4A La Prensa Panamá, jueves 6 de agosto de 2026 Panorama BURLA. Las reformas introducidas por el pleno legislativo al reglamento interno de la Asamblea son una prueba del universo paralelo en el que gravita el órgano más inútil, descarado y vil del Estado. Como si se tratara de un videojuego perverso, la bancada del mal, con sus aliados del PRD y el Panameñista, ha desbloqueado un nuevo nivel de desfachatez al rechazar no sólo cualquier posibilidad de descuento por ausencias injustificadas, sino que pretenden que se considere que están presentes en el pleno legislativo incluso cuando están fuera de la curul, en sus circuitos electorales. Ni que fueran el Espíritu Santo... ÑAMES. El retraso de casi cuatro horas el pasado martes en la sesión del pleno legislativo, es porque estaban cuadrando la votación de las reformas al RORI, en segundo debate, con el apoyo de los panameñistas… Ya la bancada de ese partido se abstuvo en la elección del 1 de julio -para favorecer la candidatura de Shirley- y ahora se presta para esto. Como no les dieron la presidencia de ni una comisión queda la duda sobre qué fue lo que negociaron a cambio. FISCALES. Si usted creía que había visto todo en materia de oportunismo electoral, sepa que ahora los diputados pretenden ser -ellos mismos- los fiscalizadores de la ejecución de proyectos viales, sanitarios, educativos, turísticos y deportivos que se ejecuten en sus comunidades. Así es… usted leyó bien. Y para llevar a cabo esta “labor” se apoyarán en el personal que labora en sus despachos. ¿Esto que quiere decir? ¿Que los seres más desprestigiados de la fauna política panameña son los que van a poner orden y garantizar el cumplimiento de los contratos? Que se abrochen el cinturón de seguridad los contratistas del Estado, porque no van a aguantar la velocidad con las que les lanzarán el consabido “qué hay pa’ mi”. ADVERTENCIA. ErnesMayer Mizrachi, impulsor de la Policía Municipal, en un entramiento en la selva. Tomado de @Mayer Caso Hatillo llega a la justicia; Alcalde Mizrachi es denunciado Eliana Morales Gil [email protected] AGRESIÓN La defensa del exfuncionario Alberto Llerena presentó una denuncia penal contra el alcalde Mayer Mizrachi, el director de la Policía Municipal y el agente que lo agredió durante la protesta en el edificio Hatillo. El abogado sostiene que las lesiones configuran una tentativa de homicidio. El abogado Valentín Jaén, defensor de los exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá agredidos el lunes por agentes de la Policía Municipal en el edificio Hatillo, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el agente que atacó a Alberto Llerena, contra el director de la Policía Municipal y contra el alcalde Mayer Mizrachi. La denuncia describe el tipo de lesión que recibió Llerena, aunque Jaén advirtió al Ministerio Público que, por la gravedad del ataque, el caso constituye una tentativa de homicidio. “Dirigimos la denuncia contra el agresor, contra el director de la Policía y contra el alcalde, e hicimos la observación de que estamos ante un delito de tentativa de homicidio”, afirmó Jaén en entrevista con este medio. El abogado interpuso la denuncia la noche del mismo lunes, horas después de la protesta en la que los exfuncionarios reclamaron el pago de prestaciones adeudadas. El documento describe las lesiones que sufrió Llerena, despedido de la alcaldía hace 15 días. Estado de salud Jaén informó que Llerena sufrió una ruptura de una vértebra superior y que la cirugía que le practicaron fue exitosa. Sin embargo, advirtió que el exfuncionario no ha salido de la crisis: mantiene una hemorragia que los médicos no han podido controlar. Dijo que en la noche del martes los familiares le repotaron que no se encontraba bien. “Hablaba incoherencias”. Llerena permanece en el hospital Santo Tomás, en la unidad de cuidados intensivos, a la que ingresó con una lesión cerebral tras el golpe que recibió en la cabeza. Los fundamentos Como sustento de la denuncia, Jaén citó los videos que circulan en redes sociales sobre la agresión y anunció que ya recopila testimonios que servirán de fuente de conocimiento al Ministerio Público. Uno de esos videos muestra a un agente de la Policía Municipal cuando persigue a Llerena, le propina una patada y lo derriba, mientras otro grupo de agentes lo rodea. Sobre la identidad del agresor, el abogado indicó que se trata del “inspector Sánchez”. Lo señaló como “el instigador, el autor material del asunto”. Supuesta ‘privación ilegal de libertad’ Jaén también denunció que algunos de los exfuncionarios fueron retenidos por la Policía Municipal desde las 2:00 p.m. hasta las 12:00 de la medianoche del lunes, sin autorización judicial y sin que sus familiares supieran dónde se encontraban. “Hubo una privación ilegal de la libertad. Nadie sabía dónde los tenían. No permitían que se comunicaran con sus familiares”, agregó. El martes, el Juzgado de Paz de Calidonia celebró una audiencia en la que impuso amonestaciones verbales a dos exfuncionarios del municipio que participaron en la protesta. Jaén solicitó que se aceptarán las pruebas porque uno de ellos presentaba lesiones en el rostro y pidió una evaluación de medicatura forense, pero el juzgado no accedió. Según el abogado, en esa audiencia la alcaldía intentó acreditar que los ciudadanos agredieron a los agentes, versión que rechazó de plano: “Es todo lo contrario. Ellos agredieron. Están tratando de justificar el abuso de autoridad. Nosotros tenemos los audios, los videos y las pruebas testimoniales que van a dar fe de que los agresores fueron ellos”. La alcaldía, por su parte, informó que dos agentes de la Policía Municipal resultaron lesionados durante el incidente, sin aportar mayores detalles. Respuesta al alcalde El alcalde Mizrachi declaró que lamentaba lo ocurrido y que la actuación de la Policía Municipal “no fue exactamente” la que espera de una policía, cuya función, dijo, es disuadir. Jaén rechazó ese planteamiento. “El alcalde no puede salir a estas alturas a indicar que hubo un exceso de parte de la Policía Municipal. Él no puede justificar eso así. La policía actúa en atención a lo que le dicta el superior”, replicó. El abogado agregó que, a su juicio, ese cuerpo opera “inconstitucional e ilegalmente como si fuera una fuerza policial con carácter represivo”. Las facultades de la Policía Municipal, creada mediante el Acuerdo 162 de junio de 2025, son objeto de una demanda de nulidad que presentó el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, admitida el 3 de julio de 2026 por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Jaén anunció que presentará una querella y que hoy interpondrá nuevas denuncias. Al Ministerio Público le pidió actuar sin dilaciones. “Lo que queremos es justicia. Que castiguen a quienes están detrás de este acto. Ni las razones étnicas ni las políticas deben inhibir al Ministerio Público para proceder con la acción penal”, expresó. El abogado planteó, además, que a su juicio se trata de un delito de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible. Eliana Morales Gil [email protected] Por el Canal pasa al menos 5% de la comercio marítimo. EFE Gobierno crea un comando conjunto para la seguridad del Canal de Panamá NUEVA ESTRUCTURA El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), a cargo de Frank Ábrego, creó el Comando Conjunto para la Seguridad en las áreas específicas del Canal de Panamá (CCSCP), una estructura interinstitucional que integrará la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Sistema Único de Manejo de Emergencias (Sume) bajo una sola línea de mando adscrita a ese ministerio. Así consta en la Resolución No. 190 de 27 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial de ayer que lleva las firmas del ministro Frank Abrego y del viceministro Luis Felipe Icaza. La norma entrará a regir el día siguiente a su publicación, es decir, hoy. El nuevo comando se sustenta en el Acuerdo Marco de Servicios de Vigilancia, Seguridad y Protección de Áreas Específicas del Canal de Panamá, que suscribieron la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Minseg. Ese instrumento amplía las capacidades de los servicios policiales de vigilancia, seguridad y protección en siete áreas específicas bajo competencia o administración de la ACP, y aporta los recursos económicos para la operación del CCSCP. La resolución justifica la medida ante amenazas “climáticas, ambientales, cibernéticas, sociales y transnacionales”, y define el Canal como una infraestructura estratégica de interés nacional e internacional, cuya operación segura constituye un elemento fundamental para la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico del país. También califica la cuenca hidrográfica y sus áreas adyacentes como un recurso estratégico indispensable que requiere mecanismos permanentes de protección, vigilancia y control. Mando y estructura Una coordinación ministerial y una jefatura operacional dirigirán el comando, bajo la supervisión del ministro de Seguridad Pública. Un miembro de carrera policial con rango de comisionado o subcomisionado asumirá la jefatura operacional, mientras que un funcionario de nivel directivo de la sede ministerial ocupará la coordinación. El ministro designará ambos cargos. Entre las misiones del CCSCP figuran la planificación y ejecución de operaciones integrales de seguridad en las cuencas hidrográficas y áreas estratégicas del Canal, la protección de esclusas, centros de control, sistemas energéticos, redes de comunicación y corredores logísticos, así como la identificación, localización y aprehensión de ciudadanos que cometan acciones flagrantes contra los ordenamientos jurídicos dentro de las áreas y puntos determinados en el acuerdo. El comando también contará con un Centro de Operaciones Conjunto, un sistema permanente de inteligencia estratégica y capacidades de respuesta ante emergencias, desastres naturales, conflictos sociales y situaciones de crisis. Entre sus funciones aparecen, además, las “operaciones de información”, que consisten en estrategias de comunicación estratégica y “prevención de la desinformación”. to Cedeño ya avisó que si el proyecto es sancionado por el Ejecutivo y se convierte en la ley de la República, la demandará ante la Corte Suprema por violaciones a la Constitución. Se nota que no tiene un pelo... de tonto. AUTOGOL. Una de las reformas introducidas al reglamento interno es la prohibición de colocar rótulos en las curules. Lástima que esto no estaba vigente cuando colocaron los letreros de #FreeMartinelli. Tal Cual Mónica Palm [email protected]
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