3A La Prensa Panamá, miércoles 5 de agosto de 2026 Panorama Sin vigilancia y expuesto al vandalismo, el antiguo hospital modular muestra daños estructurales, filtraciones, equipos abandonados y un sistema eléctrico prácticamente desmantelado. Elysée Fernández/Cortesía Traslado de hospital no se concreta por falta de $1.2 millones Ereida Prieto-Barreiro [email protected] PANAMÁ SOLIDARIO La infraestructura permanece sin un destino claro, mientras la Policía Nacional admite que aún no dispone de los fondos para trasladar el hospital. El Hospital Panamá Solidario, en Albrook, permanece abandonado, sin vigilancia y expuesto al vandalismo, 19 meses después de que fuera transferido a la Policía Nacional para convertirlo en una clínica para sus agentes. La institución confirmó a La Prensa que el proyecto sigue sin ejecutarse porque necesita $1.2 millones para trasladar la estructura. La Policía explicó que esa cifra corresponde únicamente al desmontaje y traslado de la estructura desde Albrook y no incluye las adecuaciones ni el equipamiento necesarios para poner en funcionamiento la futura clínica, por lo que el costo del proyecto será mayor. En respuesta a un cuestionario enviado por este medio, la entidad indicó que el proyecto continúa condicionado a la disponibilidad presupuestaria. “A la fecha, no se ha logrado concretar la asignación de los fondos requeridos, por lo que no ha sido posible avanzar con su habilitación”. La institución agregó que cualquier intervención dependerá de que se garantice el financiamiento correspondiente. El hospital modular fue transferido oficialmente a la Policía Nacional el 26 de diciembre de 2024. Según informó la entidad, al momento de recibir las instalaciones únicamente permanecían teléfonos, cámaras de videovigilancia y gabinetes metálicos, ya que no existía equipo hospitalario en el lugar. El proyecto podría cambiar Aunque el plan anunciado por el Gobierno contemplaba trasladar la infraestructura para convertirla en una clínica destinada a la atención de los miembros de la Policía, esa ya no es la única alternativa sobre la mesa. La institución informó que también evalúa dividir los módulos para distribuirlos entre varias estaciones policiales del país. De concretarse esa opción, la inversión necesaria aumentaría, aunque la Policía no precisó el monto estimado ni aclaró si esta propuesta sustituirá el proyecto anunciado originalmente. Un hospital que se deteriora Mientras el proyecto permanece sin ejecutarse, el Hospital Panamá Solidario continúa deteriorándose. El inmueble carece de vigilancia permanente y, durante un recorrido realizado por La Prensa, se constató que parte de sus predios son utilizados como estacionamiento de metrobuses. Esta semana, los diputados de la bancada Seguimos, Betserai Richards, Grace Fernández, Ernesto Cedeño y José Barboni denunciaron la sustracción de cables de cobre y de aires acondicionados, además del deterioro que presenta la infraestructura. Los diputados solicitaron a la Contraloría General realizar una fiscalización del estado del bien público. La condición del millonario hospital es desoladora: paredes desprendidas, paneles de fibra de vidrio esparcidos, daños en parte de la estructura del techo, vegetación que invade las instalaciones, lámparas desprendidas, lavamanos quebrados, equipos abandonados sobre el piso, escombros y filtraciones. El sistema eléctrico fue removido y varias de las cámaras de videovigilancia que, según la Policía, recibió con el inmueble permanecen tiradas en el suelo. De hospital de pandemia a proyecto sin ejecutar El Hospital Panamá Solidario fue inaugurado en junio de 2020 para atender pacientes durante la pandemia de covid-19. Tras concluir la emergencia sanitaria, las autoridades evaluaron trasladar la infraestructura hacia La Chorrera y a áreas comarcales, propuestas que posteriormente fueron descartadas debido al elevado costo que implicaba desmontar y reinstalar los módulos. En enero de 2025, durante una entrevista con este medio, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que la infraestructura sería utilizada para establecer una clínica destinada a la atención de los miembros de la Policía, luego de que la entidad la solicitara formalmente. Sin embargo, el proyecto continúa sin ejecutarse por falta de recursos. Más de $11 millones invertidos La construcción y el equipamiento del Hospital Panamá Solidario representaron una inversión pública superior a $11 millones. La Contraloría General de la República refrendó el pago de más de $6.5 millones por la construcción de la infraestructura, mientras que el equipamiento médico fue valorado en aproximadamente $4.8 millones. El fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, solicitó al Tribunal Superior de Apelaciones revocar el depósito domiciliario concedido a Lupo González y a Karen Pitty, ambos imputados en el escándalo por la cesión fraudulenta de créditos fiscales de la Dirección General de Ingresos (DGI). Ayer, al reanudarse la audiencia solicitada por los defensores y la fiscalía para apelar las medidas cautelares dictadas por un juez de garantías el pasado 11 de julio, el fiscal Márquez explicó el rol que cada uno tenía en la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0. para apropiarse de créditos fiscales, venderlos y distribuir el dinero entre sus miembros. En el caso de Lupo González, ocupó el cargo de analista en la DGI. Además, tenía acceso al sistema e-Tax 2.0. para anular, dividir pagos y hacer ajustes. El fiscal remarcó que, tras una inspección realizada al sistema e-tax 2.0, se logró establecer que la clave de González se utilizó para transferir créditos fiscales por $76 mil a Bonay International Holding, una de las sociedades intermediarias utilizadas por la red. En ese caso, Bonay cedió los créditos a Bac International Bank. La red empleaba otras sociedades intermedias, Master Eco Green y Bonay Investment. Fiscal pide prisión preventiva para un analista de la DGI y una gestora OPERACIÓN PANDORA El fiscal Márquez consideró que la medida cautelar de depósito domiciliario a favor de González debe ser revertida, ya que las dolencias que padece el imputado pueden ser tratadas en un centro penitenciario. Además, destacó su activa participación en el ilícito investigado. Le preocupa, además, que desde su residencia, González pueda ayudar a ocultar pruebas o alertar a otros miembros de la estructura criminal para transferir bienes o coordinar acciones. En cuanto a Karen Kitty, su nombre aparece como representante legal de Master Eco Green, sociedad que recibió unos $20 millones en créditos fiscales que luego se negociaron con bancos de la localidad. La sociedad realizó varias transferencias a cuentas bancarias a nombre Carlos Ferguson y Adolfo Cosme Quintero Aguilar. Pitty luego le contó al banco que Ferguson y Quintero eran “accionistas” de Master Eco Green. Esta sociedad también transfirió fondos a José Jurado Rovira, representante de Servicios de Asesoría y Administración Jurado, S.A. Ferguson, Quintero −que fue pareja de Pitty− y Jurado también están imputados y en detención provisional. Pitty dijo a los magistrados que, aunque su nombre aparece, la idea de crear la sociedad y prestar servicios como intermediario en la comercialización de los créditos fiscales fue de Adolfo Quintero Aguilar. Él la convenció. Según Pitty, no sabe nada sobre los trámites y el manejo de los créditos fiscales; de todo eso se encargaba su expareja. Dijo además que requiere tratamiento médico especializado, ya que hace poco fue operada de una hemorragia cerebral y necesita evaluaciones constantes, además de padecer otras patologías. Los magistrados Frank Torres, Carlos Barragán y Greta Marchosky declararon un receso hasta mañana, día que comunicarán su decisión. Juan Manuel Díaz [email protected]
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==