7A La Prensa Panamá, jueves 30 de julio de 2026 Panorama Más carros para la PN y equipos para el C5 por $11 millones José González Pinilla [email protected] ASAMBLEA NACIONAL El diputado Luis Duke, de Vamos, pidió detalles sobre la compra de los 147 vehículos. Unos $20 millones en créditos adicionales para reforzar la seguridad pública, incluida una nueva flota de vehículos para la Policía Nacional (PN), fueron aprobados cerca de la medianoche del martes por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Fue una sesión en la que diputados de la bancada Vamos cuestionaron al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, sobre la adquisición de los vehículos y el aumento en el costo de una piscina olímpica construida para el Instituto Superior Policial (ISPOL). En total, la comisión avaló seis créditos adicionales por $20.07 millones solicitados por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg). De ese monto, $11.7 millones corresponden a la renovación de la flota terrestre de la Policía Nacional y la modernización del Centro de Operaciones Nacionales (C5). Esta solicitud se hizo semanas después de que el Ejecutivo avalara ese crédito por $11.7 millones para la reactivación de la flota policial. Con el desembolso aprobado y los $4.7 millones gastados a finales de 2025 en vehículos para la Policía, el gasto destinado al parque vehicular de los estamentos de seguridad supera los $16.4 millones en poco más de seis meses. En la sustentación ante la comisión, Ábrego explicó que el nuevo crédito contempla la adquisición de vehículos tipo pick-up, motocicletas, buses y grúas, además de otros equipos destinados a fortalecer la capacidad operativa de la Policía. El diputado Luis Duke, de Vamos, pidió detalles sobre la compra y preguntó directamente si los 147 vehículos serían adquiridos mediante una licitación pública o por contratación directa. Ábrego respondió que se utilizará la plataforma Panamá Compra, mientras que Nicomedes Fernández, director de Administración y Finanzas del Minseg, precisó que los vehículos disponibles en la tienda virtual de Convenio Marco serán adquiridos por esa vía y aquellos que no estén contemplados allí deberán someterse a licitación pública. Duke también pidió conocer el precio de referencia de los vehículos. El ministro Ábrego detalló la compra. Dijo, por ejemplo, que un pick-up doble cabina 4x4, automático, con carrocería reforzada y características especiales, tiene un precio de referencia de $94,374. El Minseg tiene contemplado la compra de 15 de estos vehículos. Evitó, sin embargo, mencionar marcas específicas y explicó que la institución establece las características técnicas que deben cumplir los vehículos. En el caso de las 56 motocicletas de 250 cc con equipamiento policial, el precio de referencia informado fue de $7,511.40 por unidad. Los cuatro camiones con carrocería reforzada, adaptables para carga y traslado de policías, fueron valorados en $116,860 cada uno. Para los 62 pick-up doble cabina 4x4 con equipamiento policial, el precio de referencia señalado fue de $37,966 por vehículo. El ministerio también adquirirá tres buses de 50 pasajeros, tres buses de 29 pasajeros, una grúa de plataforma para equipo liviano y una grúa de arrastre con capacidad para 70 toneladas. Sobre estos vehículos no se informó el precio unitario. Duke también preguntó si parte de los nuevos vehículos estaría destinada al distrito de San Miguelito, uno de los sectores que, según el diputado, enfrenta mayores problemas de delincuencia. Francisco Castro, subdirector general de la PN, aseguró que San Miguelito sí recibirá parte del nuevo equipo. Explicó que desde marzo de 2025 se han asignado 26 pick-up a esa zona policial y que, dentro de la nueva adquisición, están contemplados cinco pickup, además de motocicletas para reforzar las áreas preventivas, rurales y residenciales. Castro sostuvo que San Miguelito es una “de las zonas de alto impacto” que la Policía mantiene entre sus prioridades operativas. Durante la sesión también se abrió un segundo frente de cuestionamientos para el Minseg: el pago de una garantía retenida por la construcción de una piscina olímpica en el Instituto Superior Policial. El diputado Jhonathan Vega, también de Vamos, preguntó por un crédito de $218,654 destinado al pago de la retención del 10% de la garantía del proyecto. Según explicó, el contrato original, firmado en 2017, tenía un costo de $1 millón 989 mil, y terminó en $2 millones 339 mil, lo que representa un incremento de $350,484. El ministro Ábrego explicó que los $218,654 solicitados no corresponden a un nuevo pago por la obra, sino a la devolución del 10% que había sido retenido como garantía contractual, debido a que el proyecto ya fue entregado y recibido por la PN. La explicación no cerró las dudas del diputado Vega, quien insistió en conocer las razones por las que el proyecto terminó costando unos $350,000 más que el monto originalmente contratado. Fernández, por su lado, explicó que el contrato tuvo tres adendas. Las dos primeras fueron por tiempo: una de 410 días, en 2018, y otra de 530 días, también en 2018. La tercera, refrendada por la Contraloría General en diciembre de 2021, contempló otros 720 días y un incremento de $350,484 por trabajos adicionales que, según el funcionario, no estaban incluidos en el proyecto original. Ante la insistencia del diputado independiente, Fernández enumeró algunos de esos trabajos: rellenos de diferentes materiales, instalación de una valla biaxial, una escalera de concreto para el acceso principal, una rampa para personas con discapacidad, una baranda de tubo galvanizado, relleno de roca alrededor de la piscina y la construcción de un túnel de mantenimiento, entre otros. Vega cuestionó que varios de esos trabajos no hubiesen sido contemplados en la cotización original y calificó el incremento como llamativo. Por ejemplo, la rampa que fue construida por $13 mil 950. “Esa rampa está cara”, dijo el diputado, en tono de asombro. El proyecto de la piscina, según la explicación del Minseg, terminó con un costo de $2 millones 339 mil después de las adendas. Flota vehicular de la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad pública. Elysée Fernández Aduanas destituye a 265 funcionarios en los últimos dos años PRESUNTA CORRUPCIÓN José González Pinilla [email protected] Un total de 265 funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas han sido desvinculados en los últimos dos años, informó la directora de esa institución, Soraya Valdivieso. Dijo que la mayoría fue destituida por “casos de corrupción”. También fueron separados de sus cargos por no cumplir con el perfil para el puesto. Durante la sustentación de una solicitud de crédito adicional por $6.6 millones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la funcionaria dijo que, adicionalmente, “la entidad, lamentablemente, fue por muchas décadas un botín político”. Indicó que los salarios en Aduanas “son muy bajos” para la responsabilidad que deben asumir, y que muchos funcionarios que ya cuentan con entre 10 y 20 años de servicio siguen ganando unos $950 mensuales. “Tenemos posiciones en puestos de mando y jurisdicción, en donde se enfrentan diariamente a tentaciones de la corrupción”, indicó Valdivieso. La funcionaria indicó que su hoja de ruta en Aduanas ha estado enfocada en dos ejes: mejorar el recurso humano y luchar contra la corrupción. Puso como ejemplo que no había un sistema de videovigilancia en las puertas de puestos clave a cargo de Aduanas, sobre todo en Colón. Sobre el personal, indicó que, por ejemplo, en el departamento de tecnología solo dos funcionarios eran ingenieros. Esa situación cambió, dijo. Ahora cuentan con ocho ingenieros contratados. La funcionaria acudió a la Asamblea para solicitar el crédito adicional destinado a atender compromisos prioritarios vinculados al pago de obligaciones legales y contractuales, y el mantenimiento de equipos tecnológicos. Yaritza Mojica [email protected] El trazado del proyecto contempla la construcción de seis estaciones. Archivo Plantean consultas técnicas y financieras en reunión de homologación del teleférico PROYECTO Alrededor de 15 empresas participaron en el acto de homologación de la licitación para el diseño, construcción y puesta en marcha del Teleférico de Panamá y San Miguelito, proyecto que impulsa la empresa estatal Metro de Panamá, S.A. Durante la reunión, realizada el martes, los eventuales proponentes presentaron consultas técnicas, legales, financieras y administrativas sobre el pliego de cargos. En el encuentro participaron representantes de empresas nacionales e internacionales, entre ellas Nippon Koei LAC, Doppelmayr Panamá Corp., Empresa Poma, CAMCE, AZVI SAU, Cemosa, Deloitte, ASSA Compañía de Seguros, ITAS, Briher, Sofratesa de Panamá y Proinfa, además del consultor independiente. Uno de los principales temas planteados por las empresas fue el precio de referencia de la licitación, fijado en $270 millones. Metro de Panamá aclaró que este monto corresponde exclusivamente al contrato principal, para el diseño y la construcción del sistema de teleférico. Ante las consultas, la entidad explicó que la opción de mantenimiento no forma parte del precio de referencia ni deberá incluirse en las ofertas económicas. Este servicio se contratará de manera independiente y solo será ejecutado si Metro de Panamá decide ejercer dicha opción mediante una notificación formal. El servicio de administración del proyecto también fue excluido del precio de referencia. Asimismo, se aclaró que el pliego de cargos establece que el proyecto será financiado mediante un esquema de crédito comprador, respaldado por una Agencia de Crédito a la Exportación (ECA). Con respecto a la forma de pago, el contratista será responsable de estructurar el financiamiento; y el Estado panameño asumirá directamente los compromisos de pago establecidos en el contrato. Los recursos para ejecutar el proyecto están contemplados en las vigencias fiscales de 2027, 2028 y 2029. En el acta de la reunión de homologación, el Metro de Panamá informó que no se otorgará un anticipo al contratista para iniciar la fabricación de equipos, como ocurre en algunos proyectos de infraestructura. Varios de los proponentes consultaron si, dentro de la oferta económica, debían incorporarse los costos financieros asociados al financiamiento internacional. Ante esta inquietud, Metro de Panamá respondió que ese requisito será desarrollado en una etapa posterior a la adjudicación del contrato y que el objetivo del esquema financiero es evitar una presión inmediata sobre las finanzas públicas.
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