1A La Prensa Panamá, miércoles 5 de agosto de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 5 de agosto de 2026 - Año 46 - Nº 15358 Los hogares panameños acumulan $36,997.9 millones en créditos, una cifra superior al presupuesto estatal programado para 2027, de $35,111.7 millones, reflejando la creciente carga financiera de las familias. VEA 1B El Ministerio Público investiga seis posibles casos de captación irregular mediante presuntas ofertas engañosas. De los 30 panameños identificados, 21 habrían sido vinculados al bando ruso y nueve al ucraniano. VEA 2A Casi $37 mil millones en deuda: el peso financiero de los hogares Guerra Rusia-Ucrania: seis investigaciones por posible trata Hoy por hoy Lo ocurrido en el edificio Hatillo expuso un problema que rebasa una protesta laboral. Primero apareció el garrote: una actuación de una fuerza municipal que abrió preguntas sobre el uso de la fuerza, la capacitación de sus agentes y los límites de una estructura creada con facultades policiales, con serios cuestionamientos sobre su constitucionalidad. Después llegó la pizza de parte del alcalde de la ciudad de Panamá: un gesto de cercanía que puede aliviar tensiones, pero que no sustituye respuestas institucionales. Los problemas públicos no se resuelven con símbolos ni videos en redes sociales, sino con reglas claras, transparencia y rendición de cuentas. El poder sin límites siempre termina siendo un riesgo para los ciudadanos. Panamá decidió constitucionalmente no tener ejército y estableció una Fuerza Pública civil sometida a la ley. Por eso resulta preocupante la creación de estructuras de seguridad con facultades coercitivas, armamento y capacidad de intervención sin un marco legal claro que determine sus límites y controles. Vivir+ La Odisea, literatura y cine 5B Magistrada puso en duda la policía de Mayer Mizrachi Eliana Morales Gil [email protected] La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Maribel Cornejo Batista, advirtió que el Acuerdo 162 de 2025, que creó la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá, podría vulnerar la Constitución al establecer medianPODER POLICIAL Maribel Cornejo Batista advirtió que el Acuerdo 162 de 2025 podría vulnerar la ‘Constitución’ al crear una estructura policial mediante una norma municipal. te una norma municipal una estructura de seguridad cuyas funciones requieren una ley formal. En su salvamento de voto, tras el rechazo por parte del Pleno de la CSJ de una demanda presentada por la Policía Nacional, la presidenta de la Sala Penal, señaló que la Constitución reserva al legislador la organización de los servicios policiales y que esa materia no figura entre las competencias de los consejos municipales establecidas en el artículo 242. El Acuerdo 162, aprobado por el Consejo Municipal de Panamá el 17 de junio de 2025 y posteriormente publicado en la Gaceta Oficial N.° 30339 del 7 de agosto de 2025, transformó el Servicio de Vigilancia Municipal en una Dirección de Policía Municipal con facultades Así luce parte de la estructura. Cortesía Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Construido durante la pandemia y transferido a la Policía Nacional para convertirse en clínica, el Hospital Panamá Solidario permanece abandonado 19 meses después, mientras espera recursos para su traslado y adecuación. La institución informó que requiere $1.2 millones solo para desmontar y trasladar la estructura desde Albrook, sin incluir las obras necesarias para su funcionamiento. VEA3A BIENES PÚBLICOS Policía Nacional no tiene dinero para trasladar el Hospital Panamá Solidario Mayer Mizrachi Archivo como uso de armas de fuego, aprehensión de ciudadanos, requisas corporales y una estructura de mandos. El Ministerio de Seguridad Públicatambiénimpugnóla norma ante la Sala Tercera. El debate cobró mayor relevancia tras el incidente del 3 de agosto en el edificio Hatillo, donde un agente municipal golpeó a un manifestante durante una protesta. VEA 2A Medalla de oro Gianna, la reina de la pista Gianna Woodruff volvió a escribir una página dorada para Panamá al conquistar el oro en los 400 metros con vallas y establecer un nuevo récord en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La atleta panameña, de 32 años, celebró con la bandera nacional una victoria histórica que confirma su trayectoria y grandeza en el deporte. COP
2A La Prensa Panamá, miércoles 5 de agosto de 2026 La Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá porta armas. Archivo La Policía Municipal: entre el poder del alcalde y los límites de la Constitución Eliana Morales Gil [email protected] INSTITUCIONES La fuerza creada por la Alcaldía de Panamá enfrenta críticas por sus atribuciones y por la actuación de uno de sus agentes durante una protesta de exfuncionarios el 3 de agosto. Expertos cuestionan si el Acuerdo 162 excede las competencias municipales. ¿Puede un alcalde crear una fuerza de seguridad armada con facultades represivas equivalentes a las de la Policía Nacional? El Acuerdo 162 del 17 de junio de 2025, que aprobó el Consejo Municipal de Panamá a solicitud del alcalde Mayer Mizrachi, pretende precisamente eso: transformar un servicio de vigilancia municipal en una estructura militarizada con escalafón, equipada con armas de fuego y con autoridad para retener ciudadanos. Especialistas en derecho constitucional y los jefes de la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad, entre otros, cuestionan si esa transformación respeta los límites de competencia municipal. El pasado lunes 3 de agosto ocurrió un incidente en el edificio Hatillo, sede de la alcaldía capitalina, que convirtió el debate en una realidad tangible. Todo comenzó cuando exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá acudieron a reclamar por el pago de sus prestaciones. Un video muestra a un agente de la Policía Municipal persiguiendo y propinando una patada a un hombre, quien cae al piso. El hombre es Alberto Llerena, despedido hace 15 días de la alcaldía. Hasta ayer 4 de agosto estaba en cuidados intensivos del hospital Santo Tomás con lesión cerebral y una hemorragia profunda por el golpe que recibió en la cabeza. De vigilancia a estructura militar El exalcalde José Isabel Blandón recordó que su antecesora y actual gobernadora de Panamá, Mayín Correa, creó el Servicio de Vigilancia Municipal con un propósito específico: custodiar las instalaciones del municipio. Era un servicio administrativo. “El Servicio de Vigilancia Municipal lo creó la alcaldesa Mayín Correa no para reemplazar la labor de la policía sino para custodiar las instalaciones del municipio”, manifestó Blandón el programa Política a Debate que transmite Radio Panamá. Mizrachi cambió eso. Entre junio y agosto de 2025, convirtió esa vigilancia en algo radicalmente distinto, con autorización del Consejo Municipal de Panamá. El Acuerdo 162, aprobado el 17 de junio de 2025 y publicado en la Gaceta Oficial 30339 del 7 de agosto, estableció la “Dirección de Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá” con facultades que exceden cualquier servicio de vigilancia: uso de armas de fuego, aprehender ciudadanos, realizar requisas corporales, escalafón militar con mandos y jerarquías y poder represivo equiparable al de la Policía Nacional. ¿Puede un alcalde alterar la naturaleza de una institución pública mediante un simple acuerdo municipal? Concepto militar, no comunitario Rigoberto González Montenegro, exprocurador de la Administración, duda de la constitucionalidad de la Policía Municipal. Su análisis revela un problema más profundo que los formalismos legales: se trata de una cuestión de concepto. “La imagen que se proyecta va en contravía de la idea de lo que debe ser un policía municipal de prestación al servicio a la comunidad”, manifestó González al observar los uniformes, logos y vehículos que utiliza el nuevo escuadrón. La diferencia entre un policía y un militar es fundamental, advirtió González: “Un policía se prepara para prevenir, para colaborar, para facilitar la convivencia con los ciudadanos. No se prepara para tener armas de guerra, porque eso corresponde a una concepción militar.” El riesgo González identifica un problema histórico en el país. “Cuando en nuestro país se le pone un uniforme a una persona, la tendencia es buscar una diferencia con el ciudadano para imponerse al ciudadano porque tengo un uniforme”, sustenta. La Policía Nacional está bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Pública y, por tanto, tiene cadena de mando, rendición de cuentas y protocolos regulados por ley. La Policía Municipal de Mizrachi está bajo control exclusivo del alcalde. No existe ley que la regule, supervisión del Ministerio de Seguridad, protocolo claro de uso de fuerza, ni rendición de cuentas independiente. En la Corte Suprema Las facultades de la Policía Municipal son objeto de análisis de la Corte Suprema de Justicia. La Policía Nacional, a cargo de Jaime Fernández, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo 162. Argumentó que la Constitución reserva exclusivamente al presidente de la República la facultad de conferir ascensos en cuerpos policiales. Además, que la Carta Magna no autoriza a los consejos municipales a crear cuerpos de policía, mucho menos dotarlos con armas de fuego, facultades de requisas corporales, poder de detención o capacidad de registrar vehículos. También explicó que la Constitución ordena que los servicios policiales se organicen mediante ley formal, no mediante acuerdo municipal. Y que las autoridades municipales tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, así como los decretos del Órgano Ejecutivo. Sin embargo, el pleno de la Corte Suprema rechazó el recurso alegando “defectos formales” en el “concepto de infracción.” La Corte nunca examinó el fondo. Por el contrario, cerró la puerta sin determinar si era constitucional o no. Magistrada salvó el voto La magistrada Maribel Cornejo Batista discrepó de la mayoría drel pleno. Salvó el voto. Advirtió que la demanda plantea conceptos de infracción con suficiente claridad sobre la vulneración de dos artículos de la Constitución. Sobre el artículo 310, señaló que la Carta Magna establece una reserva de ley para la organización de servicios de policía, y como el Acuerdo Municipal no es una ley, “resulta quebrantado”. Respecto al artículo 242, que enlista las funciones exclusivas del Consejo Municipal, observó que la organización de servicios de policía no figura entre ellas, por lo que “deviene vulnerable”. Pero el tema no quedó allí. El Ministerio de Seguridad Pública adoptó otra estrategia legal: cuando la Corte no admitió el reclamo de Jaime Fernández, el ministro Frank Ábrego presentó una demanda de nulidad similar, ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Esta demanda sí fue admitida el 3 de julio de 2026. Está a cargo de la magistrada María Cristina Chen, presidenta de la Corte Suprema. El costo político de la represión El incidente del lunes 3 de agosto reveló algo más profundo que un conflicto laboral y legal. Para el exministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles Rudy, “que la respuesta institucional sea el despliegue de agentes de seguridad y la dispersión mediante la violencia y el uso de la fuerza cruza una línea ética intolerable en un Estado de derecho”. Carles profundiza sobre el costo político de esa decisión. “Cuando la defensa burocrática de una gestión presupuestaria se cobra la salud cognitiva de un trabajador desarmado, la administración pierde de inmediato legitimidad moral para gobernar. La seguridad de las instalaciones de la alcaldía jamás estuvo en riesgo real por la presencia de extrabajadores portando pancartas y consignas. Lo que realmente estuvo en riesgo, y terminó por desplomarse, fue la fachada de una administración municipal que se autoproclama cercana al ciudadano”, opinó Carles. “Un liderazgo local que necesita escudarse detrás de la violencia física para no dar la cara a sus antiguos trabajadores carece de la solvencia moral necesaria para dirigir los destinos de la principal urbe del país”, agregó. La versión del alcalde Al día siguiente, Mizrachi dijo que lamentaba lo ocurrido. “La actuación de la Policía Municipal no fue exactamente la que yo espero de una policía, que es disuadir”, señaló. Anunció que espera el informe de las “Casas de Paz” (mediadores) para evaluar “las correcciones dentro de la Policía Municipal, e incluso considerar las suspensiones que sean necesarias”. También recalcó que ya ha pagado más de $1.2 millones en primas de antigüedad (una morosidad que heredó de pasadas administraciones) y que en el presupuesto de 2027 incluyó $2 millones adicionales para completar esos pagos. Sin embargo, Mizrachi también atribuyó parte del conflicto a lo que llamó “ciertas personas que han sido reincidentes en provocar, quizás por motivaciones políticas, altercados y disrupciones al orden”. Enfatizó que su administración siempre ha atendido a los ciudadanos “de una manera ordenada” y con “cordialidad”, pero que “una o dos manzanas tiraron el árbol” en referencia a quienes participaron en la protesta del lunes. También mencionó que dos agentes de su policía resultaron lesionados, pero no aportó mayores detalles al respecto. A 30 se elevó el número de personas vinculadas al reclutamiento para participar en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, según informó el procurador Luis Carlos Gómez. El funcionario explicó que, en una reunión con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, se le informó que 21 personas habrían sido contactadas por presuntos reclutadores rusos y viajado para incorporarse al conflicto. Otras nueve estarían vinculadas a procesos de reclutamiento relacionados con las fuerzas ucranianas. Gómez detalló que el Ministerio Público, a la fecha, mantiene seis investigaciones abiertas por posible captación irregular mediante presuntas ofertas engañosas para atraer ciudadanos panameños hacia la guerra. Los expedientes están a cargo de la Fiscalía EspeA 30 se elevan los panameños que participan en la guerra ruso-ucraniana MINISTERIO PÚBLICO cializada contra la Delincuencia Organizada, que realiza diligencias para identificar a posibles reclutadores que operarían en territorio panameño y determinar si utilizaron mecanismos engañosos para captar personas. El pasado 1 de agosto, la jueza de garantías Eyvis Jáen imputó cargos y ordenó la detención del taxista Mario Brooks por su presunta participación en el reclutamiento de personas para viajar a Rusia y participar en el conflicto. Durante la audiencia, la fiscal Elizabeth Carrión presentó evidencias de que Brooks habría captado a dos ciudadanos a cambio de una compensación económica. Según la Fiscalía, los reclutadores ofrecen pagos mensuales de $3,000 y un seguro de $70 mil a quienes aceptan incorporarse a esas fuerzas. La Cancillería informó previamente sobre 19 panameños vinculados a las fuerzas rusas, de los cuales uno falleció oficialmente y varios permanecen desaparecidos o con paradero desconocido. Entre los casos reportados figuran ciudadanos cuyo último contacto con sus familias ocurrió mientras se encontraban en zonas relacionadas con el conflicto. Las autoridades panameñas mantienen coordinación con organismos internacionales para verificar información sobre su situación y ubicación. Juan Manuel Díaz [email protected] Los hechos ocurrieron el pasado lunes. Cortesía Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom
3A La Prensa Panamá, miércoles 5 de agosto de 2026 Panorama Sin vigilancia y expuesto al vandalismo, el antiguo hospital modular muestra daños estructurales, filtraciones, equipos abandonados y un sistema eléctrico prácticamente desmantelado. Elysée Fernández/Cortesía Traslado de hospital no se concreta por falta de $1.2 millones Ereida Prieto-Barreiro [email protected] PANAMÁ SOLIDARIO La infraestructura permanece sin un destino claro, mientras la Policía Nacional admite que aún no dispone de los fondos para trasladar el hospital. El Hospital Panamá Solidario, en Albrook, permanece abandonado, sin vigilancia y expuesto al vandalismo, 19 meses después de que fuera transferido a la Policía Nacional para convertirlo en una clínica para sus agentes. La institución confirmó a La Prensa que el proyecto sigue sin ejecutarse porque necesita $1.2 millones para trasladar la estructura. La Policía explicó que esa cifra corresponde únicamente al desmontaje y traslado de la estructura desde Albrook y no incluye las adecuaciones ni el equipamiento necesarios para poner en funcionamiento la futura clínica, por lo que el costo del proyecto será mayor. En respuesta a un cuestionario enviado por este medio, la entidad indicó que el proyecto continúa condicionado a la disponibilidad presupuestaria. “A la fecha, no se ha logrado concretar la asignación de los fondos requeridos, por lo que no ha sido posible avanzar con su habilitación”. La institución agregó que cualquier intervención dependerá de que se garantice el financiamiento correspondiente. El hospital modular fue transferido oficialmente a la Policía Nacional el 26 de diciembre de 2024. Según informó la entidad, al momento de recibir las instalaciones únicamente permanecían teléfonos, cámaras de videovigilancia y gabinetes metálicos, ya que no existía equipo hospitalario en el lugar. El proyecto podría cambiar Aunque el plan anunciado por el Gobierno contemplaba trasladar la infraestructura para convertirla en una clínica destinada a la atención de los miembros de la Policía, esa ya no es la única alternativa sobre la mesa. La institución informó que también evalúa dividir los módulos para distribuirlos entre varias estaciones policiales del país. De concretarse esa opción, la inversión necesaria aumentaría, aunque la Policía no precisó el monto estimado ni aclaró si esta propuesta sustituirá el proyecto anunciado originalmente. Un hospital que se deteriora Mientras el proyecto permanece sin ejecutarse, el Hospital Panamá Solidario continúa deteriorándose. El inmueble carece de vigilancia permanente y, durante un recorrido realizado por La Prensa, se constató que parte de sus predios son utilizados como estacionamiento de metrobuses. Esta semana, los diputados de la bancada Seguimos, Betserai Richards, Grace Fernández, Ernesto Cedeño y José Barboni denunciaron la sustracción de cables de cobre y de aires acondicionados, además del deterioro que presenta la infraestructura. Los diputados solicitaron a la Contraloría General realizar una fiscalización del estado del bien público. La condición del millonario hospital es desoladora: paredes desprendidas, paneles de fibra de vidrio esparcidos, daños en parte de la estructura del techo, vegetación que invade las instalaciones, lámparas desprendidas, lavamanos quebrados, equipos abandonados sobre el piso, escombros y filtraciones. El sistema eléctrico fue removido y varias de las cámaras de videovigilancia que, según la Policía, recibió con el inmueble permanecen tiradas en el suelo. De hospital de pandemia a proyecto sin ejecutar El Hospital Panamá Solidario fue inaugurado en junio de 2020 para atender pacientes durante la pandemia de covid-19. Tras concluir la emergencia sanitaria, las autoridades evaluaron trasladar la infraestructura hacia La Chorrera y a áreas comarcales, propuestas que posteriormente fueron descartadas debido al elevado costo que implicaba desmontar y reinstalar los módulos. En enero de 2025, durante una entrevista con este medio, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que la infraestructura sería utilizada para establecer una clínica destinada a la atención de los miembros de la Policía, luego de que la entidad la solicitara formalmente. Sin embargo, el proyecto continúa sin ejecutarse por falta de recursos. Más de $11 millones invertidos La construcción y el equipamiento del Hospital Panamá Solidario representaron una inversión pública superior a $11 millones. La Contraloría General de la República refrendó el pago de más de $6.5 millones por la construcción de la infraestructura, mientras que el equipamiento médico fue valorado en aproximadamente $4.8 millones. El fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, solicitó al Tribunal Superior de Apelaciones revocar el depósito domiciliario concedido a Lupo González y a Karen Pitty, ambos imputados en el escándalo por la cesión fraudulenta de créditos fiscales de la Dirección General de Ingresos (DGI). Ayer, al reanudarse la audiencia solicitada por los defensores y la fiscalía para apelar las medidas cautelares dictadas por un juez de garantías el pasado 11 de julio, el fiscal Márquez explicó el rol que cada uno tenía en la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0. para apropiarse de créditos fiscales, venderlos y distribuir el dinero entre sus miembros. En el caso de Lupo González, ocupó el cargo de analista en la DGI. Además, tenía acceso al sistema e-Tax 2.0. para anular, dividir pagos y hacer ajustes. El fiscal remarcó que, tras una inspección realizada al sistema e-tax 2.0, se logró establecer que la clave de González se utilizó para transferir créditos fiscales por $76 mil a Bonay International Holding, una de las sociedades intermediarias utilizadas por la red. En ese caso, Bonay cedió los créditos a Bac International Bank. La red empleaba otras sociedades intermedias, Master Eco Green y Bonay Investment. Fiscal pide prisión preventiva para un analista de la DGI y una gestora OPERACIÓN PANDORA El fiscal Márquez consideró que la medida cautelar de depósito domiciliario a favor de González debe ser revertida, ya que las dolencias que padece el imputado pueden ser tratadas en un centro penitenciario. Además, destacó su activa participación en el ilícito investigado. Le preocupa, además, que desde su residencia, González pueda ayudar a ocultar pruebas o alertar a otros miembros de la estructura criminal para transferir bienes o coordinar acciones. En cuanto a Karen Kitty, su nombre aparece como representante legal de Master Eco Green, sociedad que recibió unos $20 millones en créditos fiscales que luego se negociaron con bancos de la localidad. La sociedad realizó varias transferencias a cuentas bancarias a nombre Carlos Ferguson y Adolfo Cosme Quintero Aguilar. Pitty luego le contó al banco que Ferguson y Quintero eran “accionistas” de Master Eco Green. Esta sociedad también transfirió fondos a José Jurado Rovira, representante de Servicios de Asesoría y Administración Jurado, S.A. Ferguson, Quintero −que fue pareja de Pitty− y Jurado también están imputados y en detención provisional. Pitty dijo a los magistrados que, aunque su nombre aparece, la idea de crear la sociedad y prestar servicios como intermediario en la comercialización de los créditos fiscales fue de Adolfo Quintero Aguilar. Él la convenció. Según Pitty, no sabe nada sobre los trámites y el manejo de los créditos fiscales; de todo eso se encargaba su expareja. Dijo además que requiere tratamiento médico especializado, ya que hace poco fue operada de una hemorragia cerebral y necesita evaluaciones constantes, además de padecer otras patologías. Los magistrados Frank Torres, Carlos Barragán y Greta Marchosky declararon un receso hasta mañana, día que comunicarán su decisión. Juan Manuel Díaz [email protected]
4A La Prensa Panamá, miércoles 5 de agosto de 2026 Panorama DELIVERY. Ayer, un día después de la golpiza, el alcalde Mayer Mizrachi recibió con unas pizzas a 77 exfuncionarios que acudieron a retirar, finalmente, su cheque correspondiente a la prima de antigüedad. “Tenemos las puertas abiertas siempre”. ¿Eso ya lo sabe el jefe de la Policía Municipal? PINDÍN. No se sabe qué es peor: que el vicealcalde de Tierras Altas circulara por ahí con un autobús del centro educativo Nueva California, en Chiriquí, o que la dirección del plantel avalara su uso sin ninguna fiscalización. Según la Contraloría, el vehículo fue retenido luego de recibir una denuncia ciudadana que alertaba de que había sido avistado en el estacionamiento del jardín San Lorenzo, en Tres Quebradas, Los Santos, el pasado sábado. Si a cada rato inventan retenes para acosar a los conductores, ¿cómo el bus pudo circular por Chiriquí, Veraguas, Herrera y Los Santos sin despertar sospechas? PULLA. El loco compartió en su cuenta de Instagram una publicación con la portada de un supuesto libro titulado “Cómo cag… en un país en tres años, por José Raúl Mulino”, que tomó de un sitio de parodias y memes. Como seguramente tal obra no existe (como muchas de las cosas con las que fantasea el exiliado), la pregunta es a quién, que esté en su tercer año de gestión, estará dirigido ese mensaje. SUERTE. El partido AlianJuan Carlos Pino, exgerente del aeropuerto de Tocumen. Archivo Recibe contratos del Estado, y mantiene deuda con la CSS Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FONDOS PÚBLICOS Mientras Next TV mantiene una deuda con la CSS, Strategic Promo Panamá, S.A. concentra las contrataciones públicas de publicidad. ¿Por qué el Estado celebra contratos con una sociedad controlada por el gerente general de Next TV, en vez de hacerlo directamente con la televisora que prestará el servicio? La respuesta apunta a la situación financiera de Next TV frente a la Caja de Seguro Social (CSS). Mientras la televisora figura en el listado de empleadores morosos de la CSS, Strategic Promo Panamá, S.A. celebra contratos con el Estado para pautar publicidad en la pantalla, las plataformas y las redes de Next TV. Al frente de Next TV y de Strategic Promo Panamá está el mismo nombre: Juan Carlos Pino, exgerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa). Pino es gerente general de Next TV. (cuya razón social es Compañía Digital de Televisión, S.A.). También figura como presidente y representante legal de Strategic Promo Panamá. Con esta última sociedad, ha canalizado negocios con el Estado que, entre 2025 y 2026, suman al menos 1.6 millones de dólares en contratos, órdenes de compra y gestiones de cobro provenientes de distintas instituciones públicas. Strategic Promo fue creada en el año 2016. Se desconoce cuándo se originó la deuda de Next TV con la CSS, pero toda empresa que quiera contratar con el Estado debe aportar un certificado de paz y salvo o una nota que acredite que mantiene un arreglo de pago vigente. Así lo dispone el artículo 99 de la ley orgánica de la CSS (Ley 51 de 2005). La norma también dispone que, cuando una persona natural o jurídica no esté obligada a inscribirse en el régimen de la CSS, la institución emitirá una certificación con la misma validez que un paz y salvo para efectos de la contratación pública. Según el más reciente listado de patronos morosos publicado por la CSS, Compañía Digital de Televisión figura entre los empleadores con obligaciones pendientes ante la institución. En ese registro, Riccardo Francolini aparece como representante legal, aunque en el Registro Público consta que renunció el 18 de enero de 2023. El actual presidente y representante legal es Roniel Ortiz Espinosa. De acuerdo con los documentos revisados por La Prensa, la morosidad supera el medio millón de dólares. Los contratos Los contratos obtenidos por Strategic Promo Panamá, S.A. están relacionados con la comercialización de espacios publicitarios en televisión y plataformas digitales. De acuerdo con registros del portal Panamá Compra, ha recibido pagos, órdenes de compra y adjudicaciones para difundir campañas institucionales de distintas entidades del Estado mediante los canales Next TV, Más 23 TV y otras plataformas digitales bajo su representación. Entre las instituciones que contrataron con Strategic Promo está Aitsa, donde Pino fue gerente de 2009 a 2014. Los documentos muestran que, en 2026, Aitsa tramitó dos gestiones de cobro a favor de la empresa por $32,727 cada una, para un total de $65,454. A ello se suma una orden de compra por $90,000 para la difusión de publicidad institucional en Next TV durante 11 meses, entre febrero y diciembre de 2026.El agente residente de Strategic Promo es Edgar Iglesias, quien fue gerente de Asesoría Legal de Aitsa cuando Pino dirigía la terminal aérea. Hace dos años, cuando se estrenaba el gobierno de José Raúl Mulino, hubo un intento de colocar a Iglesias nuevamente en Aitsa; incluso, en julio de 2024, fue designado agente residente del aeropuerto. No obstante, fue despedido ante posibles conflictos de intereses, debido a que también fungía como agente residente de una empresa concesionaria de la terminal aérea. Strategic Promo también tiene un contrato por 90 mil dólares con el Banco Nacional de Panamá (BNP), mientras que el Ministerio de la Presidencia le otorgó un contrato por $500,000 para la difusión de campañas institucionales entre marzo y diciembre de 2026 en televisión abierta, televisión por cable y plataformas digitales. Además, los registros oficiales muestran que, en enero de ese año, la Presidencia tramitó un pago por $122,369 a favor de Strategic Promo por la divulgación de proyectos gubernamentales como el tren Panamá-David-Frontera, el teleférico de San Miguelito, nuevas infraestructuras penitenciarias, sistemas de agua potable y otras iniciativas de la agenda del Ejecutivo. La Prensa intentó obtener la versión de Pino, pero las llamadas al número telefónico registrado por Next TV no fueron atendidas y los mensajes enviados a su teléfono celular tampoco obtuvieron respuesta.También se intentó contactar a Astrid Salazar, de la Secretaría de Comunicación del Estado, pero no respondió. Getzalette Reyes [email protected] En el primer semestre, la Asep recibió 3,955 reclamaciones por el alto consumo reflejado en la factura. Archivo Gobierno propone que la ASEP pueda intervenir empresas eléctricas FALLAS EN EL SERVICIO La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) podría intervenir temporalmente las empresas distribuidoras de electricidad cuando incurran en faltas que comprometan la continuidad del servicio, de prosperar un proyecto de ley avalado ayer por el Consejo de Gabinete y que será enviando a la Asamblea Nacional. La propuesta, autorizada mediante la Resolución No. 83-26, modifica la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que regula la prestación del servicio público de electricidad, con el objetivo de fortalecer las facultades de fiscalización de la Asep y corregir “deficiencias” en el mercado eléctrico. El proyecto surge en medio de las reiteradas quejas de los usuarios debido a interrupciones del suministro, fluctuaciones de voltaje, daños a electrodomésticos y demoras en los procesos de atención, compensación e indemnización. Uno de los cambios más relevantes es que la Asep podrá asumir temporalmente la administración de una empresa distribuidora mientras corrige las irregularidades detectadas o hasta que concluya el proceso de rescisión del contrato de concesión o de la licencia correspondiente. Para ello, la entidad designará un interventor, cuyo salario será cubierto por la propia empresa intervenida. Además, el funcionario no podrá mantener relaciones comerciales o profesionales con la compañía, sus filiales o su grupo económico durante los dos años siguientes a la intervención. tro de los cambios plantea un endurecimiento del régimen sancionador. Las empresas distribuidoras podrán ser multadas con hasta 20 millones de dólares por infracciones a la ley o por incumplimientos de los contratos de concesión, un incremento significativo respecto a las sanciones vigentes. Más de 5,100 reclamaciones en seis meses La reforma se presenta mientras aumentan las reclamaciones de los usuarios contra las distribuidoras eléctricas. Durante el primer semestre de 2026, la Asep admitió 5,114 reclamaciones relacionadas con el servicio eléctrico. Edemet concentró el 61% de los casos, seguida de Ensa, con el 32%, y Edechi, con el 7%. Los reclamos aumentaron de manera sostenida durante el semestre: pasaron de 563 en enero a 1,291 en junio, el mes con el mayor número de casos. El principal motivo de las reclamaciones fue el alto consumo reflejado en las facturas, con 3,955 expedientes, seguido por daños a aparatos eléctricos (344) y denuncias por fraude (315). Al cierre de 2025, Edemet atendía 596,848 clientes, Ensa 538,420 y Edechi 186,671 usuarios. Más obligaciones para las distribuidoras El proyecto también incorpora nuevas obligaciones para las empresas distribuidoras, entre ellas la implementación de tecnologías de redes inteligentes, mejoras en los sistemas de medición, mayores estándares de transparencia y compromisos de inversión para modernizar la red eléctrica. Asimismo, establece reglas para garantizar mayor transparencia en la información que reciben los clientes, fija plazos para la atención de reclamos y mantiene el reconocimiento de créditos a favor de los usuarios cuando las distribuidoras incumplan las normas de calidad del servicio. La propuesta también incorpora la electrificación de áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas como una obligación propia de las empresas distribuidoras. Según la administradora general de la Asep, Zelmar Rodríguez, esta medida permitiría llevar energía eléctrica a unas 150 mil familias que actualmente carecen del servicio. za no tiene diputados suficientes ni para conformar una bancada (se necesitan por lo menos cuatro). Pero ahora sus dos miembros han quedado presidiendo, cada uno, una comisión legislativa: Osmán Gómez, la de Comunicación y Transporte, y Joan Guevara, la de Relaciones Exteriores. Ser un partido bisagra del oficialismo tiene sus ventajas. Tal Cual Mónica Palm [email protected]
5A La Prensa Panamá, miércoles 5 de agosto de 2026
6A La Prensa Panamá, miércoles 5 de agosto de 2026 Panorama Los únicos productos basados en células madre aprobados por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) son las células madre hematopoyéticas derivadas de la sangre del cordón umbilical y terapias muy específicas. iStock La alerta médica por terapias con células madre sin respaldo Aleida Samaniego C. [email protected] ENTREVISTA El Comité Nacional de Bioética de la Investigación (CNBI) señala que en Panamá el uso terapéutico reconocido de células madre corresponde a los trasplantes hematopoyéticos, utilizados principalmente para tratar enfermedades de la sangre y la médula ósea. Para una persona que enfrenta una enfermedad compleja, una lesión que limita su vida diaria o un diagnóstico con pocas alternativas, la posibilidad de un nuevo tratamiento puede representar una esperanza. Esa expectativa ha llevado a algunos pacientes a buscar terapias con células madre como una opción cuando otros tratamientos no han dado los resultados esperados. Sin embargo, el Comité Nacional de Bioética de la Investigación (CNBI) - ente adscrito al Ministerio de Salud (Minsa)- advierte que no todos los procedimientos promocionados como terapias con células madre cuentan con evidencia científica que demuestre que son seguros y efectivos. El CNBI fue creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 1843 de 2014 y regulado por la Ley No. 84 de 2019. Luis Coronado, presidente del CNBI, explicó que las células madre son consideradas medicamentos de terapia avanzada y, al igual que otros productos médicos en desarrollo, deben superar un proceso riguroso de investigación antes de ser aplicadas de manera rutinaria en pacientes. “Que una terapia utilice células madre no significa que sea segura o efectiva”, señaló. La advertencia surge ante la promoción de tratamientos que se ofrecen para diversas enfermedades, aunque algunos todavía se encuentran en fases de investigación y no han completado los estudios necesarios para demostrar sus beneficios. Riesgos que pueden afectar la salud El CNBI señala que la aplicación de tratamientos celulares sin evidencia suficiente puede ocasionar efectos adversos graves documentados en la literatura científica internacional. Entre los riesgos identificados están las tromboembolias, procesos de fibrosis, crecimiento anormal de células con potencial tumoral, pérdida grave de la visión e incluso fallecimientos. Coronado explicó que estos eventos están asociados principalmente con terapias que se comercializan antes de completar las fases de investigación requeridas para demostrar su seguridad y eficacia. “Un tratamiento experimental no puede presentarse como una terapia comprobada”, advierte el Comité. Las células madre representan uno de los campos más prometedores de la medicina moderna por su capacidad para transformarse en distintos tipos de células y su potencial para desarrollar nuevas terapias. No obstante, el CNBI recuerda que existe una diferencia entre una investigación científica y un tratamiento aprobado. Antes de llegar a los pacientes, una terapia debe superar estudios preclínicos y ensayos clínicos en seres humanos que permitan determinar si funciona, cuáles son sus riesgos y cuál es la forma adecuada de utilizarla. El problema surge cuando procedimientos que aún están bajo evaluación científica son ofrecidos directamente a pacientes como si ya hubieran demostrado sus beneficios. El Comité también advierte que los testimonios individuales difundidos en redes sociales o páginas comerciales no sustituyen la evidencia obtenida mediante ensayos clínicos controlados. Un negocio que puede alcanzar los $50,000 La alerta del CNBI ocurre mientras aumenta en Panamá la oferta comercial de tratamientos con células madre dirigidos a personas que buscan alternativas frente a enfermedades complejas. Un análisis publicado el 23 de julio en la revista científica internacional Stem Cell Reports identificó la expansión de establecimientos privados que promocionan estas intervenciones, pese a que algunas no cuentan con evidencia clínica suficiente que respalde su seguridad y eficacia. El estudio fue elaborado por científicas del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, el CNBI, con apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Caja de Seguro Social (CSS). La investigación planteó que, para finales de 2025, al menos seis empresas operaban activamente en Panamá promocionando tratamientos con células madre mediante páginas web y plataformas digitales. Los procedimientos ofrecidos pueden tener costos entre $5,000 y $50,000. Algunos establecimientos utilizan estrategias vinculadas al turismo médico para atraer pacientes nacionales y extranjeros mediante paquetes que incluyen procedimientos, alojamiento, transporte y otros servicios. Las terapias promocionadas utilizan células madre provenientes de tejido adiposo, médula ósea o sangre de cordón umbilical para tratar enfermedades neurológicas, lesiones de médula espinal, enfermedades autoinmunes, trastornos cardiovasculares, problemas pulmonares, dolor crónico y condiciones asociadas al envejecimiento. En Panamá solo hay un uso terapéutico reconocido El CNBI señala que en Panamá el único uso terapéutico reconocido de células madre corresponde al tratamiento de enfermedades hematopoyéticas, relacionadas con la sangre y la médula ósea. Estos procedimientos corresponden principalmente a trasplantes hematopoyéticos realizados bajo protocolos médicos establecidos. El organismo explicó que cualquier otro uso de células madre debe considerarse experimental y solo puede desarrollarse dentro de investigaciones aprobadas por el CNBI y las autoridades sanitarias. Además, indicó que la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa no ha registrado medicamentos de terapia avanzada basados en células madre para otros usos terapéuticos. Según el Comité, desde 2018 no se han presentado protocolos de ensayos clínicos relacionados con células madre para evaluación ética mediante el Sistema de Registro y Seguimiento de la Investigación para la Salud. El Comité explicó que desde 2015 ha enviado al Minsa notificaciones sobre posibles incumplimientos relacionados con la promoción de tratamientos con células madre sin eficacia demostrada. Estas irregularidades fueron identificadas inicialmente en anuncios publicados en medios de comunicación y revistas de turismo, y posteriormente en páginas web y redes sociales. El CNBI recordó que su función es informar sobre posibles incumplimientos y brindar asesoría técnica, mientras que corresponde al Minsa supervisar los establecimientos sanitarios, revisar la publicidad relacionada con servicios médicos y aplicar las medidas que correspondan. Recomendaciones antes de pagar por una terapia Ante la oferta de estos procedimientos, el CNBI recomienda a los pacientes verificar: Que el procedimiento tenga autorización sanitaria. Que forme parte de un ensayo clínico aprobado por el CNBI. Que exista evidencia científica que respalde su seguridad y eficacia. Que el establecimiento tenga licencia vigente para realizar procedimientos relacionados con células madre. Coronado recordó que las personas no deben pagar por participar en ensayos clínicos de investigación. Actualmente, las instituciones con licencia para extracción y trasplante de células madre hematopoyéticas son el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social, el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, el Instituto Oncológico Nacional y The Panama Clinic. Las células madre continúan siendo una de las áreas con mayor potencial dentro de la medicina. Pero el CNBI insiste en que ese potencial solo puede convertirse en un beneficio para los pacientes cuando está acompañado de evidencia científica. La advertencia del organismo es clara: cuando un tratamiento promete resultados sin haber demostrado que es seguro y efectivo, la esperanza de un paciente puede convertirse en un riesgo. José González Pinilla [email protected] Alaín Cedeño, izq, es juramentado por Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional. Cortesía/AN Alaín Cedeño toma control de Asuntos Municipales y Flor Brenes de Indígenas ASAMBLEA NACIONAL Fueron dos las comisiones de la Asamblea Nacional que se instalaron ayer: Asuntos Municipales y la de Indígenas. Con estas dos instancias legislativas concluye así la conformación oficial de las 15 comisiones permanentes del Palacio Justo Arosemena. Al frente de Asuntos Municipales quedó Alaín Cedeño, diputado oficialista de la bancada Realizando Metas (RM). Cedeño logró el control de la comisión tras conseguir seis votos de los nueve diputados que la integran. Incluyó el voto del panameñista Jorge Herrera, expresidente de la Asamblea (20252026). “El voto me lo pidió (Cedeño) anticipadamente, hace una semana”, explicó Herrera poco antes de votar. Alaín Cedeño —postulado por Mercedes Gálvez, diputada suplente e hija de Sergio Gálvez— tuvo el respaldo de las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD) y la Mixta (Molirena y Alianza), el mismo bloque que llevó a Shirley Castañedas a la presidencia del legislativo como parte del acuerdo político. Compitió por la presidencia de la comisión de Asuntos Municipales, Grace Hernández de la bancada Seguimos. Pero sacó solo tres votos: el de Miguel Campos y Yarelis Rodríguez, de Vamos, y el de ella. RM se queda así con seis de las 15 comisiones. Tiene bajo su control la de Credenciales, con Dana Castañeda al frente; Economía y Finanzas y Comercio y Asuntos Económicos, a cargo de los diputados Víctor Castillo (Colón) y Jamis Acosta (Chiriquí) respectivamente; Infraestructura Pública y Asuntos del Canal con Ariel Vallarino; y Educación con Lilia Batista. Cedeño prometió desempolvar los proyectos de ley que quedaron pendientes en la Comisión de Asuntos Municipales y garantizó que trabajará “en consenso” con los alcaldes y representantes de corregimientos del país. “Nuestro norte será la participación ciudadana y contacto directo con nuestro pueblo”, dijo. Como vicepresidenta de esa comisión fue electa Yesica Romero, de CD. Fue el propio Alaín Cedeño quien se encargó de postularla para el cargo. “Es una mujer que tiene una fuerza política en Bocas del Toro, tanto así que fue la única mujer que ganó como diputada y alcaldesa”, dijo. Romero se impuso con seis votos ante Grace Hernández, quien también fue postulada para el puesto de la vicepresidencia y solo obtuvo tres respaldos. En la Comisión de Asuntos Indígenas la alianza de bancadas RM-PRD-CD también logró cómodamente el mando. Flor Brenes, militante del PRD, fue electa presidenta con el voto unánime de los nueve comisionados, incluyendo los votos de los independientes Jorge Bloise y la suplente de Eduardo Gaitán, Lydia Caballero. Es más, fue la propia diputada Caballero —que llevaba puesto un vestuario típico de las mujeres de la comarca Guna Yala— quien se encargó de postular a Brenes. “Flor Brenes es una luchadora incansable por los derechos de los pueblos indígenas, pero con especial dedicación a las mujeres, a la juventud y a la niñez”, dijo. Luis Coronado, presidente del CNBI. Cortesía
7A La Prensa Panamá, miércoles 5 de agosto de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Buenas prácticas en salud pública Vigilancia epidemiológica rales, incluyendo comunidades indígenas y originarias. La vigilancia epidemiológica es primordial para lograr los objetivos de la salud pública; es como el diagnóstico de salud de nuestras comunidades. Lo ideal es una vigilancia de las enfermedades que nos permita estar preparados antes de que ocurra un problema de salud. Esto lo podemos lograr si hacemos una vigilancia proactiva, no reactiva; es decir, no esperar a que alguien se enferme. Solo estaríamos en capacidad de hacerlo si tomamos muestras regulares en las comunidades y alimentamos bases de datos abiertas en tiempo real, para que el personal de salud y los científicos puedan estudiar la situación actual de salud de la sociedad. Si no, estamos a ciegas. En el contexto de los datos, el término «en tiempo real» se refiere a información que se recopila, procesa y pone a disposición casi inmediatamente después de que ocurre un evento, con muy poca o ninguna demora. Sin datos abiertos, a los que todos podamos acceder en tiempo real, no podemos tratar a la comunidad correctamente. No sabemos qué medicamentos o tratamientos obtener. No podemos tomar decisiones de salud adecuadas. La gobernanza se ve fragmentada y vemos muchas personas enfermas por enfermedades que podrían ser prevenidas, controladas o tratadas a tiempo. La otra acción clave en salud pública es la educación de la población, a través de la educación básica en los colegios sobre temas de salud. Cómo funciona el cuerpo humaArlene Calvo Opinión LA AUTORA es doctora en Salud Pública no, qué enfermedades son comunes y cómo podemos identificarlas. Sin entender estos principios básicos, las personas no saben cuándo actuar ni acudir de manera oportuna a un médico. Necesitamos fortalecer las campañas de mercadeo social, sobre bases científicas, que informen a la población sobre la prevención y el control de enfermedades. Principales causas de muerte A nivel mundial, la principal causa de muerte es la presión arterial elevada, que provoca la muerte de 10.9 millones de personas al año, una población equivalente a al menos dos veces la de Panamá. La segunda causa de muerte es la contaminación del aire, ya sea en el interior de nuestros hogares o lugares de trabajo, o en exteriores. La contaminación del aire mata a 8.08 millones de personas anualmente en el mundo. En Panamá tenemos factores de riesgo importantes relacionados con la calidad del aire, como los gases que emiten nuestros automóviles y los tóxicos que emanan de vertederos o rellenos sanitarios, como Cerro Patacón, ubicado en el entorno de la ciudad de Panamá. De la mano va el tabaquismo, que en Panamá está bastante controlado gracias a una importante ley de salud pública impulsada por el Ministerio de Salud hace años. En Panamá, las principales causas de enfermedad o morbilidad son, aunque me gustaría poder presentarlas en tiempo real, datos que no están accesibles. Lo más actualizado corresponde a 2023. En ese año, las principales causas de enfermedad fueron La salud pública se define como la ciencia y el arte de proteger, promover y mejorar la salud de las comunidades mediante la prevención de enfermedades y el bienestar colectivo, según las organizaciones internacionales. A diferencia de la medicina clínica, que trata a un paciente a la vez, esta disciplina actúa a nivel de toda la población; es, en cierto modo, el médico de la población. Con base en esta definición, la salud pública tiene tres objetivos principales: -Prevención: Contener la aparición y propagación de enfermedades infecciosas y de enfermedades crónicas no transmisibles. -Promoción: Impulsar estilos de vida saludables. -Protección: Preservar el medio ambiente, el agua, los animales y los alimentos que consumen las personas. Al mismo tiempo, proveer un sistema de salud óptimo, seguro, eficiente y de calidad. Para lograr estos objetivos, existen acciones clave, como la vacunación. Nos referimos a programas amplios de vacunación que incluyan a todos los sectores de la población, tanto en regiones urbanas como ruRéplica de Vicente Carretero Napolitano Panamá, 30 de julio de 2026. Licenciado JORGE MOLINA Director del Periódico LA PRENSA E.S.D. Ref: Derecho de réplica y rectificación Respetado Licdo. Molina: Me dirijo a usted, en su calidad de Presidente de este medio de publicación, y lo hacemos en segunda ocación en menos de dos (2) meses para ejerces mi derecho de réplica y rectificación que nos concede la Ley 22 de 2005, en su artículo 2 y que establece lo siguiente: “Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de cualquier medio de comunicación que se dirija al público en general, tiene derecho a efectuar, por el mismo órgano de difusión, su réplica, rectificación o respuesta en las condiciones que establece la presente La réplica, rectificación o respuesta deberá tener el mismo espacio que la noticia o referencia que lo agravia, y podrá ser razonablemente mayor, conforme a las circunstancias especiales de cada caso, según la disponibilidad del medio. Los medios tendrán que reservar un espacio o sección permanente para la publicación o difusión de la réplica, rectificación, respuesta, aclaración y comentario de los lectores o cualquier persona afectada por la noticia. La publicación o difusión de la réplica, rectificación o respuesta deberá efectuarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recibo, por el medio de comunicación a través del cual se haya difundido la información o referencia que se cuestione. Se concede un término de veinticuatro horas adicionales cuando el medio compruebe que le fue imposible cumplir con el término inicial por causas ajenas a su voluntad. La publicación parcial o defectuosa dará lugar a que el agraviado recurra ante los tribunales por violación a este derecho”. Este derecho de réplica y rectificación que ejercemos es al obedece al inminente hostigamiento, que a través de este medio se ha ejercido en contra de mi persona, aún a pesar de haberles puestos en conocimiento, que la información que llevan publicando, esta dotada de impresiciones y falsedades. Pues rebasan el derecho a la información, para recaen en una violación clara a mi derecho a la imagen, buen nombre y reputación. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Gerente General Sudy S. de Chassin Gerente de Ventas Casilda P. de Somoza [email protected] Gerente de Mercadeo y Club La Prensa Karol Samán [email protected] Teléfono: 323-6400 ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com EDITORIAL COMERCIAL Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca la hipertensión —siguiendo el perfil mundial—, la diabetes, la obesidad, el asma, la hipercolesterolemia, o colesterol elevado, entre otras. Todas estas enfermedades están relacionadas con factores de riesgo asociados a la nutrición y al sobrepeso. ¡Panamá es uno de los países más obesos de América Latina! Las principales causas de muerte correspondientes a 2022, cuyos datos tampoco tenemos en tiempo real, fueron la covid-19 —que era la principal causa—, las enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades transmisibles, las neoplasias o cáncer, las afecciones originadas en el período perinatal y las causas externas. Esto, como personal de salud, no me dice cuál es la situación sanitaria actual de nuestro país. Tampoco indica cuáles son las causas exactas de mortalidad. Por ello, el personal trabaja casi a ciegas y de manera reactiva. Es decir, no puede prepararse ni tomar las decisiones adecuadas. Si siguiéramos guiándonos por esos datos, seguiríamos comprando mascarillas. Para poder actuar en salud pública y alcanzar los objetivos descritos anteriormente, es imperativo que la comunidad científica tenga datos con los cuales trabajar. Si no, seguimos a ciegas, utilizando de manera inadecuada nuestros recursos, comprando insumos innecesarios, generando campañas educativas que no responden a la realidad y sin el diagnóstico de salud de nuestra población. Podemos lograrlo; tenemos la capacidad digital, la infraestructura y el conocimiento; solo nos falta hacerlo. Precisamente en razón de ello, mi persona presenta querella en contra de este periódico y de Rolando Rodríguez, el cual se identifica con el núm. De carpetilla 202600054225; radicada en la Fiscalía de Atención Primaria, Sexta Sub-Regional, y la cual esta en espera que ambos se presenten a notificar, a pesar de haberse girado boletas de citación para comparecer ante dicha Autoridad el 20 de julio de 2026, a las 2:00 p.m. y de la cual han hecho caso omiso. Entendiendo entonces, que dicha renuencia obedece precisamente a esta nueva publicación, la cual es objeto de derecho a réplica, titulada “Carretero y la red que movió $2,600 millones de Pdvsa” difundida en primera plana el martes 28 de julio de 2026, en la sección “Unidad Investigativa” y bajo la responsabilidad del periodista Rolando Rodriguez R. La referida publicación contiene afirmaciones que considero falsas, inexactas y lesivas para mi honor, reputación e imagen, que arriban a conclusiones que no solo carecen de sustento fáctico suficiente; sino que además generan confusión en la opinión pública y afectan injustificadamente a personas y empresas que operan de manera legítima. La libertad de expresión y la libertad de prensa constituyen pilares fundamentales de toda sociedad democrática. Sin embargo, estos derechos conllevan también la responsabilidad de verificar la información publicada y de actuar con apego a la verdad, la objetividad y el respeto por los derechos de terceros. La libertad de expresión encuentra sus límites cuando se vulneran derechos fundamentales protegidos por la ley. Sin importar con lo antes mencionado, este medio, al igual que el periodista ROLANDO RODRIGUEZ deciden reincidir de forma flagrante en conductas difamatorias y contrarias a la Ley. En dicha publicación, se afirma de manera temeraria e irresponsable que los hermanos del señor Ramón Carretero, incluyéndome a mí Vicente Luis Carretero de forma directa, nos hemos beneficiado de contratos con los gobiernos de Venezuela y Cuba por años” lo que es totalmente falso. Con lo cual se da a entender que mi persona ha cometido delitos de corrupción e inclusive de Blanqueo de Capitales, lo cual afecta mi honra e imagen, pues sobre mi no pesa condenda, ni investugación penal alguna. Con dicha publicación se pretende no sólo distraer, sino eludir la responsabilidad penal, que tienen ustedes al violentar con dichas publicaciones mi derecho a la Imgen y Honra. Traduciendo esta nueva publicación en un claro acto de venganza en mi contra, por haber acudido ante el Ministerio Público, para hacer valer mi derecho. Precisamente, al ser ya una práctica de este medio y de este periodista, hace unos meses atrás, un exdirectivo de La Prensa fue calificado públicamente y se mencionó que el honor mal concedido se convierte en deshonra por su conducta de chantaje, esto quedó plasmado en redes sociales oficiales del embajador de Estados Unidos en Panamá. Ante esta nueva agresión mediática, manifiesto categóricamente como sigue: 1. Falsedad Absoluta de las Acusaciones: nunca he realizado negocios, intermediaciones ni contratos con el gobierno de Cuba ni con el gobierno de Venezuela. Ninguno de mis ingresos patrimoniales o comerciales proviene de negocios con Cuba y Venezuela. 2. Mi trayectoria Empresarial es Lícita y Privada: Soy un empresario independiente cuya actividad se centra en el sector privado y global. A través de un trabajo honesto y estrictamente apegado a la ley, he generado empleo digno para miles de panameños. 3. La publicación de La Prensa contiene afirmaciones e insinuaciones que, lejos de contribuir al debate público informado, tienen el potencial de causar daños significativos a personas, empresas y terceros inocentes que desarrollan actividades lícitas y transparentes. 4. Por respeto a la verdad, a los principios del periodismo responsable y a los derechos de las personas y empresas mencionadas, solicito que esta réplica sea publicada con la misma relevancia otorgada a la publicación original. Atentamente Vicente Luis Carretero Napolitano Nota del editor: El señor Vicente Carretero responde con una réplica a un reportaje de investigación publicado esta semana por La Prensa, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Armando.info, Transparencia Venezuela y el Diario de Cuba, una alianza periodística internacional que desde hace meses abordó este y otros temas. Sin entrar a polemizar sobre el hecho de que el quejoso tocó asuntos en su réplica que no guardan relación alguna con esta publicación, aprovechándose maliciosamente de las circunstancias, pasamos a responderle. El señor Carretero se queja de que en el reportaje se anotó que él y sus hermanos se han beneficiado de contratos de los gobiernos de Venezuela y Cuba, lo cual –dice– es totalmente falso. Con solo su palabra, el señor Carretero pretende borrar todo vestigio de venta de vehículos, bicicletas y otros artículos de su marca en Cuba. También intenta que se ignore que empresas en las que han estado miembros de su familia hicieron negocios en y con Cuba o los innumerables viajes de su hermano a la isla –que no eran solo de placer– o sus multimillonarios negocios de construcción y petróleo con Venezuela, algo que han publicado, además, los más reputados medios de Estados Unidos. Pero, ¿hasta allá llegan sus quejas y réplicas? Señala que tener contratos con Cuba y Venezuela, según él, “da a entender que mi persona ha cometido delitos de corrupción e inclusive de blanqueo de capitales, lo cual afecta mi honra e imagen, pues sobre mí no pesa condena ni investugación [sic] penal alguna”. Es menester aclararle no solo que en ninguna parte del reportaje se hacen tales afirmaciones, sino que esas son sus propias deducciones y conclusiones. Si cabe una réplica, es la de sus hermanos, y no por la publicación, sino por lo que usted afirma públicamente sobre esos contratos con esos países. Agrega que el reportaje violenta “…mi derecho a la Imgen [sic] y Honra […] traduciendo esta nueva publicación en un claro acto de venganza en mi contra por haber acudido al Ministerio Público…”. Ha de ser a un nuevo idioma la traducción, ya que, en primer lugar, La Prensa no tiene control alguno sobre otros medios ni cuestiona su legítimo derecho de acudir al Ministerio Público. No obstante, aclaramos a nuestros lectores que esta es una investigación periodística que comenzó mucho antes de que el señor Carretero procediera legalmente contra el medio. Pero, para ampliar su derecho a réplica, seguramente el señor Carretero puede aportar los hechos y/o documentos que sustentan sus argumentos. La Prensa, a su vez está en condiciones de probar –por medios documentales y fácticos– que no hizo falta su querella ni sus elucubraciones para investigar y publicar. Claramente, su traductor necesita ajustes. Por último, el nombre de Vicente Carretero no es mencionado en este reportaje ni una sola vez, por lo que su alegada “falsedad absoluta” de supuestas acusaciones en su contra, así como su réplica, no solo carecen de validez, sino de sustento. * Las réplicas son publicadas tal como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.
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