4A La Prensa Panamá, viernes 10 de julio de 2026 Panorama PASO FIRME. Parece que el almuerzo del pasado miércoles fue parte de la retribución por haber ayudado a Shirley. Estaban todos los partidos que votaron por ella el 1 de julio y también los panameñistas, que se abstuvieron. Ahora se entiende a quién favoreció esa decisión… PLAGA. Las curules del PRD estaban vacías ayer, durante la sesión del pleno legislativo. Se fueron antes de que empezaran los trabajos de fumigación. Y no son insectos. Lo malo no es que se vayan algunos de ellos, sino que seguramente regresarán. DESMEMORIADO. El presidente Mulino dijo que no invitó a los de Vamos y Seguimos porque “ellos no son parte”. ¿De qué habla el presidente? ¿Acaso está reconociendo que una “parte” de la Asamblea se mudó a la Presidencia? Ha despreciado a Vamos y Seguimos, que aportaron 13 votos a favor de las reformas a la CSS, pero sí invitó al PRD, que votó en contra. También parece haber olvidado que, hace un año, acusó a diputados perredistas de estar “carboneando” las protestas de Bocas del Toro. Tanto que se quejaba y ahora almuerza con ellos cada dos semanas. IRONÍA. Mulino excluye de las reuniones a los que no son “parte”, pero esta semana acudió a la apertura del edificio “de la tolerancia” del Museo de la Libertad y la Democracia. Ahora su presencia en ese lugar se convirtió en una burla. Docentes entregan su propuesta de reforma educativa a Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional. Cortesía Docentes presentan propuestas de reforma a la ley de Educación Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN PANAMEÑA Los gremios docentes proponen cambios que van desde requisitos para la elección de las autoridades hasta la atención en las aulas y las condiciones del docente. Los gremios magisteriales agrupados en la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP) y la Unión Nacional de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (Unecep) presentaron esta semana al Ministerio de Educación (Meduca) y a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional una propuesta para que sus planteamientos sean considerados en el proceso de actualización de la Ley Orgánica de Educación. El documento, de 72 páginas, reúne propuestas que abarcan desde la forma en que se designan las principales autoridades del sistema educativo hasta cambios en la educación inclusiva, los requisitos para ejercer la docencia, el funcionamiento de los colegios particulares y la atención de la primera infancia. La propuesta fue elaborada por unas 14 organizaciones magisteriales tras varias jornadas de trabajo técnico, con el propósito de presentar un documento consensuado que sirva de insumo durante la discusión de la reforma educativa que impulsan el Meduca y la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional. Uno de los planteamientos más relevantes establece un nuevo perfil para quien ocupe el cargo de ministro de Educación. La propuesta señala que el titular del Meduca deberá ser panameño, educador con al menos 15 años de experiencia en el sector público o privado, contar con estudios de postgrado y maestría en Administración y Supervisión Educativa, además de no registrar antecedentes penales ni sanciones administrativas. Asimismo, los gremios proponen que los principales cargos de dirección del Meduca dejen de ser de libre designación. La iniciativa plantea que los directores y subdirectores nacionales, así como los directores regionales de Educación, sean seleccionados mediante concursos de créditos y méritos para ejercer sus funciones por períodos establecidos en la ley. Cambios en aulas y primera infancia En cuanto a la organización de las aulas, el documento propone fijar un máximo de 20 estudiantes por docente cuando el grupo incluya hasta cinco alumnos con necesidades educativas especiales. Para la educación especial, plantea que cada maestro atienda entre 10 y 15 estudiantes, según la modalidad y las necesidades de aprendizaje. Otro de los planteamientos es la creación de centros de educación inicial para atender a los hijos de los trabajadores en las instituciones del Estado y en las empresas privadas. Estos centros funcionarían bajo la orientación y supervisión del Meduca, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud. La propuesta también modifica los requisitos para ejercer la docencia. Además del título profesional y el certificado de salud física, los aspirantes deberán presentar un certificado de salud mental expedido por un médico psiquiatra y acreditar capacidad moral conforme a los mecanismos previstos en la legislación. En materia de educación particular, los gremios plantean que el régimen salarial y el escalafón de los docentes de los colegios privados no sean inferiores a los establecidos para los educadores del sistema oficial. Asimismo, proponen que cualquier ajuste en los costos de matrícula y útiles escolares sea coordinado entre las asociaciones de padres de familia y el Meduca. El documento también plantea la creación de una Defensoría de la Comunidad Educativa para atender conflictos y brindar orientación jurídica a docentes, estudiantes, directivos y supervisores. Además, propone fortalecer la educación inclusiva mediante distintas modalidades de atención para estudiantes con discapacidad. Entre las medidas incluidas figura, además, la prohibición de mantener cantinas, casas de tolerancia o locales de juegos ubicados a menos de 100 metros de los centros educativos, así como la realización de colectas o actividades económicas dentro de las escuelas sin la autorización de las autoridades educativas. Asamblea evaluará propuesta de los gremios Los gremios sostienen que la propuesta busca modernizar una ley con casi 80 años de vigencia y adaptarla a los nuevos desafíos y necesidades del sistema educativo. El presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise, calificó la propuesta como “un insumo muy valioso” y aseguró que será distribuida entre los diputados para que sus planteamientos sean considerados durante la discusión del proyecto de reforma educativa.“Vamos a defenderlo, lo vamos a tener muy presente y le daremos copia a todos los diputados para que, cuando llegue ese proyecto a debate en la Asamblea, se discuta con base en los planteamientos de quienes están en el aula de clases”, manifestó. Por su parte, el dirigente y vocero del Frente Nacional de Educadores Independientes, Humberto Montero, afirmó que la propuesta entregada al Meduca y a la Comisión de Educación es el resultado de un trabajo técnico desarrollado por más de 14 organizaciones magisteriales y expresó su expectativa de que sus planteamientos sean incorporados en la reforma educativa. “Esperamos que no ocurra lo mismo que en otros procesos de diálogo, donde presentamos propuestas y no se tomó en cuenta ni un punto ni una coma. Confiamos en que esta vez se valore el aporte de quienes conocemos de forma y de fondo las necesidades del sistema educativo”, manifestó. Montero indicó que entre las prioridades planteadas por los gremios figuran aumentar la inversión en educación, fortalecer la autonomía de las direcciones regionales, establecer una evaluación integral para todos los actores del sistema educativo, crear una Defensoría de la Comunidad Educativa y promover un currículo adaptado a la realidad de cada centro escolar. Hasta el momento, el Meduca no ha emitido comentarios oficiales sobre la propuesta presentada por los gremios magisteriales. Sin embargo, la institución ha mantenido reuniones con distintos sectores relacionados con la educación como parte del proceso de análisis y construcción de una nueva Ley Orgánica de Educación. A diferencia de los gremios, que se refieren al proceso como una reforma educativa, el Meduca ha planteado la elaboración de una nueva ley que permita actualizar el marco normativo del sistema educativo y recoger aportes de los diferentes actores vinculados a la enseñanza. Juan Manuel Díaz [email protected] Operación Pandora: la fiscalía calcula que se cometió fraude de $40 millones en la DGI AUDIENCIA El fiscal Dagoberto Alvarado calificó como una red ligada al crimen organizado dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI), dedicada a la falsificación y alteración del sistema Etax, al grupo de 16 personas aprehendidas el pasado miércoles 8 de julio, en la operación Pandora. En una audiencia, que se inició a las 2:00 p.m. de este jueves, el fiscal Alvarado detalló que miembros de esa red recibieron transferencias por $21 millones, $12 millones, $4.4 millones y $10 millones, provenientes de las alteraciones del sistema de la DGI. Durante la audiencia, la juez Zenia Pérez legalizó la aprehensión de las 16 personas capturadas en la operación Pandora, entre los que hay funcionarios y exfuncionarios de la DGI, quienes son investigados por su supuesta vinculación con la red. La fiscalía investiga la presunta comisión de delitos de estafa, falsificación de documentos, asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales. Asimismo, la juez Pérez legalizó las diligencias de incautación de datos y de inspección ocular realizadas en la DGI. De acuerdo con el fiscal Alvarado, la red criminal que operaba dentro de la DGI ocasionó una lesión al Estado por $40 millones. El fiscal también explicó que existió un acuerdo entre los funcionarios (entre los que se encontraban auditores y contadores) para realizar las alteraciones: por ejemplo, un contribuyente realizaba un pago, pero esos fondos se le registraban a un tercero. Entre los 16 investigados hay 11 funcionarios de la DGI, de los cuales ocho son mujeres. También figura un ciudadano dedicado a la compra y venta de caballos que reportó ganancias por $10 mil mensuales. Asimismo, entre los procesados figuran abogados y representantes de empresas y sociedades a las que se transferían fondos. Durante la audiencia, la juez también legalizó las diligencias de incautación de datos y de inspección ocular realizadas en la DGI. Receso Poco antes de las 7:00 p.m. de este jueves, la juez declaró un receso hasta el viernes 10 de julio, para que los abogados defensores puedan consultar la carpeta de la investigación que contiene 45 tomos. Esto, luego de que algunos abogados alegaran que no habían podido revisar la extensa documentación. La juez también que ordenó a la fiscalía revisar los registros médicos de algunos investigados que aseguran tener patologías graves y que -según sus abogados- necesitan medicación. Esta investigación se inició en el año 2024, a raíz de una denuncia anónima sobre irregularidades en la tramitación de créditos fiscales. ESCOLTA. El presidente llegó a Bocas del Toro —un día después del aniversario de las cruentas protestas en Changuinola— acompañado por su lugarteniente y diputado del PRD, Benicio Robinson. Ahora resulta que Benicio sí es “parte”... ¿Será que todavía tienen que pedir permiso a Robinson para entrar a esa provincia? Tal Cual Mónica Palm [email protected]
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