2A La Prensa Panamá, viernes 7 de agosto de 2026 La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, y el diputado Jorge González, jefe de bancada de Vamos. Elysée Fernández Gestionar obras revive la partida circuital y ‘desnaturaliza’ la labor legislativa José González Pinilla [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Para la Fundación Libertad Ciudadana, el Órgano Legislativo ha dado un ‘peligroso retroceso institucional’. Que diputados “gestionen” o “fiscalicen” el desarrollo de proyectos y programas en sus comunidades equivale a revivir las cuestionadas “partidas circuitales”, representa una “evidente usurpación” de funciones, vulnera la separación de poderes y desnaturaliza la labor legislativa. Esas son algunas reacciones que ha generado una modificación al proyecto de reformas del Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional, para permitir que diputados asuman tareas de gestionar, impulsar y fiscalizar el desarrollo de programas e inversiones para el “mejoramiento de la calidad de vida” de sus electores. Esos proyectos van desde carreteras, puentes, alcantarillas y escuelas hasta instalaciones deportivas y turísticas y servicios de electrificación, entre otros. Además, el proyecto de ley 594 dispone que se “garantizará una inversión mínima” en el presupuesto del Estado para la ejecución de los proyectos que gestionarán los diputados. De planillas a obras Rigoberto González, exprocurador de la Administración, opinó que no es competencia de la Asamblea Nacional elaborar y ejecutar proyectos de infraestructura pública o instalaciones deportivas, escolares o turísticas. “Eso le corresponde al Órgano Ejecutivo y a los gobiernos locales”, dijo. Para González, la propuesta implica resucitar las partidas circuitales. “Es exactamente lo mismo”, añadió. Dichas partidas no eran más que fondos públicos asignados de forma discrecional a los diputados para supuestamente financiar obras en sus circuitos. Lo preocupante, sostuvo el exprocurador, es que, además de los fondos que se les asignan a los diputados para nombrar a su personal —“que, además, no hace nada”—, ahora quieran ejecutar obras. “La pregunta que yo me hago: ¿para qué están los representantes de corregimiento?”, dijo González. Respetar la Constitución El exdiputado y fundador de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez coincide que el artículo —impulsado por el diputado Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM) y aprobado en segundo debate por el pleno legislativo el pasado martes— “abre la puerta para revivir las partidas circuitales”. “Si bien yo soy de aquellos que estuvo en su comunidad y que estuvo pendiente de las necesidades del circuito, no puede una ley ir por encima de lo que establece la Constitución. Y esta establece tres funciones para el diputado. Y eso hay que respetarlo. Punto y final”, dijo. Esas funciones constitucionales consisten principalmente en hacer leyes, aprobar los traslados de partida presupuestaria e iniciar procesos judiciales contra el presidente de la República, su vicepresidente y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ‘Evoca el peor mecanismo’ En esa misma línea se pronunció la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), que advirtió que la iniciativa evoca “los peores mecanismos de uso discrecional de fondos públicos mediante las denominadas partidas discrecionales de la administración de 2009-2014”. Dicha práctica fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), toda vez que la Constitución no otorga a los diputados funciones ni competencias administrativas propias de las autoridades locales. “Al arrogarse el manejo directo de obras de infraestructura vial, agua potable y educación en las comunidades, la Asamblea incurre en una evidente usurpación de funciones que vulnera el principio de separación de poderes y debilita la gobernanza democrática”, sostuvo la organización. Además, advirtió que equiparar “la presencia en la curul” con las actividades en los circuitos electorales y obligar a los diputados a tramitar obras representa “una flagrante violación a la Constitución” y un peligros retroceso institucional que “desnaturalizada la labor legislativa”. ‘Es inconstitucional’ Para Rodrigo Noriega, abogado y analista político, la propuesta es “obviamente inconstitucional”, pues ya la Corte se pronunció en el pasado sobre el tema. “Esta propuesta es obviamente una apertura a más corrupción, a más clientelismo y a que se despilfarre el presupuesto del Estado”, aseguró. Considera que los diputados “no tienen nada que hacer” con proyectos comunitarios, pues esa función no figura en la Constitución. “Si usted abre la Constitución no va a encontrar por ninguna parte que los diputados pueden gestionar, administrar, facilitar, fomentar, pedir, intermediar proyectos, ni administrar fondos, así que el primer problema es que la propuesta es inconstitucional”, dijo. Además, tal prerrogativa abre una oportunidad para la corrupción, porque obviamente si los diputados empiezanamanejarfondos, “no lo van a licitar de forma transparente y no lo van a usar para los fines más necesarios de la comunidad. Lo van a usar para sus fines”. Todo ello implica, además, una enorme distorsión al presupuesto general del Estado, en momentos en que el país necesita que haya mesura y austeridad, pues “los diputados, gestionando proyectos, no van a tener límites”. Recomendó que el proyecto sea devuelto a segundo debate, para que el artículo de marras sea eliminado. Para Roberto Troncoso, de Unidos por la Democracia, es lamentable que los diputados hayan dejado por fuera temas claves como la eliminación de privilegios, el nepotismo y el descuento a diputados que se ausenten injustificadamente. “Siento que es aquí donde hay un desfase, hay un resbalón. No aprueban lo que realmente todos estábamos esperando”, sostuvo. Se pausa el debate Este jueves, el pleno tenía previsto continuar con la discusión del proyecto del RORI en tercer debate, pero fue pospuesto para el lunes 10 de agosto. Lo que imposibilitó la discusión es la ausencia de la mayoría de los diputados principales del bloque oficialista y de las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD). Por el momento, la bancada Vamos evalúa una propuesta para que el proyecto de reformas al RORI sea devuelto a segundo debate. El diputado Luis Duke, de Vamos, dijo que con los cambios realizados en segundo debate “quedamos peor que antes”: una Asamblea menos transparente y con más privilegios. El Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo las medidas de detención provisional para cinco imputados de la operación Pandora. Se trata de Margie Caballero, Vielka Sáez, Juana Chong, Juan Omar Palacios y Karina Suárez. Las tres primeras estaban en la planilla de la Dirección General de Ingresos (DGI) hasta el pasado 16 de julio. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, comunicó luego que serían destituidas. Por otra parte, el tribunal ordenó la detención provisional de Lupo González y mantuvo la medida de retención domiciliaria a favor de Karen Pitty, por razones médicas. Pitty también deberá portar un brazalete electrónico. Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones Frank Torres, Carlos Barragán y Greta Marchosky establecieron que está plenamente acreditada la vinculación de Caballero, Sáez, Chong, Palacios y Suárez con la estructura que operaba a lo interno de la DGI y que alteraba los créditos fiscales que eran transferidos a sociedades canastas y luego vendidos a bancos de la localidad. En su decisión, los magistrados recalcaron las declaraciones dadas por Eduardo Silvestre, imputado en este caso y colaborador de la fiscalía, quien detalló que las personas mencionadas anteriormente cumplían diferentes roles dentro de la estructura creada para la tramitación fraudulenta de los créditos fiscales. En el caso de Lupo González, el tribunal reconoció que utilizó varias modalidades para ejecutar el fraude a través de los créditos fiscales, entre ellas la alteración de las boletas de pago y la alteración de los códigos del impuesto de ITBMS. Explicaron que González −al ocupar cargos como el de analista dentro de la DGI− conocía y tenía acceso al sistema e-Tax 2.0 lo que permitió alterar documentación para ejecutar el esquema fraudulento. En un solo caso, relacionado con González, la fiscalía detectó la alteración de créditos fiscales de la sociedad Gama Sport por un monto de $1.8 millones. González, que trabajó como auditor en la DGI, esOperación Pandora: Tribunal mantiene medidas de detención a imputados AUDIENCIA taba en detención domiciliaria, pero el fiscal Emeldo Márquez apeló esa medida y solicitó su ingreso a prisión. En cuanto a Karen Pittí, los jueces señalaron que, si bien fue la creadora de la sociedad Master Eco Green, identificada como una de las empresas utilizadas para la recepción de créditos fiscales, y que su presunta participación constituye una conducta de gravedad, correspondía concederle la medida de depósito domiciliario debido a los quebrantos de salud que padece. En sus conclusiones los magistrados señalaron que estos exfuncionarios de la DGI y particulares que idearon esta estructura criminal ocasionaron un grave daño a la imagen internacional del país y afectaron al Estado panameño ante organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Incluso señalaron que esta acciones dentro de la DGI pusieron en riesgo la seguridad jurídica del país. Juan Manuel Díaz C. [email protected] En total hay 21 imputados. Imagen creada cn IA Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Futura Plaza de la Democracia. Cortesía Renovarán la plaza de la Democracia con una inversión de $15 millones RENOVACIÓN Yaritza Mojica [email protected] La Alcaldía de Panamá presentó el proyecto de renovación urbana “Plaza de la Democracia–Bahía Viva”, una intervención que busca transformar las 1.2 hectáreas de este espacio ubicado en el corregimiento de San Francisco y convertirlo en un nuevo punto de encuentro ciudadano frente a la Bahía de Panamá. La propuesta, presentada durante una audiencia pública y aprobada por votación unánime, contempla una inversión de $15 millones provenientes de los fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con la meta de iniciar su ejecución en 2027. Actualmente, la plaza recibe cerca de mil visitantes diarios y alrededor de 10 mil personas durante los fines de semana; sin embargo, la Alcaldía señala que el espacio se encuentra subutilizado. Entre los principales cambios planteados se encuentra la eliminación del estacionamiento superficial, y se incorporarán áreas verdes, senderos peatonales, ciclovías, miradores hacia la bahía, mobiliario urbano, jardines de lluvia, entre otros.
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