1A La Prensa Panamá, lunes 3 de agosto de 2026 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 3 de agosto de 2026 - Año 45 - Nº 15356 La exrelatora de Libertad de Expresión de la OEA destaca que los medios deben vigilar a quienes administran recursos y toman decisiones públicas. Advierte que los gobernantes deben tolerar el escrutinio y no utilizar su poder para estigmatizar, intimidar o silenciar periodistas. VEA 4A Catalina Botero: el periodismo ante una nueva forma de censura El Minseg, a cargo de Frank Ábrego, figura entre los ganadores del presupuesto de 2027, junto con el Minsa, el Meduca, el Mingob y el Mida. Recibiría $1,101.5 millones, $116.5 millones más que en 2026. VEA 2B Presupuesto: $1,100 millones para seguridad entre compras reservadas Hoy por hoy La organización Human Rights Watch publicó en junio pasado un informe sobre la venta a varios países –incluido Panamá– de equipos de vigilancia de las comunicaciones. Habría sido vendido por la empresa Circles BG, filial de NSO Group, la misma compañía israelí que creó el software Pegasus, con el que unas, 150 personas en Panamá fueron espiadas ilegalmente durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). El software de Circles BG presenta las mismas prestaciones de Pegasus, incluso, sumaría otras capacidades, por lo que lo hace un programa extremadamente invasivo. Si bien el Estado tiene necesidad de estos equipos para la seguridad nacional y vigilar el crimen organizado, el problema es que en el pasado se usó con fines políticos y hasta personales, lo que genera justificada y razonable desconfianza. Aunque no fue este el Gobierno que lo habría comprado, este medio dirigió un cuestionario al ministro de la Presidencia para corroborar tal adquisición y, de ser así, si podía garantizar su uso legal, pero el ministro no respondió. Su silencio da paso a la suspicacia, dados los antecedentes del mal uso de equipos de espionaje en el pasado. Solo nos queda la remota esperanza de que esta vez sea bien utilizado. Vivir + Andrés Silva lleva su arte a Japón 5B Dos goles de Jiménez en estreno de titularidad en NY Red Bulls 8A Deportes Opinión La estrategia panameña sobre IA; ahora falta ejecutarla 7A Economía Sudamérica y el Canal lideran rutas de cruceros 3B Los suicidios aumentan 73% en cinco años Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA Panamá registró 615 muertes entre 2020 y 2024. Los hombres concentran casi 9 de cada 10 por este tipo de muertes. Faltan especialistas. Panamá registró un total de 615 muertes por suicidio entre 2020 y 2024. Durante ese periodo, la cifra anual aumentó 73%, al pasar, por ejemplo, de 93 casos en 2020 a 161 en 2024. El problema golpea principalmente a los hombres, que concentraron el 87.4% de las víctimas. Al mismo tiempo, la red pública enfrenta una limitada capacidad de respuesta: cuenta con 54 psiquiatras, concentrados mayoritariamente en Panamá y áreas cercanas, mientras Guna Yala, Ngäbe Buglé y Darién carecen de estos especialisNo hay prótesis para atender fracturas en hospitales regionales; el Minsa, sin fondos El Minsa reconoció que los hospitales regionales carecen de prótesis y materiales para algunas cirugías. La institución necesita $500 millones adicionales para comprar medicamentos e insumos, pagar electricidad y cubrir turnos extraordinarios, mientras solicita traslados de partidas para atender las necesidades más urgentes del sistema. VEA 3A tas para atender adecuadamente a toda la población nacional. VEA 6A Suicidio en Panamá Crisis con rostro masculino Fuente - INEC Y MINSA 615 muertes entre 2020 y 2024 Los casos aumentaron 73% en cinco años 87.4% eran hombres 538 hombres 77 mujeres Casi 9 de cada 10 víctimas fueron hombres Sin psiquiatras Guna Yaka, Ngäbe Buglé y Darién Panamá Oeste 650 mil habitantes y solo dos psiquiatras a tiempo completo Panamá habría adquirido equipo de espionaje. Silencio oficial Rolando Rodríguez B. [email protected] Documentos examinados por Human Rights Watch revelan que Bulgaria autorizó entre 2018 y 2023 la exportación a Panamá de tecnología capaz de interceptar llamadas, mensajes y datos, además de geolocalizar teléfonos. Las licencias fueron concedidas a Circles BG, empresa vinculada al mismo grupo propietario de NSO Group, creador de Pegasus. Sin embargo, el informe no confirBest of Panama Los reyes del café La trigésima edición del Best of Panama, celebrada el pasado 1 de agosto, otorgó el primer lugar a Lamastus Family Estate (en la foto) en la categoría Geisha Lavado. Finca Lérida se impuso en Geisha Natural y Altieri Specialty Coffee, de la familia Altieri, ganó en Varietales. Hacienda La Esmeralda recibió la Copa Panamá. Los cafés de especialidad fueron evaluados durante dos semanas por jueces nacionales e internacionales en Boquete. VEA 1B Cortesía ma que el equipo llegara al país. Este diario le consultó sobre el tema al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, pero el funcionario no aclaró si el gobierno lo adquirió, cuánto costó, cómo sería utilizado en el país, ni cuáles serían sus objetivos autorizados. VEA 2A UI UNIDAD INVESTIGATIVA
2A La Prensa Panamá, lunes 3 de agosto de 2026 Pegasus tiene un largo y problemático historial en Panamá, y ahora se suma el programa de la empresa Circles, cuyo cofundador es Tal Dilian. Circles es una filial de NSO Group. Del caso Pegasus a Circles BG: las dudas sobre el espionaje en Panamá Rolando Rodríguez B. [email protected] Documentos examinados por Human Rights Watch revelan que Bulgaria autorizó exportar a Panamá tecnología capaz de interceptar comunicaciones, aunque no se ha confirmado si el equipo fue adquirido o utilizado. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, no ha dado explicaciones. La vigilancia de las comunicaciones por parte de los organismos de seguridad de Panamá, ¿terminó con Pegasus tras culminar la administración de Ricardo Martinelli (20092014)? La respuesta corta es no. Así lo reveló un informe —fechado el pasado 18 de junio— de la organización Human Rights Watch (HRW). Esta organización revisó documentos de la autoridad que controla las exportaciones en Bulgaria, y estos mostraron que la compañía de vigilancia Circles BG — con sede en Sofía— recibió licencias para exportar sistemas de interceptación de telecomunicaciones, software de vigilancia de comunicaciones y otras tecnologías de vigilancia a países con claros antecedentes —y bien documentados— de usar estas herramientas para espiar a periodistas, activistas y disidentes. Las exportaciones de estos instrumentos tecnológicos —la mayoría altamente invasivos— se produjeron entre 2018 y 2023. Los países que HRW identificó como receptores de estas tecnologías, exportadas por la empresa Circles BG, fueron Azerbaiyán, Baréin, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Ghana, Guatemala, Israel, Jordania, Malasia, México, Marruecos, Serbia, Emiratos Árabes Unidos... y Panamá. ¿Qué hace? Portales digitales especializados en darle seguimiento a este tipo de compras, así como a esta tecnología, revelan que Circles BG fabrica un software con altas capacidades intrusivas. Enumeran, por ejemplo, la interceptación de llamadas telefónicas y mensajes de texto. También puede geolocalizar cualquier teléfono móvil en segundos, utilizando solo su número de teléfono, sin necesidad de instalar nada en el dispositivo de destino y sin dejar ninguna huella forense en el teléfono de la víctima. ¿Cómo se utilizó en el pasado esa tecnología en Panamá? En julio de 2010, cuando el actual presidente de la República, José Raúl Mulino, era ministro de Seguridad Pública, dio declaraciones sobre el tema después de que miembros del PRD denunciaran ante el Ministerio Público ser objeto de espionaje telefónico. El entonces ministro aseguró que esa no era una práctica dentro del Estado y que, cuando se había hecho, había sido por orden judicial. Las investigaciones posteriores desmintieron a Mulino. Si alguno de los dos gobiernos anteriores compró este equipo, ¿dónde está? ¿Continúa funcionando? ¿Quiénes son sus objetivos? ¿Cuánto costó? ¿Quién lo utilizaba o lo utiliza? ¿Ha sido reemplazado? ¿Lo utiliza la actual Administración? La Prensa envió la semana pasada un cuestionario al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en el que, entre otras cosas, se le consultó sobre la supuesta compra de este equipo y, en caso de ser así, si podía garantizar a la sociedad panameña que está siendo utilizado correctamente, que su uso está exclusivamente dirigido a objetivos autorizados por el Órgano Judicial y que no se emplea para espiar ilegalmente, como sucedió en el pasado. El ministro no respondió. ¿Empresas privadas? Como siempre, los importadores de esos equipos fueron los servicios de inteligencia, organismos militares y policiales e incluso gobiernos regionales de los países involucrados. Pero algo cambió. Los clientes de Circles BG no solo incluyen organismos gubernamentales, sino también empresas privadas, una novedad en este tipo de ventas. Esto abre un enorme abanico de posibilidades, ya que, teóricamente, cualquiera podría tener acceso a herramientas usadas normalmente por los cuerpos de seguridad estatales, muchos de los cuales han abusado de su uso indiscriminado. En este caso, cabe preguntarse entonces, ¿fue el Gobierno panameño el que compró esta tecnología o lo hizo una empresa privada? Y, si lo hizo el Gobierno, ¿quiénes y cómo utilizan sus intrusivas capacidades? HRW explicó que, aunque las licencias fueron otorgadas a Circles BG —lo que permitiría la exportación legal de su tecnología de cibervigilancia—, no se podía precisar si esta llegó a sus destinatarios finales. No obstante —advierte HRW—, el solo hecho de expedir las licencias de exportación pone de manifiesto “una falla importante en la forma en que los gobiernos aplican individualmente los controles de exportación de la Unión Europea para la tecnología de vigilancia”. El organismo se queja de que,precisamente,estoscontroles existen por una razón que parece no tomarse en cuenta: “Limitar las exportaciones de tecnología de vigilancia a destinos donde exista la probabilidad de que se utilice para violar derechos, así como brindar transparencia sobre las exportaciones que se realizan”. En Panamá no se cumple ninguno de esos dos requisitos, pues se ha probado en los tribunales de justicia el espionaje ilegal de las comunicaciones de disidentes, periodistas, funcionarios, diplomáticos y políticos, e incluso se ha espiado por motivos personales. Las compras y la disposición de estos equipos tampoco han sido transparentes. De hecho, se han adquirido en el pasado con fondos desviados de otros proyectos u obras o con fondos negros del Gobierno. La publicación de HRW no ofrece detalles sobre la tecnología adquirida por Panamá en el lapso señalado ni sobre quiénes habrían ordenado su compra: si fue el Gobierno o una empresa privada. Tampoco informa el costo del equipo. Los documentos de exportación búlgaros —añade HRW— describen el hardware y el software objeto de las licencias como herramientas utilizadas para interceptar las comunicaciones y el tráfico de datos de teléfonos celulares, así como para vigilar múltiples objetivos de forma simultánea. Es muy probable —explicó la organización— que estas herramientas se aprovechen de una vulnerabilidad en la infraestructura internacional de telecomunicaciones e incluyan software y hardware tradicionales de intervención telefónica, programas de geolocalización de teléfonos celulares y dispositivos con capacidad para interceptar datos y geolocalizar a los usuarios. Vieja conocida Circles BG puede ser un nombre que, prima facie, no revele mucho. Parecía una completa desconocida, pero, si se considera que es filial de NSO Group, la compañía israelí que creó el software espía Pegasus, la situación cambia notablemente. Pegasus es conocida en Panamá por su uso indiscriminado por parte del Consejo de Seguridad de Nacional (CSN) para espiar ilegalmente a múltiples objetivos sin orden judicial ni justificaciones legales de ninguna índole. Su uso fue documentado durante los últimos años del mandato del expresidente Martinelli (2009-2014). Pero no era la primera vez ni fue el único método de espionaje, como se verá más adelante. Los mismos problemas Como ha ocurrido en Panamá, Pegasus ha sido reiteradamente denunciado por su uso en el espionaje de figuras políticas de todo el mundo, incluidos jefes de Estado, comunicadores, disidentes, opositores y operadores judiciales. Uno de los fundadores de Circles BG —Tal Dilian— fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por su rol en otra empresa, cuando fue acusado de desarrollar un software espía utilizado —una vez más— para atacar a periodistas, expertos en políticas públicas y funcionarios gubernamentales. Dilian es un excomandante de inteligencia militar israelí que también fundó Intellexa, el consorcio que desarrolló el software espía Predator, herramienta de vigilancia que desencadenó otro escándalo: el Predatorgate en Grecia, en 2022. Predator, además, ha sido de gran utilidad para algunos de los regímenes más brutales del mundo, que utilizan sus capacidades para espiar a sus críticos. Dilian ha contribuido a ello mediante la venta del software y ahora lo hace desde Circles BG. A pesar de las sanciones estadounidenses, Intellexa no se detuvo. En mayo de 2024, después de las sanciones, Predator —que interviene el micrófono, la cámara, los contactos y los archivos de un dispositivo móvil— fue utilizado para espiar al destacado periodista angoleño Teixeira Cândido, un enérgico defensor de la libertad de prensa en un país donde los periodistas sufren con frecuencia acoso e intimidación por parte de las autoridades. Pero ni la tecnología de Pegasus ni la de Circles han sido las únicas con potencial para atacar a ciudadanos en Panamá. Existen sitios web que, en su última actualización — del pasado 8 de julio—, describen al menos once softwares espía y aplicaciones de vigilancia de todo tipo que han dejado profundas huellas de su uso en Panamá, incluidos los programas altamente intrusivos Pegasus y Circles BG. También se ha documentado la presencia en Panamá de programas espía tan intrusivos como FinSpy, que permite el acceso remoto a los equipos de los objetivos para extraer correos electrónicos, SMS, archivos e historial de navegación; monitorear en tiempo real las comunicaciones y actividades en línea; registrar pulsaciones de teclado para capturar contraseñas; activar micrófonos y cámaras para grabar audio y video; y realizar seguimiento de geolocalización. Otro programa altamente intrusivo detectado en Panamá fue el de la empresa italiana Hacking Team que, junto con Pegasus y FinSpy, fue adquirido durante la administración de Martinelli, investigado, encausado y absuelto en 2021 y 2022 por el denominado caso “pinchazos”, acusado de espionaje ilegal contra al menos 150 objetivos. ¿Panamá adquirió tecnología de este tipo? ¿Cómo se usa? ¿Cuánto costó? El Gobierno tiene la última palabra. Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Alexander Arosemena UI UNIDAD INVESTIGATIVA
3A La Prensa Panamá, lunes 3 de agosto de 2026 Panorama Manuel Zambrano, viceministro de Salud. Cortesía Al Minsa le faltan $500 millones para este año Aleida Samaniego C. [email protected] FONDOS PÚBLICOS El Minsa reconoce que los hospitales regionales carecen de prótesis y materiales para algunas cirugías, mientras solicita $500 millones adicionales para garantizar su funcionamiento hasta finales de 2026. Los hospitales regionales del Ministerio de Salud (Minsa) enfrentan una escasez de prótesis y materiales médico-quirúrgicos que ya limita la atención de pacientes y la realización de algunas operaciones. Al mismo tiempo, la institución calcula que necesita $500 millones adicionales para financiar su funcionamiento hasta el cierre de 2026. La situación fue expuesta ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional por el viceministro de Salud, Manuel Zambrano, y el director de Finanzas del Minsa, Gaudencio Rodríguez, quienes sustentaron traslados de partidas por $22.9 millones para atender necesidades urgentes de hospitales y otras dependencias. Rodríguez explicó que el presupuesto disponible no alcanza para cubrir las necesidades de la red pública, por lo que el ministerio solicita constantemente créditos extraordinarios y traslados al Ministerio de Economía y Finanzas. Según el funcionario, los hospitales regionales no cuentan con prótesis para atender algunas fracturas ni con suficientes suministros para cirugías de columna, cabeza y otros procedimientos. El déficit de $500 millones, añadió, corresponde a los recursos requeridos para comprar medicamentos y material médico-quirúrgico, pagar la electricidad de las instalaciones, cubrir los turnos extraordinarios del personal médico y financiar la extensión de horarios en hospitales y centros de salud. De los traslados sustentados, $10 millones serían destinados a garantizar la continuidad de los tratamientos ambulatorios de hemodiálisis para pacientes con enfermedad renal crónica. Otros $2.5 millones permitirían adquirir equipos para salones de operaciones, salas de parto, cuidados intensivos, urgencias y esterilización del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en Chiriquí. El Minsa también solicitó $2.5 millones para atender necesidades prioritarias del Hospital del Niño y otros $2.2 millones para pagar el servicio de energía eléctrica de sus instalaciones. Además, pidió $1 millón para modernizar las calderas, reponer cuartos fríos, fortalecer el aire acondicionado y ejecutar otros trabajos en el Hospital Cecilio Castillero, en Herrera. Otros $4.77 millones serían transferidos a la Dirección de Medicamentos e Insumos para comprar suministros médico-quirúrgicos y de laboratorio destinados a los hospitales Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, y Aquilino Tejeira, en Coclé. La institución advirtió que continuará gestionando recursos ante el MEF para impedir que las restricciones presupuestarias provoquen nuevas afectaciones en los servicios ofrecidos a la población en distintas regiones. Aunque los movimientos presupuestarios buscan resolver necesidades inmediatas, las autoridades admitieron que no solucionan el problema de fondo. El Minsa deberá conseguir recursos adicionales para abastecer la red, mantener operativas sus instalaciones, pagar servicios básicos y garantizar la continuidad de la atención médica en todo el país durante los próximos meses. Tal Cual Mónica Palm [email protected] AGACHADO 1. Con el fallo de la Corte Suprema que reconoce el derecho de los ministros, alcaldes y diputados a cobrar prima de antigüedad, hay alguien que está pasando por debajo del radar: nada menos que el presidente de la República. Además de su salario, de disponer de una partida discrecional y de viajar con gastos pagados, también se beneficiaría con este fallo, ya que este favorece “a los servidores públicos que fueron elegidos por elección popular”. ¿Por qué un funcionario elegido para un período constitucional recibiría prima de antigüedad, mientras que un trabajador del sector privado, contratado por un tiempo definido, no tiene ese derecho? AGACHADO 2. El fallo plantea otra duda: ¿aplica también a los magistrados? Cuando inventaron el fondo de jubilaciones especiales y el aumento salarial de $14,000 al mes, lo hicieron con el argumento de “dignificar” su labor. ¿Acaso no se sentían suficientemente dignos? DEVOLUCIÓN. Han surgido más de 100 propuestas para reformar el reglamento interno de la Asamblea, por lo que es probable que el proyecto sea devuelto a primer debate. Ojalá que eso no sea una táctica para evitar su modificación efectiva. ASUNTOS. Solo quedan dos comisiones legislativas por instalar: la de Asuntos Municipales y la de Asuntos Indígenas. La primera sería presidida por Alaín Cedeño (de RM) y la segunda, por Flor Brenes (del PRD). En ambas comisiones se crean distritos y corregimientos. ¿Por qué dejaron estas dos instancias para el final? Probablemente lo descubriremos de la peor manera.
4A La Prensa Panamá, lunes 3 de agosto de 2026 Panorama La exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, habló con La Prensa sobre los desafíos actuales del Periodismo. Anel Asprilla ‘Es muy barato demandar a un periodista’: Catalina Botero Mónica Palm [email protected] ENTREVISTA La abogada colombiana es especialista en derecho internacional de los derechos humanos, derecho constitucional, y justicia transicional. En un contexto en el que el periodismo enfrenta crecientes presiones —desde la irrupción de los deepfakes y la inteligencia artificial hasta la crisis del modelo de negocio de los medios de comunicación—, las demandas judiciales se han convertido en una herramienta que puede ir mucho más allá de la búsqueda de justicia. En esta conversación, la abogada colombiana Catalina Botero, exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), analiza cómo estos procesos pueden utilizarse para intimidar, desgastar económicamente a los comunicadores y desalentar la investigación periodística. También reflexiona sobre el estado de la libertad de expresión, los desafíos del oficio y la necesidad de fortalecer las garantías para que informar no se convierta en un riesgo personal o financiero. ¿Qué riesgos consideran más preocupantes: la desinformación, la inteligencia artificial, los ataquesdigitalesolaestigmatización desde el poder? Los cuatro están estrechamente interrelacionados, pero probablemente la estigmatización desde el poder es el más problemático, porque los líderes políticos crean imaginarios. Cuando se estigmatiza, por ejemplo, a una periodista desde el poder, es mucho más fácil después que existan ataques digitales, porque las personas crean las historias que son hechas con inteligencia artificial, con videos falsos, etc. Cada vez es más frecuente que periodistas enfrenten campañas de acoso en redes sociales, muchas veces amplificadas por algoritmos o cuentas automatizadas. ¿Qué impacto tiene este fenómeno en la autocensura y en la calidad del debate? El impacto de la estigmatización y de las campañas agresivas de violencia digital es muy fuerte. Por ejemplo, las personas que no están expuestas normalmente al público, científicos o académicos que trabajan en temas serios como el cambio climático o que trabajan sobre temas de salud pública, como el covid, muchos han informado que se han retirado de las conversaciones públicas y de las redes por el tamaño de las agresiones, de las ofensas digitales y de la violencia digital. Los periodistas están más acostumbrados, pero igual nadie está suficientemente acostumbrado para recibir decenas, cientos o miles —porque hoy lo hacen robots— de ataques digitales que, además, muchas veces se meten con la vida privada, con los rasgos físicos o con las cosas que la gente más quiere: la familia, los hijos. Hemos visto que el discurso de líderes políticos de la región ha ido contra la prensa, contra la libertad de expresión. Eso ha escalado en los últimos años. ¿Qué responsabilidad tienen los gobernantes cuando descalifican públicamente a periodistas o medios críticos? Los gobernantes, como cualquier otra persona, tienen derecho a dar su versión sobre un asunto. Lo que no pueden hacer es estigmatizar, insultar o descalificar a un periodista porque están haciendo un cubrimiento que a ellos no les gusta, porque están contando una investigación que a ellos les incomoda o les molesta, o porque tienen opiniones que son críticas, incluso ofensivas, contra los líderes políticos. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque la libertad de expresión de los líderes políticos es un concepto que los jueces han denominado “deber de mayor tolerancia”. Como tienen la obligación constitucional de proteger los derechos de todas las personas, no pueden utilizar su discurso para estigmatizar y tienen que tener piel dura, que aguantar un nivel mayor de escrutinio, porque lo que administran no es de ellos, así ellos crean que sí. Cuando un líder político administra funciones públicas, toma decisiones públicas y gasta recursos públicos. Eso le pertenece al público y, por lo tanto, el público tiene derecho a hacer un escrutinio. Y ese líder tiene que soportar ese nivel de escrutinio. Por todas esas razones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios casos, ha dicho que los líderes políticos, por supuesto, tienen libertad de expresión, pero están sometidos a un estándar especial en el ejercicio de ese derecho. También se habla mucho del chantaje por la vía de la publicidad estatal, pero hoy por hoy los medios de comunicación, en su mayoría, están económicamente muy debilitados. Así que ya el chantaje no tiene que venir del propio Estado, sino de un anunciante común, de un concesionario o de un contratista. ¿Qué opinión le merece eso? En muchos países hay leyes que regulan la asignación de publicidad oficial para que los recursos oficiales no se usen para castigar a los medios que hacen su tarea de contrapoder y premiar a los que se dedican a alabar al poder... El criterio fundamental es el de la audiencia cualificada a la cual está dirigida esa publicidad. Entonces, cuando retiran o asignan arbitrariamente una pauta —por ejemplo, asignan una pauta inmensa para una campaña de vacunación en una zona campesina a la que no llega ese medio porque es un medio especializado en economía, por decir algo—, ahí hay una arbitrariedad. Y donde existen esos estándares, se puede controlar. Cuando se trata de pauta privada, las reglas son distintas. Tú no puedes regular de la misma manera la pauta privada que la pública. Los medios necesitan la pauta porque el modelo de negocios está en crisis y el buen periodismo necesita recursos para poder investigar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Hay varias cosas. Por ejemplo, yo creo que tiene que haber una redistribución de los recursos de las redes y de la inteligencia artificial hacia los medios. Entonces, ahí ya empiezas a compensar respecto de la pauta privada. Si bien es cierto que se requieren recursos para poder operar, también es cierto que, si estás trabajando para satisfacer el interés de quien te da la pauta, pues no estás haciendo el periodismo que la gente necesita. Entonces, uno tiene que buscar un balance. Lo que salva al periodismo es que logre encontrar un equilibrio adecuado para salvar su modelo de negocio, pero, al mismo tiempo, no entregar los principios éticos que hacen que el periodismo se diferencie de la cantidad de ruido que hay en internet. En la región está en auge un fenómeno muy preocupante de hostigamiento judicial. El hostigamiento judicial se produce por distintas razones. Una de ellas es el uso arbitrario de demandas cuando la persona que demanda al periodista sabe quelademandanovaaprosperar, pero es muy barato demandar a un periodista y, en cambio, para el periodista es muy costoso defenderse. Respecto al secuestro civil sobre cuentas de Corporación La Prensa por parte del expresidente Ernesto Pérez Balladares, ¿qué mensaje envían los tribunales cuando avalan la adopción de medidas como esas? Ese es un tipo de medida que no es usual en casi ningún país democrático. Ese es uno de los problemas más graves del procedimiento civil, o de los procedimientos contra La Prensa, porque secuestrar los bienes de un medio de comunicación o de un periodista es gravísimo, sobre todo cuando se trata de procesos muy largos que conducen prácticamente a la muerte civil de la persona. Por eso yo creo que deberían existir leyes contra las demandas estratégicas que puedan generar un daño de esa naturaleza... Una de las recomendaciones que hizo la Relatoría para Panamá —por lo menos cuando yo fui relatora— fue abolir el uso de ese tipo de medidas que permiten secuestrar bienes de medios y periodistas como una forma de intimidación, porque muchas veces quien interpone la demanda termina perdiendo el caso, pero el medio o el periodista tuvo sus bienes embargados durante un tiempo absolutamente inaceptable. Esa persona debería indemnizar al medio o al periodista por todos los perjuicios que ocasionó. También está el caso de antiguos funcionarios que proceden contra medios, algo que no habrían podido hacer cuando ejercían el poder. Me parece indiscutible que, si hay una norma que señala que no se puede utilizar, por ejemplo, el derecho penal contra un periodista que ha realizado investigaciones sobre funcionarios públicos, esa norma se aplica incluso cuando la persona ya no es funcionaria pública, siempre que la investigación verse sobre hechos que esa persona ejecutó siendo funcionaria. Francia enfrenta la cuarta ola de calor en lo que val del año. EFE ‘El planeta en el que nosotros nacimos ya no existe’: alerta climatólogo investigador METEOROLOGÍA “No vamos a recuperar, al menos en ningún futuro predecible, el clima y la atmósfera ya perdidos”, dijo a BBC Mundo el climatólogo ecuatoriano Raúl Cordero. “Pero eso no significa que uno tiene que dejarse estar. No, porque todavía podemos perder más”, agregó. Cordero, quien trabajó durante años en Chile y realiza numerosas investigaciones en la Antártica, es actualmente profesor de la Universidad de Groningen en Países Bajos. Desde incendios a olas de calor e inundaciones, “hay una epidemia de eventos extremos alrededor del mundo, que están volviéndose cada vez más intensos y cada vez más frecuentes”, señaló. Los 11 años comprendidos entre 2015 y 2025 fueron los 11 años más cálidos jamás registrados, según un informe de marzo de la Organización Meteorológica Mundial. Cordero explicó por qué el hemisferio norte se está calentando casi al doble de rápido que el hemisferio sur, qué esperar del efecto combinado del cambio climático y El Niño, y cómo, a pesar de todo, encuentra motivos de esperanza. Al presentar su informe de este año del estado del clima en Reino Unido, el Servicio Meteorológico británico dijo que “el clima del siglo XX ya no existe”. ¿Está de acuerdo con esto? Sí, estoy plenamente de acuerdo. El clima en último término depende de la atmósfera, y la atmósfera con la que nacimos usted y yo ya no existe. El planeta en el que nosotros nacimos ya no existe. Hemos cambiado la composición atmosférica del planeta con las emisiones de gases de efecto invernadero. Y no lo hemos cambiado solo un poco: la concentración de CO2, el principal gas de efecto invernadero, es hoy un 50% superior a la que existía hace poco más de un siglo. Si uno cambia en esos tremendos valores la composición atmosférica del planeta, el clima va a cambiar. Y nunca va a volver a ser el que era hasta que ese 50% extra de CO2 disminuya. Entonces no solamente que el clima que tenemos hoy es diferente. La atmósfera es diferente y hay algo todavía peor: no vamos a recuperarlos, al menos en ningún futuro predecible. “ Cuando un líder político administra funciones públicas, toma decisiones públicas y gasta recursos públicos. Eso le pertenece al público y, por lo tanto, el público tiene derecho a hacer un escrutinio. Y ese líder tiene que soportar ese nivel de escrutinio.” Catalina Botero
5A La Prensa Panamá, lunes 3 de agosto de 2026 Panorama Los ingresos no tarifarios provienen de las publicidades que se instalan en las estaciones o en los trenes. Yaritza Mojica Metro de Panamá obtiene $5 millones al año por publicidad Yaritza Mojica [email protected] RECURSOS Estos ingresos no tarifarios son utilizados por el Metro de Panamá para cubrir el 50% de los costos operativos como el mantenimiento de la infraestructura y la limpieza de las estaciones. El Metro de Panamá recauda aproximadamente $5 millones al año mediante ingresos no tarifarios, recursos que permiten financiar parte de la operación del sistema de las líneas 1 y 2 y que también serán incorporados a la futura Línea 3. Los ingresos no tarifarios del Metro provienen principalmente de la publicidad instalada en estaciones y trenes, así como de los cajeros automáticos de bancos públicos y privados y del alquiler de fibra óptica. Así lo informó la Dirección de Operaciones y Mantenimiento del Metro de Panamá al explicar que, además del cobro de pasajes, el sistema cuenta con una segunda fuentedeingresosque,sumada a la recaudación tarifaria, representa cerca de $56 millones de dólares al año. Estos recursos permiten cubrir aproximadamente el 50% de los costos operativos de la empresa, mientras que el otro 50% —unos $60 millones — es financiado mediante el Presupuesto General del Estado. Actualmente, los gastos operativos superan los $116 millones anuales. La entidad destacó que estos ingresos son fundamentales para garantizar el mantenimiento de la infraestructura, la limpieza de las estaciones y la continuidad del servicio de un sistema que transporta, en promedio, 440 mil usuarios diarios. Como parte de su estrategia para fortalecer los ingresos no tarifarios, el Metro de Panamá ya elaboró el pliego de cargos para la concesión de los estacionamientos del intercambiador de Villa Zaíta, ubicado en la Línea 1, la cual también incluirá la explotación de espacios comerciales y publicitarios. Según la empresa estatal, la concesión no solo abarcará la administración de los estacionamientos, sino también la explotación de cerca de 600 metros cuadrados de locales comerciales y de los espacios publicitarios del intercambiador. La empresa señaló que el objetivo es que el concesionario genere los recursos necesarios para cubrir la operación y el mantenimiento de esta nueva infraestructura, además de aportar ingresos adicionales al Metro de Panamá. De acuerdo con la planificación, la concesión deberá adjudicarse antes de finalizar 2026, de manera que el intercambiador cuente con un administrador para los estacionamientos y las áreas comerciales. El Metro de Panamá adelantó que este modelo de ingresos no tarifarios será ampliado cuando entre en operación la Línea 3, actualmente en construcción en Panamá Oeste. Para ello, prevé potenciar nuevas fuentes de ingresos mediante publicidad, cajeros automáticos, servicios de telecomunicaciones y otros servicios complementarios, además del cobro de la tarifa. Actualmente, la empresa trabaja en una futura licitación para realizar un estudio que definirá el nuevo esquema tarifario de toda la red, considerando que el sistema alcanzará aproximadamente 60 kilómetros de extensión, conectando Ciudad Futuro con las líneas 1 y 2, y que la demanda estimada será de 160 mil pasajeros diarios en la Línea 3. Ese análisis permitirá establecer cómo se cobrará el desplazamiento de los usuarios dentro de la red integrada, informó el Metro de Panamá. Aplicararán anticuerpo contra el virus sincitial El Ministerio de Salud (Minsa), a través de un comunicado, informó que a finales de agosto de 2026 iniciará la implementación progresiva del anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial respiratorio (VSR), como parte de la estrategia mixta para prevenir esta enfermedad en la población infantil. La institución explicó que la aplicación comenzará luego de concluir las capacitaciones nacionales dirigidas al personal sanitario y completar los procesos técnicos, administrativos y logísticos necesarios para garantizar una implementación segura y estandarizada. El anticuerpo monoclonal estará dirigido principalmente a los recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna materna contra el VSR durante el embarazo, una población que, según las autoridades sanitarias, presenta mayor riesgo de desarrollar cuadros graves durante los primeros meses de vida. Edgardo Ureña, jefe nacional de la Sección de Salud Integral de Niñez y Adolescencia del Minsa, explicó que la aplicación se realizará en las maternidades de las instalaciones de salud de la institución al momento del nacimiento, junto con las vacunas iniciales del esquema neonatal contra la hepatitis B y la BCG. Aleida Samaniego C. [email protected]
6A La Prensa Panamá, lunes 3 de agosto de 2026 Panorama Detrás de cada muerte por suicidio hay una historia y una familia afectada. Foto/iStock El suicidio en Panamá, una crisis con rostro masculino y joven Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA Panamá registró 615 suicidios en cinco años, un aumento de 73%. El Minsa admite que faltan especialistas mientras los hombres representan la mayoría de las víctimas. En Panamá, 615 personas murieron por suicidio en los últimos cinco años. Esa cifra forma parte de los registros oficiales, pero detrás de cada caso hay una historia, una familia y una ausencia que no puede medirse únicamente con estadísticas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República muestran una tendencia que encendió las alertas de salud pública: entre 2020 y 2024, los suicidios aumentaron 73%, al pasar de 93 casos en 2020 a 161 en 2024, el registro más alto del periodo analizado. El incremento ocurre en un contexto en el que el sistema público enfrenta otro desafío: su capacidad para responder a la demanda de atención en salud mental. El Ministerio de Salud (Minsa) reconoce que la red pública no cuenta con suficientes especialistas para cubrir las necesidades de la población. Pero las estadísticas también revelan un patrón que se mantiene durante los últimos años: los hombres concentran la mayoría de las muertes por suicidio en Panamá. Entre 2020 y 2024, de las 615 personas fallecidas, 538 eran hombres y 77 mujeres. Esto significa que el 87.4% de las víctimas correspondía al sexo masculino. Solo en 2024, de los 161 suicidios registrados, 142 correspondieron a hombres y 19 a mujeres. El grupo de edad con mayor número de fallecimientos ese año fue el de 20 a 24 años, con 20 casos. Este comportamiento plantea uno de los principales retos para la prevención: comprender por qué, aunque los problemas de salud mental pueden afectar a toda la población, la mortalidad por suicidio se concentra de manera tan marcada en los hombres. El jefe nacional de Salud Mental del Minsa, Roberto González De La Lastra, explicó que estos datos evidencian la necesidad de desarrollar estrategias diferenciadas, especialmente dirigidas a hombres jóvenes y adultos jóvenes. Añadió que existen diferencias en la manera en que hombres y mujeres buscan ayuda y acceden a los servicios de salud, un factor que debe considerarse dentro de las políticas de prevención. Una brecha que va más allá de los diagnósticos La diferencia entre hombres y mujeres en las muertes por suicidio no significa que los problemas de salud mental afecten únicamente a un grupo. Los registros de trastornos mentales y del comportamiento muestran una distribución más equilibrada. Entre 2020 y 2024, Panamá contabilizó 666 casos relacionados con estas condiciones: 344 correspondieron a hombres y 322 a mujeres. La diferencia plantea una pregunta: si hombres y mujeres llegan a los servicios de salud mental en proporciones similares, ¿por qué las muertes por suicidio continúan concentrándose principalmente en los hombres? Para la psicóloga clínica e investigadora Virginia Torres-Lista, la respuesta está relacionada con múltiples factores y no con una sola causa. “El suicidio es multifactorial; puede ocurrir por componentes sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales”, explicó. La especialista señaló que, en el caso de los hombres, influyen factores culturales relacionados con la forma en que históricamente se han construido los roles masculinos. Según Torres-Lista, muchos hombres crecen bajo mensajes que les indican que deben ser fuertes, resolver solos sus problemas y evitar expresar emociones consideradas como señales de vulnerabilidad. Estas ideas pueden convertirse en una barrera para buscar apoyo profesional. “Decir que un hombre está pasando por depresión y ansiedad es sinónimo de debilidad. Esto hace que asistan menos al sistema de salud y que las estadísticas de diagnóstico no reflejen el 100% de nuestra realidad”, afirmó. La psicóloga explicó que hablar de salud mental continúa siendo un reto social, pese a que existe una mayor conversación pública sobre el tema. “Conversar sobre salud mental no es cuestión de género; es un derecho y un deber que tenemos todos”, señaló. También advirtió que esta situación comienza a observarse desde edades tempranas, debido a que algunos niños y adolescentes tienen dificultades para expresar lo que sienten o pedir ayuda cuando atraviesan una crisis emocional. Un fenómeno con múltiples causas El suicidio es un fenómeno complejo que no puede atribuirse a un solo elemento. El Minsa identifica factores individuales, familiares, sociales y comunitarios que pueden aumentar la vulnerabilidad de una persona. Entre ellos están los antecedentes de intentos suicidas, los trastornos mentales, el consumo problemático de alcohol y otras sustancias, la violencia, el aislamiento social, las dificultades económicas, las barreras de acceso a los servicios de salud y el estigma asociado a pedir ayuda. Torres-Lista agregó que factores como el desempleo y las dificultades económicas pueden convertirse en elementos de riesgo cuando se combinan con otros problemas personales o sociales. Sin embargo, Panamá todavía no cuenta con un estudio nacional de autopsia psicológica que permita establecer qué peso tiene cada uno de estos factores en la población. Por esta razón, González De La Lastra aclaró que parte del análisis se basa en evidencia científica internacional y no en una investigación nacional que determine las causas específicas del fenómeno en el país. El sistema reconoce déficit de especialistas Mientras aumentan las muertes, la capacidad de respuesta del sistema público enfrenta limitaciones. Consultado por La Prensa sobre si el recurso humano disponible es suficiente para atender la demanda nacional, el jefe nacional de Salud Mental del Minsa, Roberto González De La Lastra, respondió: “No lo son, y el Ministerio no sostiene lo contrario”. Según el censo nacional de recursos humanos realizado por el Minsa entre abril y mayo de 2026, la red pública cuenta con 54 psiquiatras, 85 psicólogos, 81 trabajadores sociales y 78 enfermeras de salud mental. En total, son 298 profesionales. Sin embargo, la distribución del personal presenta importantes diferencias entre regiones. De los 54 psiquiatras identificados, 37 se concentran en Panamá Metro, Panamá Oeste, Panamá Norte, Panamá Este y San Miguelito. En contraste, Guna Yala, Ngäbe Buglé y Darién no cuentan con psiquiatras. En Guna Yala tampoco hay psicólogos ni enfermeras de salud mental. González De La Lastra explicó que la disponibilidad real puede ser menor a la reflejada en las cifras, debido a que algunos profesionales están jubilados, en licencia, cumplen funciones administrativas o trabajan de manera parcial. Como ejemplo, mencionó que Panamá Oeste, con una población aproximada de 650 mil habitantes, cuenta únicamente con dos psiquiatras a tiempo completo y nueve centros de salud sin psicólogo. También señaló que Herrera llegó a quedar temporalmente sin cobertura psiquiátrica cuando el único especialista de la región salió de licencia por estudios. Las cifras podrían ser mayores El Minsa advierte que los registros oficiales podrían no reflejar completamente la magnitud del problema. Además de los 161 suicidios confirmados en 2024, se contabilizaron 309 defunciones clasificadas como “eventos de intención no determinada”. Esta categoría se utiliza cuando no es posible establecer con certeza la intención de la muerte. González De La Lastra explicó que una proporción de esos casos podría corresponder a suicidios que no fueron certificados como tales. Por ello, el fortalecimiento de la certificación de las causas de muerte y la coordinación con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses forman parte de las acciones previstas. Señales de alerta y cómo actuar Torres-Lista explicó que existen cambios de comportamiento que pueden advertir que una persona necesita apoyo. Entre ellos mencionó modificaciones importantes en la rutina, pérdida de interés por actividades que antes disfrutaba, aislamiento social, dificultades para concentrarse, cambios en los hábitos de sueño o alimentación, problemas en el trabajo o los estudios, sentimientos persistentes de culpa o pérdida de esperanza. Ante una situación de este tipo, recomendó conversar y escuchar sin juzgar. “El factor clave es conversar y escuchar sin juzgar, para orientar a la persona a buscar ayuda de un profesional de la salud”, señaló. La especialista insistió en que buscar ayuda psicológica no representa una muestra de debilidad. “No estás en una competencia para medir qué tan fuerte eres. Buscar ayuda no es sinónimo de debilidad; al contrario, eres valiente y crees en ti”, afirmó. El plan para reducir las muertes Ante este escenario, la Jefatura Nacional de Salud Mental elaboró el Plan Nacional para la Prevención, Atención y Posvención del Suicidio en Panamá 20262030, que se encuentra en proceso de validación intersectorial y costeo. La meta es reducir en al menos 15% las muertes por suicidio hacia 2030, tomando como referencia las 161 registradas en 2024. Además, busca aumentar en 50% la detección y notificación de conductas suicidas. Entre las acciones previstas están la formación de nuevos psiquiatras mediante becas y convenios con universidades nacionales y organismos internacionales; la creación de nuevas plazas; la asignación prioritaria de especialistas a regiones con menor cobertura; el fortalecimiento de la atención primaria; la capacitación de docentes, líderes comunitarios y periodistas; y una estrategia específica dirigida a hombres. González De La Lastra insistió en que toda persona que llegue a un servicio de salud por una conducta suicida debe recibir una evaluación del riesgo, un plan de seguridad y seguimiento, aunque no exista un especialista disponible en ese momento. “Cada consulta representa una oportunidad de prevención”, señaló. La cifra de 615 muertes en cinco años refleja un desafío que va más allá de las estadísticas: Panamá enfrenta el reto de reducir las muertes por suicidio, pero también de fortalecer una red de atención capaz de identificar a tiempo a quienes atraviesan una crisis emocional y acompañarlos antes de que ocurra una pérdida. Infografía: LP - Fuente: INEC/Contraloría General de la República de Panamá. 161 118 113 130 93 2024 2023 2022 2021 2020 114 121 144 157 130 2024 2023 2022 2021 2020 Salud mental en cifras 142 19 105 13 96 17 113 17 82 11 58 56 63 58 67 77 81 78 75 55 SUICIDIO TRASTORNOS MENTALES Y COMPORTAMIENTOS HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES HOMBRES HOMBRES MUJERES MUJERES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES HOMBRES HOMBRES MUJERES MUJERES MUJERES
7A La Prensa Panamá, lunes 3 de agosto de 2026 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. competitividad en inteligencia artificial no solo depende de la tecnología; está sustancialmente condicionada por la confianza. En años recientes hemos visto cómo algunos países han emprendido carreras para atraer inversiones relacionadas con la inteligencia artificial. Sin embargo, la experiencia internacional ha demostrado que los ecosistemas más exitosos son aquellos capaces de combinar la innovación con la seguridad jurídica, la protección de datos, la ciberseguridad, el talento especializado y una gobernanza eficaz. Precisamente por esa razón considero que la estrategia panameña ha acertado al no circunscribirse a algoritmos o infraestructura tecnológica. Sus seis pilares incorporan otros elementos fundamentales, como el fortalecimiento del capital humano, la gobernanza de datos, la ciberseguridad, la ética, la inversión y la aplicación sectorial de la inteligencia artificial. Uno de los aspectos más importantes de este plan es el de destacar la confianza como un activo estratégico. Además, la propuesta plantea el fortalecimiento de la aplicación de las normas de protección de datos personales, impulsar capacidades institucionales en materia de ciberseguridad y promover espacios controlados de prueba, como el sandbox, que Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Cuatro años de Petro en Colombia Gestión de gobierno mal con regímenes presidenciales clientelares. Estas condiciones de liderazgo y reglas institucionales terminan acentuando el ánimo, carácter e interés personal del líder, más que los programas y propuestas políticas colectivas que sobrepasen su figura. La razón de esto es que es el presidente quien encabeza el gobierno y tiene los recursos estatales para lograr apoyos legislativos, no los partidos políticos. Entonces los órganos legislativos terminanrespondiendomásalasnegociacionesal por menor que el Ejecutivo realiza, y que pueden garantizar la continuidad del proyecto político de los adherentes, y menos a las posiciones ideológicas y partidistas. En esa misma línea, pasa que puede haber giros abruptos en posiciones programáticas que no tienen mayor implicación en los apoyos y resistencias, anulando ese atributo de la representación partidista. Un ejemplo es que Petro, que representaba la oposición a las políticas de seguridad y medio ambiente de su predecesor, terminó defendiendo las muertes de menores ocasionadas en las operaciones militares que aprobó, y su propia decisión de utilizar drones para fumigar con glifosato a pesar de los impactos ambientales. En ningunas de las dos ocasiones hubo consecuencias Sergio García Rendón El verdadero reto comienza ahora IA como política de Estado Panamá presentó su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial a finales del pasado mes de julio. El anuncio, que podría constituir uno de los más relevantes de los últimos años en el país en materia de política pública para el desarrollo tecnológico, no se limitó a proponer una simple hoja de ruta para promover el uso de la inteligencia artificial, sino que expuso una ambiciosa propuesta para que Panamá se posicione favorablemente en la economía digital global. La estrategia plantea convertir a Panamá en un hub confiable de innovación en inteligencia artificial para América Latina, aprovechando ventajas competitivas como nuestra conectividad, estabilidad, ubicación geográfica y plataforma internacional de servicios. Para mí, no obstante, existe un elemento de gran valor conceptual detrás de esa aspiración, que consiste en reconocer que la permite innovar sin sacrificar la seguridad jurídica. Lo irónico es que la implementación de este mecanismo de flexibilidad regulatoria controlada, tal como ha sido expuesto, sería excluyente de otras tecnologías emergentes -como las Fintech- que han aguardado por un beneficio semejante durante casi dos décadas. Los desafíos que enfrenta la inteligencia artificial, como las decisiones automatizadas, la transparencia algorítmica, la responsabilidad legal por sistemas autónomos, el tratamiento masivo de datos personales, la propiedad intelectual sobre contenidos generados por IA, los sesgos algorítmicos y los riesgos crecientes para la ciberseguridad, van más allá de la frontera tecnológica y, por ello, no pueden abordarse únicamente desde la ingeniería; su tratamiento requiere una visión jurídica, ética y de política pública. Otro elemento digno de mención es que la estrategia evita crear la expectativa poco realista de competir con las grandes potencias eneldesarrollodemodelosdeinteligenciaartificial. En lugar de ello, favorece el desarrollo de soluciones de alto valor agregado en áreas donde Panamá ya posee ventajas comparativas, como la logística, los servicios financieros, la salud, y el turismo. Ahora bien, el lanzamiento de la estrategia representa apenas el primer paso; habrá que implementarla, y eso representa un gran desafío. Será indispensable lograr una adecuada coordinación institucional, definir inOpinión EL AUTOR es abogado y auditor forense. EL AUTOR es investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS). partidistas marcadas dentro de su organización, dado que lo que importaba era mantenerse bajo el favor del presidente, no el programa político. Además de estas condiciones del liderazgo y del régimen presidencialista, aparece un nuevo desafío para los intentos de cambio social y político: la pequeñez de la voluntad y de la ideología para enfrentar rasgos estructurales del sistema político como la corrupción, el clientelismo y el patronazgo. Si bien Petro tuvo un lúcido pasado como opositor político e hizo parte de grandes denuncias de corrupción y paramilitarismo, sólo pudo acceder a la presidencia luego de transar políticamente con cuestionados sectores de la política tradicional. Al final estos sectores, plagados de corrupción y clientelismo, terminaron teniendo más importancia y efecto práctico que sus discursos o ideales políticos. Tratando de conseguir la presidencia, Petro la terminó teniendoquecederalosmediosyestrategiasilegales que otrora denunció, pero que hace cuatro años le ayudaron a cumplir su fin. Ciertos sistemas políticos tienen fuertes estructuras corruptas de distribución de recursos públicos que deben ser superadas más allá de la figura política individual, y que requieren transformaciones graduales y de los distintos niveles, nacional, provincial y local. Finalmente, a nivel de la ideología también se reveló la distancia entre lo que se desea y se El que acaba el 7 de agosto en Colombia ha sido un gobierno por lo menos polémico. Para unos era el gobierno que iba a convertir Colombia en un régimen parecido al venezolano, mientras para otros iba a representar el mayor y mejor cambio social y político en la historia reciente del país. Lo cierto es que ni Colombia termina siendo un régimen parecido al del vecino país, ni las condiciones sociales y políticos colombianas han mejorado como se esperaba. Lo que sí ha pasado es que el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) parece ilustrar de muy buena manera algunos retos de los intentos de transformaciones políticas en la región. Para comenzar, los proyectos políticos centrados en liderazgos personalistas, y con partidos que giran en torno a ellos, combinan José Vega Gallardo Reforma educativa: ¿para quién? Propuestas Actualmente existe una propuesta para reformar la ley orgánica de educación y parece que también viene en camino otra iniciativa impulsada por la ministra de Educación. Es cierto que Panamá necesita una reforma educativa profunda, pues la legislación vigente ha quedado obsoleta frente a los desafíos del siglo XXI. Sin embargo, cada vez que se plantea una reforma surge una pregunta fundamental: ¿para quién se está reformando el sistema educativo? En la actualidad, Panamá opera bajo un modelo de subsidio a la oferta educativa. Es decir, el Estado asigna un presupuesto al Ministerio de Educación (Meduca), que luego distribuye esos recursos entre los diferentes centros educativos del país, donde alrededor EL AUTOR es miembro de la Fundación Libertad. José Jauregui del 70% de ese gasto se va en gastos de funcionamiento y solo el 30% va para inversión (infraestructura, tecnología, etc.). En este esquema, las decisiones sobre el uso del dinero quedan concentradas principalmente en el Meduca, solo una parte queda para la descentralización mediante el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), donde los directores pueden ejecutar parte del presupuesto para mejorar las condiciones de sus escuelas. Aunque este modelo es utilizado en muchos países, su éxito depende de la calidad de las instituciones que administran los recursos. En Panamá, los resultados evidencian deficiencias persistentes en su asignación, lo que ha contribuido al deterioro de la calidad de la educación pública. Cuando el financiamiento se dirige principalmente a la oferta, se crean incentivos que favorecen la aparición de grupos de presión interesados en preservar el control sobre los recursos públicos. Con frecuencia, parte del presupuesto termina respondiendo a intereses particulares en lugar de traducirse en mejores escuelas, docentes mejor preparados o puede, sobre todo a nivel de un país entero. Su gobierno procuró sin duda disminuir las desigualdades y recuperar el peso de lo público, en un proyecto que casi se presentaba como ese capítulo nacional popular que sólo había alcanzado Alfonso López Pumarejo en la década de los 30 del siglo pasado. Pero en la práctica la despreocupación por cómo ese fin podía llevarse a cabo, la sobreestimación del discurso y la subestimación de la gestión pública, terminó vaciando las buenas intenciones. La reducción al absurdo fue un presidente anunciando a mitad de mandato y con largos diagnósticos en X qué era lo que debía hacerse, mientras que en la gestión se revelaba imposible, porque es que en el mundo de carne y hueso toca enfrentar los problemas con planes posibles y sostenibles. Todo esto resulta, en opinión de quien escribe, relevante para Panamá y para la mayoría de los países de la región. Las grandes transformaciones sociales y políticas que nuestros países requieren serán más difíciles si descansan en liderazgos personalistas, si no enfrentan el problema de la corrupción como un problema estructural, y si no superan el nivel ideológico en sus propósitos. dicadoresdeseguimiento,asignarrecursos suficientes, fortalecer las capacidades del sector público y promover una colaboración permanente entre el gobierno, la academia, el sector privado y la sociedad civil. La regulación no debe convertirse en un freno para el desarrollo tecnológico, pero tampoco debe mirar hacia otro lado cuando estén en juego la privacidad, la seguridad, la transparencia y la confianza de los ciudadanos. Por esa razón, será importante que la gobernanza de la inteligencia artificial mantenga un equilibrio entre la promoción de la innovación y la protección de los derechos fundamentales. Como abogado especializado en derecho digital y tecnologías emergentes, considero que Panamá tiene una oportunidad extraordinaria para posicionarse como un referente regional en inteligencia artificial responsable. El reto consiste en convertir nuestras fortalezas en ventajas competitivas sostenibles. El éxito de esta estrategia no se medirá por la calidad de la propuesta, sino por los resultadosquealcancemosdurantelospróximos años. Entonces sabremos si Panamá logró doblar su apuesta, como hub logístico y como un auténtico hub de inteligencia. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Gerente General Sudy S. de Chassin Gerente de Ventas Casilda P. de Somoza [email protected] Gerente de Mercadeo y Club La Prensa Karol Samán [email protected] Teléfono: 323-6400 ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com EDITORIAL COMERCIAL Subdirectora de Investigación, Política y Judiciales Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Subdirectora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Jefa de Información Cecilia Fonseca mayores oportunidades para los estudiantes. Las interrupciones del calendario escolar porconflictosgremialesylosrecientescasos de docentes con títulos falsificados son ejemplos de un sistema cuyos incentivos no siempre están alineados con el derecho de los jóvenes a recibir una educación de calidad. Es por esto que una verdadera reforma a la ley orgánica debería comenzar por modificar esos incentivos. Para lograrlo, es necesario reconocer quiénes son los verdaderos protagonistas del sistema educativo: los estudiantes y sus familias. Son ellos quienes buscan una educación que les permita acceder a mejores oportunidades y construir un futuro distinto. Con esa visión, diversos países han impulsado reformas en las que el dinero sigue al estudiante y no a la institución. Este modelo, conocido como subsidio a la demanda, permite que sean las familias quienes elijan el centro educativo que consideran más conveniente. Los cupones o vouchers escolares son uno de los mecanismos más conocidos para aplicar este principio. El Estado asigna a cada estudiante el monto correspondiente al costo de su educación y este puede utilizarlo para matricularse en una escuela pública, concertada o privada que cumpla con los requisitos establecidos. Las escuelas concertadas de hecho son un buen ejemplo de cómo funciona un voucher. Esta modalidad no es más que un colegio gestionado de manera privada, ya sean fundaciones, cooperativas o instituciones religiosas. En Panamá un modelo concertado podríamos parecerse a casos como el Colegio la Salle, Fe y Alegría, El Instituto Técnico Don Bosco; donde el Estado destina fondos para programas específicos o ayudar con sus programas para jóvenes vulnerables o prestar un servicio educativo para el interés público. Cuando los recursos siguen al estudiante, las escuelas tienen mayores incentivos para ofrecer una educación de calidad, atraer familias y responder a sus necesidades. La competencia deja de basarse únicamente en el acceso al presupuesto público y comienza a depender de la capacidad de cada institución para brindar mejores resultados. Experiencias como las de Suecia, Chile y algunos estados de Estados Unidos muestran que, cuando estos sistemas cuentan con reglas claras, supervisión y mecanismos de rendición de cuentas, pueden mejorar la calidad educativa y ampliar las opciones disponibles para las familias.
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