó extraditado de Venezuela. EFE Ali Zaki Hage Jalil, el único detenido por el atentado de Alas, recibe doble revés judicial JUSTICIA Ali Zaki Hage Jalil, el único detenido por el atentado de un avión de la línea aérea Alas Chiricanas en 1994, en el que fallecieron 21 personas, sufrió una doble derrota judicial, luego que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó dos recursos para que se cerrara dicha investigación. A través de los edictos Nº 81 y N.º 82, divulgados el pasado viernes en el tablero de la Sala Penal, se informó a las partes de la decisión adoptada por las magistradas Ariadne García, María Eugenia López Arias y Maribel Cornejo, quienes rechazaron las apelaciones presentadas por los abogados de Ali Zaki Hage Jalil para cerrar el expediente que instruye la Fiscalía Superior de Descarga. Las magistradas invocaron la Ley 121 de 2013, que adoptó medidas contra las actividades relacionadas con los delitos de delincuencia organizada. Otras de las consideraciones legales alegadas por las magistradas son los artículos 2139, 2424 y 2426 del Código Judicial, que se refieren a los requisitos para admitir los recursos de apelación. El imputado fue extraditado desde Venezuela el pasado 20 de abril, luego de que las autoridades de ese país autorizaran su entrega a Panamá para que enfrente el proceso judicial relacionado con la explosión de la aeronave. Ali Zaki fue localizado en Isla Margarita, donde residía hace años. Tras labores de investigación y cooperación internacional, en las que participó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, se logró su ubicación y posterior extradición a Panamá. El investigado permanece detenido bajo estrictas medidas de seguridad en una celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), a la espera que su situación judicial se resuelva ante los tribunales de justicia. La defensa del imputado también sostiene que este caso debe tramitarse bajo las reglas del Sistema Penal Acusatorio (SPA) a raíz de una resolución de la Corte del 5 de junio de 2017, en la que se establece que todos los procesos posteriores a enero de 2018 deben tramitarse bajo este sistema. La aeronave de Alas explotó el 19 de julio de 1994, tras despegar del aeropuerto Enrique Jiménez, en Colón. Según la investigación, un pasajero identificado como Ali Hawa Jamal transportó el artefacto explosivo oculto en un radio troncal y lo detonó en pleno vuelo, causando la muerte de las 21 personas que iban a bordo. Nadie reclamó el cuerpo de Jamal. La investigación inicialmente fue archivada de manera provisional, pero luego fue reabierta cuando las autoridades obtuvieron nueva información sobre la presunta vinculación de Ali Zaki Hage Jalil, como parte de una acción impulsada por el grupo terrorista Hizbulla. el tiempo a otra cosa. JOJOJO... El ministro Juan Carlos Navarro ha autorizado —con cuatro meses de anticipación— los trámites para el pago de un bono navideño de $300 para cada funcionario de Miambiente. El único requisito es haber ingresado a la planilla antes del 31 de julio de este año, sin importar la productividad o el desempeño. Tal Cual Mónica Palm [email protected]
5A La Prensa Panamá, martes 11 de agosto de 2026 Panorama Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada, en Cali. EFE/Ernesto Guzmán Búsqueda desesperada de desaparecidos en Colombia EFE. CALI, COLOMBIA EMERGENCIA Al menos 132 personas fueron reportadas muertas hasta el cierre de esta edición por el terremoto que sacudió ayer gran parte de Colombia, donde decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se comprometió ayer a realizar un encuentro regional con todo su Gobierno para evaluar las necesidades de los municipios afectados y aseguró que ya están disponibles los recursos económicos para atender la emergencia. Las declaraciones de De la Espriella se produjeron durante su visita a Quibdó, capital del departamento del Chocó y epicentro del terremoto que sacudió el centro y oeste del país. “El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado [...] y es momento de que esa injusticia termine”, expresó el mandatario acompañado de la gobernadora de ese departamento, Nubia Carolina Córdoba-Curi. Posteriormente el mandatario se trasladó a Cali. Hasta el cierre de esta edición, al menos 132 personas habían sido reportadas como muertas, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) que solo recogía el desglose de las capitales del país, mas no las de pueblos y localidades aledañas, que también sufrieron colapsos de edificios y daños en su infraestructura hospitalaria, de aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte. Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según la información. En Pereira, además habían anoche 16 personas atrapadas en el Megacable (teleférico público), dos edificios colapsados y 15 puntos críticos en los que continuaban las labores de rescate, mientras que el aeropuerto internacional Matecaña permanecía cerrado por daños en su cubierta. Toque de queda Mientras tanto, la Alcaldía de Cali decretó anoche el toque de queda así como la militarización de la ciudad. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, explicó que la medida busca garantizar la movilidad y seguridad de los equipos de emergencia y permitir que los organismos de socorro concentren sus esfuerzos en la búsqueda y rescate de personas que puedan permanecer atrapadas entre los escombros. “Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali”, afirmó Eder, quien pidió a los ciudadanos informar de cualquier intento de saqueo o situación de inseguridad. Como parte del refuerzo de las labores de emergencia, Cali recibirá 60 rescatistas procedentes de Bogotá y otros 32 integrantes de las Fuerzas Militares. El mandatario señaló que la presencia de la Policía y el Ejército se reforzará en distintos sectores de la ciudad, especialmente en las comunas 17 y 19 y en las zonas donde hubo mayores daños. “Estas primeras 48 horas son críticas para que podamos rescatar con vida a todas las personas que puedan estar atrapadas en los edificios colapsados”, agregó. También se declaró la calamidad pública para concentrar los recursos y esfuerzos institucionales en la atención de la emergencia, la protección de la vida y la respuesta en los puntos que continúan requiriendo asistencia. Rescate de personas dentro de edificios afectados. EFE Algunas cifras y datos del terremoto Muertos, heridos y edificaciones 132 Número total de personas reportadas como fallecidas, de las cuales, 60 corresponden a Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con la zona del Chocó, epicentro del terremoto. Las cifras preliminares también dan cuenta de 13 decesos en El Chocó y de 23 en Cali. 570 Total de personas registradas como heridas. 86 Edificios colapsados entre las regiones de Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia, principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños. 6 Total de aeropuertos con operaciones suspendidas por daños en infraestructura y/o pista. 1,575 Viviendas dañadas, de las cuales 37 están completamente destruidas . 33 Fueron las réplicas reportadas al cierre de esta edición, la más fuerte de 4.8 grados en la escala de Richter. Entre 90 segundos y 2 minutos de movimiento significativo fue la duración aproximada del terremoto de San José del Palmar, según los registros de las estaciones de monitoreo más cercanas al epicentro, de acuerdo con el Servicio Geológico de Colombia. El movimiento telúrico se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste del país, así como en Ecuador, Panamá y Venezuela. Los hospitales de Cali declararon la alerta roja al encontrarse al 100 % de su capacidad, según el secretario de Salud local, Germán Escobar. Cuatro centros médicos de gran tamaño tuvieron que ser evacuados completamente, entre ellos el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, que sufrió el derrumbe parcial de una de sus alas. El gobierno de Estados Unidos anunció el envío de 15.5 millones de dólares para apoyar la emergencia en Colombia. Asimismo, el BID y el Banco Mundial anunciaron un envío conjunto de 700 mil dólares, en cooperación no reembolsable. Por su parte, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe enviará 500 mil dólares en ayuda humanitaria. El Salvador ofreció equipos de rescate, médicos, paramédicos e insumos Viviana Dionisio, de la Red Sismológica Nacional de Colombia, explicó que el sismo de ayer fue tectónico, asociado principalmente a un mecanismo de subducción, que ocurre cuando la placa de Nazca, en el océano Pacífico, se mete debajo de la placa Sudamericana, lo que provoca una acumulación de energía en el contacto entre ambas y puede ocasionar terremotos de gran magnitud, como los registrados históricamente en países situados en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Datos del terremoto Infografía: LP - Fuente: Unicef - Defensoría Epicentro: San José del Palmar (Chocó) Hora local: 07:34 (12:34 GMT) Magnitud: 7.4 en la escala de Richter Profundidad: 103 kilómetros
6A La Prensa Panamá, martes 11 de agosto de 2026 Panorama Niñez indígena en Panamá: 70% vive en pobreza y 39% sufre desnutrición Aleida Samaniego C. [email protected] INFORME Un informe de la Defensoría del Pueblo y Unicef revela las brechas que enfrentan niños, niñas y adolescentes indígenas en salud, educación, alimentación y protección de derechos. El 70% (220,562) de los niños, niñas y adolescentes indígenas en Panamá vive en pobreza monetaria y 39% de los menores de cinco años presenta desnutrición crónica, según el Informe Defensorial sobre la Situación de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes Indígenas en Panamá 2026. En Panamá hay 315,089 niños, niñas y adolescentes indígenas, una población que enfrenta importantes brechas en alimentación, salud, educación, protección e identidad. El documento, elaborado por la Defensoría del Pueblo con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (Conamuip), expone estas desigualdades y recoge las opiniones y experiencias de niñas, niños y adolescentes indígenas. La situación es especialmente crítica en las comarcas. La pobreza multidimensional alcanza el 94% en Ngäbe Buglé, el 91.5% en Emberá-Wounaan y el 87% en Guna Yala, de acuerdo con los datos citados en el informe. La pobreza también se refleja en la alimentación Las carencias económicas tienen consecuencias directas sobre la alimentación y el desarrollo de la niñez. El informe señala que 39% de los niños indígenas menores de cinco años padece desnutrición crónica, una condición que puede afectar su crecimiento y desarrollo. Las desigualdades también son evidentes en el acceso a los servicios de salud. Mientras el promedio nacional es de 33.3 profesionales de la salud por cada 10,000 habitantes, en la comarca Ngäbe Buglé la cifra se reduce a 3.3 profesionales por cada 10,000 habitantes. A esto se suma que solo 21% de los niños, niñas y adolescentes indígenas cuenta con cobertura de seguridad social. Las dificultades económicas también pueden llevar a algunos menores a incorporarse a actividades laborales, lo que puede interferir con su educación. “Los niños tenemos derecho a ir a la escuela a estudiar, no a trabajar”, relató un adolescente de 14 años del distrito de Arraiján, cuyo testimonio fue incluido en el estudio. Uno de cada siete no asiste a la escuela Las brechas también están presentes en la educación. Según el informe, 15% de los niños, niñas y adolescentes indígenas no asiste a la escuela, mientras que 42% presenta sobreedad o rezago educativo. La conectividad representa otra limitación: solo 31% de la niñez y adolescencia indígena tiene acceso a internet. El documento también advierte sobre las dificultades para garantizar una Educación Intercultural Bilingüe que responda a las características culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas. “La educación brindada no es acorde a la cultura”, expresó un adolescente de 14 años de la comarca Ngäbe-Buglé, quien también señaló las dificultades que enfrentan los estudiantes cuando algunos docentes no hablan su idioma. Para esta población, la educación está vinculada no solo con la permanencia en el sistema escolar, sino también con la preservación de su identidad, idioma y cultura. La realidad tampoco se limita a las comarcas. 58% de la niñez indígena vive fuera de los territorios comarcales, donde también enfrenta situaciones de discriminación. Una niña de 13 años residente en Santa Ana relató que ha sido discriminada por su color de piel y por hablar su idioma. El informe identifica además una alta incidencia de maternidad y uniones tempranas entre adolescentes indígenas. De acuerdo con sus datos, 59% de las madres adolescentes del país son indígenas, mientras que 70% de las adolescentes indígenas que son madres deja de asistir a la escuela. En cuanto a las uniones o matrimonios infantiles, cuatro de cada cinco adolescentes que se encuentran en esta situación son indígenas. El fenómeno afecta al 15% de las jóvenes indígenas de entre 15 y 17 años. El trabajo infantil constituye otra de las situaciones de riesgo. Su tasa entre la población indígena triplica el promedio nacional, según el informe. Estos factores pueden acumularse y dificultar la permanencia de los adolescentes en el sistema educativo. Cuatro de cada cinco niños sin registro son indígenas La falta de registro de nacimiento constituye otra barrera para el ejercicio de derechos. El documento señala que cuatro de cada cinco niños que no cuentan con registro de nacimiento en Panamá son indígenas. No contar con este documento puede dificultar el acceso a servicios públicos, programas sociales y otros derechos fundamentales. Una niñez marcada por múltiples brechas Los problemas identificados están relacionados entre sí. La pobreza puede limitar el acceso a una alimentación adecuada; las dificultades económicas y territoriales afectan el acceso a servicios de salud; las barreras lingüísticas y culturales pueden interferir con la experiencia educativa, y la discriminación alcanza tanto a quienes viven dentro como fuera de las comarcas. El informe plantea como prioridades aumentar la inversión pública, mejorar el acceso a servicios de salud y nutrición, fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe y reforzar la protección frente al trabajo infantil, las uniones tempranas y la violencia de género. También recomienda que las políticas públicas consideren las características culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas y atiendan a quienes viven tanto en las comarcas como fuera de ellas. Más allá de las estadísticas, el documento incorpora las voces de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante espacios de consulta. Sus testimonios muestran cómo estas brechas se traducen en dificultades para estudiar, acceder a servicios, preservar su identidad y vivir libres de discriminación. “Este documento debe entenderse como una herramienta para la acción. Una herramienta para fortalecer la coordinación entre instituciones; para orientar decisiones basadas en evidencia; para asignar recursos donde más se necesitan”, señaló Olga Isaza, directora adjunta de Unicef para América Latina y el Caribe. “Escuchar a las niñas, niños y adolescentes indígenas no es solamente un ejercicio de participación; es una obligación de derechos humanos”, señaló la defensora del Pueblo, Ángela Russo. Durante la presentación del informe, la Defensoría del Pueblo dará seguimiento a las recomendaciones mediante acciones de monitoreo y coordinación con las instituciones del Estado y los pueblos indígenas. La radiografía que deja el informe muestra que pobreza, desnutrición, dificultades educativas, falta de acceso a servicios de salud, trabajo infantil, uniones tempranas, falta de registro y discriminación forman una cadena de brechas que puede comenzar desde los primeros años de vida. Cerrar estas brechas requiere ampliar la cobertura de los servicios y garantizar que lleguen a los territorios y comunidades donde más se necesitan, de acuerdo con la cultura, el idioma y las condiciones particulares de cada pueblo indígena. El exdirector General de Ingresos, Publio De Gracia (2019-2024) fue aprehendido como parte de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Con De Gracia fue aprehendida una mujer. Ambos fueron ubicados en un edificio de apartamentos. El inmueble fue revisado como parte de la diligencia. De Gracia y su acompañante se retiraron del lugar esposados y escoltados por agentes de la Procuraduría General de la Nación y de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP). Esta causa se origina es un informe de auditoría de Publio De Gracia, aprehendido por presunto enriquecimiento y blanqueo JUSTICIA 2025, elaborado por la Contraloría General de la República, que calculó una lesión patrimonial por $724,682. Fuentes ligadas a la investigación seguida a De Gracia revelaron que hasta ahora se logró la aprehensión de tres bienes inmuebles, cuatro cuentas bancarias y seis vehículos de alta gama, incluyendo una Toyota Prado, un Lexus y varios de las marca BMW. Al terminar su gestión en la DGI, el 30 de junio de 2024, De Gracia presentó una declaración jurada de bienes, como obliga la ley. Lo hizo a través de la escritura notariada número 13597, la cual ingresó a la Contraloría el 5 de agosto de ese mismo año. El proceso no guarda relación con la investigación por la apropiación de créditos fiscales a través de manipulación del sistema e-Tax 2-0 de la DGI, caso conocido como Operación Pandora. Sobre Pandora, De Gracia emitió un comunicado el pasado 27 de julio, expresando que está a disposición para cooperar con las autoridades, “en todo lo que se necesite, para que hechos así no se repitan”. La Prensa intentó contactar a su abogada Gladys Quintero, pero esta no respondió los mensajes. Juan Manuel Díaz [email protected] Pobreza entre la niñez indígena Infografía: LP - Fuente: Unicef - Defensoría Guna Yala Emberá-Wounáan Ngäbe Buglé 70% de los NNA indígenas viven en pobreza monetaria El 32.6% de los 91.5% NNA en pobreza multidimensional en el país vive en comarcas indígenas. EN LAS COMARCAS LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL SE ELEVA A: BRECHAS EN SALUD PERSONAL DE SALUD ACCESO A PREVENCIÓN COBERTURA DE SEGURIDAD SOCIAL 87% 20.9% 7% 3% 91% 94% Si bien el 70% de los NNA indígenas tienen becas escolares, apenas el 28% de los hogares con NNA percibe alguna transferencia monetaria directa. 21% de los NNA indígenas tiene cobertura de seguridad social. Promedio nacional Guna Yala Ngäbe Buglé 3.3 PROFESIONALES POR CADA 10,000 HABITANTES EN NGÄBE-BUGLÉ 33.3 PROFESIONALES POR CADA 10,000 HABITANTES A NIVEL NACIONAL 56.1% de los territorios indígenas enfrenta falta de servicios de prevención de riesgos en salud, frente a un promedio nacional de 20.9% En Panamá hay 315,089 niños y adolescentes indígenas. Alexander Arosemena
7A La Prensa Panamá, martes 11 de agosto de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. raciones maravillosas” que nos narraba nuestro amigo Juan C. Tapia. Desde mi balcón, considero que la política partidista empezará hacia el último cuarto del año, con la posible inscripción de, por lo menos, un partido. El movimiento UNE, liderado por Martín Torrijos, ha estado movilizándose y formalizando las bases para crear un nuevo partido, que considero podría estar conformado bastante rápido. Esto debido a la reputación que antecede al expresidente y a la cantidad de antiguos miembros del partido que creó su padre que cruzarán esa línea imaginaria en búsqueda de un partido “torrijista”. Y allí estará la batalla en la que, a mi juicio, el antiguo partido lleva las de perder. Otro movimiento que considero iniciará su proceso dentro de poco será el que está conformado por diputados que corrieron por la libre postulación y le “robaron” el mandado a los “viejos”, especialmente en áreas como San Miguelito, donde les dieron cátedra. Si efectivamente se les suma el “abogado, cantante y excandidato”, de igual manera considero que llenarían los requisitos para conformarse en un nuevo partido en muy poco tiempo. Tengo entendido que hay alrededor de 10 grupos que estarían aspirando a convertirse en partidos, dado que el cambio en las reglas del juego, aprobaLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Más allá del bullying: el desafío de la educación emocional en las escuelas Violencia Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) de la Unesco, apenas el 53% de los estudiantes panameños de sexto grado demuestra empatía, una cifra por debajo del promedio regional (55%). El problema de fondo es aún más grave. Este indicador realmente mide la capacidad de un niño para reconocer el dolor ajeno, comprender la perspectiva de un compañero y reaccionar con empatía ante situaciones de burla, tristeza o exclusión. Que más de la mitad de nuestros alumnos no logre conectar emocionalmente con sus pares no es solo un fallo del sistema educativo. Es una grieta en la sociedad que estamos construyendo. La educación emocional permite que los estudiantes aprendan a reconocer, comprender y expresar sus emociones de manera adecuada. No busca eliminar las emociones negativas, pues son parte de la vida humana. Intenta enseñar a gestionarlas con responsabilidad. Un niño o joven que comprende lo que siente puede tomar mejores decisiones y relacionarse de una manera más saludable. Uno de los elementos principales de la educación emocional es la autorregulación. Esta habilidad consiste en controlar impulsos y responder de manera consciente ante situaciones difíciles. Un estudiante que aprende a manejar la ira, la frustración o el enojo tiene mayores herramientas para resolver conflictos sin recurrir a la violencia. La autorregulación no significa guardar las emociones, sino aprender a expresarlas de forma respetuosa. La empatía también ocupa un lugar fundamental. Muchas conductas de acoYunier Reyes Bellido Panamá frente a su futuro Reformas electorales Panamá está frente a una encrucijada muy difícil. Primero, el gobierno de turno y, luego, los panameños tendremos que tomar decisiones dentro de los próximos meses que marcarán el rumbo por el cual debemos dirigirnos para beneficio del país como un todo. Por un lado, tenemos un gobierno al cual le ha tocado negociar no solo con los diputados de la Asamblea Nacional, lo cual, bajo cualquier circunstancia, sería normal, sino que le ha tocado negociar con quienes, idealmente, serían sus contrincantes políticos. Y lo ha logrado hacer bastante bien hasta ahora. Por una razón u otra, el mayor partido del país pareciera que ha sabido negociar para su propio beneficio, y digo pareciera, pues los resultados de esta negociación no se verán de inmediato, sino con el transcurrir de las semanas en el hemiciclo legislativo. Por ahora, se han apoderado de las presidencias de las comisiones más anheladas por los diputados, pero lo que no se sabe es si este triunfo, parcial o no, viene amarrado a ciertas condiciones, lo cual entonces tornaría el tablero boca abajo, anotando una gran victoria política para el inquilino de San Felipe. Las dos bancadas que no se alinearon con esa corriente “tradicionalista” parecieran haber asimilado el golpe, no sin antes haber apoyado la rodilla en el tinglado, pero con una de esas “recupedo por la Comisión de Reformas Electorales, incluyendo a representantes de la empresa privada, colocaría una camisa de fuerza a quienes aspiren a la libre postulación para forzarlos a convertirse en partidos. Al final, creo que terminarán constituyéndose uno o dos; dudo que haya espacio para más. Esto nos dejaría con una “planilla electoral” de alrededor de 15 partidos debidamente conformados, incluyendo el de los trabajadores, que ya es partido de nuevo. Estos últimos pareciera que han encontrado algo interesante en este proceso de conformar un partido, por cuyos candidatos ni siquiera ellos mismos votaron en las últimas elecciones. El intercambio de figuritas del álbum del Mundial se convertirá en un detalle en comparación con los cambios de “figurotas” que se darán entre partidos tradicionales y los nuevos partidos, y muchos que hubieran aspirado a buscar un puesto por la libre postulación tocarán las puertas de uno de los partidos nuevos o existentes. Todo esto pareciera indicar que el año electoral se “extendería” por lo menos un año más, lo cual colocaría en una posible zozobra proyectos como el de la constituyente que se han inventado y un par más que están dando vueltas por ahí. Vuelvo a comentarle al oído del mandatario que ojalá se “impulsara” la finalización del cuarto puente sobre el Canal, para ver si pudiera estar terminado en 2028 y no tener que esperar hasta después de las elecciones. Más que por un tema electoral, por razones humanas, pues miles de conductores desde y hacia Panamá Oeste podrían volver a tener una mejor calidad de vida. Opinión EL AUTOR es dirigente cívico y analista político. EL AUTOR es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación. so nacen cuando una persona no logra comprender el daño que puede causar a otra. La escuela debe enseñar a los NNJ a ponerse en el lugar del otro, respetar las diferencias y valorar la diversidad como una oportunidad de aprendizaje. La violencia escolar ha cambiado con el avance de la tecnología. El cyberbullying demuestra que los conflictos pueden continuar fuera del aula, en redes sociales y plataformas digitales. Esto plantea un nuevo desafío: formar estudiantes con responsabilidad digital, capaces de utilizar la tecnología con respeto y conciencia. Esta tarea no corresponde solamente a la escuela. La familia, los docentes, las instituciones y la comunidad tienen un papel fundamental. Los valores, el respeto y la forma de resolver conflictos se aprenden con el ejemplo diario. Cuando todos los actores trabajan juntos, se crean mejores condiciones para el bienestar de los NNJ. Panamá tiene la oportunidad de avanzar hacia una educación donde el conocimiento académico y la formación humana caminen juntos. Capacitar a los docentes, fortalecer los programas de orientación, promover espacios de diálogo y enseñar habilidades emocionales desde los primeros años son acciones necesarias para construir una cultura de paz. El desafío no es solamente detener el bullying cuando ocurre. El verdadero reto es formar generaciones capaces de reconocer sus emociones, respetar a los demás y resolver sus diferencias sin violencia. Una escuela que educa las emociones no solo protege a sus estudiantes: transforma la sociedad desde sus raíces. Cada vez que un caso de bullying o violencia escolar llega a la opinión pública, surge una pregunta necesaria: ¿estamos preparando a nuestros estudiantes solamente para aprobar materias o también para convivir, respetar y manejar sus emociones? La escuela es un espacio donde se forman conocimientos, pero también valores, actitudes y formas de relacionarnos con los demás. La violencia escolar es una realidad que afecta a estudiantes en el mundo. Panamá no es la excepción. No se trata únicamente de agresiones físicas. También incluye insultos, amenazas, humillaciones, exclusión, discriminación y acciones que afectan la seguridad emocional de niños, niñas y jóvenes (NNJ). Estas situaciones pueden influir en el aprendizaje, la autoestima y la convivencia en las escuelas. El problema requiere una mirada más amplia: fortalecer la educación emocional como una herramienta para prevenir la violencia y construir ambientes escolares basados en el respeto y la empatía. En Panamá, la Ley 289 de 2022 establece medidas para la prevención, atención y erradicación del acoso escolar en los centros educativos. Esta normativa reconoce la responsabilidad de proteger a los estudiantes y promover espacios seguros de aprendizaje. Las leyes necesitan estar acompañadas de procesos educativos que ayuden a cambiar comportamientos y fortalecer la convivencia. Los datos deben sacudirnos. Según el El escenario político comienza a reconfigurarse entre nuevas alianzas, futuros partidos y reformas que podrían condicionar las decisiones que Panamá tiene pendientes. Juan B. Mckay Prevenir el acoso escolar exige enseñar a niños y jóvenes a gestionar sus emociones, desarrollar empatía y resolver conflictos sin violencia. La importancia de llamarse Panamá IA Lo publicó el diario The Washington Post: «El Proyecto Panamá es nuestro esfuerzo para escanear de forma destructiva todos los libros del mundo», afirmaba la empresa de inteligencia artificial Anthropic en un documento que es parte de un proceso judicial que revela un plan de compra masiva de libros para entrenar a una IA y luego destruirlos. ¿Dónde está el grito en el cielo del Ministerio de Cultura, parte del gobierno de paso firme? ¿Dónde está la campaña de la Cancillería de la República reclamando una reparación moral por el perjuicio de tomar el nombre de un país y ponérselo a un proyecto deleznable como ese? Llamarse Panamá tiene que ser importante. Cuando no nos tomamos en serio nuestro patrimonio inmaterial, y nada lo es más que un nombre, se creerán siempre con el derecho de hacernos de menos. Quizás a Anthropic, con aquello de los papers, le pareció buena idea tirar del tópico de país bananero, incluido en listas grises y con una cultura obviable, quién sabe, pero lo cierto es que aquí, en nuestro país imaginario, la tibieza ante la noticia demuestra que nos da bastante igual que nos traten así. Como sociedad, como país, debemos pedir explicaciones de por qué alguien, en cualquier parte del mundo, se cree con derecho a tomar el nombre de nuestro país para usarlo como le da la gana. No debemos permitirnos esta nueva forma de desprecio hacia nuestra reputación. Ya bastante tenemos con el clientelismo y la corrupción como para permitir que, a nivel internacional, se nos asocie con semejante «proyecto». Cuando despreciamos la importancia de llamarnos Panamá, pasan estas cosas; cuando no nos tomamos en serio, los demás tampoco. A ver si las «fuerzas vivas» de la cultura de este país se mueven más allá del cliché y nuestros «periodistas» más mediáticos se atreven a escribir sobre este asunto. Estamos tan ensimismados que no vemos el poco aprecio que tienen algunos por quienes somos. EL AUTOR es escritor. Pedro Crenes Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Gerente General Sudy S. de Chassin Gerente de Ventas Casilda P. de Somoza [email protected] Gerente de Mercadeo y Club La Prensa Karol Samán [email protected] Teléfono: 323-6400 ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com EDITORIAL COMERCIAL Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular.
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